ACTIVIDADES DE SIPAZ (De mediados de febrero a mediados de mayo de 2014)
21/05/2014
ENFOQUE: Migración centroamericana a Estados Unidos – reconocer al refugiado/a tras la “ruta del infierno”
05/09/2014
Mientras las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto siguen avanzando a través de la aprobación de leyes secundarias (en particular en materia energética) y en medio de los rumores acerca de beneficios económicos que los miembros de la actual legislatura se estarían asignando por sus «logros«, se mantienen procesos de movilización y cuestionamientos en cuanto al respeto y la promoción de los derechos humanos.
En julio, por ejemplo, el Congreso mexicano aprobó las leyes secundarias de la reforma en Telecomunicaciones. En los puntos polémicos están la posibilidad de que las autoridades ubiquen en cualquier sitio y en cualquier momento un aparato telefónico por razones de seguridad o en la persecución de un presunto delito; y el hecho que el Estado tenga facultades para ordenar el bloqueo de los servicios de telecomunicaciones en un área determinada. Además, se señala que el proceso legislativo correspondiente estuvo marcado por irregularidades, empezando por la participación de los legisladores que tienen vínculos laborales, empresariales o familiares con las empresas televisivas. Opositores al dictamen afirman que se trata de una «Ley Peña-Televisa», «un regalo» a dicha televisora para pagarle favores recibidos durante su campaña a la Presidencia, como la calificó el senador panista, Javier Corral Jurado.
Cabe señalar que varias de las movilizaciones se dan por una reforma que todavía no ha sido aprobada, la agraria. Por ejemplo, el 23 de julio, entre 25 (según el Gobierno del Distrito Federal) y 35 mil campesinos (según los organizadores) marcharon en la ciudad de México para exigir una reforma agraria integral, en repudio de las leyes reglamentarias en materia energética y por el respeto a los derechos colectivos.
«Retroceso en la vigencia de los derechos humanos»
Con motivo del periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tuvo lugar en México en agosto, redes y organizaciones civiles pidieron a este mecanismo que realice en breve una visita oficial «ante el retroceso en la vigencia de los derechos humanos» en el país, que ocupa el primer lugar en solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH. En este marco, se presentaron diagnósticos y casos que ilustraron la gravedad del momento.
En junio, el relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, presentó el informe de la visita que realizó a México el año anterior. El informe resalta el elevado número de homicidios existentes en México, 100.000 desde el 2006, 70% de ellos relacionados con el narcotráfico. Otras de las críticas surgen por lo que algunos llaman la tendencia del gobierno federal a «desaparecer a los desaparecidos». Cuestionan que las cifras durante el gobierno de Felipe Calderón y lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto entregadas a la ONU en marzo difieren de las que las autoridades manejan en el país, así como de las recabadas por organizaciones civiles.
En agosto, se llevó a cabo en la Ciudad de México la pre-audiencia «Violencia de Género y Feminicidio» del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)-Capítulo México. Se evidenciaron los distintos tipos de violencia hacia las mujeres que ocurren en el país, como feminicidio, discriminación, criminalización, violencia laboral, agresiones a defensoras y periodistas, violencia obstétrica y trata de personas. El Estado mexicano, señalaron el dictamen viola los tratados internacionales que ha firmado y ratificado a través de la «simulación y de la impunidad».
Uno de los temas de mayor presencia mediática fue el de los migrantes (ver Enfoque). En julio, Carlos Bartolo Solís, director de la Casa de Migrante «Hogar de la Misericordia» de Arriaga, Chiapas, denunció haber recibido amenazas de atentados del crimen organizado. Organizaciones civiles del Sureste han venido denunciando que la nueva estrategia federal hacia mayor control en la frontera Sur contiene «numerosas ambigüedades y mantiene una visión de seguridad nacional, anteponiendo la gestión y control de flujos migratorios por encima de la seguridad humana».
CHIAPAS: «La contrainsurgencia sigue operando»
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En julio, se llevó a cabo la Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en El Limonar, municipio de Ocosingo que se enmarcó en el Eje Guerra Sucia. Abordó el caso de Viejo Velasco que en 2006 sufrió una masacre que dejó un saldo de cuatro personas ejecutadas y cuatro desaparecidas forzadamente. La invitación señaló: «Esta masacre se da en el contexto de guerra contrainsurgente diseñada e implementada por el Estado mexicano, a través del Plan de Campaña Chiapas ’94, cuyo resultado (…) ha sido: 85 ejecuciones, 37 desapariciones forzadas y más de 12 mil personas desplazadas forzadamente, en la zona Norte; y en la zona Altos: la masacre de Acteal donde los grupos paramilitares del PRI asesinaron a 45 personas en su mayoría mujeres e infantes (…) además de provocar el desplazamiento forzado de más de 6 mil personas».
En agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció en un boletín titulado «La contrainsurgencia sigue operando en Chiapas» que «[e]n los últimos meses, el Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas, se ha caracterizado por una continua agresión hacia las Bases de Apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) con la acción de algunas organizaciones sociales regionales al servicio del Estado». Sostuvo que el CDHFBC «ha realizado constantes intervenciones ante la gravedad de las agresiones a BAEZLN y la respuesta ha sido la parsimonia gubernamental y su incapacidad de actuación. Esta actitud de indiferencia mantiene y provoca conflictos que son llamados intercomunitarios como una manera de ocultar la contrainsurgencia, el objetivo es generar cansancio entre la población que resiste, que lucha, que va transformado su realidad desde su cultura y sus derechos».
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El 24 de mayo, más de 4 mil (BAEZLN), milicianos, miembros de la Comandancia del EZLN y centenares de personas y organizaciones civiles, nacionales e internacionales se reunieron en la comunidad de La Realidad para dar homenaje a José Luis Solís López, «Galeano«, BAEZLN asesinado el 2 de mayo pasado en este mismo lugar. El Subcomandante Insurgente (SCI) Moisés señaló como responsables del asesinato de Galeano a los tres niveles de gobierno y a personas concretas pertenecientes a distintas instituciones políticas. El SCI Marcos anunció su desaparición e indicó que su figura fue sólo una botarga (pantomima) mediática utilizada como forma de captación de la atención, porque así convenía a los intereses del EZLN, pero que en la actualidad la «farsa del subcomandante» ya no es necesaria. Ello se da dentro de una lógica de cambios internos que derivan en una dirección completamente indígena del movimiento: «el relevo de mando no se da por enfermedad o muerte, ni por desplazamiento interno, purga o depuración. Se da lógicamente de acuerdo a los cambios internos que ha tenido y tiene el EZLN (…) Pero algunos estudiosos no se han percatado de otros relevos: El de clase: del origen clase mediero ilustrado, al indígena campesino. El de raza: de la dirección mestiza a la dirección netamente indígena».
El 1° de agosto, 32 BAEZLN de la comunidad Egipto, pertenecientes al Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) San Manuel, municipio oficial de Ocosingo, del Caracol de La Garrucha, se desplazaron de forma forzada, obligados por miembros del Ejido Pojcol, municipio de Chilón. Quince días después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció la persistencia e incremento de agresiones contra BAEZLN en comunidades de Ocosingo y expresó su «preocupación por el inminente riesgo a la vida, integridad y seguridad personal en que se encuentran expuestas las BAEZLN» de las comunidades El Rosario, Kexil, Egipto y Nuevo Poblado San Jacinto. Responsabilizó al gobierno de Chiapas «por hacer caso omiso de los hechos denunciados inicialmente, permitiendo que gradualmente se sigan perpetrando violaciones flagrantes a los derechos humanos con agravantes cada vez más serios».
Cabe subrayar que estos hechos se dieron alrededor de las fechas de la Primera Compartición de los Pueblos Zapatistas y los Pueblos Originarios de México que tuvo lugar en La Realidad en agosto. Participaron en el evento unos 1.300 delegados y delegadas zapatistas y más de 300 indígenas representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI). Denunciaron las diferentes situaciones de despojo que viven los pueblos indígenas en el país y declararon que «hoy les decimos a los poderosos, a las empresas y a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo de los paramilitares Enrique Peña Nieto que no nos rendimos, que no nos vendemos y no claudicamos». Anunciaron que al final del año se realizará el «Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo».
Chiapas: defensores en la mira
© SIPAZ, archivo
El 29 de mayo, fue detenida una comisión conformada por dirigentes y representantes del Consejo de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, integrantes de la organización ARIC Independiente y Mario Marcelino Ruíz Mendoza, de Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), que acompañaba a la comisión en calidad de mediador. La detención se produjo cerca del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez donde fueron solicitados para iniciar una mesa de negociación. El objetivo de la mesa era, entre otros, la resolución de la situación agraria del conflicto abierto en la reserva de Montes Azules. Tarde esa misma noche, fue liberado el mediador de SERAPAZ. Los demás detenidos fueron liberados al día siguiente, luego de que se firmase en la Ciudad de México un acuerdo con autoridades federales y estatales para reabrir el proceso de diálogo. Los detenidos fueron acusados de motín, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro, en relación a las manifestaciones y bloqueos carreteros que se produjeron en Ocosingo durante las semanas previas en protesta por lo que consideran la intromisión de organizaciones ambientalistas en las decisiones tomadas por las comunidades.
