ENFOQUE: «Chiapas, la paz pendiente»

 

Presentan informe conjunto que documenta desapariciones y desplazamiento forzado pese a narrativa de pacificación en Chiapas

E l 30 de mayo, el «Grupo de Trabajo Región Frontera» (GTRF), articulación de organizaciones de la sociedad civil de la que SIPAZ forma parte, presentó públicamente el informe «Chiapas, la paz pendiente», un análisis sobre la situación de violencia y derechos humanos en la región Sierra Frontera de Chiapas durante 2025.

Dicho informe plantea que esta región continuó enfrentando una crisis de violencia marcada por desapariciones forzadas y desplazamiento forzado interno, vinculados principalmente al control territorial ejercido por grupos de delincuencia organizada en la zona. Afirma que, aunque el gobierno estatal reforzó la presencia policial y militar bajo un discurso de “pacificación”, las acciones implementadas no lograron frenar del todo la violencia ni garantizar seguridad y justicia para las comunidades afectadas, ni desmantelar las estructuras criminales. Por el contrario, el documento señala “que persisten denuncias sobre violaciones de derechos humanos, omisiones institucionales y falta de coordinación en las investigaciones, mientras el discurso oficial continúa sosteniendo una narrativa de ‘pacificación’ y ‘cero impunidad’”.

Violencias persistentes: “Cinismo institucional y violencias ocultas”

El informe recalca que, durante 2025, los datos oficiales en Chiapas reportaron una disminución importante en los índices delictivos y en algunos tipos de violencia. Las estadísticas señalaron una reducción de 62,8% respecto a 2024, así como una baja en la incidencia de delitos relacionados con el patrimonio, la vida y otros bienes jurídicos. Estos resultados fueron utilizados por el gobierno estatal para sostener un discurso de recuperación de la paz y de fortalecimiento del Estado de derecho. En su primer informe, el gobernador afirmó haber restaurado la seguridad y la tranquilidad en la entidad, mientras que la Secretaría de Seguridad del Pueblo destacó que Chiapas se encontraba entre los estados con menor incidencia de delitos de alto impacto en el país.

Sin embargo, detrás de estas cifras persistieron graves expresiones de violencia que no fueron reflejadas plenamente en los indicadores oficiales, afirma el informe. Durante 2025 se registraron fosas clandestinas con decenas de cuerpos, cientos de personas en situación de desplazamiento forzado y más de mil personas desaparecidas. También continuaron las denuncias contra fuerzas de seguridad y las críticas de colectivos de familiares de víctimas, quienes señalaron simulación institucional, falta de investigaciones reales y ausencia de acciones efectivas de búsqueda.

La reducción estadística de ciertos delitos no representa necesariamente una mejora en las condiciones de seguridad, pues continúan fenómenos de gran impacto como las desapariciones forzadas, los desplazamientos internos y el hallazgo de fosas clandestinas. Estos hechos afectan especialmente a territorios bajo control de grupos de delincuencia organizada, donde persisten mecanismos de vigilancia, intimidación y control social, concluye el informe.

“La reducción estadística de ciertos delitos no representa necesariamente una mejora en las condiciones de seguridad, pues continúan fenómenos de gran impacto como las desapariciones forzadas, los desplazamientos internos y el hallazgo de fosas clandestinas.”

La situación es particularmente grave en regiones fronterizas y de alta movilidad humana, donde confluyen migración, economías extractivas y presencia de grupos criminales. En estos territorios, personas migrantes y habitantes locales son víctimas de extorsión, detenciones arbitrarias, desapariciones y violencia sistemática.

Desapariciones: “Un recurso de terror que se incrementa”

Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 se registraron oficialmente más de cuatro mil personas desaparecidas en Chiapas. La desaparición forzada siguió siendo una práctica recurrente en la región fronteriza, donde ocurrió más del diez por ciento de los casos registrados en el estado. Organizaciones civiles y testimonios comunitarios sostienen que las cifras reales son mayores debido al subregistro provocado por el miedo a denunciar, las amenazas de grupos criminales y la desconfianza hacia las autoridades.

Los testimonios y datos recopilados muestran que estas desapariciones suelen dirigirse de manera selectiva contra personas vinculadas, voluntaria o forzadamente, a grupos rivales de la delincuencia organizada, así como contra familias o líderes comunitarios considerados obstáculos para el control territorial. También se documentaron desapariciones temporales utilizadas como castigo, intimidación o mecanismo de control psicológico. Las víctimas incluyen personas migrantes, mujeres, adultos mayores, comerciantes y campesinos, lo que evidencia que la violencia afecta a distintos sectores sociales.

