ACTUALIDAD: Fentanilo, migración y aranceles siguen tensando la agenda bilateral entre México y Estados Unidos

 

E n los últimos meses, la relación entre México y Estados Unidos estuvo marcada por cooperación en seguridad y control de frontera; pero por tensiones comerciales sostenidas, así como fuertes cuestionamientos en materia de derechos humanos.

Un eje central de la relación bilateral sigue siendo la seguridad y el combate al narcotráfico. Ambos países intensificaron operativos conjuntos contra organizaciones criminales. En abril, Estados Unidos acusó al gobernador Rubén Rocha Moya y a funcionarios sinaloenses de colaborar con el Cártel de Sinaloa y pidió su extradición. La acusación señala presuntos pactos con «Los Chapitos» para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y control institucional. Rocha negó los señalamientos y pidió licencia temporal, mientras la Fiscalía mexicana afirmó que aún no existen pruebas suficientes para proceder judicialmente. En mayo, autoridades mexicanas capturaron al sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos por delincuencia organizada.

Desde inicios de 2026 persisten amenazas arancelarias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, quien vincula las medidas económicas con el combate al fentanilo y la migración irregular. México ha buscado evitar nuevos aranceles estadounidenses al acero, al aluminio y al sector automotriz, argumentando la alta integración económica entre ambos países. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ha impulsado estrategias de diversificación comercial, fortaleciendo relaciones con la Unión Europea para reducir la dependencia económica respecto de Estados Unidos.

Otro de los principales temas bilaterales es la migración. Ambos gobiernos han reforzado la coordinación fronteriza y de seguridad mediante reuniones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. En mayo, se informó que los cruces migratorios irregulares en la frontera sur estadounidense disminuyeron un 90% entre octubre de 2024 y mayo de 2026, cifra considerada la más baja en décadas. Las autoridades mexicanas señalaron que la cooperación en la materia se basó en principios de «coordinación sin subordinación».

Paralelamente, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses. Diversos reportes documentaron abusos contra personas migrantes detenidas en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyendo hacinamiento, falta de atención médica y separación familiar. Entre los casos más graves, se denunciaron violaciones a los derechos de mujeres embarazadas y personas en situación de vulnerabilidad. Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, se han reportado al menos 46 muertes bajo custodia del ICE; 14 de ellas eran personas mexicanas. Esta situación ha generado preocupación y críticas entre organizaciones y comunidades migrantes. El gobierno mexicano ha exigido justicia y transparencia a Estados Unidos, sin resultados a la fecha.

El contexto migratorio en la frontera sur de México también refleja problemáticas graves. Organizaciones como el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur han denunciado corrupción en los procesos de regularización en México, donde trámites que deberían ser gratuitos llegan a costar hasta 40.000 pesos. Esta situación, junto con la creciente militarización en la frontera sur y la llegada de migrantes deportados desde Estados Unidos, ha generado condiciones de alta vulnerabilidad. Los migrantes enfrentan desigualdad, riesgos a su salud física y emocional, separación familiar y falta de apoyo consular.

México: crisis de derechos humanos, ¿la punta del iceberg?

Entre febrero y mayo de 2026, México continuó enfrentando altos niveles de violencia, desapariciones y cuestionamientos a las instituciones encargadas de garantizar justicia y derechos humanos.

En abril, Amnistía Internacional publicó un balance crítico del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. El informe advirtió que persisten problemas como violencia, impunidad, desapariciones y militarización, y alertó sobre el riesgo de que algunas políticas oficiales los agraven. También señaló riesgos para la independencia judicial, el espacio cívico y la protección de derechos humanos. Por su parte, el «Índice de Paz México 2026» reportó una baja en homicidios, pero alertó sobre el aumento de desapariciones, extorsión y violencia familiar.

La crisis de desapariciones forzadas siguió siendo el principal tema de derechos humanos. Aunque el gobierno presentó nuevas estrategias de búsqueda, colectivos y familias denunciaron impunidad, falta de resultados y exclusión en la toma de decisiones. También criticaron las cifras oficiales y la clasificación de muchos casos como ausencias voluntarias.

La publicación de un informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU generó tensiones con autoridades mexicanas. Mientras algunos organismos reconocieron su relevancia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó sus conclusiones. Durante su visita a México, el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, reconoció voluntad política; sin embargo, consideró insuficientes las acciones frente a una crisis que supera las 130.000 personas desaparecidas.

Las movilizaciones de madres buscadoras en mayo evidenciaron nuevamente el descontento social. Las familias denunciaron que continúan realizando labores de búsqueda ante la falta de respuestas oficiales y exigieron verdad, justicia y mayor protección para quienes buscan a sus familiares.

