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31/08/2018
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31/08/2018
La violencia genera más problemas sociales de los que resuelve y por tanto nunca conduce a una paz permanente
El año 2017 terminó en México con unas cifras dramáticas en cuanto al desplazamiento forzado por violencia. Nunca antes, desde el conflicto armado de 1994, se habían alcanzado cifras tan preocupantes en estados como Chiapas.
campamento de desplazados en Jolcantetic, municipio de Chalchihuitán, Chiapas © SIPAZ
Permanecen grabadas en nuestra retina, las imágenes de personas -en su mayoría mujeres, niños y niñas y adultos mayores-, cobijándose en techos improvisados de plástico, que les “ayudaban” a resguardarse de temperaturas inferiores a los cero grados, típicos de los inviernos en los Altos de Chiapas. Condición infrahumana que cobró la vida de varias personas.
Según los principios rectores sobre desplazamiento forzado de Naciones Unidas, los desplazados internos son“personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
Sobre el desplazamiento interno forzado (DFI) en México, se encuentra disponible muy poca información (además del hecho que no todas las víctimas formalizan denuncias). En 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), publicó un informe especial sobre desplazamiento forzado interno (DFI). Había solicitado información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que le respondió: “La Dirección General de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia no cuenta con información estadística que permita determinar un diagnóstico sobre el desplazamiento interno forzado”. Al presentar el informe especial, la CNDH explicó que a pesar del trabajo de muestreo surgido de cuestionarios y visitas que se efectuaron en las 32 entidades de la República, los resultados obtenidos no permitieron una proyección general válida sobre la dimensión del fenómeno aunque alcanzan para evidenciar la necesidad y urgencia de atender este problema.
Del lado de la sociedad civil, una de las fuentes de información ha sido la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Ciertamente también se cuestiona las cifras que maneja, considerándolas “sumamente conservadoras” ya que solo incluye los casos en que comunidades enteras han tenido que desplazarse.
Conforme con datos de su último informe, de enero a diciembre de 2017 se registraron 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, afectando a 20.390 personas. Los desplazamientos se registraron en al menos 9 estados, 27 municipios y 79 localidades. Las entidades con más episodios de desplazamiento interno forzado masivo fueron Guerrero, con 7, Sinaloa, con 5; y, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, con 3 respectivamente.
La entidad con más personas desplazadas fue Chiapas, con 6.090 personas. En segundo lugar se encuentra Guerrero, con 5.948 y en tercer lugar se encuentra Sinaloa con 2.967 víctimas. El mayor factor que generó DFI fue la violencia generada por grupos armados organizados, con un 68% del total de los casos.
Como en muchas situaciones de violencia en México, constataron que en la mayoría de los episodios las víctimas más afectadas por los desplazamientos fueron niñas, niños y mujeres (en la mayoría de los casos indígenas). Otras víctimas fueron adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos. Cabe reconocer además que cuando se trata de un desplazamiento interno por un tiempo prolongado o permanente, no solo se presentan afectaciones para las víctimas directas, sino también de manera indirecta para la población y al tejido social de las zonas afectadas. Esto mencionó también Cáritas San Cristóbal de las Casas A.C. en un pronunciamiento sobre casos actuales en la zona Altos de Chiapas: “las condiciones de las personas desplazadas, sus necesidades y sus limitaciones económicas provocan que incluso quienes no fueron desplazados han sido afectados. “
Por su parte, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han establecido que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, los puede colocar en una situación especial de vulnerabilidad por la relación intrínseca que tienen con sus tierras y que, por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural, genera un claro riesgo de extinción cultural y física de los pueblos indígenas.
