El 1° de diciembre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó posesión como presidente de México.

Toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador © WARP

No solo triunfó en la elección con 30 millones de votos y el 53% del total de los sufragios: con sólo cuatro años de vida, su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se convirtió en la primera fuerza política del país. La coalición “Juntos Haremos Historia”, encabezada por Morena, obtuvo la mayoría parlamentaria en las dos cámaras.

En su discurso de toma de protesta reprobó al gobierno saliente: “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo”. Propuso acabar con la corrupción y la impunidad aunque sin iniciar persecuciones contra antiguos funcionarios públicos. “No habría juzgados ni cárceles suficientes. Meteríamos al país en una dinámica de fractura”, dijo. Anunció que no habrá tolerancia ante la corrupción de aquí en adelante, lo cual demostró con la implementación de un plan contra los huachicoleros que se dedican al robo de hidrocarburos, un negocio que en 2018 representó 58 mil barriles al día (más de 66 mil 300 millones de pesos). Ello provocó una situación de desabasto en varios estados pero la mayoría de la población siguió respaldando la decisión.

En otros temas prioritarios para el nuevo gobierno, se anunció un plan de austeridad republicana, renunciando al uso de lo que venía siendo la casa y la flota presidenciales, y anunciando recortes laborales y salariales para funcionarios. En diciembre, magistrados y jueces denunciaron ser víctimas de una “intromisión indebida” que mina la división de Poderes y la independencia del Poder Judicial. “La irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino solo una de las diversas garantías de independencia de la judicatura (…) no puede llamarse democrático un país en donde no haya contrapeso de Poderes”, plantea su pronunciamiento. La nueva norma de remuneraciones implicó un recorte del 40% en el sueldo de magistrados.

AMLO también reiteró su compromiso de gobernar “con los pobres primero” y prometió, entre otras cosas, subir el salario mínimo, las pensiones, abrir universidades públicas, y no aumentar los impuestos. Con el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas y afromexicanos, anunció que programas sociales para estos sectores serán prioritarios, incluyendo el de Jóvenes construyendo el futuro y el de becas. La ayuda para las personas mayores indígenas y afromexicanas será a partir de los 65 años (en lugar de 68). Enfatizó que estos apoyos se entregarán de manera directa. Además, planteó que se seguirá impulsando una reforma constitucional “para poner nuestro marco jurídico nacional acorde con los avances que estos derechos han tenido en el plano internacional”. En las críticas, se ha señalado que muchas de las propuestas mantienen un corte asistencialista.

Guardia Nacional: una de las propuestas más polémicas del nuevo gobierno

© Cuarto Oscuro

De las propuestas planteadas, la más polémica ha sido la creación de una Guardia Nacional que estaría destinada a prevenir y combatir la violencia. En diciembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México afirmó que “hoy no nos queda duda sobre el efecto desastroso de la militarización de la seguridad pública en México en términos de derechos humanos”. Alertó sobre el hecho que “una decisión de reemplazar la corporación federal civil por una nueva corporación de carácter militar, además a través de un cambio constitucional, podría ser prácticamente irreversible”.

Al abrirse la discusión en la Cámara de Diputados, se dieron audiencias públicas en el que participaron gobernadores, alcaldes, legisladores, servidores públicos, especialistas y representantes de organizaciones civiles. El colectivo #SeguridadSinGuerra, que agrupa a más de 300 organizaciones y personas, cuestionó que se abriera la discusión después de que el gobierno lanzara la convocatoria para el reclutamiento de quienes conformarán esa institución: “Si en verdad los tiempos han cambiado y quienes hoy gobiernan y legislan son diferentes, no puede actuarse de la misma forma, usando al Congreso de la Unión como una ventanilla de trámite”. AMLO declaró que el objetivo es “no perder tiempo” pero legisladores de la oposición calificaron esta convocatoria como una “falta de respeto” al Poder legislativo.