“También se documentaron desapariciones temporales utilizadas como castigo, intimidación o mecanismo de control psicológico.”

Además del impacto directo sobre las víctimas, estas acciones generan profundas afectaciones en familias y comunidades, especialmente entre niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores y población en movilidad. Diversos testimonios señalan que muchas desapariciones ocurrieron con conocimiento, tolerancia o inacción de corporaciones policiales municipales y estatales, lo que profundiza la impunidad. A esto se suma la falta de coordinación entre fiscalías, instituciones forenses y organismos de búsqueda, así como prácticas de revictimización y ocultamiento de información.

Diversas familias han recurrido tanto a denuncias formales como a redes sociales y medios de comunicación para exigir la búsqueda de sus familiares, ante la falta de respuestas efectivas por parte de las instituciones. Sin embargo, muchas enfrentan amenazas, extorsiones y criminalización. Algunos testimonios señalan incluso que, tras una desaparición, las familias son obligadas a abandonar sus viviendas y propiedades, las cuales quedan bajo control de grupos criminales o son apropiadas por terceros.

Desplazamiento forzado en Chiapas: otra problemática no resuelta

En paralelo, el desplazamiento forzado interno se consolidó como una crisis prolongada y estructural, documenta el informe. Aunque algunas familias han regresado a sus comunidades, lo hacen bajo condiciones de inseguridad y amenazas permanentes, lo que genera desplazamientos intermitentes y una constante vulnerabilidad. La violencia ejercida por grupos armados vinculados a economías ilícitas sigue siendo la principal causa de expulsión de personas y comunidades a través de amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado y ataques directos.

La respuesta gubernamental frente al desplazamiento ha sido limitada y predominantemente enfocada en acciones de seguridad y ayuda humanitaria temporal, sin atender las causas profundas del problema, sentencia el informe. A pesar de que Chiapas cuenta desde 2012 con un marco jurídico sobre desplazamiento forzado, este no ha sido plenamente reglamentado ni aplicado. Tampoco se han desarrollado políticas públicas integrales que permitan garantizar protección, retorno seguro, reparación o acceso a la justicia para las personas desplazadas.

“La respuesta gubernamental frente al desplazamiento ha sido limitada y predominantemente enfocada en acciones de seguridad y ayuda humanitaria temporal, sin atender las causas profundas del problema.”

Los testimonios recabados revelan además un contexto cotidiano de violencia y control social caracterizado por cobro de cuotas, restricciones a la movilidad, amenazas y presencia constante de hombres armados. Esta situación ha deteriorado gravemente el tejido social y económico de la región, afectando las actividades productivas, la convivencia comunitaria y la confianza entre vecinos. Muchas personas perciben que las autoridades son incapaces —o no tienen voluntad— de frenar la expansión criminal, mientras que algunas fuerzas de seguridad son señaladas por abusos y violaciones contra la población civil.

Pacificación en disputa – La pacificación desde el Estado: diseño, despliegue y narrativa

El informe recuerda que el 8 de diciembre de 2024, Eduardo Ramírez Aguilar (ERA) asumió la gubernatura de Chiapas con un discurso centrado en la “pacificación” del estado y el combate frontal a la delincuencia organizada. Como eje principal de su estrategia presentó la «Fuerza de Reacción Inmediata Pakal» (FRIP), integrada por elementos especializados y concebida como una unidad de despliegue rápido. Bajo el lema de “Cero Impunidad”, el nuevo gobierno apostó por una política de seguridad basada en operativos, presencia policial y fortalecimiento de capacidades de vigilancia e inteligencia.

Los principales cargos de seguridad fueron ocupados por funcionarios con trayectoria en estrategias operativas contra el crimen organizado. Entre ellos destacan Óscar Aparicio Avendaño, con experiencia en Zacatecas y formación en inteligencia policial, y Jorge Luis Llaven Abarca, designado fiscal general del estado, pese a señalamientos previos por abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos. Esta configuración mostró una estrategia enfocada principalmente en el control territorial y la reacción operativa, más que en la investigación profunda de las estructuras económicas y políticas de la criminalidad.

Paralelamente, el gobierno impulsó reformas legales que ampliaron las facultades de la «Secretaría de Seguridad del Pueblo» y consolidaron a la FRIP como pieza central de la política de seguridad. Estas reformas fortalecieron las capacidades de inteligencia, vigilancia e investigación preventiva, modificando el equilibrio tradicional entre funciones policiales y ministeriales.

Durante 2025, la FRIP realizó numerosos operativos en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano. Las acciones se difundieron ampliamente en medios oficiales, mostrando detenciones, decomisos de armas y drogas, así como despliegues policiales. Sin embargo, gran parte de estas capturas correspondieron a delitos menores o a operadores de bajo nivel, mientras que los procesos judiciales posteriores permanecieron poco claros y con escasa información pública sobre sentencias o investigaciones concluidas.