En junio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció actos de vigilancia y hostigamiento en contra de sus integrantes y miembros de otras organizaciones civiles. El 29 de abril, en San Cristóbal de Las Casas, su director, Víctor Hugo López, fue vigilado desde un vehículo cuando se dirigía a una reunión de trabajo. El 23 de mayo, el mismo vehículo se encontraba en el punto donde se estaba formando la Caravana de Solidaridad con destino a La Realidad. Dentro del carro, se identificó a una persona, Felipe Osorio Lazo quien «tomaba vídeo de manera sospechosa». Los coordinadores de la Caravana le solicitaron identificarse, entregar la cámara y retirarse del lugar. Dentro de la memoria encontraron fotografías y vídeos de miembros del CDHFBC y de otras organizaciones civiles.
En junio, se realizó una peregrinación por parte de unas 3.500 personas de la Parroquia y habitantes del municipio de Simojovel, para orar por la paz y el cese de la violencia, y para pedir a las autoridades «que cierren cantinas, centros nocturnos, de prostitución y de vicio que están dañando a las familias». El párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, ha recibido amenazas derivadas de estas protestas. En julio, el Pueblo Creyente de Simojovel realizó una nueva peregrinación con las mismas demandas y para denunciar las amenazas de muerte que han recibido integrantes del Consejo Parroquial. Acusaron a las autoridades municipales de favorecer esta situación.
En junio, se conmemoró el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En ese marco, el CDHFBC presentó el informe «La tortura, mecanismo de terror» que tiene registrados 17 casos recientes en Chiapas.
En una decisión que frena la tendencia al deterioro en el estado, se dio marcha atrás al Código de Uso Legítimo de la Fuerza que había sido aprobado en mayo pasado y cuestionado por limitar el derecho a la manifestación.
Tierra y territorio: viejos y nuevos conflictos
En junio, las y los ejidatarios de San Sebastián Bachajón denunciaron al comisariado ejidal «oficialista» Alejandro Moreno Gómez, por intentar «entregar [tierras] al mal gobierno», al convocar una asamblea «ilegal» con el propósito de convencer a los tribunales de que la asamblea está de acuerdo con el despojo de las tierras de la comunidad cercanas a las cascadas de Agua Azul. El mismo mes, las y los ejidatarios de Tila denunciaron a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) por realizar proyectos en su territorio sin el consentimiento de la asamblea.
En julio, se llevó a cabo el «Foro Sur-Suroeste de análisis y construcción de alternativas: tenencia, uso y usufructo de la tierra para las mujeres en Chiapas», en el que participaron aproximadamente 300 personas. Se pronunciaron contra las políticas que buscan despojarlas de sus recursos naturales a través de proyectos petroleros, mineros, ecoturísticos, eólicos, hidroeléctricos, de infraestructura carretera y aeroportuaria, y de saqueo de sus conocimientos tradicionales. Denunciaron que estos proyectos se están llevando a cabo sin consulta ni autorización en territorios indígenas, y con el beneplácito de instituciones gubernamentales.
Finalmente, vale la pena mencionar que se están empezando a dar asambleas en varias partes de la zona por la que pasaría la autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque. Es de prever que su posición se hará pública a partir del próximo mes. También, se han empezado a dar denuncias de la insistencia del gobierno estatal para que este proyecto avance.
GUERRERO: «uso sistemático (…) de penales federales (…) como herramienta de coerción contra movimientos sociales»
Una de las principales demandas de los procesos organizativos ha sido la liberación de sus presos. Ya sea en el marco del XXº aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en julio, o en las jornadas por el XIº aniversario del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP) en agosto, las exigencias incluyen la liberación de Marco Antonio Suástegui Muñoz, de Julio Ventura Ascencio y Emilio Hernández Solís (todos ellos integrantes del CECOP), así como de los comandantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina.
Tanto Marco Antonio Suástegui Muñoz, detenido en operativo policial en junio, como Nestora Salgado García, encarcelada desde el 21 de agosto de 2013, se encuentran recluidos en el penal federal de Tepic, Nayarit. Tlachinollan ha denunciado «el uso sistemático que ha hecho el Ejecutivo estatal de penales federales, de mediana y máxima seguridad, como herramienta de coerción contra movimientos sociales».
