Desde el 19 de octubre, miles de migrantes -incluyendo menores, mujeres y adultos mayores-, comenzaron a ingresar a México en caravanas con la intención de llegar a los Estados Unidos (ver artículo).

Éxodo migrante, Costa de Chiapas, octubre de 2018 © SIPAZ

Varias organizaciones con presencia en la frontera sur, afirman que lo que está habiendo es un “éxodo” que plantea una emergencia humanitaria en la que “no existe coordinación de los distintos órdenes de gobierno (…) para dar una respuesta integral y regional a la situación”. Estas Caravanas han provocado el enojo del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha llamado a los países centroamericanos y a México a que hagan todo lo necesario para detenerlos, incluso amenazándoles de suspender el apoyo financiero que se les entrega.

En un primer momento, las autoridades mexicanas enviaron policías federales a la frontera sur para acompañar un operativo del Instituto Nacional de Migración. Una semana después, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció un programa para atención a migrantes denominado “Estás en tu Casa”, que otorgaría atención médica, educación, empleo temporal y una identificación a quienes han entrado recientemente por la frontera Sur. Planteó algunas restricciones: los solicitantes deberán encontrarse en Oaxaca y Chiapas y haber registrado su ingreso o su petición de refugio. “99% de los integrantes de la caravana rechazó el ofrecimiento porque se concreta a Chiapas y Oaxaca, estados en condición similar a la de los países de los que venimos”, afirmó la organización Pueblos Sin Fronteras.

A mediados de noviembre, empezaron a llegar a Tijuana los primeros contingentes. Aun habiendo llegado a la frontera, la incertidumbre se mantiene ya que para obtener el estatus de refugiados debido a la situación en sus países deberán cruzar la frontera por un acceso oficial, de acuerdo con un decreto firmado la semana anterior por Donald Trump. De no hacerlo, los migrantes serían arrestados, lo cual los haría inelegibles para permanecer en el país o pedir asilo. Estados Unidos también anunció la operación “Faithful Patriot” por la que desplegarán 5.200 militares en la frontera con México. El secretario mexicano de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que las posibilidades de ingresar a Estados Unidos son “prácticamente nulas” y aseguró que el gobierno mexicano buscará evitar que ingresen a la fuerza a ese país.

‘De cambio y continuidad’ en la etapa de transición entre dos gabinetes gubernamentales

SeguridadsinGuerra © Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria
Wola: Sin título © WOLA

En septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN), presentó su último informe de gobierno. Afirmó que deja un país “próspero y estable”, después de haber cumplido un “99 % de sus propuestas de campaña”. En cuanto a la lucha contra la delincuencia organizada, reconoció que “el Gobierno tuvo éxito al disminuir la capacidad de operación de esas organizaciones criminales. Pero ese mismo debilitamiento provocó que surgieran bandas criminales de menor tamaño, sin que las policías locales pudieran responder a ese reto”. Según el diario digital Sin Embargo, EPN sólo cumplió con el 49.50 % de sus promesas: “No sólo quedaron pendientes las obras de infraestructura, los proyectos para recuperar la seguridad en el mapa mexicano o la construcción del sistema nacional anticorrupción. (…) El Gobierno que está a punto de expirar logró un récord histórico: el menor porcentaje de aprobación (…) de los últimos 30 años”.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su futuro gabinete han sido omnipresentes en medios apuntalando decisiones y proyectos que esperan implementar. Han dado señales contradictorias y a veces contrapuestas a lo planteado en campaña. Declaraciones y nombramientos en puestos claves del futuro gobierno dejan claro que no habrá cambios estructurales significativos en el modelo socio-económico que ha prevalecido en las últimas décadas.

© WOLA

En agosto, AMLO informó que su gobierno continuará con la política que, desde 2006, utiliza a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ante “la amarga realidad” de violencia en el país. Afirmó que “en las circunstancias actuales no hay alternativa” y que sería “una irresponsabilidad” pues dejaría en “estado de indefensión” a la población. Matizó que su gobierno buscará una salida gradual de estas dos fuerzas, pero que “no se va a hacer ningún cambio en la ley de seguridad pública actual, en tanto no se tengan resultados”.

El colectivo #SeguridadSinGuerra declaró que “por un lado, a lo largo del país se llevan a cabo Foros para la Paz y la Reconciliación y por otro, fragmentos del discurso que hemos escuchado en los casi 12 años de guerra, se repiten”. También reclamó “la ausencia del compromiso de abrogar la Ley de Seguridad Interior, (…) abona a la incertidumbre sobre la voluntad del próximo gobierno para detener la militarización”.

En noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a declarar inconstitucional dicha Ley. Recalcó que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública “no es la respuesta más adecuada para enfrentar el índice delictivo (…) deben privilegiarse la formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el fortalecimiento de la prevención, como la atención de las desigualdades, privilegiando y atendiendo el ejercicio de los derechos sociales, así como la atención del tráfico de armas”. La SCJN finalmente desechó la Ley en su totalidad.

