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La participación de las FAM en tareas de seguridad pública

P Para comprender el papel que hoy en día desempeñan las fuerzas armadas militares (FAM) en México, es necesario volver la mirada hacia los eventos que desencadenaron la incursión del ejército en acciones de seguridad pública.

En marzo de 1996, 167 diputados de la 56^a legislatura, promovieron una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la participación de las Fuerzas Armadas de México en tareas de seguridad pública. Es decir, los diputados reclamaron que el ejército estaba violando lo establecido en el artículo 129 de la Constitución, que indica que “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Pese a esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificó como constitucional la presencia de las FAM en labores de seguridad pública, siempre y cuando estuvieran “bajo mando de las autoridades civiles”, y que podían actuar a petición de las autoridades civiles y subordinadas a éstas, haciendo énfasis en que la actuación de las FAM no era automática (Rosado Pulido, 2020)

La sombra de otra fuerte problemática en el país vendría a cobijar la idea de que la presencia militar en el territorio nacional era necesaria: la intensificación del tráfico de drogas, misma que hizo que los gobiernos siguientes buscaran combatir el crimen organizado de la mano de corporaciones policíacas y fuerzas armadas, invirtiendo importantes cantidades de dinero en la compra de armas, entrenamiento militar y a través de una serie de reestructuraciones de los cuerpos policíacos.

La reestructuración institucional

A través de la historia, los diferentes gobiernos federales han incluido en sus prioridades la reestructuración de los cuerpos policiacos con diferentes argumentos. Algunos ejemplos clave son la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP) en 1999 durante el gobierno de Ernesto Zedillo. La PFP se definía como elemento central de la estrategia federal para combatir al crimen organizado.

Para el año 2000, Vicente Fox había creado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que tuvo como principal función poner en marcha lo que sería la Policía Federal (PF). Durante el gobierno de Felipe Calderón, México estaba viviendo las consecuencias del alarmante incremento de la violencia, por lo que el exmandatario declaró que esta institución había sido incapaz de servir de modelo para todas las policías del país, y “propuso reorganizar la fiscalía general y crear una policía federal única bajo el mando de un zar policial.” (Cano, Toni, 2008)

Así, en 2009, se creó la Policía Federal como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos objetivos eran entre otros, aplicar y operar la política de seguridad pública. Pese a esta iniciativa, el sexenio de Calderón fue uno de los más sanguinarios, a raíz de la llamada guerra contra la delincuencia organizada, con más de 1000 personas muertas durante los primeros cinco meses de 2007 y repetidas violaciones de derechos humanos por parte del ejército, como el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua de 72 años, “que fue violada repetidas veces, golpeada y torturada por varios soldados en el estado de Veracruz, y murió más tarde a consecuencia de las lesiones” o el caso de “dos mujeres y tres niños menores de 8 años que perdieron la vida en el estado de Sinaloa [quienes] viajaban en una camioneta pickup, que recibió el impacto de 24 balazos disparados por soldados.” (Sipaz, 2007).

En 2012, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Seguridad Publica dejó de existir y se creó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), un órgano que, junto con la Policía Federal, pasó a ser dependiente de la Secretaría de gobernación. Además, durante su gobierno, Peña Nieto creó la división de Gendarmería de la Policía Federal, mediante la cual se buscada implementar un “modelo de operación y gestión policial cercano a la sociedad”, dejando nuevamente la percepción de haber cambiado de título sin cambiar la opción militarizada.

Sin embargo, la Policía Federal se vio involucrada en temas de corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero (Lastiri, 2020), vínculos con el narcotráfico y múltiples violaciones de derechos humanos, incluida la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (Ramírez, 2020), dejando en evidencia los altos niveles de corrupción que se vivía en las instituciones. Lo sucedido en Ayotzinapa fue el parteaguas para que no nada más las organizaciones de la sociedad civil sino la sociedad en general y en forma masiva empezara a reclamar un cambio de modelo.

Las contradicciones del nuevo gobierno y la Guardia Nacional

La elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018, trajo consigo la incógnita de cuál sería el papel del nuevo mandatario frente a las acciones de las fuerzas armadas. En sus declaraciones hechas durante una entrevista realizada por el periódico La Jornada, en el que a un año de haber tomado posesión el mandatario dijo: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos. Que el Ejército y la Marina se convertirían en Guardia Nacional para garantizar la seguridad.” (La Jornada, 2019).