Chiapas: el estado con mayor número de desplazadas
Plantón de desplazados de Colonia Puebla, municipio de Chenalhó frente al palacio de gobierno de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, abril de 2018 © SIPAZ
En Chiapas, el problema del desplazamiento forzado no es nuevo, ni tampoco principalmente vinculado a la delincuencia organizada. Los desplazamientos internos por cuestiones políticas y religiosas en el municipio de Chamula (1960-1980), por el proyecto de hidroeléctrica en Chicoasén (1980) y por catástrofes naturales, como la erupción del volcán Chichonal (1982) o el huracán Stan (2005) en la zona costera, no se han olvidado. También tuvieron un fuerte impacto los desplazamientos desde los noventa vinculados a cuestiones de violencia socio-política, especialmente en la población indígena en la zona Altos y la zona Norte del estado, donde ocurrieron desplazamientos masivos en los años que siguieron el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) debido a las estrategias del gobierno federal para combatir a las revolucionarios y el surgimiento de grupos armados y paramilitares que desataron una fuerte ola de violencia.
Como dijera Martín Luther King, “La violencia genera más problemas sociales de los que resuelve y por tanto nunca conduce a una paz permanente”, esto se ve claramente reflejado en los viejos conflictos agrarios que iniciaron en los años setenta entre diferentes municipios y/o bienes comunales de la zona Altos y que generaron enfrentamientos y desplazamientos que han afectado a miles de personas en el año 2017 y 2018. En el caso del conflicto territorial entre Chenalhó y Chalchihuitán, que según el CMDPDH es el episodio que registró el mayor número de víctimas a nivel nacional, 5.323 indígenas tzotziles fueron desplazados en 2017. Se encuentran en disputa más de 900 hectáreas ubicadas en los límites entre ambos municipios ante el resultado de los trabajos de reconocimiento y titulación de los bienes comunales por parte de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria. A la fecha, siguen desplazados cerca de 1.450(¹) tzotziles de Chalchihuitán quienes se organizaron como “Comité de Representantes Desplazados Autónomo Chalchihuites”, para exigir que se respeten sus derechos.
En el municipio de Aldama, otro conflicto agrario dejó sin hogar a más de 700 personas en febrero de 2018. Este conflicto en donde murieron varias personas de ambos lados sigue vigente y sin solución. Que aún no haya claridad sobre el futuro de estas personas y el posible retorno a sus casas es preocupante.
Otras víctimas formaron “la Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas“. Son originarias de los municipios de Chenalhó, Huixtlá, Ocosingo y Zinacantán y de Huixtlá (con afectados por el huracán Stan que han sido desplazados sin respuesta del gobierno desde el 2005).
Además de estos casos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) nos expresó en entrevista su preocupación sobre los posibles despojos y violaciones a derechos humanos relacionados con los proyectos de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), mismos que están funcionando y a los que el gobierno virtual ha expresado que piensa dar continuidad. El Frayba afirmó que se ve una contradicción entre este tipo de decisión y la igualmente anunciada por el próximo gobierno de respetar los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena firmados entre el EZLN y el gobierno federal en 1996 y que pretenderían proteger las tierras y los territorios de los pueblos originarios. Estos tipos de megaproyectos han sido la causa de varios despojos y desplazamientos forzados en Chiapas y en otros estados de la República.
Más al norte del país: de los desplazamientos por megaproyectos a los desplazamientos por lucha de plazas
Campamento de desplazados en Shishimtontic, municipio de Chalchihuitán, Chiapas © SIPAZ
El fenómeno de desplazamiento por mega proyectos, como por ejemplo, los proyectos mineros, se puede, evidenciar en otros estados más norteños. La Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, respaldó esto en su informe después de su visita a México en noviembre de 2017, mencionando por ejemplo a Guerrero. Notó además que la presencia del crimen organizado se da en áreas donde también existen intereses mineros, lo cual aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.