Sin embargo, el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024” del presidente electo tiene como principal propuesta la creación de una Guardia Nacional, que sería integrada por entre 120 y 200 mil elementos. Ni bien presentado este plan empezó a ser cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional consideró que este plan es “preocupante”, ya que “repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada fallido”.

Del riesgo de “trivalizacion” de los procesos de consulta

Como ya se mencionó AMLO propuso llevar a cabo 43 foros de consulta para sentar las bases de políticas para lograr la pacificación, entre ellas la legalización de algunas drogas, la amnistía para algunos delitos y el futuro rol del Ejército. Varias organizaciones de víctimas y de derechos humanos han expresado su preocupación ante el riesgo que los participantes sean revictimizados o puesta en riesgo, o que se les utilice para legitimar una agenda preestablecida.

Otros temas también han sido abiertos a consulta. En octubre, AMLO anunció que cancelará la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, y que respaldará el proyecto en la actual base militar de Santa Lucía. Ello después de una consulta nacional en la que participaron más de un millón de personas. EPN anunció que su gobierno seguirá con la construcción en Texcoco hasta el último día de su mandato. Empresarios y partidos de oposición al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA, partido de AMLO) han cuestionado la propuesta de Santa Lucía y el proceso de consulta que consideran ilegal, sin carácter vinculatorio y sólo una simulación para avalar una decisión ya tomada por AMLO. Consideran que tendrá un impacto negativo en los mercados financieros y generará fuertes pérdidas económicas.

Por su parte, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), rechazaron la construcción de un nuevo aeropuerto cualquier sea su ubicación : “Decidir donde pongan el nuevo aeropuerto no debería ser lo que nos pregunten los gobernantes, pues si tuvieran un poco de vergüenza frente a los millones que sufren el despojo, la pobreza, la represión, ante los que deben migrar por miles ante la destrucción dejada en todo el mundo, ante nuestra madre tierra que no soporta más la grave enfermedad que ha causado el capitalismo; la pregunta debería ser si estamos de acuerdo en que continúen o no por ese camino que nos está conduciendo, a todas y todos, a la muerte, a la guerra, al exterminio”.

En octubre, se anunció que se realizará una consulta sobre la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Posteriormente, AMLO también anunció que en noviembre se someterán a consulta el Tren Maya así como refinerías en Tabasco y Oaxaca, además de 10 programas sociales.

El investigador Francisco López Cárdenas ha cuestionado la tendencia a la trivialización del derecho indígena a la consulta: “Si en los gobiernos anteriores, (…) el patrón reiterado sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta fue ignorarlo, parece que en el gobierno que inicia será el de tomarlo en cuenta pero fuera de los marcos normativos internacionales, sólo para legitimar actos de gobierno ya decididos de antemano”.

“Retos considerables” en materia de derechos humanos

Visita de la relatora sobre derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas a Chiapas © Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

En noviembre, como parte del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, representantes de 108 países realizaron preguntas y recomendaciones en la materia a México. La delegación del gobierno mexicano reconoció que persisten “retos considerables” en materia de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, tortura, desaparición forzada, violencia feminicida y contra los migrantes, así como ante la impunidad. El ColectivoEPUmx expresó que las participaciones de los Estados permitieron confirmar que la crisis de derechos humanos en México persiste. Llamó al gobierno electo a sostener un encuentro público una vez emitidas las recomendaciones y a que se fortalezca la coadyuvancia internacional para su implementación.

Desde agosto, se han lanzado alertas ante la falta de fondos para el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) resaltó que supone “un riesgo para las 959 actualmente beneficiarias del Mecanismo; también ocasionaría que nuevas personas en riesgo no pudieran recibir protección”. La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, deploró el número de defensores asesinados en México subrayando también que “muchos más han sido víctimas de criminalización, demandas abusivas, campañas de desprestigio, vigilancia, amenazas de muerte y ataques. El año pasado fue también el año más mortífero de periodistas en México, con al menos 12 asesinatos”.

También en septiembre, la relatora sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, presentó el Informe sobre su visita a México en 2017. Concluye que a pesar de los compromisos internacionales contraídos por México, el contexto que sigue siendo de “profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos”. Afirmó que las actuales políticas de desarrollo basadas en megaproyectos constituyen “un reto mayúsculo” para los derechos de los pueblos indígenas. “Con respecto al desarrollo social y económico, las instituciones de gobierno deben sustituir los programas y las políticas con enfoque asistencialista por aquellos con enfoque de derechos humanos y que promueven el empoderamiento, la libre determinación, y las prioridades y propuestas de estos pueblos”, expresó.

