«Yo no quisiera irme. Si no fuera por la violencia y por la falta de trabajo, yo quisiera quedarme en mi país. No es que lo hago por placer, es que allá no hay otras opciones. Todos están huyendo del país. Y el problema es de los que están arriba, todos son corruptos y cuidan sólo sus intereses».

Migrante hondureño entrevistado en Palenque (julio de 2014)

Es 19 de julio de 2014, en la Casa del Migrante de Palenque son pocos los migrantes. «El tren ha pasado justo ayer» nos explica la hermana Nelly, integrante de la «Casa del Caminante jTatic Samuel Ruiz García» de Pakal-na. Los que quedan están descansando o limpiando su ropa antes de dejar el albergue que, por algunos días, ha sido un refugio. Nos acercamos a platicar con un grupo de ellos que está descansando en el sol. «Estamos preocupados», nos explica un migrante hondureño, «hemos llegado anteayer y hoy tenemos que irnos. Pero no sabemos qué hacer. Tenemos miedo por todo lo que nos han contado de lo que pasa a los migrantes en México». Algunos cuentan que no sabían que la situación era tan peligrosa y, para la mayoría, ésta es la primera vez que salen de su país. «Pero tampoco podemos regresar a nuestro país, allá no hay trabajo y es peligroso vivir», declara otro de ellos.

La migración centroamericana a través de México

“Abordar el tren de carga no es una acción legal”, aviso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”
© SIPAZ

El pasado 17 de junio, WOLA – Washington Office on Latin America, publicó el informe «La otra frontera de México». El documento concluye que la situación de los y las migrantes centroamericanos/as en México constituye una crisis humanitaria: «La impresionante frecuencia de los secuestros, las extorsiones, la trata de personas, las violaciones y homicidios pone la difícil situación de los migrantes centroamericanos en México arriba de la lista de las peores emergencias humanitarias del hemisferio occidental». Son decenas de miles de migrantes que cada año atraviesan México de forma ilegal para ir hasta el «Norte«, hasta los Estados Unidos (EEUU), en busca del sueño americano. En los últimos años, el número de migrantes que provienen de los países centroamericanos ha crecido considerablemente. Es difícil encontrar estadísticas exactas, pero según la Patrulla Fronteriza de EEUU, el número de migrantes «no mexicanos» que han sido detenidos por autoridades estadounidenses se ha triplicado en los últimos dos años (sólo eran 54.098 en 2011, alcanzando los 153.055 en 2013). La gran mayoría de ellos provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Las razones que llevan a estas personas a emigrar varían. Normalmente, la violencia generalizada, la falta de oportunidades laborales y la pobreza extrema en los países de origen son las motivaciones más comunes. Según las estadísticas del Banco Mundial, el 60% de la población hondureña, el 53,7% de la población de Guatemala y el 34.5% de la población en El Salvador viven debajo de la línea de pobreza. Además, en estos países, el crimen organizado actúa en casi total impunidad, generando un clima de violencia e inseguridad, sobre todo en Honduras que, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), tiene la tasa de homicidios más alta del mundo con 90.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las amenazas, las extorsiones, los secuestros, la trata de personas, el miedo a ser reclutados por las «maras» (pandillas criminales) o la delincuencia organizada son parte de la cotidianidad de la vida en los países centroamericanos. Para muchos y muchas, la migración se ha convertido en la única alternativa para no ser matados/as o para no convertirse en sicarios. «Solo queremos vivir honestamente» declara un migrante en la Casa del Migrante de Palenque, «pero ahora en Honduras es imposible».

© Félix Márquez

En los últimos meses, la cuestión de los niños y niñas migrantes se ha puesto en el centro de la atención de los medios de comunicación, nacionales e internacionales. Su número ha crecido exponencialmente. Según el informe del WOLA, «más de 47.000 niños migrantes no acompañados han llegado a los Estados Unidos durante este año fiscal, casi 35.000 provenientes sólo de El Salvador, Guatemala y Honduras». A propósito de este flujo, el presidente Barack Obama, el 2 de junio, reconoció la situación en la frontera entre EEUU y México como una «urgente situación humanitaria». Muchos de ellos y ellas viajan buscando encontrarse con sus familiares en EEUU. El gobierno estadounidense ha declarado que su política de control migratorio no había cambiado y que seguirá deportando a los y las migrantes, ya sean niños, niñas o adultos.

