E n lo que se ha llegado a caracterizar como crisis de derechos humanos en México, son muchos los ejes temáticos en los que no se ve un avance significativo a la fecha.

En mayo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, México llegó a 100.000 personas desaparecidas. El Movimiento por nuestros desaparecidos aclaró que es una cifra poco precisa ya que existen muchos casos que no han sido registrados. Michelle Bachelet, alta comisionada de ONU para los Derechos Humanos, afirmó que sólo en 35 casos de las desapariciones registradas se ha condenado a los autores. Instó al Gobierno Mexicano a “poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abuso de extraordinaria amplitud, y para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

En el primer semestre, ocurrieron 12 asesinatos de periodistas, 4 casos de desplazamiento interno forzado y dos de exilio ante la ausencia de garantías que les permita ejercer su labor de manera segura. Fue un total de 331 ataques (el 26,59% afectando a mujeres). Según la organización Artículo 19, “el hecho de que cada 14 horas se agredió a la prensa en el primer semestre de 2022 demuestra que la violencia contra periodistas y medios no ha podido ser frenada. Al contrario, el aumento en la violencia letal habla de un agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad (…). La persistente violencia contra la prensa enfatiza la ausencia de las autoridades (…) las cuales han sido omisas e incapaces de generar estrategias que enfrenten las causas de la violencia contra la prensa”.

En mayo, se realizó en Chilpancingo, Guerrero, el primer encuentro nacional de Desplazados, donde participaron personas víctimas de desplazamiento forzado de Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Quintana Roo y Ciudad de México. Víctimas aseguraron que ni los gobiernos anteriores ni el actual “han resuelto nuestra situación”. Este encuentro fue una oportunidad para llegar a acuerdos, entre ellos la importancia de atender las causas más profundas del desplazamiento.

En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) pidieron al Gobierno mexicano materializar la reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos ya que, en la actualidad, dichos pueblos siguen sin poder ejercer a plenitud sus derechos y siguen enfrentándose a la discriminación, la pobreza, marginación y despojo; ello, a pesar de que existen leyes y tratados nacionales e internacionales que establecen su libre determinación. La CIDH subrayó que “los principales escenarios de confrontación han girado en torno a proyectos de explotación de recursos naturales e interpretaciones divergentes entre las comunidades y autoridades estatales u otros actores sobre la implementación de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado”. Instó a “promover los espacios de diálogo y concertación (…) para abordar los distintos temas y preocupaciones de derechos humanos de conformidad con los estándares internacionales”.

En junio, durante el evento de apertura de los archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los Derechos Humanos, cometidas entre 1965 y 1990, el general Crescencio Sandoval, defendió el actuar del ejército afirmando que siempre ha estado a favor del pueblo mexicano. Notificó “que el presidente Andrés Manuel López Obrador, autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos durante la Guerra Sucia en el monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas.” Frente a ello hubo manifestación y gritos al interior del recinto, porque se consideró esta decisión como una ofensa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó preocupación cuando “se pretend[e] equiparar a las víctimas de esas violaciones con los soldados que cometieron esas violaciones y que, si bien pudieron haber caído en esas acciones, de modo alguno pueden tener el mismo tratamiento de quienes sufrieron vejaciones, detenciones arbitrarias, violaciones graves, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, etc.”.

Igualmente, en junio, a tres años del despliegue de la Guardia Nacional (GN) en las fronteras norte y sur con fines de control migratorio, varias organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae para la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019, señalando que las atribuciones migratorias de la GN son contrarias a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional. Consideraron que “son el resultado de la naturaleza y composición de la GN como un cuerpo militarizado, con más del 80% de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos”. Detallaron que “de 99.946 elementos desplegados (…), 15.822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9.298 elementos en estados de la frontera sur”. Ello sin contar con los integrantes de la GN desplegados al interior del país para realizar tareas de control y verificación migratoria; “además de haberle sido asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias”.

Ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en agosto de integrar la GN al Ejército, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) alertó que este decreto, “además de ser contrario a la Constitución, da pie a una concentración de poder en las fuerzas armadas que puede representar un riesgo a futuro”. La estrategia de militarización ha sido cuestionada desde hace años a raíz de los múltiples casos donde la presencia de fuerzas armadas para combatir al crimen organizado ha implicado saldos sangrientos y graves violaciones a los derechos humanos. La postura del presidente resulta preocupante porque “se asume como el defensor de los militares y se coloca del lado contrario de las víctimas”, dijo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

CHIAPAS: Espiral de violencia sigue cruzando distintas geografías en el estado

En los últimos meses se ha informado sobre enfrentamientos en el municipio de Frontera Comalapa, en particular en San Gregorio Chamic. Desde julio de 2021, la zona fronteriza de Chiapas ha estado marcada por la violencia derivada de la lucha por el control territorial entre grupos criminales. Se han reportado bloqueos, desapariciones, secuestros y enfrentamientos con armamento de alto calibre. Se ha registrado por lo menos 30 personas desaparecidas. Debido a la violencia, cientos de familias han sido desplazadas de sus comunidades sin tener la posibilidad de un pronto retorno.

Otra zona con cierta presencia mediática ha sido Pantelhó. En mayo, un grupo de aproximadamente 100 personas del grupo de Autodefensas “El Machete”, tomaron las instalaciones del Congreso del Estado para exigir la destitución del consejo municipal elegido en diciembre de 2021. Esto después que el actual presidente concejero, Pedro Cortés, fue retenido y obligado a firmar su renuncia después de haber despedido de su cargo al contador Pedro Gómez por un supuesto mal uso de recursos públicos. En junio, Pedro Cortés fue detenido por su presunta participación en la desaparición de 19 personas en este municipio en julio de 2021, mismas que fueron vistas por última vez después de ser detenidas por “El Machete”. Cortés López se deslindó de la desaparición de los 19 y acusó a “El Machete” de diversos delitos como saqueo del erario municipal. En julio del año pasado, indígenas de Pantelhó decidieron armarse para detener el asedio del crimen organizado en su municipio, las 19 personas detenidas siendo señaladas como partícipes o cómplices del “Cartel de los Herrera”, que por más de 12 años cometió diversos delitos como asesinatos y desapariciones forzadas, “pero ahí nunca intervino el gobierno”, dijo Cortés.

En un hecho que fue cubierto por medios nacionales e internacionales, en junio, varias personas armadas y encapuchadas tomaron el control de una parte de San Cristóbal de Las Casas. Según vídeos, fotos y testigos presenciales, dispararon, quemaron vehículos y bloquearon calles durante casi cinco horas. Mientras, varias personas civiles se escondieron en hoteles, tiendas y escuelas, intentando llamar a las autoridades, pero por horas ni la policía ni el Ejército ni la Guardia Nacional vinieron a detener a las personas armadas o ayudar a la gente atrapada, incluyendo niños y niñas en los colegios. Cuando empezaron a llegar policías y militares, los grupos armados ya se habían retirado. Varias fuentes explican que ese conflicto se trata de una disputa por el control del mercado, otros lo vinculan al anuncio del Ejército el día anterior de que mandaría a unos 500 soldados a la zona de Los Altos. El presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas reconoció que los cuerpos policíacos de la ciudad están rebasados por estos grupos civiles armados por lo que pidió ayuda a las autoridades estatales y federales: “Nos superan en número y armamento”.

Igualmente, en junio, se intentaron realizar elecciones extraordinarias en Oxchuc bajo el régimen de usos y costumbres. Es el único municipio de Chiapas que logró el reconocimiento legal de esta forma de elección al margen de partidos políticos. En diciembre de 2021, se inició un nuevo proceso de elección, pero se truncó por hechos violentos, incluidos bloqueos carreteros, quemas de casas y vehículos, así como personas muertas y heridas. Las nuevas elecciones convocadas en junio nuevamente quedaron truncadas. Desde días antes por semanas después, se reportaron bloqueos de carreteras y enfrentamientos en los cuales se registraron enfrentamientos armadas, viviendas incendiadas, así como una persona muerta.

