ACTUALIDAD: COVID-19 – Aumentan los impactos sanitarios, económicos y sociales

E n agosto, Mike Ryan, director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que la magnitud de la pandemia por COVID-19 podría estar subestimada en México, debido al bajo número de pruebas que se realizan. También expresó su preocupación por las diferencias en la mortalidad, cuando las personas de bajos recursos tienen cinco veces más probabilidades de fallecer que la gente más acomodada. Para noviembre, México contaba con más de 1 millón de casos y más de 100 mil muertos.

En septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó su segundo informe de gobierno afirmando que “saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud”. Otro tema fue el de la crisis económica provocada por la pandemia: “ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba; ya se están recuperando los empleos perdidos, se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer”, dijo. No obstante, se estima que ya han quebrado más de 100 mil empresas este año, sin apoyos ni programas oficiales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), advirtió que otras 500 mil empresas podrían desaparecer en los próximos 6 meses. Según datos del INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB), cayó un 18.9%.

En octubre, organizaciones civiles publicaron el segundo informe “Situación de las comunidades indígenas y equiparables ante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2”. Reportaron un aumento significativo de casos y muertos en comparación con el informe de julio: una de cada tres comunidades ha presentado contagios y un 35% de los enfermos tuvieron que ser hospitalizados. No obstante, se reveló que el porcentaje de comunidades que toman medidas de protección bajó de 43% a 25%, lo cual se explica -en parte-, por el desgaste económico. “Encontramos un fuerte arraigo en la desconfianza de las personas indígenas con las instituciones de salud, la atención que ahí se provee y la importancia que le dan a las vidas indígenas”, indica el informe. El monitoreo dio cuenta don preocupación de la precariedad laboral y del “gran avance del control de los cárteles”.

Algunos avances legislativos en materia de derechos humanos…

En septiembre, México reconoció la competencia del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas para conocer casos individuales. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro expresó que “no solamente beneficiará a los casos individuales (…); con las recomendaciones estructurales que puede hacer este organismo (…), la propia institucionalidad del Estado se vería fortalecida para afrontar, de manera realmente efectiva, la crisis de desapariciones.” Desde el inicio del gobierno de AMLO, se han detectado mil 257 fosas clandestinas y exhumado mil 957 cuerpos, hecho que para el gobierno “obedece a que se han intensificado las labores de búsqueda”. Las autoridades consideran en otros avances que “ha habido una disminución significativa de la desaparición forzada cometida por autoridades. Más de 90% están asociadas con la delincuencia organizada”.

En septiembre, fue aprobada la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, aunque la Secretaría de Hacienda informó que no hay recursos para ello. Unos días antes, en el marco de la 106ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia católica pidió a las autoridades atender “este fenómeno que, en México, cada día va en crecimiento a causa de la inseguridad y la violencia generada por el crimen organizado a través del asesinato, desaparición, reclutamiento forzado, extorsión, robo, despojo, amenazas, hostigamiento o la intimidación y el miedo; la pobreza extrema, el abandono en que viven muchas comunidades especialmente indígenas y, en muchas ocasiones, los desastres naturales”.

En noviembre el Senado ratificó el Acuerdo de Escazú, que busca garantizar los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia ambiental. Se trata de un instrumento internacional firmado en Costa Rica por 24 países en 2018. “Es muy trascendente para México porque establece disposiciones en materia de generación, divulgación y acceso a la información ambiental y aborda la generación de un entorno seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, detallaron las Naciones Unidas.

…Y, todavía, muchas problemáticas por atender …

En agosto, AMLO acusó a organizaciones civiles de recibir dinero de fundaciones extranjeras para oponerse a los megaproyectos de su administración (uno de ellos, el Tren Maya). Las organizaciones señaladas respondieron que “los megaproyectos han explotado y destruido los territorios de los pueblos indígenas, reduciendo su autonomía, sus ecosistemas y el goce y disfrute de sus derechos humanos. Las personas y colectivos defensores indígenas que se han opuesto a los megaproyectos han sido objeto de múltiples agresiones e intimidaciones que en algunos casos han llevado a su encarcelamiento y hasta su ejecución”. En el caso del Tren Maya, detallaron que “representa graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales, como ha sido advertido por comunidades, académicos, organizaciones e incluso por instancias del mismo gobierno federal. Asimismo, no fue decidido por el pueblo maya (…) sino que se realizó una consulta sin cumplir con los estándares internacionales”. Denunciaron la “campaña de deslegitimación del trabajo de las organizaciones civiles, a través de agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y, de manera reciente, a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal”. Exigieron una disculpa pública, así como garantizar los derechos humanos de las personas defensoras.