En enero, la Cámara de diputados aprobó la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. La ONU-DH expresó que el dictamen aprobado, aun con modificaciones, resulta “preocupante” por la estructura de la Guardia con una junta de jefes militares; la indebida regulación de los alcances del fuero militar; y por el tema de la puesta a disposición de personas detenidas. “Constitucionaliza y hace permanente la presencia militar en tareas de seguridad, dando continuidad a una política que ha generado más violencia y ha incrementado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos (…) Todo ello, en un contexto de frágiles controles, ineficaces mecanismos de rendición de cuentas e impunidad alarmante”, alertó. Pocas semanas después, el pleno del Senado aprobó por unanimidad la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional después de hacer modificaciones importantes al dictamen. Entre los principales cambios y precisiones, se establece que será de carácter civil; en caso de comisión de delitos por sus integrantes, serán juzgados por autoridades civiles. Finalmente, los militares actualmente desplegados en tareas de seguridad pública se mantendrán en las calles mientras se conforma la Guardia Nacional y para un plazo máximo de cinco años.

Propuesta del tren maya © NTX México

Megaproyectos y extractivismo: otro frente de preocupaciones para distintos actores sociales

En noviembre se llevó a cabo una consulta sobre algunos de los proyectos económicos que el nuevo gobierno considera prioritarios. Se instalaron mil 98 mesas de votación en 538 municipios a nivel nacional. Participaron 946.081 personas y un 89,9% votó a favor del “Tren Maya”, propuesta que busca comunicar los principales centros arqueológicos en cinco estados del sureste mexicano. Más del 90% de los participantes votaron a favor del desarrollo del Tren del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) y de la refinería en Dos Bocas (Tabasco). Académicos y organizaciones civiles han cuestionado el daño ecológico que podrían ocasionar estas propuestas. Algunos criticaron que la consulta no se priorizó con las personas que serán directamente afectadas y que no se tomó en cuenta que muchos de ellos pertenecen a pueblos indígenas donde los procesos de consulta deberían de tener formas propias por tratados internacionales ratificados por México.

Otro proyecto prioritario consiste en sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y forestales, en especial en el sureste del país. También ha sido cuestionado por su carácter asistencialista y porque pasa por la entrega de subsidios individuales, lo cual puede generar divisionismo en ejidos y comunidades indígenas.

También se ha cuestionado la apuesta extractivista del nuevo gobierno. En febrero, AMLO reiteró que no habrá fracturación hidráulica (fracking) para la extracción de hidrocarburos mientras, en días previos, la secretaria de Energía destacó que se utilizará la tecnología de menor impacto ambiental. Además el uso del fracking está contemplado en el presupuesto 2019 y no se ha anunciado ninguna acción para cancelar las fracturas que existen en 7.879 pozos en el país. “Hasta que no se prohíba en la legislación, el fracking seguirá vigente en México”, advirtió la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Defensores de derechos humanos y periodistas: vulnerabilidad intacta

En noviembre, la Red Todos los derechos para Todas y Todos (Red TdT) informó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 161 personas defensoras y 40 periodistas fueron asesinados. La Red Tdt subrayó que solo el 3% de los casos de personas defensoras asesinadas se encuentran judicializados y que estas investigaciones “suelen ignorar su actividad como causa del asesinato”. 42 de los defensores pertenecían a un pueblo indígena. La Red Tdt denunció que la respuesta del Estado “se ha limitado a la acción del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas (…), que tiene solo medidas reactivas y no obedece a las necesidades específicas de las personas beneficiarias”.

En enero, la ONU-DH condenó los asesinatos de dos defensores de derechos humanos en Chiapas; así como el de un periodista en Baja California Sur. Dos de las víctimas contaban con medidas de protección a través del Mecanismo, lo cual “debe llevar a una profunda reflexión sobre su eficacia. (…) Además, se deben esclarecer completamente estos crímenes, pues no debemos olvidar que la mejor medida de protección y de no repetición en los casos de agresiones contra defensores y periodistas es una investigación pronta y eficaz que logre justicia para las víctimas”. «México necesita urgentemente revertir la tendencia en aumento del riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, concluyó.

CHIAPAS: Rutilio Escandón toma posesión como nuevo gobernador

Rutilio Escandón Cadenas (izquierda) y Manuel Velasco Coello (derecha) © Periodistas de la frontera Sur

En diciembre, acompañado por AMLO, Rutilio Escandón Cadenas tomó posesión como gobernador de Chiapas. Había sido electo por la misma coalición de partidos que llevó a AMLO al poder. Expresó que su administración apoyará proyectos federales como la campaña masiva de reforestación (que representarían 200 mil hectáreas de Chiapas, creando, según sus cálculos, más de 80 mil empleos permanentes); así como el proyecto del Tren Maya. Agregó que se sumará a los Ejes de austeridad republicana. Aseguró además que centrará sus esfuerzos en lograr el derecho de vía que permita la construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas-Palenque.

