Fuerzas Armadas, la apuesta del Gobierno de México para la “seguridad”

En las últimas décadas hemos sido testigos de cómo los gobiernos han engrosado el poder de los cuerpos castrenses del país. Esto obedece principalmente a la apuesta por la “securitización”, particularmente de las fronteras, a cargo de las fuerzas armadas debido a la implementación de políticas migratorias que han surgido de diversos acuerdos firmados entre México y Estados Unidos; las cuales, han resultado en una militarización sin precedentes que apunta a lo que algunos analistas describen como el traslado de la frontera sur de Estados Unidos hacia la frontera sur de México.

Un antecedente significativo se dio durante el gobierno de Vicente Fox, cuando se implementó la llamada “Operación Centinela”, la cual respondía a la petición del gobierno de Estados Unidos, encabezado en ese momento por George Bush, de proteger sus fronteras tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Durante su ejecución se desplegaron más de 18 mil elementos de las Fuerzas Armadas y otros 12 mil de la Policía Federal Preventiva en las fronteras norte y sur de México, así como en aeropuertos, pozos petroleros, puertos y comunidades con una presencia importante de estadounidenses. Dicha operación significó también una estrategia de control migratorio y el inicio de la militarización de la política migratoria que se ha desarrollado e intensificado en los últimos años.

A la Operación Centinela le siguió el Plan Sur, el cual tenía por objetivo la contención de migrantes provenientes principalmente de Centroamérica y mediante el cual se desplegaron miles de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y el Ejército para constituir dos cinturones de seguridad en el sureste mexicano, específicamente en el Golfo de México y la costa del Pacífico. Curiosamente en la zona en la que se tiene planeado implementar el mega proyecto del Corredor Interoceánico.

Posteriormente, durante el gobierno de Felipe Calderón y su guerra contra el crimen organizado, se consideró a la migración como un asunto de seguridad nacional, lo cual significó que sería tratada de manera similar al narcotráfico y delitos parecidos. Derivado de esto surge la “Iniciativa Mérida” que supuso un acuerdo de cooperación entre México y Estados Unidos; en ella, el gobierno de Estados Unidos se comprometía a “proporcionar asistencia a México para romper el poder y la impunidad de las organizaciones criminales, reforzar la frontera, y los controles aéreos y marítimos, mejorar la capacidad de los sistemas de justicia en la región, y reducir la actividad de pandillas y disminuir la demanda local de drogas”. Esta asistencia se tradujo en una inversión de unos 1.500 millones de dólares para la compra de equipos, incluidos aviones y helicópteros en apoyo a las fuerzas de seguridad mexicanas.

En 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, anunció el “Programa Integral para la Frontera Sur”, mediante el cual, México se alineó nuevamente a los intereses de la política inmigratoria de Estados Unidos impulsada por Barack Obama, la cual continuaba en la lógica de contención de los flujos migratorios hacia el norte. Para la operación de dicho programa se creó la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y se dio un primer blindaje de la frontera con Guatemala con la llegada de 5.000 elementos de la Gendarmería Nacional, altamente especializados en tácticas de seguridad y de inteligencia entrenados por la Secretaría de Marina, bajo el lema “Seguridad para el desarrollo y desarrollo para la seguridad”.

Con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos (2017), los discursos xenófobos y racistas alcanzaron su punto más álgido y con ellos aumentaron también las presiones hacia México de intensificar el control de sus fronteras.