En otra parte del estado, en junio fue asesinado el presidente municipal de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz, un homicidio que aumenta a 17 el número de alcaldes caídos en la administración de AMLO. Díaz, integrante del Partido Verde Ecologista de México, inició su período de mandato el año pasado, en una región en Chiapas movida por el tráfico drogas y otras actividades ilícitas. El Congreso del Estado designó un Concejo Municipal. Como presidente concejal nombraron a Luis Valdez Díaz, hermano de Rubén y suplente del diputado local José Antonio Aguilar Meza, quien es primo del senador Eduardo Ramírez Aguilar. Esto provocó la molestia de los pobladores, pues señalan que no fueron consultados. Han montado bloqueos en algunos tramos carreteros. Exigen que la ex síndica municipal, Josefa Sánchez Pérez sea nombrada presidenta pues afirman que es ella a quien por ley le corresponde el cargo.

Finalmente, en julio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció el desplazamiento forzado de 6 familias zapatistas y la quema de sus casas y pertenencias en el municipio autónomo Comandanta Ramona. Ello, por ejidatarios de Muculum Bachajón “encabezados por el comisariado ejidal junto con policías municipales y agentes de protección civil”. Frayba dijo que esta agresión «pone en grave riesgo la Autonomía y la libre Determinación de los Pueblos y denota una grave violación al derecho de seguridad, vida y a la integridad».

Defensores, periodistas y niñez: entre los sectores más vulnerables

En junio, Frayba denunció “la criminalización y fabricación de delitos realizada (…) a Manuel Santiz Cruz defensor de los derechos humanos y Presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, de la Parroquia de San Juan Cancuc, así como de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, los tres, indígenas tseltales [partes del Pueblo Creyente de la misma parroquia]”. Recalcó que estas detenciones se dieron en “un contexto de oposición al desarrollo de la Súper Carretera San Cristóbal – Palenque que forma parte del desarrollo de megaproyectos turísticos en la región impuestos sin consulta previa libre, informada y con pertinencia cultural” y cuando los pueblos tseltales “han manifestado también su desacuerdo ante la presencia del Ejército mexicano y la Guardia Nacional en su territorio”.

Otro ejemplo de criminalización es el padre Marcelo Pérez Pérez, reconocido por su trabajo en pro de la paz y quien ha participado como mediador en distintos conflictos, el más reciente siendo el de Pantelhó. En julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó una orden de aprehensión en su contra. Padre Marcelo expresó: “Mi corazón está muy en paz, porque no he hecho nada mal, al contrario, entré el 27 de julio en Pantelhó para decirle al pueblo que son hijos de Dios y que no caigan en la misma violencia”. Tal parece que con este trabajo “se afectan los intereses de personas y grupos (…) Pareciera el motivo para que se reaccione con persecución, intimidación, amenazas y encarcelamiento”, señaló la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

En cuanto a periodistas, en mayo, Juan de Dios García Davish y María de Jesús Peters Pino, que trabajaban en Tapachula decidieron abandonar el país debido a amenazas de muerte, y por la falta de respuesta de las autoridades para garantizar su seguridad. Ambos periodistas cubrían el tema de migración en la frontera sur. En junio, el periodista Carlos Herrera Hernández denunció amenazas por parte de Jerónimo Ruíz López, líder de locatarios en San Cristóbal de las Casas mientras cubría la protesta realizada por conductores de taxis y combis.

Finalmente, de acuerdo con la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias de Chiapas, de enero a junio de 2022 se han registrado 281 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el estado, más de una desaparición diaria. Además, Chiapas ocupa el 8° lugar en el delito de trata (explotación) de niños, niñas y adolescentes en el país. Del 2015 a mayo de 2022 se tienen documentados 1739 casos de trata de esta población, siendo el 2021 el año con mayor número de casos registrados con un total de 259. 8 de cada 10 víctimas son niñas o mujeres adolescentes.