CHIAPAS: Un contexto post-electoral “sui generis”

Hecho inusitado en esta proporción, las elecciones del pasado 1º de julio se anularon en 10 municipios. Allí se darán elecciones extraordinarias el 25 de noviembre. Otro hecho notable que pudo ser frenado, en septiembre, al menos 30 mujeres que habían sido electas a nivel municipal o como diputadas presentaron su renuncia, se temió que de forma obligada, abriendo la posibilidad para que sus cargos sean ocupados por hombres.

En septiembre, el Instituto Electoral y de Participación Política (IEPC) declaró procedente la implementación de una consulta para saber si en Oxchuc las votaciones municipales se realizarán por medio de los usos y costumbres. Lo anterior, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) concluyó que existen sistemas normativos internos propios.

Último hecho vinculado al contexto postelectoral, en agosto, Manuel Velasco Coello pidió licencia como gobernador para tomar protesta como senador de la República, puesto que obtuvo por el Partido Verde. Días antes, el Congreso de Chiapas había modificado varios artículos constitucionales abriéndole la posibilidad de regresar al gobierno de Chiapas por unos meses, antes de la toma de posesión del gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas. Posteriormente, el Senado avaló dar licencia a Velasco para separarse de su cargo de legislador. Varios analistas han señalado que esta votación se dio a cambio de que el Partido Verde transfiriera a Morena 5 diputados, permitiendo al partido encabezado por el presidente electo de consolidar una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Altos de Chiapas: se sigue extendiendo la problemática de desplazamiento forzado

Niña desplazada, Colonia Puebla, Chenalhó, agosto de 2018 © SIPAZ

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha documentado por lo menos 3 agresiones a habitantes del municipio de Aldama por parte de grupos civiles armados procedentes del ejido Manuel Utrilla, municipio de Chenalhó entre octubre y noviembre, motivo por el que la población de 5 comunidades de Aldama se ha mantenido en situación de desplazamiento forzado desde marzo de 2018. Ante los hechos más recientes que derivan de un conflicto agrario sin resolver desde 1977, exigió a las autoridades intervenir “de manera urgente”. Pidió “implementar una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de Santa Martha Manuel Utrilla e investigar a fondo a las autoridades responsables de la organización y actuación de estos grupos”.

En los avances, en octubre, el Congreso de Chiapas aprobó un punto de acuerdo para la atención de desplazados en el estado. Urgió a que se realicen las acciones necesarias para garantizar su vida e integridad, y para posibilitar su retorno. Esta moción se tomó después de un plantón de 18 días, incluso frente a las instalaciones del Congreso, de integrantes la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas.

No obstante, la crisis del desplazamiento forzado interno en los Altos de Chiapas alcanzó un nuevo pico el 7 de noviembre cuando, en la comunidad de Chavajeval, municipio de El Bosque, cerca de dos mil personas huyeron de la misma. La raíz del desplazamiento deriva de un conflicto entre los moradores de la comunidad luego de que el pasado 24 de octubre murieron dos personas en una emboscada a la entrada de la comunidad. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas urgió al gobierno a “privilegiar el diálogo y la conciliación”; a “investigar imparcial y eficientemente de los hechos que derivaron en el desplazamiento”; y a “atender la situación de crisis humanitaria”.

Avances y retos en la defensa de la tierra y el territorio

Padre Eleazar Juárez Flores, párroco de Chicomuselo © SIPAZ

En cuanto a Tierra y Territorio, en agosto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) negó la autorización para construir la presa hidroeléctrica Santo Domingo. Habitantes de 51 comunidades del municipio de Las Margaritas habían rechazado dicho proyecto. En septiembre, el Primer Foro Contra las Presas Hidroeléctricas en la Zona Fronteriza exigió su cancelación definitiva. En octubre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió el proyecto minero del Ejido Nueva Francia, municipio de Escuintla por no contar con el permiso de cambio de uso de suelo.

En octubre, el Congreso Nacional Indígena (CNI) celebró su segunda asamblea en San Cristóbal de Las Casas. Los más de 500 participantes denunciaron situaciones de violaciones a sus derechos en múltiples partes del país. Marcaron una clara distancia con el gobierno entrante y denunciaron la “continuidad en la política neoliberal”. Informaron que llevarán los resolutivos a sus regiones para consultar la propuesta de “seguir construyendo la organización que se convierta en un gobierno propio, autónomo y rebelde, con compañeras y compañeros de otras geografías, para romper en colectivo la inercia que nos imponen, para ver entre todos por donde viene la tormenta y en medio de ella no dejar de tejer, hasta que nuestro tejido se junte con los otros, que brotan por todos los rincones de México y el mundo para que se hagan concejos, que juntos, seamos concejo de gobierno”.

