El 25 y 26 de julio, se llevó a cabo en Tlapa de Comonfort, Guerrero, el XX° aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan: «En 1994, en un pequeño cuarto de hotel donde sólo teníamos a la mano nuestros sueños, surgió Tlachinollan para abrir con los pueblos de la Montaña la brecha de la justicia. Mucho ha pasado desde entonces. Enhebrar el recuento de esos años es un desafío mayor. […] Pero si los detalles y las vicisitudes precisas de 20 años de trabajo se nos escapan, los rostros de las personas a quienes hemos acompañado perduran en nuestros corazones con una marca indeleble. Rostros de quienes habiendo sufrido graves violaciones a derechos humanos alzaron la voz contra los abusos y desafiaron a la impunidad». Con estas palabras empiezan las primeras páginas del informe «La Montaña de Guerrero: Destellos de justicia y esperanza» presentado en esa ocasión.

Foro “Desde el corazón comunitario de las resistencias”, Aniversario de Tlachinollan, julio de 2014”
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Asistieron al evento más de 400 representantes de 85 comunidades de la región, junto con movimientos sociales y organizaciones solidarias de los estados de Puebla, Nayarit, y el Distrito Federal, entre otros, así como representantes de distintas instituciones internacionales y Embajadas. Las y los participantes llegaron para participar en el foro denominado «Desde el corazón comunitario de las resistencias», que se enfocó en la conmemoración de la lucha de los pueblos indígenas contra la discriminación y la exclusión, y por la defensa de los derechos humanos.

Al recuperar los logros en lo caminado, un ejemplo emblemático y esperanzador es el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres me’phaa que, en 2002, fueron violadas y torturadas por integrantes del Ejército mexicano. Las mujeres, que estuvieron presentes en el evento, gracias a su propia fuerza y a la ayuda de Tlachinollan y de otras organizaciones, lucharon por más de 10 años para obtener justicia ya que en 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió sentencias en contra del Estado mexicano en sus casos. Otro ejemplo fue el de Bonfilio Rubio Villegas, indígena de la Montaña que, en 2009, fue ejecutado extrajudicialmente por militares: en 2012, la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo promovido por sus familiares para que el caso fuera remitido al fuero civil. Los avances en estos casos contribuyeron a que se lograra reformar a nivel federal el Código de Justicia Militar en abril de 2014, posibilitando que las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas en instancias civiles.

El evento fue también una ocasión para denunciar la inequidad y la desatención del gobierno que a la fecha prevalecen hacia los pueblos indígenas de la región. El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que «ha crecido la criminalización contra los pueblos indígenas y ha aumentado la amenaza hacia sus territorios. Hay intentos de despojo por medio de las concesiones mineras y mediante la construcción de la presa hidroeléctrica. Se está crispando la situación en la vida de las comunidades por el abuso, el saqueo y la complacencia de las autoridades con la delincuencia organizada». Ilustrando este punto, se hizo particular énfasis en los casos de las y los luchadores sociales encarcelados injustamente durante el último año, como es el de Nestora Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá. En agosto de 2013 fue aprehendida por miembros de la Marina y de la policía estatal y acusada de secuestro, mientras ejercía sus tareas legítimas como autoridad dentro del sistema de justicia comunitaria de su pueblo. Como ella, también fueron aprehendidos, Arturo Campos y Gonzalo Molina, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), y Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop). Este último fue detenido el 17 de junio de 2014 y torturado por elementos policiales que lo detuvieron. Se le atribuyen diversos delitos derivados de su lucha en oposición a la construcción de la presa de La Parota y en contra de la extracción de grava y arena que distintas empresas realizan en el río Papagayo. Tanto Nestora Salgado como Marco Suástegui están encarcelados en una cárcel federal de alta seguridad, lejos de sus familiares y red social, en el estado de Nayarit. Al final del foro se organizó una marcha desde el lugar del encuentro hasta el centro de la ciudad para exigir la liberación de los presos políticos, entre otras demandas.

A lo largo del evento, se reconoció la importancia del trabajo conjunto con los pueblos indígenas que cada día luchan para defender sus derechos, y por esto, subrayó Abel Barrera Hernández, todo el agradecimiento va a ellos que: «Nos dieron la tortilla, el café, el petate y el sombrero y nos enseñaron a sembrar, a sembrar la justicia comunitaria. Por eso, no tienen sentido estos 20 años sin ustedes porque ustedes son los padres, las madres, fundadores y fundadoras de este Tlachinollan».