Relevó a Manuel Velasco Coello (MVC), del Partido Verde Ecologista, quien salió del poder en medio de fuertes inconformidades de distintos sectores sociales, ello a pesar de haber llegado al cargo estatal con un 68% de las votaciones. Organizaciones civiles, ciudadanos y medios coinciden en que el sexenio se caracterizó por un vacío de poder, corrupción e impunidad. Se han acumulado adeudos a proveedores, contratistas, miles de trabajadores de la educación y de la salud y quedan 15 denuncias penales en contra del gobierno de MVC por uso inadecuado de recursos públicos. Chiapas se estancó como el estado con más pobreza del país (más del 70%). También se observó un incremento de delitos de alto impacto, se registraron 300 feminicidios y fueron asesinados 12 defensores de los derechos humanos en el último sexenio.

Tres asesinatos de defensores de derechos humanos en enero

Manifestación para exigir justicia en el asesinato de Sinar Corzo, San Cristóbal de Las Casas © SIPAZ

En enero, fue asesinado el defensor de derechos humanos Sinar Corzo Esquinca en Arriaga. Formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra. Ya había denunciado ataques directos, detención arbitraria y amenazas de muerte desde 2013. Más de 150 organizaciones civiles expresaron que ven “con preocupación este signo de frágil situación en la que se encuentran los defensores de los derechos humanos en el estado”. En febrero, un juez libró orden de aprehensión en contra del exalcalde de Arriaga (desaforado por el congreso como presunto autor intelectual del asesinato). Ya se habían ejecutado cuatro órdenes de aprehensión por el homicidio.

Dos semanas después, en Amatán, Noé Jiménez Pablo, integrante del Movimiento Campesino Revolucionario Independiente de la Coordinadora Plan de Ayala (MOCRI-CNPA-MC) y José Santiago Gómez Álvarez, del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de Amatán, fueron hallados sin vida y con signos de tortura. Eso, luego de que un comando armado desmantelara el plantón que mantenía dichos procesos en contra de los “caciques” Wilbert y Manuel de Jesús Carpio Mayorga. Poco después, el alcalde de Amatán y el consejo municipal renunciaron y el Congreso estatal de Chiapas nombró un nuevo consejo municipal para Amatán.

Desplazamiento Forzado Interno: una realidad que sigue lacerando los Altos de Chiapas

Visita de SIPAZ a Chalchihuitán © SIPAZ

En diciembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que nueve campamentos que eran refugio de población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, fueron destruidos después de agresiones por parte del Síndico Municipal. Afirmó que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes de los desplazados, y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria. Al menos 1.237 personas permanecen desplazadas en Chalchihuitán porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto donde grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos.

A mediados de enero, la CNDH emitió una recomendación a distintas autoridades de Chiapas ante omisiones para responder a la situación de desplazamiento forzado de Chalchihuitán y Chenalhó; y otra, por el desplazamiento forzado de 971 personas de Colonia Puebla, municipio de Chenalhó, debido a conflictos pos-electorales en 2016. Señaló que en ambas situaciones se vulneraron derechos fundamentales.

Cambió el año pero no la situación de violencia entre los vecinos municipios de Aldama y Chenalhó, misma que deriva de un conflicto añejo por una disputa de 60 hectáreas de tierra. En febrero, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Oventik informó que dicho conflicto que ha derivado en más de 20 indígenas asesinados, decenas de heridos, desplazamiento forzado de más de 2 mil personas, casas y cultivos incendiados así como tiroteos diarios. Responsabilizó al gobierno de lo que pueda ocurrir, recalcando que “los tres niveles de gobierno pasados y presentes son responsables de la división, enfrentamientos, miedo y rompimiento de la vida comunitaria. Nunca se preocuparon por resolver bien, (…) provoca que autoridades de los pueblos partidistas manipulados y presionados soliciten la presencia militar, para que la población se vaya acostumbrado a la militarización”.

