El 1º de julio tuvieron lugar en México unas elecciones consideradas históricas porque nunca antes se habían elegido a tantos cargos a la vez: 18.311 puestos públicos a cubrir a nivel federal, estatal y municipal.

Elecciones del pasado 1º de julio, Chiapas © SIPAZ

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia”, formada por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), fue elegido presidente de la República con un margen nunca antes alcanzado en México: obtuvo un 53 % de las preferencias expresadas. Su coalición también quedó como primera fuerza legislativa en las dos Cámaras. Triunfó además en cinco gobiernos estatales (Veracruz, Chiapas, Morelos, Tabasco y Ciudad de México). La violencia pre-electoral alcanzó límites nunca vistos en México. La consultora Etellekt informó que 133 políticos fueron asesinados desde el 8 de septiembre de 2017 hasta el cierre de campañas y se contabilizaron 548 agresiones.

Aunque AMLO estuvo encabezando las encuestas previas a las elecciones por varios meses, una victoria tan contundente resultó en cierta medida sorpresiva, ya que no se acababa de vislumbrar un panorama de tanto debilitamiento de los partidos históricos que estuvieron gobernando al país por más de 80 años : el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

Muchos analistas explican esta tendencia por las decisiones que tomaron desde su ejercicio del poder: la guerra contra la delincuencia lanzada en 2007 (PAN) y las “reformas estructurales” en el más reciente sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI), que no generaron ni el desarrollo ni el bienestar anunciados sino una fuerte ola de protestas en su contra.

El PRI y el PAN usaron todos los medios a su alcance para impedir el actual escenario, aunque aceptaron su derrota con una civilidad que muchos temían no se diera. En la etapa pre-electoral también, se reportaron denuncias de boletas adulteradas, compra de votos, recolección de credenciales de elector, dinero sucio y rebase de tope de gastos en las campañas, y uso clientelar de los programas sociales. Ciertamente, estas estrategias les habían permitido impedir la llegada a la presidencia de AMLO en las dos elecciones anteriores.

Muchos también atribuyen el escenario de estas últimas elecciones a la fragmentación y disputas internas que se dieron en los partidos históricos. También se ha subrayado el “efecto López Obrador”, vinculado a su liderazgo personal y la percepción de honestidad que se le asocia en medio de múltiples casos de corrupción que se dieron a conocer. Planteó un cambio que encontró eco ante una muy desprestigiada clase política. Además, comparado con sus intentos previos, matizó su discurso, corriéndose al centro, y dando cancha a muchos liderazgos que se desarrollaron en otros partidos para luego salir descontentos de los mismos.

A pesar de los resultados, un margen de maniobra limitado para el próximo gobierno

Elecciones del pasado 1º de julio, Chiapas © SIPAZ

Aún con los más de 30 millones de votos que logró, y aunque su partido tendrá mayoría en ambas cámaras, el margen de maniobra de AMLO al asumir el poder en diciembre será limitado. Podrá realizar algunos ajustes al presupuesto pero heredará una deuda que supera los 10 billones de pesos. Varios analistas señalan que el poder seguirá estando en manos de la clase capitalista ­trasnacional que buscará garantizar sus intereses y la correlación de fuerzas en su favor.

Las prioridades del nuevo gobierno apuntan a que se tratará de disminuir la corrupción, los fueros y privilegios, así como dar cumplimiento a las promesas de austeridad; reducir la violencia con una estrategia de seguridad diferenciada a la que siguieron los dos gobiernos anteriores ; y modificar el presupuesto para posibilitar una política el lema “Primero los pobres”.

En cuanto a uno de los rubros que más ha aquejado el país, la violencia, AMLO, ya como presidente electo, informó que se realizarán “Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional” entre agosto y octubre. Pretenden identificar propuestas sobre ejes temáticos como son el “pacto de reconciliación nacional, la reconstrucción del tejido social y pacífica convivencia, el desarme, la desmovilización, la reinserción de miembros de la delincuencia organizada y las garantías de no repetición, el consumo y la tenencia de drogas; posesión y portación de armas y disminución de penas, así como delitos graves”.

Desde el inicio del proceso se han ido incrementando los cuestionamientos, tanto de movimientos de víctimas como de organizaciones civiles de derechos humanos, respecto al formato y posibles alcances del proceso. No obstante, el equipo de AMLO ha anunciado que, en base a eso, su plan de reconciliación y pacificación del país estará listo en noviembre.

Expectativas desde el frente social y de derechos humanos

Comparte 2018 en de Morelia a 15 años de los Caracoles zapatistas © SIPAZ

Fuera de los Foros escuchas centrados en el tema de la violencia, organizaciones civiles y movimientos sociales han estado planteando varias demandas al gobierno en puerta con una serie de demandas concretas.