Iniciativas buscando contrarrestar la violencia

Se han realizado peregrinaciones ante la creciente ola de violencia que ha azotado el estado, en la zona norte del estado (mayo), Chicomuselo (junio), San Cristóbal de Las Casas (junio); y de forma coordinada en al menos 8 municipios en julio. En este último caso, fueron por lo menos 10 mil personas las que se manifestaron para exigir paz. El Pueblo Creyente denunció «todos los atropellos e injusticias que viven nuestros pueblos y comunidades, sobre todo la violencia, la inseguridad y la disputa territorial provocada por el crimen organizado, ante las cuales las autoridades se ven rebasadas, permisivas y coludidas por el sistema de control que el crimen organizado ejerce en el territorio nacional. También existe la amenaza y asesinato a líderes sociales y autoridades municipales, así como amenazas a agentes de pastoral de nuestra diócesis» (Ver Artículo).

Apelando a la presión internacional, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a México en julio para dar seguimiento a las medidas cautelares otorgadas a 22 comunidades de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. Frayba recalcó que de abril de 2021 hasta la fecha se han registrado más de 1.000 ataques con armas de alto calibre de los que han resultado 3 personas asesinadas y varios heridos, entre los cuales se encuentran niñas y niños; además de desplazamientos forzados de por lo menos 4.399 personas.

OAXACA: Nuevo gobernador enfrentará múltiples problemáticas

En junio, con un 59,7% de los votos, el candidato morenista, Salomón Jara Cruz, ganó las elecciones a gobernador. El proceso estuvo marcado por la indiferencia de los electores, que se reflejó en un alto abstencionismo, de alrededor del 62% del electorado, y por la quema de boletas en varias casillas en municipios con conflictos sociales y afectadas por desastres. La elección registró un alto nivel de violencia, con 6 asesinatos y 43 agresiones.

El próximo gobernador de Oaxaca enfrentará una situación preocupante, por la disputa de territorio de siete grupos criminales; el aumento del tráfico de droga, de homicidios y de feminicidios (con un total de 62 muertes violentas de mujeres en lo que va de este año; 644, en lo que va de la administración saliente). El estado tiene 4,1 millones de habitantes, está en los primeros lugares en materia de pobreza, rezago educativo y falta de acceso a los servicios de salud. Además, es el segundo territorio con el peor dato de creación de empleo.

Asimismo, es la entidad con el mayor número de asesinatos de dirigentes agrarios, comunitarios y sociales del país, con un total de 13 crímenes en los últimos 19 meses, de los cuales 6 han ocurrido este año. Esto pese a que ocupa el primer lugar a nivel nacional con respecto a personas defensoras bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Derechos Humanos y Periodistas.

En los incidentes más recientes, en mayo, el defensor de territorio afromexicano y líder campesino de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC), Humberto Valdovinos Fuentes, fue asesinado por dos personas en moto.

En julio, David Hernández Salazar, defensor del territorio contra el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y agente municipal de Puente Madera, fue agredido física y verbalmente. Ha participado en acciones de denuncia y de rechazo al CIIT (Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec).

Ciertamente la defensa de tierra y territorios sigue siendo uno de los ejes de preocupación de muchos procesos organizados. En junio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) canceló el contrato de suministro de energía eléctrica que tenía con la paraestatal francesa Electricité de France (Electricidad de Francia, EDF), lo que implicó la cancelación del parque eólico Gunna Sicarú. Esta decisión fue notificada a la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo que tenía pendiente la resolución de un amparo relacionado con la consulta sobre este proyecto. Los comuneros celebraron la noticia, “un hito en la defensa del derecho a la tierra, el territorio y los bienes naturales de las comunidades indígenas y para la rendición de cuentas empresariales en México y América Latina”. No obstante, un mes después, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunció la continuación del proyecto.