Aquí tocamos un punto clave de Guerrero y otros estados más norteños, el crimen organizado, que se convirtió en un actor muy fuerte en el estado: “al inicio, la lucha entre los diferentes grupos delincuenciales era por la “plaza”, es decir, el mercado de consumo pero en la medida en que estos crecen se va convirtiendo en toda una empresa que monopoliza todas las actividades delictivas: el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, la venta de protección, los robos en general. Además tratan de controlar el suministro de mano de obra para la producción, la venta, el trasiego, la exportación de droga.”(²)
Su control total del territorio se da por tanto en las áreas de producción y en las rutas de trasiego. Debido a las divisiones de los grandes carteles, a la guerra contra el narco desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), han ocurrido sangrientas luchas entre grupos rivales “con la finalidad de generar el terror tanto en la población como en sus enemigos. Si por esto fuera poco, están al servicio del grupo político que predomine en la región para mantener el poder y buscar implantar los proyectos extractivistas. Sirven también como grupo paramilitares que inhiben la organización y la lucha social.”(²)
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan mencionó que las autoridades impulsan sus megaproyectos sin atender el grave problema de la violencia perpetrada por grupos de la delincuencia organizada en los mismos lugares. (3) Al revés, se ha señalado la colusión entre actores estatales, empresariales y delictivos.
En estados como Guerrero, donde se sufre un nivel de violencia muy alto el periodismo y/o ser defensor de derechos humanos son oficios de alto riesgo. La tasa de desplazamientos de estos sectores es alta y afecta el derecho a la libertad de expresión creando “zonas silenciadas”, mencionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) este año.
Un marco jurídico que no acaba de cumplir con su cometido
campamento de desplazados en Jolcantetic, municipio de Chalchihuitán, Chiapas © SIPAZ
A nivel internacional existen varias leyes y tratados, ratificados por México. A pesar de que en México no existe una Ley federal sobre el desplazamiento forzado se elaboró el Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018, un Protocolo para la Atención y Protección de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México (2017) y en el caso de Chiapas, desde el 2012 (en Guerrero desde el 2014) una Ley Estatal: “la Ley y el Programa Estatal
para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno”.
En el caso de Chiapas, la Ley “tiene como propósito crear el marco conceptual y garante de los derechos de las personas que por causas diversas se ven obligadas a dejar su lugar de residencia habitual, definiendo lo que se considera una persona desplazada internamente; estableciendo los derechos de los desplazados internos, mandatando la creación tanto de del Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, como la coordinación interinstitucional a través del establecimiento del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno.”
Esta ley planteaba que el gobierno tenía la obligación de instalar el Consejo Estatal de Atención Integral, en un marco de sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor de la ley; y que una vez instalado el Consejo, contaría con un plazo de noventa días naturales para emitir el reglamento de dicha ley.
Retorno de desplazados en Chenalhó en 2002 después de 5 años de desplazamiento forzado © SIPAZ
A pesar de estos plazos no se habían cumplido con estas dos obligaciones o no se tiene evidencia oficial de ello. Es hasta el 20 de marzo de este año que el Concejo Estatal tuvo su primer sesión. Esto después que la CIDH solicitara en febrero medidas cautelares al Gobierno Mexicano para los desplazados de Colonia Puebla en Chenalhó e hiciera lo mismo para los desplazados de Chalchihuitán en marzo. El concejo tuvo su primera reunión sobre la elaboración del reglamento de la ley, 148 días después de la primera sesión del concejo en agosto.
El Frayba mencionó en entrevista que por las solicitudes de medidas cautelares, el DFI empezó a tener un peso político y por eso el gobierno dio una atención a la situación humanitaria más no al fondo del conflicto que aún sigue vigente. Las médidas cautelares otorgadas fueron atendidas de manera “superficial” para aparentar un cumplimiento de la Ley, aunque pronto empezaron a surgir las primeras dificultades. En el caso de Chalchihuitán el gobierno no ha reconocido a todas las víctimas como desplazados internos. El Frayba y las víctimas mencionaron también que la gente desplazada no está recibiendo información sobre el proceso. En cambio, la Ley, bajo el Artículo 15 dice que los desplazados internos tienen derecho a ser consultados y a participar en las decisiones que les afecten, así como a recibir información que les permita tomar decisiones libres e informadas. La gente desplazada en algunos casos está recibiendo víveres, consultas médicos (a pesar que no siempre hay medicamentos) y la niñez está recibiendo clases pero no hay otros avances en el fondo del caso, especialmente para resolver e investigar la raíz de la violencia que condujo al desplazamiento interno. Al contrario, en enero pasado, se ha informado que representantes del gobierno exigieron a los desplazados de Chalchihuitán regresar a sus casas a pesar que no existían condiciones satisfactorias de seguridad para dicho retorno tomando en cuenta que en ningún momento fueron desarticulados los grupos armados en la zona y continúan escuchándose disparos según refieren habitantes. La impunidad en estos casos es grave y en cualquier momento la situación de violencia podría volver a explotar otra vez.