En junio, se presentaron 10 decretos presidenciales que modifican el estatuto de las vedas existentes sobre un 40 % de las cuencas de México, que representan un 55 % de las aguas superficiales de la Nación. El poder ejecutivo planteó esta posibilidad como una medida de protección al ambiente. Otros sectores cuestionan que permitirá que el líquido sea concesionado hasta por 50 años entre otras opciones a las industrias extractivas, ya que gran parte de esas cuencas coinciden con sitios donde se prevén megaproyectos. Coinciden en que se trata del abrirle la puerta a la privatización del agua desconociendo el derecho humano al agua.

En agosto, la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) urgió a AMLO y a los legisladores de “Juntos Haremos Historia” que al asumir sus cargos prohíban legalmente el método de fractura hidráulica, conocido como fracking, para extraer gas y petróleo en México. También llamó a revisar los contratos existentes (fueron 91 entregados en el sexenio por terminar), y a formular una moratoria a nuevos contratos así como un plan de transición energética.

Comparte 2018 en de Morelia a 15 años de los Caracoles zapatistas © SIPAZ

También en agosto, organizaciones civiles denunciaron las omisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto para abordar las deficiencias de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Subrayaron que la violencia contra las mujeres en México les ha costado la vida a 8.904 de ellas entre 2014 y 2017 y que sólo un 24% de los casos fueron investigados como feminicidios. Informaron además que “de manera alarmante preocupa la brutalidad, saña e impunidad que impera en los casos registrados”. También urgieron al próximo gobierno de AMLO a fortalecer a la Conavim y “garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Sin embargo, otros actores no esperan ningún cambio con la llegada al poder de AMLO o de los partidos que lo llevaron a la presidencia. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) recalcó que “todo el esfuerzo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, y de López Obrador y su equipo, desde el 1º de julio, es por congraciarse con la clase dominante y con el gran capital. No hay ningún indicio (…) que diga que es un gobierno progresista, ninguno. Sus principales proyectos van a destruir los territorios de los pueblos originarios: el millón de hectáreas en la Lacandona, el Tren Maya, o el corredor del Istmo que quieren hacer, entre otros”. Anunció que seguirá en resistencia en sus comunidades y propuso la creación de una gran organización civil a nivel nacional así como la creación de nuevos concejos civiles no indígenas e internacionales. Quedó claro en todo caso que el anuncio del futuro gabinete de AMLO en el sentido de plantear una reforma constitucional que retome los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena firmados entre el EZLN y el gobierno mexicano no es el formato a través del que los zapatistas piensan seguir profundizando su modelo autonómico.

Pendientes planteados al gobierno actual y al entrante desde lo internacional

Visita de la relatora de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas a Chiapas, noviembre de 2017 © Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

En junio, los relatores sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la ONU presentaron un informe fruto de su visita a México en 2017. Señalaron que el país “atraviesa una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de la población. Uno de los aspectos centrales de la crisis es el debilitamiento del estado de derecho y la gobernabilidad a nivel local que se ha extendido en el país”. “Además del uso de la violencia en todas sus formas, actores delictivos y autoridades públicas intentan cooptar a periodistas para sus propios fines y coaccionarlos para que difundan información que favorezca a las organizaciones delictivas o perjudique a sus opositores”, indicaron.

En julio, la organización Global Witness publicó el informe “¿A qué precio ? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017”. En el caso de México, destacó que “la colusión entre empresas y autoridades así como la presencia del crimen organizado son factores que en México inciden en el asesinato de defensores ambientales, los cuales se multiplicaron entre 2016 y 2017, ya que de tres casos se llegó a 15, 13 de ellos indígenas”. Llamó al próximo gobierno para que aborde la problemática “de forma prioritaria”, y para garantizar la participación de comunidades y de las organizaciones civiles en la toma de decisiones en cuanto a mega proyectos.

En agosto, en el marco del día internacional de los pueblos indígenas, la Relatora Especial de la ONU para este sector, Victoria Tauli-Corpuz, publicó un informe sobre su visita a México en 2017. Señaló “la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país”. Ello, en “un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos”. “A la falta de auto-determinación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas”, recalcó.

CHIAPAS: Elecciones a todos los niveles

Colas para votar el 1º de julio, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas © SIPAZ

En Chiapas, las elecciones de julio se dieron a todos los niveles: federal, estatal y municipal. A nivel federal, arrasó Morena (con más de un millón de votos). Quedó electo como gobernador Rutilio Escandón Cadenas por más de un 39% de los votos. La colación Juntos Haremos Historia también ganó la mayoría de las diputaciones locales y las ciudades más importantes del estado.

