21 de septiembre de 2018, Chiapas – El periodista Mario Leonel Gómez Sánchez, corresponsal de El Heraldo de Chiapas, fue asesinado en Yajalón. Meses antes había realizado denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por amenazas de muerte en su contra. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el hecho y recalcó: “La violencia contra periodistas no cesa. La principal medida de prevención de estos ataques es una procuración de justicia eficaz y exhaustiva, que considere la línea de investigación relacionada con la labor periodística con un análisis de contexto que no descarte la autoría intelectual”.

Manifestaciones para obtener justicia en el asesinato de Mario Gómez, Chiapas © SIPAZ

24 de octubre de 2018 – Murió Gabriel Soriano Kuri, locutor y trabajador del sistema estatal de noticias Radio y Televisión de Guerrero (RTG) luego de un ataque a balazos a la camioneta de la empresa donde se transportaba. Ocurrió al regresar de la transmisión del informe del gobernador Héctor Astudillo por su tercer año de gobierno, en Acapulco. Según la versión inicial dada a conocer por la Fiscalía, la causa de la agresión podría ser una discusión con otro automovilista que iba armado. Con su muerte, Soriano se convirtió en el decimoséptimo comunicador asesinado en lo que va del año en México.

La organización por la libertad de expresión Artículo 19 llamó a investigar posibles motivaciones políticas en el caso ya que “un día después del homicidio de Soriano fue encontrado un cuerpo desmembrado en la colonia La Poza, ubicada en la Zona Diamante de Acapulco con un mensaje que (…) dice lo siguiente: “Aquí se me respeta gobierno de la verga, sigan teniendo tratos con el Cida (Cartel Independiente de Acapulco) y así van a acabar todos, sean periodistas y gobierno me van a pelar la verga. Aquí el erizo ya valió verga, aquí rifamos los Amarillos”“. Por lo mismo, Artículo 19 señaló que de tener motivaciones políticas, “este homicidio sería un hecho sin precedentes pues confirmaría que el narcotráfico está utilizando a la prensa como carne de cañón para presionar políticamente a las autoridades públicas para alcanzar sus fines. Esto señalaría el inicio de una nueva forma de violencia del crimen organizado contra el periodismo”.

Dos ilustraciones que ejemplifican el análisis de Freedom House, organización con sede en Washington, con respecto a la situación actual en México: “Impunidad y violencia acicatean la libertad de expresión en México. Periodistas y medios de comunicación, en menor medida, sufren una escalada de ataques que en la última década se han incrementado progresivamente, al punto que desde hace varios años el país se ubica en los primeros lugares en el mundo por los asesinatos, desapariciones y agresiones a periodistas. Instituciones de procuración de justicia débiles se ven rebasadas y los agresores siguen en las calles, sin castigo por sus crímenes. La respuesta del Estado mexicano ha sido incierta y pobre. Y tampoco ofrece garantías para que el periodista trabaje con libertad e independencia. Se impone la autocensura, porque hay poderes fácticos que amenazan sus vidas. Pero también porque funcionarios públicos los amedrentan y persiguen”.

Crisis de seguridad generalizada para periodistas en México

En junio de 2018, los relatores sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentaron un informe conjunto durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, tras su visita a México a finales de 2017.

Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia © Plumas libres

Señalaron que el país “atraviesa una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de la población. Uno de los aspectos centrales de la crisis es el debilitamiento del estado de derecho y la gobernabilidad a nivel local que se ha extendido en el país” y que “persisten prácticas intimidatorias contra la prensa, como agresiones directas o la discrecionalidad en la publicidad oficial”.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (201-2018) han sido señalados incluso con bastante cobertura mediática algunos actos de parte del gobierno encaminados a intimidar y limitar la cobertura de comunicadores a través por ejemplo, del uso del software espía Pegasus así como con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

En junio de 2017, la revista The New York Times publicó un reportaje titulado “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México” en el que informaron que periodistas y activistas mexicanos habían sido espiados con un software adquirido por el gobierno, llamado Pegasus. Pegasus se infiltra en los teléfonos y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia. La empresa expresó que venden esta aplicación en “forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas” y que solamente un juez federal puede dar la autorización de vigilar comunicaciones privadas al demostrar que se tiene un caso bien armado para realizar esa solicitud.