Militarización: ¿única respuesta ante la violencia?

Base militar en Chenalhó – La militarización no es fenómeno reciente en Chiapas © SIPAZ

En enero, la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la instalación de una base militar en Aldama pretendiendo evitar nuevos enfrentamientos. También en enero, las autoridades del municipio de Chilón acordaron la instalación de un destacamento militar después de un tiroteo entre grupos civiles armados y la policía municipal que dejó un saldo de dos civiles muertos y dos policías heridos. El Centro de Derechos Indígenas CEDIAC consideró “alarmante y peligrosa” “la decisión unilateral tomada por el Presidente Municipal”. Cuestionó las afirmaciones en el sentido que la decisión fue “convalidada por la totalidad de los ciudadanos”. Alertó sobre el hecho que “la historia del Estado de Chiapas (…) da cuenta que la utilización de la fuerza militar no garantiza en ningún momento la paz y la estabilidad social”.

En febrero, la Red por la Paz en Chiapas denunció una serie de hechos violentos en el estado desde el cambio de autoridades: “Este escenario de violencia y conflictividad confirma que las familias chiapanecas que siempre han mantenido el control económico y político, sólo cambiaron de nombres y colores partidistas para mantener intactas las mafias del poder”. Señaló que “lejos de atender los conflictos de manera integral”, continúan una estrategia de seguridad militarizada, “ocupando territorios y controlando la vida civil”.

Críticas de varios grupos ante las propuestas de los nuevos gobiernos

Peregrinación del Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, 25 de enero de 2019 © SIPAZ

En el marco del 25° aniversario del levantamiento armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que se opondrá a varios de los planes “de destrucción” del nuevo presidente: “Por más que intenten humillarnos con las fuerzas represivas como es la Guardia Nacional, no descansaremos en defender nuestra madre tierra porque en ella nacimos, en ella vivimos y en ella moriremos”. AMLO afirmó que “aunque quieran confrontarnos, no va a haber respuesta”. En cambio, miles de usuarios de las redes sociales cuestionaron duramente a los zapatistas. Simpatizantes zapatistas señalaron a su vez, la “ignorancia”, las “falsedades” y “calumnias” en lo que iba circulando.

Cabe subrayar que el EZLN no es el único que se ha posicionado de este modo ante el nuevo gobierno federal. El Congreso Nacional Indígena (CNI) expresó que “no le creemos al capataz del capitalismo que dice gobernar México, y no aceptaremos ninguna falsa consulta como esas con las que quieren legitimar el robo de los territorios indígenas y campesinos, nuestro exterminio y la agudización de la guerra en nuestra contra”. En enero, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas denunció que “todo está calmado según las autoridades, pero en realidad los pueblos son los que palpan y sufren las situaciones de injusticias, atropellos, corrupción e impunidad“. Exigieron la solución de varios conflictos sociopolíticos; que cesen la militarización y paramilitarización; y que no haya amenazas a defensores ni servidores eclesiales que luchan para el bien común. Se pronunciaron en contra de megaproyectos que “son estrategias de la guerra de baja intensidad, manteniéndonos desorganizados, llenos de conflictos y que generan despojo”.

GUERRERO: Avances en el caso Ayotzinapa no logran opacar múltiples retos en materia de derechos humanos

Lucha del CECOP presente en el aniversario de Tlachinollan en 2018 © SIPAZ

En noviembre, la CNDH presentó una recomendación sobre lo ocurrido en 2014, en Iguala, dando lugar a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y a la muerte de 6 personas. Señaló que “lo sucedido en Iguala no debe verse como un caso aislado, sino como un reflejo de la situación por la que atraviesan diversas regiones del país, y en las que la posibilidad de que se vuelva a generar un episodio de dimensiones y características similares es un riesgo latente”. Indicó que la investigación demostró “que las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad”.

En diciembre, en uno de sus primeros actos como nuevo presidente, AMLO firmó un decreto que crea una Comisión para la verdad para el caso Ayotzinapa. Familiares de los estudiantes expresaron que el decreto les da esperanza, aunque “la confianza se va a ir ganando”. El Centro ProDH subrayó que el decreto instruye a toda la administración federal a colaborar, “siendo que en el pasado, el gobierno federal obstruía el proceso”. Afuera de Palacio Nacional, familiares de desaparecidos exigieron que se apliquen mecanismos inmediatos de búsqueda e investigación en todos los casos de desaparición, no solo en el de Ayotzinapa.