Aunque las políticas de EEUU se mantengan, lo más probable es que estas personas, cada una por diferentes razones, seguirán dejando sus países y seguirán emprendiendo un viaje incierto sin saber con seguridad cuándo, cómo y si llegarán a su destino. El viaje hasta la frontera entre México y Guatemala, la llamada Frontera Sur, no es tan difícil. De hecho, los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, han ratificado la Visa Única Centroamericana para permitir la libre movilidad de los y las ciudadanos/as de estos países. Una vez en territorio mexicano, la vía menos controlada por parte de la policía migratoria es la línea ferroviaria. Los migrantes suben a «La Bestia», un tren de carga que viaja desde el Sur hasta el Norte del país. Desde la frontera con Guatemala, son dos las rutas que se pueden emprender: la «ruta del Caribe», al norte de Chiapas que pasa por Tenosique (Tabasco), Palenque (Chiapas) y sigue a lo largo del Golfo de México; la «ruta del Pacífico», al sur que empieza en Arriaga cerca de Tapachula, en Chiapas y sigue por la costa del Pacífico, pasando por el estado de Oaxaca. Agarrados al tren por muchos días, los migrantes cruzan el país entero enfrentando una serie de riesgos, razón por la que este trayecto ha sido nombrado la «ruta del infierno». El cansancio, el hambre, las temperaturas extremas y la posibilidad de caer son sólo algunos de los peligros. El temor más grande, no obstante, es convertirse en otra víctima de las agresiones de las bandas criminales. Según el informe de WOLA: «El largo viaje encima del tren es físicamente peligroso, y la falta de seguridad deja a los inmigrantes a merced de las pandillas centroamericanas, bandidos, secuestradores y funcionarios corruptos». En este trayecto, es bastante común ser víctima de robos, secuestros y extorsiones, ya que para el crimen organizado los migrantes representan una fuente importante de ingresos. Según la asociación «Alto al secuestro», en el primer semestre del 2014 hubo 1.766 secuestros, un incremento del 56% comparado con el primer semestre del 2013. Muchos/as migrantes cuentan que las bandas cobran el pasaje sobre el tren y que, en el peor de los casos, capturan a los y las migrantes, los obligan a revelar el número de teléfono de un familiar en Centroamérica o EEUU y, después, le piden pagar un rescate si no quieren que el migrante sea torturado o asesinado.

“Ninguna personal es ilegal”, grafiti en San Cristóbal de Las Casas
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A lo largo de esta ruta, las mujeres, los niños y las niñas representan los grupos más vulnerables. Para las mujeres, el riesgo de ser víctimas de abusos, explotación laboral y sexual, es muy alto al punto de que muchas de ellas se inyecten una sustancia anticonceptiva antes de empezar el viaje para no correr el riesgo de quedar embarazadas. Según el documento de Amnistía Internacional del 2009 «Víctimas Invisibles. Migrantes en movimiento en México», «[t]odos los migrantes irregulares corren peligro de sufrir abusos, pero las mujeres y los niños y niñas -especialmente los no acompañados- son especialmente vulnerables. Corren grave peligro de ser objeto de trata y de sufrir agresiones sexuales a manos de delincuentes, otros migrantes y funcionarios corruptos. Aunque de pocos casos queda constancia oficial, y prácticamente ninguno llega a ser enjuiciado, algunas organizaciones de derechos humanos y expertos en el tema estiman que hasta seis de cada diez mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual durante el viaje».