No obstante, esta victoria se dio en formas que propiciaron que muchos puestos de elección popular no quedaron en manos de sus militantes históricos sino en figuras asociadas al actual gobernador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Cuello (MVC). El caso que generó más polémica fue el de Eduardo Ramírez Aguilar, quien será senador de Morena por Chiapas. Como integrante del PVEM durante el sexenio de Manuel Velasco, fue secretario de gobierno y diputado local. No fue el único caso y por lo mismo, algunos consideran que se dio una alianza no pública entre MVC y Morena en el estado previo a las elecciones.

Durante las campañas, los obispos de Chiapas denunciaron que “el sistema de partidos políticos ha sido causa de divisiones y conflictos en las comunidades y los pueblos por la corrupción de autoridades locales, la compra de votos, la coacción por los programas sociales, la propaganda engañosa, las promesas falsas, la distribución de despensas y otros objetos para condicionar al votante, etc.”. Señalaron que “se constata la intervención de la delincuencia organizada en la selección o imposición de candidatos y la existencia de grupos armados ilegales al servicio de intereses políticos, económicos o criminales”.

La Fiscalía electoral informó que ha iniciado 38 investigaciones por incidentes violentos ocurridos durante la jornada electoral (incluyendo varios asesinatos). El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) informó posteriormente que en 67 de los 122 municipios de Chiapas fueron impugnadas las elecciones municipales; lo mismo que en 10 de los 24 distritos para diputados locales.

Derechos Humanos: reclamos que heredarán los candidatos electos

Manifestación contra la violencia creciente en San Cristóbal de Las Casas, mayo de 2018 © 2018

En junio, las organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) denunciaron “la falta de compromisos del gobierno estatal para evaluar la implementación de las medidas ordenadas en la AVGM”. Expresaron que desde su monitoreo permanente y con los informes de las autoridades ubican “graves omisiones y faltas a la verdad en las evidencias que se presentan como cumplimiento de la AVGM”.

En agosto, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) de la zona Norte de Chiapas denunciaron haber sido víctimas de amenazas y agresiones en distintos incidentes que se produjeron en los municipios de Tila, Salto de Agua y Yajalón. Informaron que “estamos siendo amenazados, hostigados, intimidados, nos fabrican delitos y despojan de nuestras tierras”. Alertaron que “ya no pueden salir de sus casas o en sus comunidades porque han sido víctimas de secuestros, asaltos, robos de mercancías en los vehículos que los llevan de regreso. No hay justicia aunque presentes denuncia ante Ministerio Publico, (…), existen detonaciones de armas de alto poder, aun con la presencia del ejército mexicano (SEDENA). No hay autoridad quien ponga alto a la ola de inseguridad y violencia. Exigimos justicia, paz y la tranquilidad”.

Igualmente en agosto, el Área de Derechos Humanos de la Diócesis de San Cristóbal informó que 57 parroquias recabaron 40.400 firmas para respaldar un amparo que interpuso la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) en contra de los decretos de reserva de agua tomando en cuenta la “falta de una consulta previa”.

OAXACA: Violencia más allá del contexto electoral

La violencia que se presenció durante las campañas electorales se tiene que sumar a la prevaleciente en este estado, con saldos que siguen creciendo y que deriva de conflictos de distintos índoles.

En julio, ocurrió un ataque armado entre pobladores de San Lucas Ixcotepec y Santa María Ecatepec fruto de un conflicto por límites de tierras. El saldo fue de 13 muertos. Organizaciones civiles informaron que han ocurrido más hechos violentos por otros conflictos agrarios en la Sierra Sur, que preocupa la ausencia del Estado en la solución de conflictos agrarios y que la única respuesta sea la militarización de la región respaldada por la Ley de Seguridad Interior.

Eólicos © SIPAZ

También en julio, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) y la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón denunciaron el asesinato del policía comunitario Rolando Crispín López. Recordaron que “desde el 2012 la comunidad de Álvaro Obregón se encuentra en lucha defendiendo su territorio en contra de la empresa eólica del Sur, antes Mareña Renovables, y en febrero del 2013 se constituyó la policía comunitaria”.

En julio, el Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) denunció por su parte que militares instalaron un retén cerca del lugar donde se encuentra su centro de capacitación en Santa María Huatulco. Este hecho ocurrió a tan sólo cinco meses del asesinato de tres de sus integrantes a manos de un comando armado cuando volvían de una reunión con el gobierno estatal; y a solo días del asesinato de su Coordinador Regional en la Sierra Sur. También han denunciado vigilancia, amenazas y allanamientos de domicilio. Todo ello “sin que hasta el momento haya avance alguno en la investigación judicial.” Para el CODEDI, el trasfondo de toda esta violencia es el proyecto de construcción de tres presas hidroeléctricas en el río Copalita. El Espacio Civil de Oaxaca denunció “la ocupación militar de los territorios donde los pueblos pugnan contra la explotación de los recursos naturales”, “el incremento desmedido de las agresiones contra todas las personas defensoras e integrantes del movimiento social oaxaqueño”; así como “el desinterés y falta de respuesta del Gobierno del Estado frente a esta situación”.