Aunque el gobierno presentó estos resultados como evidencia de la recuperación de la paz y la disminución de la violencia, persistieron fenómenos graves como desapariciones forzadas, desplazamientos internos y crecientes denuncias de abusos cometidos por fuerzas de seguridad. La FRIP fue señalada por organizaciones civiles y por la población por presuntas violaciones a derechos humanos, incluyendo casos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza.

Asimismo, la estrategia gubernamental incluyó iniciativas de “paz” y “reconciliación” en municipios conflictivos, aunque en muchos casos estas funcionaron más como mecanismos de coordinación política y legitimación de operativos que como verdaderos procesos de construcción de paz comunitaria.

“Más que orientarse prioritariamente a la transformación de las condiciones estructurales que sostienen la violencia, la estrategia privilegia la presencia visible del Estado, la reacción rápida ante crisis locales y la recuperación de control en espacios disputados. Si bien este enfoque ha fortalecido la capacidad de intervención inmediata y ha contribuido a producir percepciones institucionales de mayor gobernabilidad, la información disponible resulta limitada para evaluar en qué medida las intervenciones han derivado en el desmantelamiento sostenido de estructuras criminales”, plantea el informe.

“La predominancia de indicadores centrados en operativos y detenciones, junto con la escasa trazabilidad pública de los procesos judiciales y sus resultados, sugiere la persistencia de una brecha entre la contención operativa de la violencia y el debilitamiento estructural de las redes criminales”, concluye.

“La predominancia de indicadores centrados en operativos y detenciones (…) sugiere la persistencia de una brecha entre la contención operativa de la violencia y el debilitamiento estructural de las redes criminales.”

La pacificación desde el territorio: experiencias y resignificaciones locales

La disminución de los enfrentamientos armados en la región Sierra Frontera de Chiapas, observada tras el cambio de gobierno, no ha significado el fin del control territorial ejercido por grupos delictivos, plantean diversos testimonios recogidos en el informe. Coinciden en que, aunque se redujeron los retenes, los bloqueos y las confrontaciones visibles, persiste una sensación constante de miedo e inseguridad. Habitantes de municipios como Chicomuselo y Frontera Comalapa señalan que no ha llegado “la paz verdadera”, pues los grupos armados continúan presentes y regulando la vida comunitaria, aunque ahora bajo formas menos visibles o mediante la predominancia de un solo grupo criminal.

“Esta distinción, entre disminución de enfrentamientos y persistencia del control, resulta central para comprender la brecha entre la narrativa oficial de pacificación y la experiencia cotidiana de las comunidades”, afirma el informe. La población reconoce una relativa “estabilización” del territorio, pero esta se atribuye más a un reacomodo entre organizaciones criminales que a un verdadero desmantelamiento de sus estructuras y judicialización de sus integrantes. En algunos lugares ya no se obliga abiertamente a participar en bloqueos, pero continúan las convocatorias forzadas para vigilar caminos o cuidar puntos estratégicos. Por ello, la reducción de la violencia visible no se traduce en una recuperación plena de la seguridad ni en una disminución del control armado sobre las comunidades.

“Esta distinción, entre disminución de enfrentamientos y persistencia del control, resulta central para comprender la brecha entre la narrativa oficial de pacificación y la experiencia cotidiana de las comunidades.”

Otro aspecto central es el dominio de los grupos criminales sobre la economía local. «El control de precios, compradores, rutas de comercialización y recursos estratégicos como el agua implica una forma de poder territorial que no se limita a la coerción armada, sino que estructura la vida económica cotidiana», detalla el informe.

En este contexto, la presencia de la «Fuerza de Reacción Inmediata Pakal» (FRIP) no generó una percepción generalizada de protección. Por el contrario, varios testimonios describen a esta corporación como un nuevo actor armado que actúa con intimidación y prepotencia. Algunas personas consideran que las acciones de la FRIP recaen principalmente sobre la población civil, mientras que las estructuras criminales permanecen intactas. Incluso existen percepciones de posible tolerancia o coordinación indirecta entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos, lo que profundiza la desconfianza de la población hacia las autoridades, subraya el informe.

La falta de confianza institucional es uno de los elementos más repetidos en los testimonios. Muchas personas no denuncian los delitos por miedo a represalias o porque consideran que las autoridades no investigan ni garantizan justicia. «En contextos donde el miedo a represalias y la percepción de impunidad son elevados, la violencia tiende a permanecer subregistrada, lo que limita las posibilidades de investigación judicial y acceso efectivo a la justicia», expresa el informe.