En un informe publicado ese mismo mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó las desapariciones en México como una «grave crisis de derechos humanos» y advirtió sobre posibles vínculos entre grupos criminales y autoridades.

Estrechamente ligada a la crisis de desapariciones, la violencia del crimen organizado continuó siendo un tema central. En febrero, murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal en Jalisco. Los hechos desencadenaron bloqueos, incendios y ataques armados en varios estados, dejando decenas de muertos entre fuerzas de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado.

Vulnerabilidad de defensores y periodistas, otro punto de preocupación

Otro tema de preocupación sigue siendo la situación de vulnerabilidad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En febrero, decenas de activistas se manifestaron en la Ciudad de México para exigir un alto a la violencia en el país, donde solo en 2025 se registraron al menos 40 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

En marzo, surgió debate a raíz de la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de revocar permisos a más de 270 organizaciones civiles para recibir donativos deducibles de impuestos. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se trata de una medida “técnica” y no política, rechazando las críticas que la señalan como un intento de debilitar a organizaciones críticas del gobierno. Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional consideraron que esta acción pone en riesgo la operación de la sociedad civil y debilita la democracia, al afectar su capacidad de financiamiento y acción.

En abril, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) reportó que México registró 135 agresiones y 10 homicidios de personas defensoras del medio ambiente y del territorio en 2025. Además, el organismo advirtió que el propio Estado sigue siendo el principal responsable de agresiones contra quienes protegen el entorno natural.

En cuanto a periodistas, en mayo, la organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión, presentó su informe anual «Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia». En México, considerado el país más letal para la prensa en la región, se registraron una desaparición y siete asesinatos de periodistas en 2025. Además, la organización documentó 451 agresiones contra la prensa en el país: una cada 20 horas. El informe cuestionó nuevas leyes impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, como la «Ley de la Guardia Nacional», que permitiría a militares acceder a datos personales sin controles suficientes, reforzando la militarización y el uso de la tecnología como mecanismo de vigilancia.

Tierra, territorio y recursos naturales: otras demandas de organizaciones civiles

En febrero, un tribunal federal ordenó la suspensión de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, al determinar la existencia de daños ambientales y el incumplimiento de las evaluaciones de impacto ambiental obligatorias. El tribunal resolvió que las obras deberán permanecer detenidas hasta que se realicen y concluyan adecuadamente las revisiones ambientales previstas por la ley.

Cabe recordar que el Tren Maya, proyecto emblemático del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue anunciado en 2018. Desde entonces, organizaciones y comunidades han documentado riesgos e impactos socioambientales significativos, incluyendo la deforestación de más de 11.000 hectáreas, la fragmentación de ecosistemas, la perforación y destrucción de cenotes y cavernas, la alteración de humedales, la contaminación del acuífero y la pérdida de hábitat para fauna emblemática. Hasta ahora, señalan, no se han implementado acciones efectivas de mitigación. Asimismo, han documentado un incremento en la violencia criminal e institucional en zonas que antes registraban bajos índices delictivos, a pesar del aumento de la presencia militar en la península.

En febrero, tras declaraciones de Claudia Sheinbaum, el debate sobre el fracking recrudeció. Lo que durante la campaña electoral se rechazaba por completo aparece ahora como una opción real para obtener gas no convencional y reforzar la independencia energética del país, que importa casi tres cuartas partes de su gas natural de Estados Unidos. La «Alianza Mexicana Contra el Fracking» calificó el giro como una traición a lo prometido y advirtió que no existe una forma científicamente comprobada de hacer fracking de manera ecológica.

En mayo, tres años después de la reforma integral al marco jurídico minero, la colectiva «¡Cambiémosla Ya!» acusó a la Secretaría de Economía y a la SEMARNAT de frenar la emisión de los reglamentos indispensables para que la legislación minera pueda aplicarse plenamente. Aunque la reforma aprobada en 2023 significó avances en la protección de comunidades, trabajadores y el medio ambiente, la ausencia de normas secundarias —que debieron publicarse desde octubre de ese mismo año— ha impedido que las autoridades puedan cancelar concesiones incluso en situaciones relacionadas con muertes de trabajadores, presuntos vínculos con el crimen organizado y daños ambientales irreversibles.

Desplazamiento forzado: problemática vigente en amplias regiones del país

En mayo fue publicado el informe «Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025» de la Universidad Iberoamericana, que documentó que al menos 15.795 personas se vieron obligadas a abandonar sus localidades de origen ese año en 73 eventos distintos distribuidos en 11 entidades federativas. La investigación reveló que el 83% de los casos de desplazamiento estuvieron asociados con la delincuencia organizada. Sinaloa concentró el mayor porcentaje de incidentes, con 39,2%, seguido por Chihuahua con 28,4% y Michoacán con 21,3%. No obstante, el fenómeno está presente en once entidades del país, lo que equivale a una tercera parte del territorio nacional.