Así mismo, la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19 expresaron su preocupación ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en diciembre de 2017 y señalaron que el derecho a la información se vulnera a través de su artículo 9 en el que se indica que la información que se genere con motivo de la aplicación de esta ley, será considerada de Seguridad nacional por lo tanto, toda información que surja de las actividades realizadas por autoridades en sus funciones de seguridad interior serían consideradas como reservadas.

Entre las recomendaciones incluidas en el informe de los relatores sobre libertad de expresión de la ONU se encuentran derogar la Ley de Seguridad Interior, realizar una investigación independiente por el uso del software espía Pegasus, mostrar voluntad política para reforzar las medidas de seguridad y protección para los comunicadores, garantizar una cooperación y coordinación efectivas entre los niveles federal y estatal para ello, contrarrestar la concentración en los medios de comunicación, en particular en la radiodifusión y la televisión de paga o, ampliar el acceso de los pueblos indígenas a la radiodifusión comunitaria.

Si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior a mediados de noviembre de 2018, muchas otras preocupaciones planteadas por los relatores en su informe siguen sin atenderse.

Agresiones a periodistas en México: un preocupante repaso

Periodistas asesinados en México, Ciudad de México, noviembre de 2018 © Artículo 19

El informe #Democracia Simulada, Nada que aplaudir que Artículo 19 publicó en 2018, señala que de las agresiones contra comunicadores cometidas durante el actual sexenio, nada más un 8% fueron cometidas presuntamente por integrantes del crimen organizado mientras un 48% lo fueron por funcionarios públicos. “México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan informar son solo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada, como Siria. Así, en 2017 documentamos 507 agresiones contra periodistas y 12 asesinatos. A lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado 1,986 agresiones”.

Haciendo un breve pero preocupante repaso, por la historia más reciente de México, “en los últimos 64 años, al menos 289 periodistas han sido asesinados en situaciones que podrían estar ligadas con su actividad periodística”, según un recuento hecho por la Unidad de Datos de Sin Embargo.

Durante los últimos tres sexenios, Artículo 19 ha documentado el asesinato de 120 periodistas en México, posiblemente relacionados con su labor periodística. Del total, 111 son hombres y 9 son mujeres. De éstos, 48 se han registrado durante el actual mandato del presidente Enrique Peña Nieto: 11 en Veracruz, estado con el mayor número de asesinatos en este sexenio.

Otro modo cruel de ejercer la violencia contra los periodistas es la desaparición y es que México reconoce oficialmente que hay más de 35 mil personas desaparecidas. Entre ellas, Artículo 19 tiene contabilizados 24 periodistas desaparecidos en los últimos 15 años.

Manifestaciones para obtener justicia en el asesinato de Mario Gómez, Chiapas © SIPAZ

También vale la pena subrayar otra forma de agresión que son los allanamientos a casas de periodistas u oficinas de los medios en los que trabajan. Además de lo que se pueda robar en sí, incidentes de este tipo suelen reforzar la percepción de indefensión para los comunicadores. En uno de los ejemplos más recientes, en abril, sujetos desconocidos allanaron la oficina de la agencia de noticias Quadratín Guerrero, en Acapulco, de la que sustrajeron un disco duro, dos computadoras y documentos.

Otra fuente de amenazas que ha ido en auge ha sido el uso de medios sociales. Por ejemplo, en mayo el reportero del medio digital Piñero de la Cuenca, en Tuxtepec, Oaxaca, Juan Alberto Carmona Contreras, fue amenazado de muerte a través de Facebook.

Un caso que ha sido muy mediatizado fue del acoso judicial contra Carmen Aristegui quien fue despedida de MVS en 2015 después de publicar una investigación sobre la “Casa Blanca”, propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, caso que documentaba una situación de conflicto de intereses. Es de destacar también que en el caso del software Pegasus una de las personas vigiladas era el hijo de Aristegui cuando aún era menor de edad.