No obstante, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se esperaba que, pese a las presiones, la forma de abordar el tema migratorio se diera de forma distinta y apuntara hacia un enfoque de respeto y garantía de los derechos humanos. De hecho, al inicio de su mandato, dentro de los nombramientos de funcionarios, designó a Tonatiuh Guillen como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), lo cual significó un gran avance pues era la primera vez que un académico experto en temas migratorios y no alguien vinculado a la seguridad pública ocupaba dicho puesto. Casos similares fueron los de Andrés Ramírez, quien quedó como titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y Alejandro Encinas para la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, en octubre de 2018 surgió el fenómeno de las “Caravanas Migrantes”, mediante las cuales, contingentes de miles de personas partieron de Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos. La reacción de México, aunque no fue de puertas abiertas y en algunos puntos del camino utilizó a las fuerzas de seguridad para evitar el avance, sí fijó una postura extraordinaria, al estar en el ojo de la prensa internacional y por la petición que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo a los países involucrados para garantizar los derechos humanos de los migrantes, optó por dar asistencia humanitaria y facilitar el trayecto en algunos tramos del recorrido, así como por entregar visas humanitarias y de trabajo temporal. La reacción de Trump ante la situación fue amenazar con cortar la ayuda económica a Honduras, El Salvador y Guatemala, si no impedían que sus ciudadanos entraran a Estados Unidos de forma ilegal; e imponer a México un ultimátum: en un plazo de 45 días debía modificar sus políticas migratorias o de lo contrario habría una imposición de aranceles a productos mexicanos que ingresaran a EUA, lo que suponía una guerra comercial importante y ponía en peligro el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Debido a esto, en junio de 2019, después de duras negociaciones, Marcelo Ebrard anunció la firma de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos y el Acuerdo Complementario entre los Estados Unidos de América. En el cual se mencionaba: “México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur”.

Así, con el fin de cumplir con el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, se han desplegado elementos de las Fuerzas Armadas por todo el territorio, quienes hasta enero de 2022 sumaban 28 mil 397, de los cuales 13 mil 663 corresponden al Ejército, 906 a la Marina y 13 mil 828 a la Guardia Nacional.

Además, se regularon las atribuciones de la Guardia Nacional, otorgándole la autorización para realizar, en coordinación con agentes migratorios, la inspección de documentos y de remisión de las personas migrantes. Actividades que en ocasiones han sido apoyadas también por elementos del Ejército y la Marina.

Dentro de este contexto, como señala la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) en su informe “Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México”, “la participación militar ha incrementado el número de detenciones arbitrarias, violaciones al derecho a solicitar y recibir asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado, discriminación racial, violencia contra las mujeres, uso excesivo de la fuerza y omisiones que han llevado a la pérdida de vidas, la mayoría de las cuales han quedado en la impunidad”.

La particular relación de López Obrador con las Fuerzas Armadas, a quienes en lo que va de su mandato ha entregado la gestión de puertos marítimos, la construcción de aeropuertos civiles y vías ferroviarias, la aplicación del plan de vacunación nacional, y el control de la llegada masiva de migrantes a territorio mexicano, así como la asignación de puestos claves en el INM a ex militares, son muestra de cómo el Gobierno de México continúa apostando por el control a través de las Fuerzas Armadas, a quienes dota cada vez más de mayores capacidades y poder.

Chiapas, los efectos de la militarización en un estado fronterizo

A pesar del gran despliegue de fuerzas armadas en la frontera sur para el control migratorio, los flujos continúan, incluso han tendido a aumentar. Ya sea por las rutas tradicionales o buscando nuevos caminos y formas, las personas siguen emprendiendo viajes hacia el norte en busca de una mejor vida. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 400 mil personas transitan por México anualmente.

Llama la atención que pese a la gran cantidad de retenes tanto del INM como de GN y Ejército que se localizan por todo el estado, en los últimos meses han sido varias las tragedias en las que se han visto involucrados vehículos, principalmente trailers, cargados de migrantes. Esto, señalan organizaciones defensoras de derechos de las personas migrantes, es uno de los tantos efectos de la militarización, pues “en muchas ocasiones, son los propios servidores públicos quienes cometen los delitos y violaciones a los derechos humanos (generalmente extorsión, detenciones arbitrarias y abuso de autoridad); o bien, se encuentran vinculados al crimen organizado que domina en la región, en especial agentes del Instituto Nacional de Migración, policías municipales, estatales y fuerzas federales (policías especiales, Ejército, Marina y Guardia Nacional), lo que aumenta la posibilidad de la comisión de delitos como trata de personas o desaparición forzada”. En el caso de las mujeres, se han documentado también, numerosos abusos por parte de agentes de las fuerzas de seguridad, tanto de índole sexual como de abuso de la fuerza.

