Toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador © WARP

ACTUALIDAD: México – Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia con amplio respaldo social

Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca © SIPAZ

ARTÍCULO: Presentan dictamen final del “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca”, probando una nueva forma de lucha para la Defensa de los territorios

04/03/2019

ENFOQUE: Violencia contra menores en México – Realidad y Búsqueda de Respuestas

04/03/2019

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Informe SIPAZ Vol. XXIV Nº 1 - Marzo de 2019

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«Los Estados Partes tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño de todas las formas de violencia física o mental, lesiones o abuso, negligencia o trato negligente, maltrato o explotación»

Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño

En noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño. El documento, que ya ha sido ratificado por todos los países menos Estados Unidos, establece los derechos de los niños (siendo considerados todas y todos los menores con edades de entre 0 y 18 años), así como los deberes que tienen los Estados para proteger sus garantías.

Cerca de 40 millones de niños y adolescentes viven hoy en México en una amplia gama de entornos sociales y económicos. Todas y todos enfrentan el fenómeno creciente de la violencia, una realidad multidimensional, compleja y de impactos diferenciados. Desde la explotación económica hasta el bullying, pasando por la violencia doméstica y una cultura predominantemente machista, menores de todas las edades se ven obligados a transitar contextos en los que la violencia no parece parar de crecer. Si bien esto es cierto en todas las sociedades, los niños en México enfrentan desafíos únicos en virtud de crecer en una realidad signada por el machismo, la narco-cultura, y las múltiples implicaciones que éstas conllevan.

Violencia económica y explotación laboral

“La pobreza es la peor forma de violencia”

Mahatma Gandhi

En México, más de 1 de cada 2 niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza. De éstos, un 20% vive en situación de extrema pobreza (1), un porcentaje que es mayor al de la población general (2).

La pobreza implica que varias de sus necesidades físicas básicas, como comida suficiente y vivienda adecuada, no están cubiertas. También afecta su acceso a la educación. Las carencias económicas son la principal razón por la que los niños y adolescentes abandonan la escuela, ya sea por la incapacidad de pagar las cuotas escolares o porque el niño empieza a trabajar para contribuir a la supervivencia económica familiar. Vivir en barrios o zonas pobres también puede significar que será más difícil ir a la escuela, debido a la falta de transporte o a su costo (3). Según datos del INEGI, en el país, más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes siguen privados de su derecho a la escolaridad.

De los millones de menores que trabajan en México, la obvia condición de informalidad hace imposible medir con exactitud la amplitud del fenómeno. Aunque muchos de los niños estén dispuestos a trabajar para apoyar a sus familias u otros motivos, la incorporación prematura a la fuerza laboral tiende a disminuir la posibilidad de continuar con estudios formales, lo que puede afectar permanentemente sus oportunidades. (3)

Violencia familiar en el hogar

Otra forma de violencia, que se naturaliza desde el propio hogar, es la física; perpetrada por miembros del propio grupo familiar. 6 de cada 10 niños y adolescentes de entre 1 y 14 años han experimentado algún tipo de disciplina infantil violenta. El castigo físico severo es menos común, siendo experimentado por cada 1 de cada 15 niños (1). Aunque el castigo corporal todavía puede ser socialmente aceptado en México, con amplitud; un estudio de 2010 realizado por Elizabeth T. Gershoff encontró que, además de disminuir la obediencia infantil a largo plazo, los castigos corporales leves pueden ser origen de un comportamiento más agresivo en el futuro (9).

Las agresiones psicológicas también deben ser consideradas como una forma significativa de violencia. Alrededor del 50% de los niños en México han sufrido algún tipo de ellas por parte de un miembro de su familia. No obstante, de acuerdo con el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 8 de cada 10 agresiones contra niños y niñas tienen lugar en la escuela o en espacios públicos (1).