Sin embargo, sus acciones parecían contradictorias, y más tarde se confirmó que el nuevo presidente había decidió continuar con el modelo de militarización que tanto había criticado en sexenios anteriores, afirmando que “en las circunstancias actuales no hay alternativa” y que sería “una irresponsabilidad de su parte” retirar a marinos y militares de las calles, pues dejaría en “estado de indefensión” a las y los mexicanos. Esto dejó en evidencia el desfase entre sus promesas de campaña y la realidad actual del país, lo que parece eliminar toda expectativa de cambio de rumbo en materia de seguridad en este sexenio.

Así, bajo el discurso de que la crisis de violencia que se vivía en México se debía a la “rivalidad” y poca cooperación entre los distintos cuerpos policiales del país (Benítez Manaut, 2018), el presidente se centró desde el inicio de su mandato en la construcción de lo que sería la nueva Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana (SSPC), que sustituiría a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, y propuso la creación de un nuevo cuerpo policiaco que permitiría la desmilitarización progresiva del país: la Guardia Nacional.

El 31 de diciembre de 2019, la Policía Federal fue oficialmente disuelta con la intención de crear un cuerpo policiaco civil donde no hubiera corrupción. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana hizo un acuerdo para que los miembros de la Policía Federal que así lo quisieran fueran incorporados a la Guardia Nacional. Sumado a ésto, recientemente se anunció la transferencia de 57 mil elementos de la Sedena para integrarse en la Guardia Nacional (Jiménez, 2020).

Estas decisiones y acuerdos hicieron nacer el debate por el hecho de que la Guardia Nacional debería ser legalmente civil ya que, con la intención de reforzar esta nueva institución, el presidente ha planteado que elementos del ejército puedan integrar la GN siempre y cuando hayan dejado su puesto militar, lo cual no sucede en muchos casos. Incluso, se ha evidenciado que esta “ha sido dirigida y manejada desde el inicio por militares del Ejército en activo, que igual dan órdenes como jefes policiales que como comandantes de las fuerzas armadas” y que la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) “echó mano de su cuerpo de Policía Militar, pero manteniendo toda su estructura y sus mandos, y solo rebautizándolos con membretes policiales e impartiéndoles algunos cursos.” (Animal Político, 2020).

La reforma constitucional de la Guardia Nacional en la que se atribuyen tareas de seguridad pública a las fuerzas armadas de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, será vigente hasta el 27 de marzo de 2024.

En el documento se enlistan las nuevas facultades otorgadas al ejército, lo que nos permite constatar que su incursión va más allá de la prevención de delitos en zonas urbanas o donde normalmente actúa la policía, sino que además incluye la vigilancia de zonas fronterizas; el control de secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, centros de supervisión; así como el control migratorio y vigilancia de zonas turísticas. Se suman también tareas que eran exclusivas de la Guardia Nacional y que ahora podrán ejecutar las fuerzas armadas: “realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos”, así como “participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos, entre otras (Expansión Política, 2020). El presidente ha desplegado 10.237 elementos de la Guardia Nacional como comisionados para seguridad en instalaciones de Pemex; así como les ha delegado la construcción del nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles”, en el Estado de México. Otro de los encargos del mandatario para el ejército y la guardia nacional es la vigilancia de carreteras y aeropuertos mediante la creación de la Dirección General de Carreteras e Instalaciones, así como la Dirección General de Transporte Aéreo que contará con 84 mil 450 elementos (El Sol de México, 2020).

El presidente López Obrador también impulsó el proyecto de reforma de ley para “transmitir las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre los puertos a la Secretaría de Marina (Semar) (Infobae, 2020), es decir, la militarización de los puertos con la que se intenta desplazar a las autoridades civiles para dar paso a autoridades militares. En ese sentido, Andrés Alcántara Silva, abogado de la Universidad Iberoamericana declaró que “las facultades que actualmente tiene la SCT en la materia pasarán a ser competencia exclusiva de la Marina, desplazando por completo los mandos civiles”. Luego de que, frente a esto, el senador Eruviel Ávila asegurara que no se trata de militarización sino del fortalecimiento de los puertos.

¿Qué representa la militarización para los derechos humanos?

Es importante reflexionar sobre las consecuencias indirectas de la militarización en México, principalmente con la legalización de las nuevas facultades de las Fuerzas Armadas y lo que representan para los derechos humanos. Lo que debe hacerse, según Samuel Storr, Consultor del Programa de Seguridad civil de la Universidad Iberoamericana, no es solamente un análisis de la militarización de las autoridades civiles o de la policiación de las Fuerzas Armadas, sino un análisis profundo del uso de la fuerza y qué tanto es legítima, necesaria y eficaz (Storr, 2019).