Igualmente, en julio, comunidades y autoridades agrarias que han sido afectadas por el proyecto minero San José y concesiones mineras en territorio zapoteco enviaron una carta pública dirigida a AMLO. Recordaron que durante las asambleas comunitarias municipales y agrarias han decidido “no permitir ningún trabajo de prospección, exploración y explotación minera en nuestros territorios”, por lo que desde 2015 se articularon el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos. Además, recordaron al mandatario que “a inicios del presente sexenio, decretó el fin del modelo neoliberal, además de no entregar ninguna concesión a empresas extranjeras. Ninguna de estas dos declaraciones se ha cumplido en los Valles Centrales de Oaxaca”.

GUERRERO: Una violencia que no da tregua

La violencia tiene múltiples expresiones y el estado de Guerrero las vive diariamente en todo su territorio desde hace ya varios años. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registraron 542 casos de homicidios dolosos en los primeros 5 meses a nivel estatal. Acapulco aparece como la quinta ciudad con más homicidios dolosos en el país. Además, la violencia ha alcanzado la capital del estado: se habla de una ruptura de tregua entre dos grupos del crimen organizado, “Los Tlacos” y “Los Ardillos”, quienes se disputan el control de Chilpancingo. Esta violencia también está presente fuera de las ciudades. En junio, el Concejo indígena y popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que el grupo delictivos “Los Ardillos” tenía tres días atacando las comunidades Tula y Zicotlán en el municipio de Chilapa de Álvarez, usando armas exclusivas del Ejército y explosivos lanzados desde drones. Reclamó que las autoridades “continúan siendo cómplices, al no intervenir, al no detener a ‘Los Ardillos’”.

El contexto puede ser aún más crítica para quienes juegan un papel en la defensa de los derechos humanos. En julio, el sacerdote Felipe Vélez Jiménez, fue atacado por un grupo de hombres que le dispararon mientras iba de Chilapa hacia Chilpancingo. El Centro Católico Multimedial (CCM) informó que, con Vélez, se llegó a seis sacerdotes agredidos en lo que va del presente sexenio. Este hecho ocurre justo cuando la Iglesia Católica se encuentra en una jornada de oración y reflexión para pedir por la paz en México. Dicha jornada se inició a partir del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara ocurrido en junio.

En agosto se cumplió el primer año de la desaparición del defensor Vicente Suástegui, en Acapulco, quien fue capturado por hombres armados. El vocero del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui declaró: “Acapulco ahora es un mar de sangre, se ha convertido en una gran fosa clandestina. Las ciudadanas y ciudadanos adolecen de seguridad. El puerto es tierra de nadie, es gobernado por grupos del narcotráfico y por grupos paramilitares que a plena luz del sol desaparecen gente, asesinan, cobran cuota, amenazan a la gente, hostigan y violan a mujeres”.

Las desapariciones no son una problemática reciente en Guerrero. En junio, se conmemoraron 27 años de la masacre de Aguas Blancas en la que 17 campesinos fueron asesinados en ese paraje del municipio de Coyuca de Benítez por policías y agentes judiciales. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) afirmó que fue “una masacre producto de un operativo contrainsurgente a gran escala, en el que se dispuso todo el aparato de Estado, antes, durante y después del crimen”. “Los responsables desde las estructuras del Estado continúan bajo la protección transexenal del Estado mexicano; la justicia no se reduce a actos protocolarios de perdón y disculpas públicas desde las instituciones perpetradoras, donde se pone en el mismo nivel y naturaleza a víctimas y victimarios con la perversa intención de redimir, purificar y rendir honores al victimario, en este caso el Ejército Mexicano”, sentenció. Tlachinollan declaró que “la desaparición forzada ha sido una constante en el pasado y en el presente, así como masacres perpetradas por las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas. (…) Nuestro estado está marcado por la sangre y la ausencia de indígenas y estudiantes que alzan la voz. En Aguas Blancas, El Charco y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se aplicó la estrategia de contrainsurgente. ¿Qué más esconden los muros de la impunidad?”