Bullying y violencia escolar

Trabajo de SIPAZ con niños en el Encuentro sobre cuidado de la Madre Tierra en Candelaria, Chiapas © SIPAZ

El sistema educativo es quizás una de las instituciones más importantes para combatir la violencia ‘entre’ y ‘contra’ los niños. Sin embargo, el potencial de las escuelas para ello no ha logrado detener su alarmante omnipresencia ni tampoco la severidad del acoso escolar. Cerca de 28 millones de niños y adolescentes son acosados en México, lo que lo convierte en el primer país en el mundo teniendo que enfrentar esta situación. Si bien el acoso escolar ha existido durante generaciones, las redes sociales y otras formas de conexión digital han aumentado su frecuencia y gravedad. Algunas sectores específicos de menores tienen un mayor riesgo de ser agredidos: aproximadamente 9 de cada 10 jóvenes LGBTQ+ son acosados debido a su orientación sexual, mientras más de 8 de cada 10 niños con discapacidades sufren acoso escolar (12). Desafortunadamente la violencia en las instituciones escolares no es fruto exclusivo de las interacciones entre alumnos sino que también está ejercida por maestros en su contra (20).

Cultura machista y Violencia sexual contra niñas y mujeres jóvenes

Otro fenómeno con fuerte incidencia sobre las y los niños es la violencia sexual, realidad estrechamente vinculada con la cultura del machismo, que se caracteriza por una identidad masculina sobrevalorada que conlleva la idea de dominación masculina sobre las mujeres y su “derecho” a ejercer control sobre su sexualidad.

Los efectos de la cultura machista y la violencia masculina contra las niñas y mujeres jóvenes incluyen los embarazos y los matrimonios infantiles, la trata de personas y la prostitución forzada, entre otros. De acuerdo con la Encuesta nacional de 2016 sobre la dinámica de las relaciones familiares (ENDIREH), 4,4 millones de mujeres en México han sufrido violencia sexual durante la niñez, incluyendo 1,2 millones que fueron obligadas a tener relaciones sexuales.4

Los embarazos infantiles, son las manifestaciones más obvias de la violencia sexual contra las niñas. Entre los 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en embarazos de menores (5). En 2016, hubo 11.808 embarazos de niñas de 10 a 14 años. En el 70% de estos casos, el padre tenía 18 años o más. En algunos casos, la violencia continúa cuando la niña se ve obligada a casarse con el padre (4). En Chiapas y Guerrero, más del 30% de las niñas se casarán o se juntarán con su pareja antes de los 18 años, cuando el promedio nacional es de alrededor de 25 años (6). Al igual que con todos los delitos, la impunidad es compacta en los casos de violencia sexual: un 94% de los delitos no serán denunciados mientras solo 1 de cada 10 de los que lo fueron dará lugar a un proceso judicial.

Otro tipo de violencia sexual contra menores es el tráfico y la prostitución forzada. Cerca de 21.000 niños y niñas son traficados con fines de explotación sexual cada año, el 45% de los cuales son niñas indígenas (7). En otro estudio sobre mujeres que viven de la prostitución, se encontró que el 83% de las participantes había comenzado este trabajo antes de los 16 años (8).

Las niñas y mujeres jóvenes se ven obligadas a vivir en medio de una cultura predominantemente machista que tiene ramificaciones y consecuencias más allá de las agresiones sexuales, la discriminación y los hostigamientos. Los efectos de esta realidad en la salud y el desarrollo son difíciles de medir por lo que las estadísticas por sí solas no pueden captar el alcance de sus consecuencias.

Narco-cultura y guerra contra las drogas

Entre 2011 y 2016, (en México) un promedio de 3 niños fueron asesinados cada día.

UNICEF

Manifestación previa a la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes en 2014 © SIPAZ

La violencia que ha plagado a México en los últimos años ha afectado a todos los sectores de la sociedad. Una mirada más cercana revela, sin embargo, que la guerra contra las drogas y la omnipresencia del crimen organizado han afectado de manera desproporcionada a los adolescentes. Según la organización Save the Children, el 8% de las víctimas de homicidios en México tienen entre 15 y 19 años de edad. De 2004 a 2013, la tasa de homicidios de niños en México aumentó de 1,9 por 100.000 a 3,1 por 100.000. En el mismo período, la tasa de homicidios de menores de 15 a 17 años se disparó de 9,9 a 26,5 por cada 100.000 habitantes. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (INU), afirmó que la tasa de homicidios en México de personas menores de 20 años es la 24ª más alta del mundo. En números absolutos, México ocupa el quinto lugar en esta categoría (2).