En agosto, el noticiero Animal Político reveló que la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional, que según la ley debería ser una institución de carácter civil, no está compuesta ni por civiles ni por policías, sino por militares transferidos de las fuerzas armadas. Existe una fuerte preocupación ante la continuidad de la militarización, en particular después de la publicación, en mayo del año pasado, del Acuerdo que establece que las fuerzas armadas podrán llevar a cabo tareas de seguridad pública (ver Enfoque). Reforzando la misma preocupación, en octubre, fue detenido en Estados Unidos, el general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, por orden de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). AMLO anunció que “todos los que resulten involucrados en este caso, que estén actuando en el gobierno en la Defensa Nacional, van a ser suspendidos y retirados”. Sin embargo, afirmó que está “absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas de México son instituciones fundamentales para el desarrollo de nuestro país”.

En septiembre, Artículo 19 informó que en el primer semestre de 2020, se registraron 406 agresiones hacia periodistas y/o la prensa, dato que supera holgadamente las 280 agresiones registradas durante el mismo período en 2019. Explicó que “algunos factores que propagan el crecimiento de las agresiones son la intolerancia de los funcionarios públicos al escrutinio público, particularmente vinculado a la pandemia, la represión de protestas, así como la captura del poder público por el crimen organizado.”

En septiembre, un grupo de familiares de personas desaparecidas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la Ciudad de México, en demanda de justicia. Más colectivos y organizaciones se sumaron incluso en otros estados. Manifestantes cambiaron el letrero oficial de la CNDH para poner en su lugar “Casa de Refugio Ni Una Menos”, con el objetivo de presionar a las autoridades para que reconozcan la violencia de género e implementen medidas. La solidaridad aumentó después del desalojo, en Ecatepec, de mujeres que mantenían tomadas las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). Poco después, la secretaria de Gobernación y la titular de la CNDH se comprometieron a dar atención al pliegue petitorio de representantes de colectivos de víctimas.

En octubre, bajo la justificación de reorientar recursos para atender la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia y a pesar de los cuestionamientos, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de varios fideicomisos públicos, incluyendo los destinados a la reparación para víctimas y al mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

EZLN anuncia que saldrá a “recorrer el mundo” en 2021

En octubre, el EZLN anunció que en abril de 2021 van a salir unas delegaciones zapatistas “a recorrer el mundo (…) buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales”. El comunicado relata que, “miramos y escuchamos un mundo enfermo(…), fragmentado en millones de personas ajenas entre sí, empeñadas en su supervivencia individual, pero unidas bajo la opresión de un sistema dispuesto a todo para saciar su sed de ganancias, aún y cuando es claro que su camino va en contra de la existencia del planeta Tierra”. El primer continente por visitar será Europa, pretenden llegar a “la capital española, el 13 de agosto del 2021, “500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México”. “Iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas: “Que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía”, sostuvo el EZLN. “Que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso: el asesinato de luchadores sociales (…); los genocidios escondidos detrás de megaproyectos”, agregó.

CHIAPAS: Llueve sobre mojado

En noviembre, fue emitida una Declaratoria de Emergencia en Chiapas, debido a lluvias severas por la depresión tropical “Eta”, la cual provocó más de 20 muertes, varios derrumbes y deslaves. Eso se sumó a una larga lista de problemas, de por sí, agudizados por los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia.

En los últimos meses, se observó un incremento de situaciones violentas: en septiembre, tres personas muertas y seis lesionadas, fueron el saldo de una “agresión”, según algunos medios, y “enfrentamiento”, según otros, que tuvo lugar en Tila, entre ejidatarios y pobladores inconformes. Desde hace cinco años, los ejidatarios recuperaron, por la vía legal, sus derechos territoriales con lo que la cabecera municipal fue trasladada a la comunidad de El Limar. La vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal recordó que “hace casi tres semanas un grupo de pobladores del ejido Tila realizó bloqueos en la entrada principal y en otros tramos cercanos al pueblo. (…) Sabemos que había la intención de un proceso de diálogo y negociación para buscar la solución del conflicto, pero al parecer la situación se salió de control”. El ejido de Tila informó que la situación de violencia se detonó cuando “un grupo de ejidatarios fue a desbloquear el cerco y fueron recibidos a balazos”.