En agosto, ante los resultados electorales, la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca exigió justicia para 33 defensores de derechos humanos que se encuentran bajo procesos judiciales. Solicitó una reunión con AMLO, para “atender uno de los temas centrales que plantea la agenda del movimiento social en nuestro país”.

En cuanto a impunidad, en junio, en el marco del segundo aniversario del caso Nochixtlán, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) expresó que el gobierno mexicano ha fallado en aclarar la tragedia del 19 de junio de 2016 que surgió tras la represión de una protesta magistral, la cual causó varias muertes violentas de civiles y más de cien personas heridas. Otra preocupación expresada por la ONU-DH es “que varias víctimas y sus representantes hayan sido blanco de campañas de desprestigio, actos de intimidación y hasta agresiones físicas”.

GUERRERO, “entidad más insegura y sangrienta del país”

Militarización en Guerrero © Tlachinollan – Archivo

En Guerrero como en Oaxaca, el factor electoral fue nada más uno de los componentes de la violencia que ha venido azotando el estado en las últimas décadas. En cuanto al paradigmático caso de Ayotzinapa, en junio, un tribunal federal ordenó a la PGR reponer el procedimiento en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre de 2014. Ello al sentenciar que la indagatoria “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”. El tribunal opinó que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidos bajo tortura” y “aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia”. El Centro ProDH, representante de las familias de los normalistas, consideró que “viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha. Por virtud de la sentencia, esta valoración ya no proviene solo de instancias internacionales, sino que ha sido establecida por un tribunal nacional”. Exigió “un compromiso público de que en lo que resta del sexenio se cumplirá el fallo”.

A cambio, en julio, “ante la inusitada ofensiva legal -conformada por más de cien recursos legales- desatada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en contra de la sentencia (…), y en previsión de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deba resolver varios de estos recursos”, familiares de los normalistas pidieron al Máximo Tribunal que “no se plieguen a las presiones del Ejecutivo y estén del lado de la verdad y de las víctimas”. El Centro ProDH señaló: “Este gobierno, lejos de utilizar sus fuerzas para localizar a los estudiantes, las ha usado para atacar la sentencia del Tribunal”.

CRAC-PC en Guerrero © SIPAZ – Archivo

Otro proceso que viene siendo emblemático en Guerrero es el de la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). En julio, el gobernador Héctor Astudillo Flores promovió una reforma al artículo 14 constitucional que aborda los derechos de los pueblos indígenas en Guerrero y que elimina las palabras “policías comunitarias y rurales” del artículo constitucional. Establece que las resoluciones que emitan los sistemas comunitarios de justicia tendrán que ser acordes con el orden jurídico vigente y ser validadas por jueces del Poder Judicial estatal. La CRAC-PC denunció que esta reforma promueve la subordinación del sistema comunitario al gobierno estatal. Tlachinollan afirmó por su parte que la reforma “es un golpe a la lucha de los pueblos indígenas de Guerrero en cuanto a que se les niega el estatus que a nivel internacional ya se les reconoce”. Subrayó que los pueblos “no van a pedir permiso como nunca lo pidieron desde hace 24 años para levantarse como pueblos para decir un ya basta de un sistema de justicia y seguridad absoluto, corrupto y coludido con el crimen organizado”.

En Guerrero, existen al menos 18 grupos armados de autollamadas policías comunitarias con presencia en, por lo menos, 38 de los 81 municipios del estado, y de los cuales sólo la CRAC-PC está amparada por la Ley 701. Ante las reacciones de rechazo, Astudillo Flores declaró que hay una “mala interpretación” respecto a los contenidos de la reforma recalcando que el propósito es que no haya grupos armados “en cada carretera”, y que “eso tiene que regularse”.

En notas más esperanzadoras, en junio, fue emitida una sentencia condenatoria de 19 años contra dos militares acusados por los delitos de violación y de tortura, derivados de los hechos ocurridos en Guerrero en 2002 contra la indígena Valentina Rosendo Cantú. Dicha sentencia da respuesta a lo ordenado al Estado Mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 2010. “Esta es la primera vez que México cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar, a militares responsables de violaciones de derechos humanos a raíz de una sentencia del tribunal interamericano (…) es un hito y una prueba de que la impunidad se puede romper a pesar de no existir voluntad”, destacó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL). Para las organizaciones que han acompañado a Valentina, “este caso emblemático demuestra las graves consecuencias que genera la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y debe ser una llamada más de atención para que el Estado cambie su política de seguridad pública”.