En cuanto a defensores, el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero ha denunciado que la defensa de su territorio ha traído persecución en contra del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC PC), 19 de sus integrantes encontrándose detenidos desde enero de 2018. En febrero, europarlamentarios señalaron que “adicionalmente, los abogados e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan fueron blanco de difamaciones (…) al asumir la representación jurídica”.

Obtilia Eugenio Manuel de la OPIM © SIPAZ, Archivo

En febrero, fueron desaparecidos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me´ Phaa (OPIM), Obtilia siendo además parte del Consejo de Autoridades Comunitarias de Ayutla. Cuatro días después, fueron localizados con vida aunque presentaban “visibles huellas de tortura”.

En cuanto a libertad de expresión principio de diciembre, la revista Proceso denunció el “clima de hostigamiento, amenazas e intimidación que prevalece en Guerrero en contra del periodismo independiente” y particularmente en contra de su corresponsal en dicho estado quien fue hostigado a través de las redes sociales. En febrero, la directora de la oficina en Ciudad de México del periódico El Sur, de Guerrero recibió amenazas de muerte.

En noviembre, Tlachinollan declaró Guerrero “Primer lugar en muertes violentas de mujeres con presunción de feminicidio” con al menos 213 mujeres asesinadas en 2018. Impera negación, incapacidad, falta de perspectiva de género, desinterés y falta de voluntad política para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. A pesar de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Guerrero en 8 municipios en 2017 no existen avances.

OAXACA: Recuento de pendientes

Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca © SIPAZ

En noviembre, mujeres bloquearon la entrada de la Fiscalía General del Estado, criticando “la simulación en la implementación de la alerta de género, por no procurar justicia, ni dar atención a las víctimas”. Según Consorcio, desde el inicio de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa se han registrado 406 desapariciones de mujeres y 238 feminicidios, 153 delitos sexuales, 229 episodios de violencia familiar, 47 suicidios algunos de los cuales fueron producto de la violencia de género sistemática, además de 30 casos de violencia política de género.

En diciembre, siete periodistas oaxaqueños denunciaron haber recibido una amenaza colectiva vía el Facebook del periódico Noticias Voz e Imagen. Manifestaron su indignación por el ambiente de violencia que está poniendo en peligro su labor periodística, así como su integridad física y la de sus familias. En lo que va del sexenio del gobernador Murat Hinojosa se registraron más de 70 denuncias de comunicadores. Demandaron que se garantice el ejercicio de la libertad de expresión y libertad de prensa; y que se resuelvan los casos pendientes de delitos contra este sector. La organización por la libertad de expresión Artículo 19 subrayó que todos los agraviados “dan cobertura a información relacionada con la utilización del gasto público, corrupción y política”.

Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca © SIPAZ

En diciembre, comunidades y organizaciones denunciantes que participaron en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca” presentaron públicamente el dictamen final que planteó la necesidad de cancelar las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el estado (ver Artículo).

En febrero, se llevó a cabo el Encuentro en Defensa del Territorio, los Bienes Comunes y los Derechos de los pueblos, en Santa María Atzompa. “El gobierno actual no está resolviendo las necesidades del pueblo y de las organizaciones sociales y, por el contrario, está generando megaproyectos que representan el despojo y una estrategia de depredación del territorio”, señalaron los participantes. Consideraron que aunque el nuevo gobierno presenta una visión de nación de la mano de los pueblos, los hechos representan la continuación del proyecto neoliberal.

También en febrero, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) alertó sobre el riesgo de violencia en San José del Progreso, ante “el autoritarismo y abuso de poder de[l alcalde] Servando Díaz Vásquez, con su terquedad de querer abrir el Palacio Municipal de manera violenta”, acción en la que, afirmó, podría usar “grupos paramilitares” contra quienes se oponen al proyecto minero San José, de la empresa Fortuna Silver Mines. La COPUVO mantiene tomado el palacio municipal desde 2009, fecha en que Fortuna Silver Mines entró a la comunidad. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hizo un llamado a las autoridades y a la población para una resolución dialogada del problema.