Otro caso: a pesar de la firma de un pacto de no agresión en julio, reiterados ataques con armas de fuego, se han seguido reportando entre los municipios de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, a raíz de un conflicto agrario añejo por 60 hectáreas, que ha dejado alrededor de 25 muertos, decenas de desplazados y heridos. En agosto, fue publicado un vídeo en el que aparece un supuesto grupo civil armado del municipio de Chenalhó. El Frayba ha reiterado “que el gobierno de Chiapas ha sido omiso ante la crisis humanitaria en la región Altos al ser permisivo con los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó”. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa responsabiliza de la violencia “a grupos armados que operan desde el lado del municipio de Aldama”.

También en los Altos de Chiapas, en octubre, a tres años del desplazamiento forzado de más de 5 mil personas, el Comité Chalchihuite denunció que en Chalchihuitán siguen “latentes los ataques paramilitares de Chenalhó y Rutilio Escandón Cadenas, actual gobernador de Chiapas, no ha cumplido con ninguna de sus demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni de las medidas cautelares de la Comisión interamericana de Derechos Humanos”.

Por otro lado, en agosto, fueron quemadas dos bodegas de café de bases de apoyo del EZLN en la comunidad de Moisés Gandhi, municipio de Ocosingo, por presuntos integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Ello se dio en el marco de la disputa de tierras recuperadas en 1994 entre ambas organizaciones. En noviembre, la Junta de Buen Gobierno (JBG) Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la vida y la Humanidad, denunció el “secuestro y tortura de un compañero base de apoyo zapatista”, por integrantes de la Orcao. Mencionó que, organizaciones defensoras de derechos humanos han sido testigos de la violencia en la zona al realizar una caravana humanitaria y de documentación, que llegó a Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio en octubre. Dicha caravana observó las “agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por grupos armados” e informaron que “mientras la caravana recorría la zona, se escucharon más de nueve disparos”. Ante el secuestro, se realizó una manifestación en Ciudad de México “para repudiar esta nueva agresión paramilitar en contra de las bases de apoyo zapatistas, denunciar la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal con los atacantes, y exigirle al gobierno de López Obrador poner fin “a la guerra contra los zapatistas” y las comunidades indígenas que se oponen a sus megaproyectos”. La persona secuestrada fue liberada al día siguiente.

En otra situación de violencia, en octubre, ejidatarios de San Sebastián Bachajón, se manifestaron contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Chilón. Advirtieron que “cuando se dio el movimiento zapatista (…), el gobierno federal en turno instaló bases militares en diferentes comunidades (…) dando como resultado un alto índice de asesinatos, mujeres violadas, embarazadas y abandonadas, separación de matrimonios, niños abandonados, incremento del alcoholismo, drogadicción y prostitución, así como propagación de la delincuencia organizada e inseguridad”. Pidieron la inmediata destitución del presidente municipal de Chilón y del comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón “por haber firmado convenio para instalar una base de la guardia nacional (…) sin consultar a los habitantes”. Según Frayba, alrededor de 300 policías y elementos de la Guardia Nacional reprimieron la movilización pacífica, dos personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad y otras resultaron heridas.

Impunidad: ¿origen de la violencia actual?

En septiembre, en Ciudad de México, se llevó a cabo el Acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el caso de la masacre de Acteal (1997). En el mismo, participó un grupo de víctimas que decidió firmar un Acuerdo de Solución Amistosa en el marco de la demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2005. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, admitió que el ataque fue perpetrado por “grupos paramilitares con la complacencia de las autoridades”. Informó que el Acuerdo incluye a 18 víctimas fallecidas y 12 sobrevivientes, con lo que “quedan a salvo los derechos de quienes esperan la resolución a fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

En contraste con lo planteado por la cancillería en este mismo evento, en el sentido que este Acuerdo “pondrá fin al proceso litigioso ante la CIDH”, otro grupo de víctimas, la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y 44 organizaciones de 10 países, expresaron que el acuerdo por parte de unas víctimas es una “decisión legítima que no pretendemos juzgar”, pero pidieron “evitar la construcción de una imagen errónea”, en el sentido de que “el caso ya está resuelto”. Manifestaron además su “preocupación frente a los 15 años de litigio de este caso ante la CIDH con un lento avance visible y un enorme desgaste hacía las víctimas y sus familiares”.

Posteriormente, la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal afirmó que “una disculpa pública no basta”. Cuestionó: “Si de veras estuvieran tan interesados ustedes en la paz y en la igualdad, ¿por qué siguen garantizando impunidad a los paramilitares?, ¿por qué sigue habiendo muertos y heridos de balas de grueso calibre en Aldama y en Tila?”. Afirmaron: “si no hay castigo, si no ven consecuencias negativas de los delitos que cometen, los paramilitares seguirán envalentonados”.