El informe advierte sobre el aumento en el uso de explosivos, drones y minas antipersona, elementos que han incrementado el peligro para las comunidades afectadas y empeorado las condiciones de vida de las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a abandonar sus hogares de manera repentina debido a amenazas directas o enfrentamientos armados. Aunque reconoce como un avance la incorporación de una pregunta sobre desplazamiento forzado en la «Encuesta Intercensal 2025 del INEGI», el informe concluye que el marco jurídico sigue siendo insuficiente. Destaca la necesidad urgente de crear una ley general sobre la materia y de establecer un registro nacional coordinado que permita garantizar una reparación integral para las víctimas.

Mujeres: avances normativos, poca implementación efectiva

En febrero, la relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Reem Alsalem, señaló ante el Senado que México debe fortalecer las políticas públicas, las instituciones y el presupuesto destinados a proteger a mujeres y niñas. Reconoció avances legislativos en materia de igualdad, pero advirtió que las leyes no son suficientes sin recursos, mecanismos de aplicación eficaces y seguimiento real.

En abril, se dio otro avance normativo cuando el Senado de la República aprobó una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir una «Ley General de Feminicidio» que permita homologar este delito en todo el país. La propuesta busca unificar criterios, sanciones y procedimientos de investigación, así como fortalecer la coordinación entre autoridades y garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas. Surge ante las inconsistencias actuales en la tipificación del feminicidio entre las entidades federativas, lo que ha generado desigualdad jurídica y dificultades en la procuración de justicia. No obstante, organizaciones feministas como «Las Constituyentes MX» cuestionaron la falta de datos actualizados sobre México, la minimización de la impunidad y la ausencia de un enfoque interseccional para mujeres indígenas, migrantes o con discapacidad. También criticaron la exclusión de familiares de víctimas, la escasa atención a la reparación integral del daño y la falta de análisis sobre mecanismos como las «Alertas de Violencia de Género».

CHIAPAS: Persistencia de la violencia y las violaciones a derechos humanos

Chiapas continúa siendo una de las entidades con mayores desafíos en materia de derechos humanos. Colectivos y centros de derechos humanos han denunciado el aumento de desapariciones, reclutamiento forzado, desplazamientos internos y presencia de grupos criminales. También señalan la expansión de la militarización y el riesgo constante para personas defensoras de derechos humanos y comunidades indígenas.

En cuanto al crimen organizado, una presunta narconómina atribuida al recientemente abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” —también conocido como “El Señor de los Gallos”—, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue publicada por el periódico «El Universal». En ella se detalla que su operación en Chiapas le costaba casi 2.000.000 de pesos semanales, con más de 300 sicarios que recibían sueldos de entre 2.000 y 10.000 pesos por semana. Lo que ha generado más revuelo es que en el listado aparece también la «Fuerza de Reacción Inmediata Pakal» (FRIP), creada en 2024 por el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar: una fuerza estatal especial con armamento de alto poder destinada a combatir a los cárteles en disputa en el estado. Igualmente aparecen corporaciones municipales de varias ciudades. El gobernador Eduardo Ramírez anunció una investigación exhaustiva para «castigar con todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables».

En marzo, en un caso que cuestiona la actuación de la FRIP, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó el caso de Óscar Trinidad Carbajal, detenido en noviembre de 2025 y presuntamente torturado por elementos de los “Pakales”. Señaló que el caso forma parte de un patrón de violaciones en Chiapas que incluye detenciones arbitrarias, tortura y abusos durante el arresto, con posible responsabilidad de la Fiscalía estatal y fuerzas de seguridad. Ante la falta de avances en las investigaciones, el caso fue llevado a instancias internacionales. La familia exige su liberación y el esclarecimiento de los hechos, además de denunciar hostigamiento.

En abril, ocurrió un ataque armado en el municipio de Nicolás Ruiz. Dos hombres fueron asesinados, varias personas resultaron heridas y una más permanece desaparecida. El pueblo organizado de Nicolás Ruiz denunció que los agresores fueron grupos del crimen organizado, señalando que las autoridades conocen a los responsables. Desde 2025, varias comunidades formaron una alianza y establecieron guardias comunitarias ante la falta de acción del Estado o su posible complicidad en la violencia. El pueblo exige la aparición con vida del desaparecido, justicia para las víctimas, una investigación real que castigue a los responsables y el respeto a su autonomía como pueblo indígena. En este mismo marco, en el cercano municipio de Venustiano Carranza, también se registró un enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes y miembros de la «Organización Campesina Emiliano Zapata» (OCEZ), conocida como la “Casa del Pueblo”.