En noviembre, se llevó a cabo una peregrinación en Chicomuselo contra la militarización y la violencia, y contra las amenazas hacia su párroco. La Red por la Paz expresó su preocupación ante “la instalación y funcionamiento del cuartel militar recién inaugurado en Chicomuselo”, temiendo “actos de intimidación y provocación” hacia “quienes acompañan a personas, organizaciones y comunidades que han optado por la defensa de la vida, por condiciones de seguridad, pero sin guerra y por la construcción de paz con justicia y dignidad.”

OAXACA: Derechos humanos, “bajo ataque”

Juicio popular comunitario a empresas extractivas y al Estado mexicano, Ciudad de Oaxaca, octubre de 2018 © SIPAZ

En septiembre, fue presentado del Informe Ciudadano “Bajo Ataque, Los Derechos Humanos en Oaxaca”. Destacó que el estado se encuentra entre los tres primeros lugares del país en ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas, y en primer lugar en el caso de mujeres defensoras. Enfatizó también el uso sistemático de la criminalización a la protesta social para acallar las voces de resistencia. Ilustración de estas tendencias, el Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) denunció que en octubre fue asesinado Noel Castillo Aguilar. Es el quinto asesinato de integrantes suyos en lo que va de 2018.

Uno de los sectores más vulnerables han sido las personas defensoras del medio ambiente. En octubre, 50 comunidades indígenas y organizaciones civiles sometieron a “juicio popular comunitario” a empresas extractivas nacionales e internacionales, así como al Estado mexicano, por violaciones a los derechos de los pueblos originarios derivadas de las 322 concesiones en el estado. El jurado solicitó la adopción de medidas que garanticen el ejercicio de la libre determinación; la suspensión de la entrega de títulos mineros (en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico); la derogación de la actual Ley Minera y la aprobación de una nueva que respete los derechos de los pueblos y tendiente a reparar las violaciones hasta hoy ocasionadas.

En octubre, organizaciones civiles llamaron a la SCJN a que “ampare los derechos colectivos de la comunidad zapoteca, y ordene la cancelación de los permisos otorgados a Eólica del Sur para la construcción de un parque de aerogeneradores en Juchitán”. Las organizaciones animaron a la SCJN “a no desechar la oportunidad única de generar un precedente histórico en favor de la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas”. No obstante, en noviembre, la SCJN negó dicho amparo. “Pudo proteger los derechos de los pueblos indígenas, pero prefirió avalar una consulta simulada. Su decisión a favor de un megaproyecto es contraria y regresiva a los principios y estándares de derechos humanos”, criticó Fundar.

Después del decreto de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 40 municipios de Oaxaca en septiembre, se han seguido sumando nuevos feminicidios en la entidad. Periodistas y organizaciones civiles han denunciado que siguen sin esclarecerse más de 300 asesinatos en contra de mujeres, 278 casos de desapariciones forzadas, 146 violaciones y 209 casos de violencia política de género.

GUERRERO: viejos y nuevos retos para defensores y periodistas

Ayotzinapa presente en el 24º aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, octubre de 2018 © SIPAZ

En septiembre, a cuatro años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, miles de ciudadanos tomaron las calles en varias ciudades de la República para exigir justicia en el caso. Este mismo día, AMLO se reunió con familiares de las víctimas y se comprometió a esclarecer lo ocurrido a través de una Comisión de la Verdad independientemente de la decisión de tribunales. Igualmente, acordó pedir la asistencia de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde junio un tribunal mexicano ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer el proceso de investigación pero la Procuraduría General de la República (PGR) se ha declarada impedida para hacerlo.

También en cuanto al sistema de justicia, semanas después de la liberación de 9 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), y de campesinos del municipio de Acapulco, se ha desatado una nueva persecución contra los miembros del movimiento, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan: “La Fiscalía ha liberado más de 50 órdenes de aprehensión contra igual número de comuneros del CECOP, cuyo delito ha sido defender sus tierras y sus bienes naturales.”

En cuanto a libertad de expresión, en octubre, fue asesinado Gabriel Soriano Kuri, trabajador de Radio y Televisión de Guerrero (RTG). Artículo 19 informó que un día después del homicidio “fue encontrado un cuerpo desmembrado (…) con un mensaje que (…) dice lo siguiente: “Aquí se me respeta gobierno de la verga, sigan teniendo tratos con el Cida (Cartel Independiente de Acapulco) y así van a acabar todos, sean periodistas y gobierno me van a pelar la verga. Aquí el erizo ya valió verga, aquí rifamos los Amarillos”“. De tener motivaciones políticas, “este homicidio sería un hecho sin precedentes pues confirmaría que el narcotráfico está utilizando a la prensa como carne de cañón para presionar políticamente a las autoridades públicas para alcanzar sus fines. Esto señalaría el inicio de una nueva forma de violencia del crimen organizado contra el periodismo”, afirmó.