En ese sentido, es claro que la ausencia de un marco jurídico que regule el actuar de las fuerzas armadas e incentiven “la transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de responsabilidad” (Rosado Pulido, 2020) ha tenido como consecuencia la manera en la que las FAM han realizado las tareas de seguridad pública. Es decir, al tener una visión de eliminación del enemigo, hacen uso desmedido de la fuerza y los índices de letalidad son altísimos, reflejando violaciones de derechos humanos o pérdidas de vidas humanas. “La Guardia Nacional se convirtió en la antítesis de lo que propuso el gobierno de Morena, y se convirtió en una institución militarizada, donde a la fecha se registran 65 mil 574 muertes violentas; 63 mil 793 homicidios dolosos y mil 782 feminicidios, en lo que va de esta administración y de enero a septiembre de este año, se tienen acumulados 26 mil 954 homicidios dolosos, de los cuales 724 son feminicidios.” (El Dictamen, 2020).

Tal como expresó Christof Heyns, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien estuvo en México en 2013 como Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias “nunca hemos visto que es una buena idea de tener a militares tomando el trabajo de la policía” ya que suelen escalar en vez de disminuir los conflictos (Sipaz, 2020). Por su parte, Olga Guzmán, directora de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) explicó que “durante más de 13 años, la participación de militares en seguridad pública ha incrementado el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, así como delitos como las privaciones arbitrarias de la libertad, el asesinato, la tortura y la desaparición forzada. El uso indebido de sus atribuciones se ha dirigido principalmente en contra de civiles, a quienes les atribuyen pertenencia a organizaciones criminales o su participación en actividades delictivas” (Sipaz, 2020).

Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Guardia Nacional “ha sido acusada por cometer detenciones arbitrarias, intimidaciones, tratos crueles e inhumanos, agresiones contra mujeres, usar arbitrariamente la fuerza, utilizar la violencia de forma desproporcionada, incurrir en actos de tortura y retenciones ilegales”. Sin controles para sancionar a quien incurra en violaciones de derechos humanos, la formación militar de la mayoría de sus integrantes y su presencia cada vez más amplia en las calles son algunos de los factores que, de acuerdo con especialistas, han hecho que la GN ya sume cientos de señalamientos (El Universal, 2020).

Fuerzas armadas, entre corrupción e impunidad

En los últimos años se ha visto como la corrupción dentro de las instituciones castrenses ha provocado que muchos militares y funcionarios de alto mando se vean envueltos en procesos legales. Un caso reciente (2018) es el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Publica con Felipe Calderón y titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) con Vicente Fox, y con otros cargos en el sexenio de Zedillo. García Luna fue acusado de recibir “millones de dólares en sobornos” del exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” (Forbes, 2019)

Otro ejemplo emblemático es el del General Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto quien fue detenido y acusado por lavado de dinero, tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana de 2015 a 2017. Además, estando al frente de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Cienfuegos se caracterizó por la violación a los derechos humanos, es señalado como responsable de la masacre de Tlatlaya[1] y de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ambos ocurridos en 2014 (Flores Meza, 2020). Sin embargo, los cargos en contra del exfuncionario fueron retirados por las autoridades de Estados Unidos y en México no cuenta con ninguna orden de aprehensión hasta ahora. Los vínculos con el crimen organizado y la violación de derechos humanos de Cienfuegos parecen no tener efecto para un proceso legal.

También, el pasado 13 de noviembre se detuvo al primer militar involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes, se trata de José Martínez Crespo, acusado de crímenes como delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada (Sipaz, 2020). “Las Fuerzas Armadas han sido colocadas en un pedestal por un supuesto nivel de confianza, pero no han escapado de la corrupción y abusos” (Flores Meza, 2020). Tal como lo demuestran los recientes exámenes de confianza que se efectuaron entre los miembros de la Guardia Nacional donde 4.339 elementos no pasaron dicha prueba (Gutiérrez González, 2020).

En 2012, la Suprema Corte estableció “que las autoridades civiles debían investigar y juzgar en la justicia penal ordinaria los abusos cometidos por militares contra civiles”. Sin embargo, hubo muy pocos avances en el procesamiento de estos casos durante el sexenio de Peña Nieto. Según la organización Washington Office on Latin America (WOLA) “de 2012 a 2016, se abrieron más de 500 investigaciones contra militares, pero solamente obtuvo 16 condenas” (Human Rights Watch, 2018). Por su parte, la Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, saludó el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce que “los casos de homicidio durante actividades militares donde ambas partes, el sujeto activo y el pasivo, pertenezcan al ejército, competen a la jurisdicción civil y no a la militar.” (ONU Derechos Humanos, 2020).