Otra realidad preocupante, tiene que ver con la forma a través de la que el crimen organizado y las pandillas callejeras manipulan y obligan a los jóvenes a llevar a cabo a su vez actos de violencia. De las actividades criminales cometidas por adolescentes, el 62% pertenecía al crimen organizado o a pandillas callejeras, mientras que el 38% de los actos restantes fueron frutos de decisiones individuales. Un estudio realizado en 2015 por el Instituto Nacional Electoral (INE), evaluó a casi 500 mil menores de entre 14 y 17 años. Se descubrió que el 4% de los participantes se había visto obligado a participar en una organización criminal en contra de su voluntad (10). Si bien esto puede no parecer un porcentaje tan alto, tomando en cuenta el tamaño del estudio y ante el probable miedo a hablar del tema, es fácil entender cómo las organizaciones criminales son capaces de auto perpetuarse a través de la coerción violenta de adolescentes.

Otra forma en que los cárteles y las pandillas cooptan a jóvenes es a través del “poder blando”, o sea apelando a las personas por medios distintos a la fuerza. Un ejemplo de este tipo de atracción y romantización de la actividad criminal es un género de música conocido como narcocorridos, que glorifica abiertamente la violencia y las actividades delictivas. Su popularidad está creciendo tanto en México como en los Estados Unidos, y está fortaleciendo la corriente de lo que se ha llegado a llamar “narcocultura”. Los programas de televisión sobre cárteles de droga son otra forma en que el estilo de vida y la violencia del crimen organizado se normaliza por un lado y por el otro, aunque hablan de la ilegalidad y el peligro de vivir como narcos, también exaltan la forma de vida que llevan entre lujos y poder. Para muchas personas que viven en la pobreza, entrar al tráfico de drogas proporciona un ingreso sin comparación alguna con otras opciones económicas lícitas.

Ejemplos de narcocorridos

“Con cuernos de chivo
y bazuca en la nuca
volando cabezas
al que se atraviesa
somos sanguinarios
locos bien ondeados
nos gusta matar”

(El Centenario de del M1)

“Si eres pobre te humilla la gente
si eres rico te tratan muy bien
un amigo se metió a la mafia
porque pobre ya no quiso ser
ahora tiene dinero de sobra
por costales le pagan al mes “

(Tucanes de Tijuana)

Violencia contra los niños indígenas

Los pueblos indígenas representan el 12,6% de la población de México (16), y el 71% de ellos viven en la pobreza (muy por encima del promedio nacional) (17). Solo un 27% de jóvenes indígenas terminan la secundaria, de entre éstos, especialmente las niñas, corren un mayor riesgo de abandonar la escuela en comparación con sus compañeras y compañeros no indígenas (16). El analfabetismo entre los indígenas de 15 años es de un 25%, 4 veces más que el promedio nacional (18).

El español como idioma principal de enseñanza es una de las principales razones del fracaso del sistema educativo de México para proporcionar a los niños indígenas una educación adecuada. Muchos de ellos hablan un idioma diferente al español como primer idioma. Un sistema educativo que no toma esto en cuenta a profundidad fallará predeciblemente a sus estudiantes. Si bien las reformas educativas pretenden avanzar hacia una educación bilingüe se sigue sin valorar las lenguas indígenas y enseñando alfabetización en español a niños que lo hablan poco o nada (19). Para los jóvenes indígenas en México, el fracaso del Estado a la hora de proporcionarles una educación adecuada a sus necesidades les significa desafíos adicionales para salir adelante.

Niños migrantes

Niños en Caravana migrante, noviembre de 2018 © SIPAZ

Una población especialmente vulnerable ante la violencia, son los menores afectados por la migración: menores mexicanos que permanecen en México mientras migra uno o ambos padres suyos con consecuencias diferenciadas (viviendo con familia monoparental, familiares o quedándose desamparados); menores mexicanos que migran principalmente a Estados Unidos viajando con su familia, viajando para encontrase con ella o viajando solos; y niños mexicanos que viven en Estados Unidos con o sin papeles, amenazados por la expulsión y la división familiar.

Por otro lado, al observar los datos del gobierno mexicano de 2017, más de 18.000 menores fueron detenidos por las autoridades migratorias en México, de los cuales el 96% eran de Honduras, Guatemala y El Salvador. Más de 7.400 de ellos no estaban acompañados (1).