En esta situación de violencia los integrantes de las bandas actúan en casi total impunidad y se han señalado muchos casos de colusión con autoridades. Como señaló el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos de los migrantes, Jorge Bustamante, en junio de 2008: «La migración transnacional sigue siendo un negocio en México, gestionado principalmente por redes transnacionales de bandas involucradas en el contrabando, la trata de personas y el tráfico de drogas, con la colaboración de las autoridades locales, municipales, estatales y federales. […] Como tal, la impunidad por las violaciones de los derechos humanos de los migrantes es un fenómeno generalizado. Con la omnipresencia de la corrupción en todos los niveles del gobierno y la estrecha relación de numerosas autoridades con las redes de bandas, la extorsión, las violaciones y las agresiones contra los migrantes continúan».

Por otro lado, la política migratoria mexicana pasa por detenciones y deportaciones de migrantes, situaciones en las que se pueden generar otra serie de violaciones a los derechos humanos. En un estudio realizado por la organización Sin Fronteras se señala que «[l]a detención no es una excepción, como debería, sino la regla […] La migración parece un delito y no un derecho, ya que las personas en los flujos migratorios mixtos siguen siendo detenidas en todo momento, aduciendo razones de seguridad nacional, y hasta el momento en que demuestren su regular estancia en nuestro país». Según el estudio, en 2013, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 86.929 detenciones (81.394 de migrantes centroamericanos). Además, 14.073 de las personas detenidas fueron mujeres y 9.893 menores de edad.

La criminalización de las y los migrantes

© Félix Márquez

La tendencia tanto en México como en EEUU ha sido criminalizar la migración. Las y los migrantes no son reconocidos como sujetos de derecho, sino vistos como criminales que deben ser mantenidos lejos de las fronteras. El abandono por parte de las instituciones los convierte en víctimas fáciles de bandas criminales. En la mayoría de los casos, abusos y violaciones permanecen impunes. La Preaudiencia «Militarización, criminalización y desaparición forzada de migrantes» del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) declaró que «[e]stos crímenes son el resultado de la subordinación de las autoridades mexicanas a los supuestos imperativos de la «seguridad nacional» y del «libre comercio» impuestos por los Estados Unidos. Estas políticas necesariamente implican la militarización de las fronteras, la criminalización de los flujos de migrantes indocumentados y de sus protagonistas, y la mercantilización de los migrantes, que los convierte en factores estructuralmente esenciales pero coyunturalmente desechables».

Frente a esta situación, el gobierno de México sigue apostando a contener el flujo migratorio, aumentando los controles en la Frontera Sur de Chiapas con Guatemala. El 11 de julio, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que «es una decisión del Estado mexicano el no seguir permitiendo que migrantes de Centroamérica, y también mexicanos, corran riesgo en sus vidas arriba de este tren de carga y no de pasajeros». Y añadió que «quien no tenga los debidos documentos para adentrarse en nuestro territorio y entrar a Estados Unidos, no podemos permitirles que estén en nuestro territorio, y no podemos permitirlo para cuidarlos. […] Quien no tenga la visa para adentrarse más a nuestro país serán regresados». En Huixtla, Chiapas, el 30 de julio, los agentes del INM efectuaron uno de los primeros operativos para impedir la subida de migrantes al tren. Otras situaciones similares se repitieron el mes siguiente y también se llevaron a cabo redadas y detenciones en estaciones de autobuses y trenes en los estados del sur del país.

Lo que está pasando en México, sucede también en los EEUU, donde el gobierno prefiere invertir millones de dólares en patrullas fronterizas, centros de detenciones y deportaciones para impedir el ingreso de los y las migrantes irregulares. El crecimiento de los controles a lo largo de las rutas migratorias tradicionales ha obligado a los migrantes a emprender otros caminos, menos militarizados pero más peligrosos, como el desierto de Sonora entre México y EEUU.

Según el TPP, la situación de pobreza y violencia que se vive en los países centroamericanos y el aumento migratorio en México y EEUU en los últimos años son efectos de las políticas neoliberales impuestas, hace 20 años, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). «El TLCAN y sus complementos […] han profundizado la pobreza, desigualdad, discriminación, y despojo de recursos y territorios […] que necesariamente conllevan violaciones generalizadas de derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto incluye la imposición de condiciones estructurales y materiales que impiden el ejercicio auténticamente libre del derecho a migrar y a no migrar, y que producen tanto la migración forzada como el desplazamiento forzado como consecuencias, como expresiones convergentes de un proceso masivo de éxodo o destierro». Desde la entrada del TLCAN, se calcula que cerca de 6 mil personas han muerto en la frontera entre México y EEUU.