El conflicto también ha provocado profundas transformaciones sociales y culturales. El silenciamiento y la autocensura se han convertido en mecanismos de supervivencia. El informe explica que estos fenómenos no responden «únicamente al miedo a represalias directas, sino también a procesos más amplios de adaptación social frente a la violencia, en los que callar se convierte en una práctica cotidiana para poder continuar la vida en contextos percibidos como inseguros. En conjunto, estas dinámicas producen un triple efecto: reproducen el miedo en la vida cotidiana; dificultan los procesos de denuncia y exigencia de justicia; y terminan por reforzar la narrativa oficial de pacificación».

De manera general, gran parte de la población percibe que la llamada “pacificación” promovida por el gobierno estatal responde más a una estrategia mediática y política que a una transformación real de las condiciones de violencia. Aunque el gobierno difunde operativos, capturas y campañas de seguridad, muchos habitantes consideran que la paz anunciada no existe en la práctica. Para las comunidades, la violencia continúa bajo nuevas formas y el control criminal sigue presente, lo que evidencia una brecha profunda entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de quienes habitan la Región Sierra Frontera.

Esperanzas desde los Pueblos

En los últimos años, el cambio de partido en el gobierno generó expectativas de transformación para los pueblos; sin embargo, muchas personas consideran que esas promesas no se cumplieron y que la violencia y la inseguridad continúan afectando gravemente a las comunidades. Aunque al inicio de 2025 existía esperanza de un cambio real en Chiapas, para gran parte de la población las acciones gubernamentales han sido percibidas como una “simulación”.

Frente a este contexto, las comunidades han recurrido a la memoria colectiva y a su historia de lucha y organización para fortalecer la resistencia. Reconocen la importancia de recuperar las experiencias comunitarias que durante años permitieron alcanzar beneficios comunes y evitar los engaños de los partidos políticos. Al mismo tiempo, surgen reflexiones sobre la necesidad de transformar las formas de gobierno y promover una educación basada en valores comunitarios, solidaridad y fortalecimiento de las relaciones familiares y colectivas.

Las estrategias de protección y cuidado ante la violencia han retomado enseñanzas de procesos organizativos anteriores. Esto ha permitido conservar redes de apoyo, fortalecer la confianza entre las personas y abrir espacios para expresar necesidades, reconocer el miedo y pedir ayuda. El sentido de pertenencia a la familia y a la comunidad ayudó a muchas personas a resistir los momentos más difíciles y permanecer en sus territorios.

La espiritualidad también ha sido una fuente de fortaleza y esperanza. Personas religiosas permanecieron en las comunidades brindando apoyo humanitario y acompañamiento, convirtiéndose en referentes éticos para quienes enfrentaban situaciones extremas. Asimismo, compartir información y analizar colectivamente la violencia permitió generar estrategias para continuar la vida cotidiana con prudencia, evitando represalias, pero manteniendo el acompañamiento comunitario.

Durante los periodos más violentos, las formas de comunicación cambiaron. Debido al riesgo de hablar públicamente, el diálogo comenzó a darse de manera más discreta y personalizada, entre personas de confianza y en espacios cotidianos. También ha cobrado relevancia la educación y el ejemplo que reciben niñas, niños y jóvenes, pues muchas familias consideran que esto influirá en la decisión de permanecer en la región o buscar un futuro fuera de ella.

A pesar de las distintas percepciones sobre el presente, muchas personas mantienen la esperanza de construir un futuro diferente. Desde pequeños cambios en la vida cotidiana y familiar, buscan recomponer el tejido social y fortalecer la organización comunitaria. Para los pueblos, recuperar la unidad, conocer sus derechos y trabajar colectivamente son pasos fundamentales para restablecer la tranquilidad y construir mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones.

“Para los pueblos, recuperar la unidad, conocer sus derechos y trabajar colectivamente son pasos fundamentales para restablecer la tranquilidad y construir mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones.”

«Las relaciones sociales de interdependencia que se han mantenido en los diversos espacios como iglesias, ejidos, comunidades, familia, a lo largo del tiempo permite afrontar la violencia de maneras diferenciadas y también posibilita un horizonte en los planes de vida en el futuro de acuerdo con los valores comunitarios como el respeto ante la vida y una conciencia crítica ante el sistema político actual que hizo posible la violencia reciente en la región. Ante esto, las apuestas hacia el futuro son el trabajo con jóvenes e infancias para formar generaciones que sean capaces de valorar y trabajar por la comunidad para el bien común, esto representa un gran reto, pero a la vez, resulta imprescindible», afirma el informe.