En el caso de los periodistas, el cuerpo de Jorge Torres Palacios, fue hallado sin vida, y con señales de haber sido torturado en junio. Había sido secuestrado por un grupo armado en los alrededores de su casa. En agosto, la revista Proceso denunció que un presunto representante de la Agencia del Ministerio Público Militar intentó entregar un citatorio de comparecencia a su corresponsal en Guerrero, Ezequiel Flores Contreras sin motivo aparente. La organización defensora de los periodistas, Artículo 19, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que aclare los hechos. Subrayó que, en lo que va del año, se han registrado 15 agresiones contra periodistas y medios en Guerrero.
En cuestiones de tierra y territorio, en el corazón de muchas luchas en el estado, vale la pena mencionar que las y los representantes de la comunidad indígena me’phaa de San Miguel del Progreso-Júba Wajiín, municipio de Malinaltepec, junto con Tlachinollan, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) «que analice por primera vez si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos». En febrero, la comunidad obtuvo la resolución de un amparo en contra de dos concesiones mineras, otorgadas sin consulta previa a empresas trasnacionales.
El tema del desplazamiento forzado sigue a la orden del día. En junio, 250 personas abandonaron comunidades del municipio de San Miguel Totolapan en la Tierra Caliente de la Sierra Madre del Sur, huyendo de las acciones violentas de grupos narcotraficantes. Desde 2013, la lucha por el control de esta zona ha ocasionado el desplazamiento de más de 2.000 personas. Organizaciones civiles han señalado la falta de interés del gobierno estatal por resolver el problema.
Mientras, la impunidad en casos del pasado sigue sin retroceder: En junio, se celebraron el XIXº aniversario de la masacre de Aguas Blancas (en 1995, 17 campesinos pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur -OCSS- fueron asesinados por policías) y el XVIº aniversario de la masacre de El Charco (11 personas murieron como consecuencia de los disparos realizados por militares). Por otro lado, a 40 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y cinco de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictara sentencia sobre el caso, organizaciones civiles y familiares denunciaron que el gobierno mexicano ha incumplido su obligación de dar con su paradero y continúa sin investigar a los responsables.
OAXACA: de las entidades del país con más agresiones a personas defensoras y periodistas
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Un tema de preocupación sigue siendo las constantes agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos. En agosto, fue asesinado el director de Comunicación Social del municipio de San José Cosolapa, y colaborador del diario veracruzano El Buen Tono, Octavio Rojas Hernández. Artículo 19 recordó que se dieron «del 1° de enero de 2007 al primer semestre de 2014, por lo menos 139 agresiones a la prensa de Oaxaca, que la ubican como una de las tres entidades mexicanas con más agresiones a la prensa en siete años (…). Del total de agresiones, cuatro han sido asesinatos, 75 ataques físicos, 27 amenazas, 13 actos de intimidación y seis detenciones arbitrarias, por mencionar algunas. En 58 por ciento de los casos, los presuntos responsables de las agresiones son funcionarios públicos».
En cuanto a personas defensoras, en julio, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) denunció haber recibido llamadas telefónicas en sus oficinas amenazando a personal de la organización por estar acompañando procesos penales en el Istmo de Tehuantepec, así como a personas vinculadas a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), quienes están en oposición a la construcción de parques eólicos en la región. Cabe señalar que tanto la organización Código DH como la APPJ han recibido agresiones físicas, amenazas, hostigamiento e intimidaciones contra sus integrantes y en varias comunidades en el Istmo de Tehuantepec. En julio, una defensora de derechos humanos integrante de la organización Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) fue agredida sexualmente por un militar mientras se trasladaba a la ciudad de Oaxaca para participar en un curso.
Según datos proporcionados por el Registro de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), de enero a agosto de 2014, se registraron 38 agresiones contra 17 defensoras, 3 periodistas y 5 organizaciones en el estado oaxaqueño, siendo este estado el que mayor número de agresiones a mujeres defensoras y periodistas registra en toda la nación.
Otro sector vulnerable siguen siendo las y los defensores comunitarios, generalmente organizados en defensa de la tierra y el territorio. Por ejemplo, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) acusó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Sonia López, de presionar a las autoridades locales y los habitantes de la región para que acepten la construcción de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina. Las presiones aumentaron, declararon, después de que Enrique Peña Nieto anunciara el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) que contempla la realización de 189 proyectos en la región sur-sureste, entre ellos, el de Paso de la Reina. Detallaron que la CFE busca presionar a las comunidades promoviendo obras de infraestructura, como electrificación, agua potable o educación. Advirtieron que «el Ejército mexicano se ha presentado en el territorio de afectación del proyecto, con la intención de intimidar a la población bajo el argumento de la seguridad en la zona».