Muchos de estos niños no acompañados experimentan traumas previos a su decisión de migrar, y de igual manera, durante el tránsito: sufren por la separación familiar, una escolarización limitada o interrumpida, y por la vulnerabilidad que les implica no contar con estatutos legales; lo que los pone en mayor riesgo de angustia psicológica, desconexión académica, maltrato (10) o explotación (incluyendo el robo de órganos y el tráfico de personas) (13).

Como Directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay afirmó que “Aprender no es un lujo. Cuando a los migrantes y refugiados se les niega la educación, todos pierden. La educación es clave para la inclusión y la cohesión y la mejor manera de construir comunidades más fuertes y resilientes” (1).

En los últimos meses, organizaciones civiles han denunciado un aumento del sentimiento anti-migrante en ciudades fronterizas de México, que derivó en la expulsión violenta de migrantes de los lugares que ocupaban y en la muerte de dos adolescentes de Honduras, quienes fueron asesinados en Tijuana en diciembre de 201814.

A pesar de los riesgos, los niños siguen migrando por diferentes razones, entre ellas la violencia y la inseguridad, o por la falta de oportunidades económicas, o todas ellas combinadas (10).

Abordar la violencia contra menores: Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes

En diciembre de 2014, México aprobó la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes. A raíz de la misma, en agosto de 2017, el gobierno de México implementó el Plan de Acción Nacional para Poner fin y responder a la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes. Se desarrolló durante seis meses e incluyó la participación de agencias del gobierno federal, dos docenas de organizaciones de la sociedad civil, representantes del mundo académico y consultas de niños y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estuvieron presentes en la creación de dicho plan de acción (20).

Abordó principalmente los castigos corporales, el acoso, así como la violencia física y sexual contra los niños y adolescentes. Sus objetivos incluyeron la prohibición legal de los castigos corporales, el fortalecimiento de los mecanismos de detección y protección del abuso infantil y el aumento de los programas de prevención de la violencia en las escuelas (1).

Si bien el plan quiso ser amplio, muchos factores permanecieron fuera de su control, como la violencia ejercida por el crimen organizado o las fuerzas armadas. Los avances que se han conseguido son limitados y desiguales entre estados, zonas urbanas vs. rurales o para atender a sectores más vulnerables.

Chiapas: Mismas dificultades desde el nivel estatal

Debido -en parte- a la presión de la sociedad civil, en 2015, el gobierno del estado de Chiapas aprobó la Ley sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas (LDNNACH), que consagró en la ley una serie de derechos y medidas de protección para los niños que viven en el estado (22). Aunque representa un paso simbólico relevante, la sociedad civil ha criticado la falta de voluntad política real para cumplir con la legislación. De acuerdo con la Red por los Derechos de los Niños y Adolescentes en Chiapas (REDIAS), las medidas de protección que la ley impone no se están implementando, y sigue habiendo una falta de financiamiento adecuado (23).

Por otro lado, el Plan Estatal de Chiapas para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger el Trabajo Adolescente Permitido, que describía los pasos que el gobierno tomaría para abordar esa problemática, sigue sin resultados claros. Ha habido una falta de comunicación por parte del gobierno sobre los mismos. Ni siquiera el presupuesto completo para el plan se ha hecho público (24). Si bien los gobiernos estatales de Chiapas anteriores estuvieron dispuestos a aprobar una legislación que evidencia la violencia contra los niños, no se vio una voluntad política real para abordar seriamente la problemática.

Mirando hacia el futuro

Con el cambio de gobierno, organizaciones civiles han llamado a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su gabinete para que coloque a la niñez y la juventud como una prioridad en su proyecto de gobierno. Uno de los proyectos planteado por AMLO es “Jóvenes construyendo el futuro”, un programa que incluye dos modalidades: becas para 300 mil jóvenes que busquen realizar sus estudios universitarios y apoyos económicos para 2,3 millones de jóvenes para acceder a capacitación laboral en centros de trabajo por un año.

No obstante, preocupa la ausencia de referencia a los menores en el discurso del nuevo presidente y no se conoce ninguna propuesta que pretende abordar los componentes estructurales y culturales de las violencias que siguen enfrentando de manera cotidiana.

Estas propuestas se necesitan en forma urgente y deberán de contemplar mecanismos de participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como de las organizaciones defensoras de sus derechos para cambios que permitan una protección más integral y efectiva de sus derechos.