“El Juicio Popular abre una nueva etapa en la defensa de nuestros territorios frente a los proyectos extractivos, hidráulicos, energéticos, turísticos y de construcción de infraestructura; nos exhibe las grietas de este modelo y dibuja un panorama de defensa a nivel estatal: la reivindicación de nuestras autonomías y la organización comunitaria serán pilares fundamentales para detonar los cambios que anhelamos y fortalecer los procesos de defensa de nuestros territorios.”

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2018, los pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes que participaron en el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca” que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre del año pasado, presentaron públicamente el dictamen final.

Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca © SIPAZ

Este proceso tenía como objetivo “denunciar las violaciones a nuestros derechos producidas por concesiones y proyectos mineros y construir acciones y soluciones efectivas en la defensa de nuestros territorios”.

En su momento, el Juicio Popular Comunitario contó con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería en cinco regiones de la entidad incluyendo -reza el dictamen– “afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalización de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos proyectos mineros por parte de empresas mineras, grupos de choque e instancias del Estado”.

El informe del juicio popular detalla que hasta 2017 se tenían registrados en Oaxaca 42 proyectos mineros a cargo de 38 empresas con sedes en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. De éstos, 36 están en etapa de exploración, 2 en desarrollo, 1 fue postergado y 2 ya están en fase de explotación comercial. Se encuentran además 322 concesiones otorgadas por la Secretaria de Economía para exploración y explotación minera, representando una superficie total de 462.974 hectáreas (5% del territorio oaxaqueño).

Además de los casos presentados, se recuperó durante el juicio la amplia gama de experiencias en cuanto a formas de luchas de defensa de la tierra y el territorio en Oaxaca, reconociendo que “los pueblos y comunidades de Oaxaca hemos defendido, protegido y conservado nuestros territorios ancestrales, hemos tejido y construido propuestas y alternativas políticas, sociales y económicas basadas en nuestros sistemas normativos internos en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía”. Estas experiencias han probado diversas modalidades: asambleas comunitarias, agrarias y municipales; nombramiento de comités comunitarios para proteger y cuidar la integridad del territorio; declaratorias de territorios prohibidos para la minería; estatutos comunales y reglamentos internos; festivales culturales; encuentros, congresos y foros informativos; campañas informativas en centros educativos, de salud y comunitarios; constitución de asambleas regionales para la defensa del territorio; denuncias ante la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); movilizaciones y protestas regionales; toma de maquinaria e instalaciones de proyectos mineros; presentación de amparos contra concesiones mineras; denuncias públicas y ruedas de prensa exigiendo la cancelación de proyectos y concesiones mineras; misiones civiles de observación: entrega de denuncias ante relatores de la ONU y visitas de la OACNUDH, entre otras acciones de cuidado y defensa del ambiente.

Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca © SIPAZ

No obstante, se ha valorado que “pese a las denuncias y demandas expresadas por diversos sectores de la ciudadanía y movimientos sociales, sustentadas en diversos tratados, convenios y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no ha habido respuestas y avances sustanciales, por el contrario, el aparato de justicia ha protegido intereses empresariales y servido como instrumento de control eficaz contra los intereses legítimos de la ciudadanía. Para las y los denunciantes dicho aparato de justicia ha resultado omiso, ineficiente e ineficaz”.

Desde esta valoración, el Juicio Popular Comunitario se planteó como “una nueva etapa” y “una vía pacífica de lucha de los pueblos indígenas de Oaxaca para exigir el respeto de sus derechos que han sido violentados por el Estado y las empresas mineras”: fuera del sistema judicial oficial, “pueblos y comunidades juzgaron a las autoridades responsables y a las empresas mineras por las violaciones cometidas en los diversos ámbitos de las vida de los pueblos, en sus derechos individuales y colectivos, y en las graves afectaciones a la tierra y al territorio”.

El jurado, integrado por expertos nacionales e internacionales, dictaminó que han sido violados los derechos a la libre determinación, a la autonomía, a la Tierra y el Territorio, a la consulta previa, libre e informada, a la información pública, a un medio ambiente sano, a la salud, así como a la protección de quienes defienden derechos humanos.

Por lo mismo, el veredicto del juicio planteó la necesidad de cancelar las 322 concesiones y los 42 proyectos mineros vigentes en el estado. Igualmente exigió la suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros “hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución, la derogación de la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria”. Asimismo, urgió a las autoridades a aprobar leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas, que les reconozcan como sujetos de derecho público y que incluyan mecanismos efectivos de reparación integral de daño ocasionado.

El dictamen también planteó la necesidad de proteger a quienes defienden sus territorios para que puedan hacerlo en “condiciones de libertad y seguridad” y exigió que “se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas”.

“¡Si a la vida, no a la minería!” o “¡Ni oro, ni plata, la minería mata!” son lemas que resonaron tanto en el juicio como en la entrega del dictamen.