En ese sentido, desde 2014 hasta 2021, la OIM documentó que 3 mil 59 personas han muerto en su tránsito por la frontera entre México y EUA, y 659 en las rutas migratorias a través de México; además, según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Segob, de 2016 a 2020, 3 mil 732 personas migrantes manifestaron haber sido víctimas de delitos en su tránsito por México, predominando el robo, la extorsión, el tráfico ilícito de migrantes y delitos contra la libertad como secuestro y retención ilegal. Sin contar las desapariciones que en muchas ocasiones no se denuncian. Señalan que el 44% de dichos delitos se cometieron en Chiapas.

De igual manera, el número de detenciones desde el 1º de diciembre de 2018 que inició el gobierno de López Obrador, hasta febrero de 2022, asciende aproximadamente a 846 mil 477, rompiendo el récord de gobiernos anteriores. De estas detenciones, el mayor número se ha registrado en Chiapas.

No es de extrañarse la cantidad de detenciones y delitos cometidos a personas migrantes en territorio chiapaneco, pues ha sido uno de los estados con mayor despliegue de elementos de fuerzas de seguridad con el fin de sellar la frontera. Sumado a eso, se hace cada vez más evidente la fuerte presencia de grupos del crimen organizado, lo cual aumenta la vulnerabilidad de las personas en movilidad.

Si bien las prácticas que se han implementado para contener la migración vulneran a migrantes provenientes de otros países, es cierto que ponen en riesgo y violentan también los derechos de personas mexicanas al invadir la privacidad y obstaculizar el libre tránsito. Un ejemplo de esto podemos verlo claramente en las carreteras que atraviesan el estado, las cuales están llenas de retenes que muchas veces al azar, detienen y revisan vehículos lo que ha provocado que los tiempos de traslado hayan aumentado hasta en más de dos horas. Además, durante estas revisiones se realizan interrogatorios y solicitudes de documentos motivados principalmente por el aspecto físico de las personas.

Una expresión más violenta de las violaciones a derechos humanos de nacionales que se han observado, han sido los casos en que mexicanos que se encuentran migrando, principalmente hacia los estados del norte para trabajar en campos de cultivo o como consecuencia de desplazamiento forzado, han sido deportados junto con grupos de migrantes centroamericanos, evidencia de los malos procesos en detenciones y deportaciones por parte de las autoridades correspondientes.

Además, el establecimiento de bases y cuarteles militares en territorios indígenas ha traído consigo despojo territorial y, como señalan habitantes de estas comunidades, han podido sentir los efectos negativos de la presencia militar en su territorio como la prostitución, el consumo de drogas, aumento del alcoholismo y la división comunitaria que se ha acentuado con el tiempo.

Cabe señalar que el despojo de tierras ha provocado también la criminalización de defensores del territorio que se oponen a ello, un ejemplo de esto es el caso de los defensores comunitarios Cesar Hernández y José Luis Gutiérrez, indígenas tseltales procesados por el delito de motín desde el año 2020 luego de manifestarse en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Este acoso y criminalización han sido una constante hacia quienes históricamente han sido defensores de su tierra y territorio contra la militarización y los megaproyectos.

¿Hacia dónde vamos?

A partir de la forma en la que en los últimos años el Estado mexicano se ha planteado la gestión del territorio, en la cual, del año 2000 a la fecha, los militares mexicanos ampliaron sus funciones a otras áreas de gobierno supuestamente diseñadas para tener una dirección civil, no militar. Y tomando en cuenta la afinidad de López Obrador hacia los cuerpos castrenses, parece fácil vislumbrar que esta tendencia a la militarización va a continuar e incluso podría acentuarse.