La migración como derecho

“La dignidad no tiene Fronteras”,
(Olivia Vázquez, Centro Prodh)

Muchos activistas señalan que el flujo migratorio continúa y continuará, aunque los gobiernos sigan militarizando las fronteras y las rutas migratorias. Lo que es necesario, subrayan, es reconocer la migración, no como una emergencia de seguridad, sino como una emergencia humanitaria. La «Carta abierta sobre crisis humanitaria de menores migrantes», publicada en julio de 2014, dirigida a los gobiernos de EEUU, México, Honduras, El Salvador, Guatemala, y firmada por múltiples organizaciones civiles, colectivos y redes sociales, afirmó que: «Un factor clave adicional ha sido la complicidad decisiva de los gobiernos de los países de origen, tránsito, y destino en estas causas y en su regionalización. Todos estos factores juntos plantean la necesidad inmediata de abrir un corredor regional humanitario que reconozca el derecho al libre tránsito para estos jóvenes y sus familias, incluyendo medidas especiales transitorias de protección y el reconocimiento de su derecho al refugio o asilo, en aras de la reunificación de sus familias». Como se lee en el documento, es prioritario reconocer a los y las migrantes el Libre Tránsito, para que puedan cruzar México de forma legal, evitando así que sean víctimas de violencia. Integrantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidieron a los gobiernos de ambos países que reconozcan a estas personas como refugiadas: «Los EEUU y México deben reconocer que se trata de una situación de refugiados, lo que implica que no deben ser enviados automáticamente a sus países de origen, sino que reciban protección internacional».

De manera más amplia, algunas organizaciones, como Voces Mesoamericanas, subrayan que es necesario reconocer una ciudadanía transnacional, con derechos y deberes, que no sea sólo vinculada a un espacio nacional. Reconocer la migración como un derecho es fundamental porque, como lo plantea Amnistía Internacional, «la ausencia de condición jurídica de los migrantes irregulares significa que se les niega el recurso efectivo al sistema de justicia. Esto sitúa a los migrantes irregulares en un mayor peligro de sufrir abusos». Por esto, como declaró el Papa Francisco, en agosto de 2013, en su Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado: «Se necesita por parte de todos un cambio de actitud hacia los inmigrantes y los refugiados, el paso de una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación –que, al final, corresponde a la «cultura del rechazo»- a una actitud que ponga como fundamento la «cultura del encuentro», la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno».

Favorecer una «cultura del encuentro» implicaría permitir a estas personas migrar libremente, y, en lugar de invertir en deportaciones o en la seguridad de las fronteras, hacerlo en políticas de incidencia en los países de origen para combatir la violencia, la pobreza y la corrupción, limitando los factores de expulsión. En EEUU, algunos grupos de migrantes organizados, comparten esta opinión. Por ejemplo, la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC) afirmó que «[l]as organizaciones de las comunidades de inmigrantes basadas en Estados Unidos reconocen la naturaleza transnacional de este desafío: mientras se trabaja por cambios en Estados Unidos, no podemos olvidar lo importante que es promover condiciones de más estabilidad, más salud, mejor educación, más democracia y más seguridad en los países de origen. Dichas condiciones podrían reducir los factores que impulsan la migración y hacer a los países de origen más atractivos a un eventual regreso de muchos de los migrantes de estos países que ahora residen en el exterior».

De hecho, los migrantes entrevistados en la Casa del Migrante de Palenque confesaron que ellos no quieren vivir toda su vida en EEUU: «Allá no es nuestra tierra, nosotros solo queremos trabajar allá uno o dos años, justo el tiempo necesario para ahorrar un poco de dinero para poder pagar la escuela de nuestros hijos, para poder construir una casa y nada más. Solo queremos poder tener el derecho de quedarnos por un tiempo y después regresar a nuestro país».