En un estado pluricultural como Chiapas, que alberga junto a Oaxaca la mayor diversidad de pueblos originarios en México, la lucha por el derecho a la autodeterminación y la autonomía de los pueblos^[1] es una lucha histórica, que marcaba ya una de las demandas centrales de los zapatistas en los Acuerdos de San Andrés sobre derecho y cultura indígena en los noventas.

Siembra de cargos del Concejo del Gobierno Comunitario para el municipio de Chilón, Bachajón, mayo de 2018 © SIPAZ

Durante este año electoral han resonado en este contexto especialmente los nombres de tres municipios chiapanecos, los cuales tras una larga trayectoria de organización, han avanzado hacia la construcción de gobiernos comunitarios bajo sus propios sistemas normativos: Oxchuc, Chilón y Sitalá. Siendo Oxchuc el único municipio del estado, dónde oficialmente se suspendieron las elecciones a nivel municipal, hasta que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) finalice el dictamen ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (IEPC) para determinar si proceden las elecciones por el sistema de usos y costumbres.

La abogada Ivette Galván García, coordinadora la Comisión de Litigio Estratégico en la Misión de Bachajón y acompañante los procesos jurídicos de los casos de Chilón y Sitalá, insiste en que “hablar de los inicios del gobierno comunitario, es también hablar de los procesos de lucha que ha habido en Chiapas”, ya que “la defensa de la autonomía política a través de la construcción de gobiernos comunitarios, también es una lucha por la defensa del territorio”. Galván traza el inicio del movimiento en estos municipios en 2015 con un importante posicionamiento político a través del voto nulo en las elecciones municipales, que fue una reacción a la división y la ruptura de la armonía comunitaria, el “lekil kuxlejalil“ en tseltal, causada por los partidos políticos.

En búsqueda de un nuevo camino se empezaron a organizar a principios de 2016, con el acompañamiento de la Misión de Bachajón, específicamente bajo su área de defensa, que es el Centro de Derechos Indígenas AC (CEDIAC), una serie de conversatorios en los municipios de Chilón y Sitalá. Estos “diálogos de saberes” buscaban ser un espacio de reflexión de las comunidades sobre sus antiguas formas de organización y concretar una nueva forma de gobierno, que reforzaría el tejido social, crearía una mayor transparencia y respetaría los modos de las comunidades.

Siembra de cargos del Concejo del Gobierno Comunitario para el municipio de Chilón, Bachajón, mayo de 2018 © SIPAZ

La siguiente etapa de sistematización de los avances de los conversatorios, se dio a la par con el intercambio de experiencias con otros pueblos, como Cherán, Michoacán, un caso paradigmático de la lucha por autonomía política en México. Igualmente recibieron, en noviembre de 2016, el respaldo del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), el cual exigió en la conclusión de su mega-peregrinación de 15 días aquel año el reconocimiento de sus “formas comunitarias de ejercer el gobierno y la autoridad.” Afirmó que “la organización comunitaria es nuestra arma contra la división, la cura para el miedo y para alimentar la esperanza entre nuestros pueblos“.

Según Galván estos pasos fueron “los cimientos de reflexión, que en 2017 se concretarían con la elección de cargos comunitarios en cada una de las asambleas en las comunidades”. Estos “promotores de gobierno comunitario” electos, fueron las y los encargados de sus comunidades y presentar la solicitud ante el IEPC, la cual “se pudiera traducir en una elección de las autoridades municipales a través de los usos y costumbres y un ejercicio del gobierno municipal al modo propio de los tzeltales”.

Pero tras la judicialización de los casos en enero de 2018, surgieron varios obstáculos con la autoridad, debido al vacío legislativo que existe en el código electoral del estado de Chiapas en materia del reconocimiento y el ejercicio del derecho a la libre determinación. Galván comenta que ahí fueron útiles las redes creadas por abogados militantes acompañando este tipo de casos. Esto se debe a que los precedentes en 2011 en el caso de Cherán, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconoce el derecho constitucional de los pueblos a su autorregulación, es una jurisprudencia vinculante para las autoridades estatales de Chiapas. Y por lo tanto “no es algo que puedan o no atajar, si no que obligatoriamente por ser una cuestión de derechos humanos tienen que hacerlo, porque hay una protección más amplia para los pueblos”.

Siembra de cargos del Concejo del Gobierno Comunitario para el municipio de Chilón, Bachajón, mayo de 2018 © SIPAZ

En mayo de este año, se celebraron en Chilón y Sitalá las ceremonias de la “siembra de cargos” del concejo de gobierno comunitario. Destaca el hecho que seis de doce miembros en Chilón y tres de ocho miembros en Sitalá son mujeres, buscando fortalecer la participación de las mujeres en la vida comunitaria. A pesar de que los gobiernos comunitarios todavía están en un proceso legal de reconocimiento y que el IEPC ha agendado las consultas para Chilón y Sitalá hasta 2019, las y los concejales asumieron su responsabilidad ante sus comunidades y exigieron el reconocimiento de una pluralidad de democracias, en el que no buscan “nuevos gobernantes, si no otra manera de gobernar.” Queda por ver como continuará la coexistencia de los gobiernos comunitarios con los gobiernos municipales electos el pasado primero de julio por la vía de los partidos políticos.

Ante estos procesos, voces críticas temen la creación de “un país paralelo a México”, que representaría una amenaza para la unidad nacional. Pero Galván asegura que luchar por la autodeterminación es “más bien estar luchando por la democracia en México y por una refundación del estado mexicano”. Para ella es un tema sobre la vigencia real de los Acuerdos de San Andrés y una reconfiguración de la relación con los pueblos para “que ya no sean tratados como sujetos de interés público, sino como sujetos con derechos específicos, que son hacedores de su propia historia”. Estas dos experiencias de Chilón y Sitalá no han sido los primeros procesos de construcción de autonomía en Chiapas, sino que este año se festejó el XVº aniversario de los Caracoles Zapatistas (regiones autónomas).

Galván manifiesta que “la gente tiene que seguir organizándose en lo local”. Lo cual se refleja las palabras de los y las concejales de Chilón que en su siembra de cargos pronunciaron: “Lo que hoy se sembró en nuestros corazones, poco a poco germinará en la vida de nuestro pueblo. ¡Para que ningún gobernante engañe al pueblo!“.

Notas:

[1] La ONU hace referencia a este derecho específico de los pueblos originarios en algunas resoluciones definiénlo como “el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural.“ Junto al derecho a la autodeterminación se vincula el derecho a la autonomía política, que Amnistía Internacional describe como “el derecho a definir sus propias leyes o normas de vida, ya sean escritas u orales”.