Como muestra tenemos a la GN, que desde su creación ha crecido en un 102.50%, pasando de 56,191 efectivos en 2019 a 113, 833 al día de hoy; y la reciente iniciativa lanzada de colocar a la Guardia Nacional bajo control de la Secretaría de la Defensa.

Como señala en el informe “Bajo la bota”, “estas modificaciones al perfil de las Fuerzas Armadas confirman la tendencia histórica reciente en el país: ninguna de las fuerzas políticas que se han alternado el poder en México desde el año 2000 está dispuesta a afectar, disminuir, o suprimir los privilegios de las Fuerzas Armadas que las mantienen como instituciones autónomas, alejadas en la práctica de los procesos de transparencia y la rendición de cuentas”. “Todas las evidencias apuntan hacia el sostenimiento de la autonomía castrense y la militarización persistente, orgánica y creciente”, recalca.

Este proceso de militarización de la seguridad pública ha sido calificado por diferentes órganos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos, como una estrategia inadecuada e insuficiente para la protección de los derechos humanos; con la consecuencia de incrementar las violaciones a los derechos humanos, y en contra del paradigma de seguridad humana o ciudadana.

Por lo que, desde diferentes organismos, se han hecho varias recomendaciones al Gobierno de México y se han tomado acciones para instar a que se aborden desde otra perspectiva la migración y la seguridad, principalmente desde un enfoque de garantía de los derechos para todas y todos.

A este respecto, diversas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y el Programa de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae para la acción de inconstitucionalidad 62/2019 respecto a las Leyes Secundarias de la GN. Destacaron que el amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a ese cuerpo de seguridad militarizado “por los riesgos y consecuencias que tiene su involucramiento en tareas migratorias para los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”.

El amicus presenta información documentada sobre abusos y violaciones a derechos humanos de los migrantes cometidas por la Guardia Nacional, como agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de los migrantes en tránsito, uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante y casos de tortura en estaciones migratorias. “Dicha información permitirá que la SCJN, al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad, cuente con insumos sobre los riesgos de otorgar facultades en materia de control y revisión migratoria a un cuerpo de seguridad con características y composición castrenses”, añadieron.

Las organizaciones recordaron que la acción de inconstitucionalidad 62/2019 fue promovida desde julio de 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al señalar que diversas disposiciones de la referida Ley son contrarias a los derechos humanos; sin embargo, a tres años, la SCJN continúa sin resolverla.

Por otra parte, el pasado 10 de junio, los presidentes de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y México, firmaron la Declaración de Los Ángeles. A través de esta Declaración, los países de las Américas reconocen la urgente necesidad de trabajar de manera colaborativa para proteger la dignidad, la vida y los derechos humanos de todos los migrantes con independencia de su condición migratoria, menciona la OIM en un comunicado.

Mediante la declaración, los países firmantes se comprometen a “fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos para crear las condiciones de una migración segura, ordenada, humana y regular, y de consolidar los marcos para la protección y la cooperación internacional”.

Así mismo recalcan: “estamos decididos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas apátridas, con independencia de su condición migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales. Nos proponemos mantener una cooperación directa para facilitar una migración segura, ordenada, humana y regular y, cuando sea pertinente, promover los retornos seguros y dignos, en consonancia con la legislación de los países, el principio de no devolución y nuestras respectivas obligaciones conforme al derecho internacional”.

Esta Declaración parece pertinente ante el contexto, sin embargo, a pesar de la voluntad y compromisos expresados en ella, habrá que esperar que la implementación no se haga nuevamente optando por “garantizar la seguridad a través de las fuerzas armadas” pues como menciona Michael Chamberlin, “no existe experiencia en el mundo en la que un ejército haya podido garantizar la seguridad ciudadana y la paz”.