Según el Informe Estadístico actualizado al mes de septiembre de 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) actualmente cuenta con 54 expedientes en trámite donde los delitos denunciados contempla a mujeres como víctimas directas. Representan el 21.8% del total de expedientes en trámite. Los estados donde se cometen más delitos en contra de mujeres que ejercen profesiones relacionadas con la libertad de expresión son la Ciudad de México, Quintana Roo y Veracruz. Los delitos cometidos en contra de estas mujeres van desde amenazas, abuso de autoridad, privación ilegal, lesiones hasta el homicidio, pasando por el robo, intimidación, daño a la propiedad etc…

Impunidad y limitaciones de las respuestas gubernamentales dejan a los periodistas en situación de indefensión

Justicia para periodistas © Global Media

Un informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) arrojó que si bien la impunidad en México era alta para todos los delitos, en el caso de las agresiones y crímenes contra periodistas, era casi total. «En un contexto generalizado de violencia los periodistas son un blanco porque se exponen más que otros ciudadanos, porque investigan y además están expuestos a la falta de derecho», aseguró el CPJ.

En octubre tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde se reunieron Procuradores y Fiscales de todo el país. En ella se aprobó el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Importantes organizaciones civiles tales como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas, CIMAC o Artículo 19, consideran que si bien es un paso importante recuerdan que “este protocolo, si bien constituye una herramienta necesaria para la procuración de justicia y el combate a la impunidad en delitos cometidos contra la libertad de expresión, se requiere un modelo de procuración de justicia autónomo e independiente respecto al poder ejecutivo; depuración del personal de las instituciones ministeriales; capacitación idónea a funcionarios ministeriales; debida independencia de servicios periciales, y dotar de recursos humanos, financieros y materiales a la FEADLE y a las fiscalías o unidades locales que desplieguen estas investigaciones”.

Por otro lado, desde agosto, se han lanzado alertas ante la falta de los fondos necesarios para el funcionamiento del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas creado en 2012 ante las agresiones y amenazas que han sufrido estos sectores. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) resaltó que supone “un riesgo para las 959 actualmente beneficiarias del Mecanismo; también ocasionaría que nuevas personas en riesgo no pudieran recibir protección”. Afirmó que “la insuficiencia presupuestal resulta contraria al esfuerzo institucional que ha desplegado el Estado mexicano para hacer frente a la gravedad de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el país”. Legisladores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) igualmente urgieron al gobierno federal a transferir los recursos para evitar que los defensores y periodistas beneficiados se queden sin protección.

Otra fuente de restricción a la libertad de expresión: la asignación de la publicidad oficial

Prensa, no disparen © Desinformémonos

En noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a la organización Artículo 19, obligando el Congreso a regular los recursos públicos destinados a propaganda, mismos que superan los 2.000 millones de dólares desde 2013. La SCJN consideró que la ausencia de regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual “constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución (…) propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del Gobierno y niegue el acceso a esos recursos -o simplemente se amenace con restringirlo- a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del Gobierno”.

En abril de 2018, el Senado de la República aprobó una ley de Comunicación Social que pretende responder a la sentencia. Dicha Ley es también conocida como #LeyChayote (por el nombre del soborno que se puede dar a los periodistas y medios de comunicación). El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humano en México expresó ante el texto aprobado: “Al adoptar la Ley de Comunicación Social sin tomar en cuenta estándares internacionales de DDHH, se ha perdido una oportunidad histórica de corregir las malas prácticas que existen en torno a la asignación de la Publicidad Oficial en México”. Por su parte, el Colectivo Medios Libres integrado por periodistas, medios de comunicación, organizaciones civiles, académicas y empresariales, lamentó que el texto sólo legalizó la propaganda política disfrazada de información sin lograr una regulación de fondo. Denunció que sigue permitiendo “un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”.

Pendientes urgentes para el gobierno entrante

© Artículo 19

Los datos y ejemplos atestiguan que la situación es muy grave. Desde la academia también reconocen esta situación, así el maestro Salvador Mora Velázquez, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que: “Lesionar a un periodista es atentar contra la libertad de expresión” porque “golpea negativamente la calidad de la democracia de este país, al amenazar la calidad de información que recibe el ciudadano”.

“Para fortalecer la libertad de expresión en México, el nuevo gobierno debe destacar el papel del periodismo como un “perro guardián de la democracia”, afirmó por su parte Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH a mediados de noviembre en este mismo sentido.

Diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte, reconocen que la libertad de expresión es un derecho fundamental. La dificultad está a la hora de llevarlos a la práctica ya que entran en juego diferentes intereses. México está enfrentando varios desafíos en este sentido. Eso es otro de los múltiples pendientes que tendrá que asumir el gobierno entrante en diciembre.