El tema de las desapariciones ocupa un lugar cada vez más central. En abril, se localizaron restos óseos cerca de San Fernando y Berriozábal. El hallazgo fue posible gracias a una denuncia anónima y fue realizado por el colectivo «Madres Buscadoras» de Chiapas, en coordinación con autoridades. Berriozábal es una zona especialmente afectada, considerada un foco rojo por el alto número de desapariciones, principalmente de jóvenes. «Simulan la paz, pero las desapariciones siguen. Ha sido el mismo gobierno y la misma Fiscalía la que se los lleva y los desaparece», afirmó la colectiva «Madres Buscadoras» de Chiapas.

En el marco del Día de las Madres, se realizaron actividades en distintas ciudades, entre ellas Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Familiares acusaron a las autoridades federales y estatales de minimizar la crisis de desapariciones y favorecer la impunidad. Los colectivos sostuvieron que, desde hace varios gobiernos, han documentado el crecimiento de las desapariciones en Chiapas y atribuyeron esta situación a la disputa territorial entre grupos criminales, así como a la tolerancia y aquiescencia gubernamental.

En marzo, «El Obse», observatorio de agresiones hacia personas defensoras de derechos humanos y periodistas, presentó su tercer informe para visibilizar la situación de violencia e inseguridad que enfrentan quienes ejercen esta labor en el estado. Señaló limitaciones en los procesos de investigación y sanción de agresiones. Mientras el gobierno de Chiapas presenta un panorama de mejora en la seguridad estatal, destacando avances en la estabilización y una reducción de ciertos indicadores de violencia, «El Obse» sugiere que, si bien algunas expresiones de violencia visible han disminuido, esto no implica su desaparición, sino una transformación en sus formas. En lugar de confrontaciones abiertas, se observan con mayor frecuencia dinámicas de intimidación y control territorial.

Este mismo mes, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, denunció dos allanamientos en menos de 72 horas, que consideró actos de agresión e intimidación contra su labor, pese a contar con medidas de protección federales. Señaló omisiones de las autoridades, ya que no se activaron medidas efectivas tras la primera denuncia, lo que permitió que el ataque se repitiera. Diversas organizaciones civiles y la relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, pidieron a las autoridades una investigación exhaustiva, señalando que este tipo de agresiones no han sido adecuadamente esclarecidas en Chiapas.

Tierra, territorio y defensa del medioambiente en el centro de las demandas

En febrero se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas el conversatorio «¡Sí a la vida! ¡No al despojo!». Durante el encuentro, habitantes de Chilón y otros municipios afectados por la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, integrantes del «Movimiento por la Defensa de la Vida y del Territorio» (MODEVITE); así como organismos de derechos humanos y defensores del medioambiente reiteraron su oposición ante el proyecto que, señalaron, se edifica «sin cumplir con los requisitos legales mínimos, sin contar con información ambiental, social y cultural suficiente, ni con información técnica adecuada, además de que no se ha realizado una consulta libre, previa e informada conforme a los derechos como pueblos originarios». En días previos, las organizaciones realizaron una misión de observación en la zona; constataron que la autopista tendrá un impacto ambiental notable. «La mal llamada Carretera de las Culturas es un proyecto extractivista construido desde los intereses de los más poderosos. Los pobres se volverán más pobres y los ricos más ricos», afirmó una integrante del MODEVITE. «Sabemos que detrás de la pantalla del turismo hay despojo de nuestro territorio, que no es solo nuestra parcela, sino también la forma en que vivimos», añadió. Otro elemento que se documentó es que el gobierno está imponiendo esta infraestructura a través del hostigamiento, del condicionamiento de la entrega de programas sociales como «Sembrando Vida», de las amenazas de envío del cuerpo de élite de la FRIP y de manipulaciones de varios tipos.

En abril se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas el Semillero «La Tormenta dentro y fuera según las comunidades y pueblos zapatistas». El encuentro tuvo como eje el concepto zapatista de “la tormenta”, que describe la crisis global actual provocada por el capitalismo. Durante el semillero, el capitán Marcos sostuvo que los movimientos sociales solo pueden resistir si tienen claridad sobre su historia, objetivos y organización. Rechazó la idea de una “unidad incondicional”, proponiendo en cambio una diversidad de luchas con un objetivo común. Planteó que el Estado-nación ha perdido capacidad real frente al capitalismo, y que los conflictos y guerras actuales benefician principalmente a grandes intereses económicos. Por su parte, Moisés expuso la visión colectiva zapatista sobre la crisis climática. Advirtió que, sin enfrentar la destrucción ambiental, no habrá condiciones para la vida en el futuro. Además, se abordaron problemáticas en comunidades indígenas: la migración y la pobreza están provocando la pérdida de tierras y la concentración de la propiedad, debilitando las formas comunitarias. Finalmente, Marcos anunció un próximo encuentro en agosto.