Sin lugar a dudas, este gobierno ha demostrado seguir la línea de la militarización en materia de seguridad pública. Vemos, después de varios gobiernos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador parece convencido de que llevar más militares a la calle es sinónimo de seguridad. Incluso, el mandatario dijo a mediados del año: «Aunque me critiquen de que quiero militarizar al país voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, estoy convencido de que es necesario». Y aseguró que en caso de que existiera alguna violación de los derechos humanos “se rectificaría”.

No obstante, se ha observado que esas situaciones se han presentado y que sigue habiendo impunidad, no solamente en cuanto a los militares sino a los más altos mandos, que mediante la corrupción encubren los delitos dentro de las instituciones, así sea el Ejercito, la Policía Federal, la Gendarmería, la Guardia Nacional o cualquier otro nombre con el que se le bautice.

Históricamente las Fuerzas Armadas han demostrado que existe una tendencia generalizada al uso de la fuerza desproporcionada y al abuso de poder. El sinfín de casos muestra como la impunidad y la falta de justicia han permitido que más y más violaciones de derechos humanos queden impunes.

 

Notas:

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  © Cuartoscuro

  [1] El 30 de junio de 2014, un convoy militar asesinó presuntamente a entre 8 y 15 civiles, al parecer parte de un grupo de delincuentes que les había atacado previamente. Ocurrió en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, a unas tres o cuatro horas de la capital. Las autoridades detuvieron a los militares y la Fiscalía les acusó de homicidio y alteración de la escena del crimen, entre otros delitos. Sin embargo, un magistrado los dejó libres por falta de pruebas. (Ferri, 2019).

 

Referencias

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• Benítez Manaut, R. (noviembre-diciembre de 2018). México: los militares en tiempos de cambio. Revista Nueva Sociedad (278). Recuperado el 15 de noviembre de 2020, de Nueva Sociedad.
• Cano, Toni. (23 de octubre de 2008). Calderón quiere una policía lejana a los narcos. Obtenido de Diario de Córdoba.
• Clarín. (6 de noviembre de 2020). AMLO: la ONU pidió al presidente de México que revise la militarización de las calles. Obtenido de Clarín Internacional.
• El Dictamen. (4 de noviembre de 2020). México vive época más violenta en su historia: Julen Rementería. Obtenido de El dictamen.
• El Sol de México. (22 de octubre de 2020). Ejército vigilará carreteras y aeropuertos. Obtenido de El Sol de México.
• El Universal. (5 de novembre de 2020). Guardia Nacional, en top 10 de violación de DH. Obtenido de El Universal.
• Expansión Política. (11 de mayo de 2020). AMLO decreta que las fuerzas armadas participen en la seguridad pública. Obtenido de Expansión Política.
• Ferri, P. (3 de julio de 2019). Los militares mexicanos acusados de la masacre de Tlatlaya podrían volver a prisión. Obtenido de El País.
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  Los elementos de la Guardia Nacional repelieron este 20 de enero a cientos de migrantes que intentaron ingresar a México © Reuters

  Flores Meza, D. (22 de octubre de 2020). Corrupción y abuso castrense a la mexicana. Obtenido de La Jornada del Oriente.

• Forbes. (10 de diciembre de 2019). Genaro García Luna: de superpolicía de Calderón, Fox y Zedillo, a preso por narco. Obtenido de Forbes Política.
• Gutiérrez González, R. (19 de noviembre de 2020). 2 de cada 10 militares y marinos reprueban control de confianza en GN. Obtenido de La Silla Rota.
• Human Rights Watch. (4 de octubre de 2018). México: La militarización de la seguridad pública. Obtenido de Human Rights Watch.
• Infobae. (21 de octubre de 2020). Avanza en el Senado la militarización de los puertos propuesta por López Obrador. Obtenido de Infobae
• Jiménez, B. (14 de noviembre de 2020). Transfieren a 57 mil elementos de la Sedena a la Guardia Nacional. Obtenido de Diario mx.
• La Jornada. (1 de julio de 2019). AMLO: el gobierno fue secuestrado; salvó al país su grandeza. Obtenido de La Jornada.
• Lastiri, D. (27 de octubre de 2020). Interpol emite ficha roja contra Jesús Orta y Frida Martínez, exsecretarios de la Policía Federal. Obtenido de El Universal.
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  © Reuters

  ONU Derechos Humanos. (13 de octubre de 2020). ONU Derechos saluda que los homicidios de militares en México sean juzgados por corte civil. Obtenido de Noticias ONU.

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• Sipaz. (13 de noviembre de 2020). Nacional: Detienen a un militar vinculado al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Obtenido de Blog Sipaz.
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