En Guerrero, por otro lado, “a pesar de que existe la Ley 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno forzado, para las familias es letra muerta y lo peor es que son familias que están al borde de la misma muerte, sin embargo, las autoridades de Guerrero ni las ve ni las oye.”(4)
El retorno de personas desplazadas no significa necesariamente solución de fondo
campamento de desplazados en Jolcantetic, municipio de Chalchihuitán, Chiapas © SIPAZ
El CMDPDH informó que “derivado de la ausencia de instituciones y programas oficiales o no gubernamentales que atiendan el fenómeno del desplazamiento interno forzado, no se tiene certeza del número de retornos que ocurrieron en el año y de las condiciones de seguridad en las que tuvieron lugar. Sin embargo, fue posible identificar que de los 29 episodios de desplazamiento interno forzado registrados en el año 2016, existieron 5 eventos de retorno de la población. Estos retornos suelen ser paulatinos y no siempre retorna la población total, debido a las condiciones de inseguridad y al temor de la población a convertirse en víctima de la violencia que le rodea.”
Cuando revisamos los casos históricos de DFI, se puede observar que existen pocos o ningún retorno en que se respetaron totalmente los derechos de las víctimas en particular en cuanto a justicia, seguridad e indemnización.
En estos años, a veces décadas de desplazamiento, las personas se reubican y dispersan a diferentes lugares, muchas veces por necesidad económica o por cuestiones de seguridad y/o de salud física o mental. El patrón de dispersión hace que los programas de seguimiento sean difíciles de organizar, porque las operaciones de retorno efectivas normalmente tienen una naturaleza colectiva.
Un retorno no siempre garantiza que termine el sufrimiento de las víctimas. El retorno de desplazadas de Quetzacoatlán, municipio de Zitlala, Guerrero, en 2016 mostró que ocurren también violaciones a los derechos humanos relacionados con el seguimiento de víctimas que han retornado. En este caso, las víctimas fueron acompañadas por representantes del gobierno estatal quienes se negaron a firmar un documento en el que se habían plasmado las necesidades en esta nueva situación de riesgo. Las autoridades se marcharon diciendo a los pobladores “nos vemos en un mes”, pero pasó el tiempo y eso nunca sucedió.(5)
Un pendiente más a atender para el próximo gobierno
campamento de desplazados en Jolcantetic, municipio de Chalchihuitán, Chiapas © SIPAZ
Las políticas públicas estatales de prevención y atención integral al desplazamiento interno en Chiapas y Guerrero han sido pocas y a menudo limitadas a la ayuda humanitaria. Se ha notado poca voluntad política, en los tres niveles de gobierno, para atender y resolver la problemática de fondo. Los pocos logros se han debido a procesos organizados de víctimas y/o bajo la presión de organizaciones mexicanas o multilaterales (la CIDH en particular).
En la actualidad, organizaciones civiles de Derechos Humanos que trabajan el tema preconizan las siguientes recomendaciones: el Reconocimiento a las víctimas de DFI; un diagnóstico oficial del fenómeno y una Ley General para la Prevención y Atención.
De hecho, el DFI es uno de las temas de los 17 Foros “Escucha” para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional que actualmente está organizando el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador que tomará posesión el próximo 1º de diciembre. Pueden ser una oportunidad para discutir el tema enmarcándolo en un contexto de violencia generalizada.
Notas:
(1) Pronunciamiento Cáritas
(2) Guerrero: Mar de luchas, montaña de ilusiones
(3) Tlachinollan: BOLETÍN | Los pueblos indígenas de Guerrero en el informe de la relatora de la ONU
(4) Tlachinollan: Opinión | “Si no se van de su pueblo, los matamos”
(5) Guerrero: Mar de luchas, montaña de ilusiones