OAXACA: Defensa de la Madre Tierra, corazón de múltiples procesos de defensa

Según información difundida en octubre, la empresa canadiense Minaurum Gold, solicitó permiso para explorar seis mil 410 hectáreas de la Selva de los Chimalapas para la extracción de oro y cobre. Más de 300 referentes del mundo académico y artístico, así como 60 organizaciones recalcaron que “no podemos permitir que las ansias de enriquecimiento de una minoría privilegiada y las demandas excesivas de materiales de la sociedad industrial sirvan de excusa para acabar con un patrimonio tan valioso”. Advirtieron que “estas actividades extractivas generarían enormes impactos ambientales en uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta”. Autoridades de San Miguel Chimalapa también hicieron patente su rechazo a la explotación minera en su territorio.

En octubre, a un año de la firma de acuerdos entre la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y 16 comunidades zapotecas de los Valles Centrales de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), dicha organización clausuró las oficinas de la Conagua para denunciar su incumplimiento. Los acuerdos pretendían “reconocer los derechos territoriales de las comunidades y la participación de las comunidades en la administración del agua subterránea a través de reglamentos internos comunitarios”.

Igualmente en octubre, zapotecos de Unión Hidalgo presentaron en la Corte de París una demanda civil en contra de Electricité de France (EDF) por “múltiples violaciones a sus derechos” solicitando la suspensión del proyecto de parque eólico Gunaa Sicarú. Reclamaron que los pobladores no han sido consultados. Responsabilizaron a la empresa de contribuir a “una escalada de violencia en contra de defensoras y defensores (…) ‘por grupos cercanos a EDF”.

En otros aspectos de derechos humanos, en agosto, a dos años de la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG) en 40 municipios de la entidad, el Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), advirtió que, con 458 casos desde su inicio, la administración del gobernador Alejandro Murat “se perfila como la de mayor violencia feminicida en la historia reciente”. 243 de estos casos se dieron desde el inicio de la AVG. Un 62% de los asesinatos violentos de niñas y mujeres ocurrieron en municipios con alerta, “lo cual refleja que ante la falta de acciones contundentes (…), no se ha logrado detener la violencia feminicida y más aún, que ésta se está extendiendo a municipios no considerados en situación de riesgo”. GESMujer declaró que “la AVG es un mecanismo que permitió visibilizar (…), los elevados niveles de violencia hacia las mujeres y las niñas, pero también hizo visibles las graves carencias institucionales”.

GUERRERO: Entre denuncias y movilizaciones

En septiembre se cumplieron seis años de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que incluyeron la desaparición forzada de 43 de ellos. En este marco, AMLO se comprometió a que los responsables serán castigados. Dio detalles de los avances, como las acciones de búsqueda, las 80 personas detenidas además de las ordenes de aprehensión contra militares, policías y funcionarios. La ONU-DH reconoció “los importantes logros alcanzados», al tiempo que alentó “al Estado mexicano a intensificar sus esfuerzos a fin de lograr el pleno esclarecimiento del caso.” En noviembre, fue detenido José Martínez Crespo, el primer militar presuntamente vinculado con el caso.

En otros aspectos de derechos humanos, en septiembre, organizaciones civiles exigieron a las autoridades el cese de la criminalización contra el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”. Recordaron que el presidente municipal de Leonardo Bravo vetó la entrada de integrantes del Centro en Chichihualco, “donde esta organización acompaña desde hace más de año y medio a familias desplazadas por la violencia y la presencia del crimen organizado”. Expresaron preocupación ante discursos “de servidores públicos quienes partiendo de un discurso de odio y desprestigio (…) pretenden desacreditar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos”.

En septiembre, el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, hizo pública la carta que envió a autoridades en la que detalló las afecciones que han vivido, la falta de seguridad de las personas defensoras, la desprotección de los periodistas, la obstaculización del acceso a la verdad y justicia, las búsquedas e investigaciones paradas y la mala atención a víctimas.

Igualmente, en septiembre, marcharon 2 mil indígenas y afro mexicanos guerrerenses en Chilpancingo, para exigir el reconocimiento constitucional de sus derechos a través de la aprobación de la iniciativa de ley que fue presentada en diciembre del año pasado. Denunciaron que la Guardia Nacional retuvo durante 30 minutos a los manifestantes a la entrada de Chilapa de Álvarez, para que no llegaran a la capital.

En octubre, a un año del homicidio del dirigente del Frente Popular de la Montaña (FPM) Arnulfo Cerón, se realizó un mitin en Tlapa para reclamar justicia. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan señaló que “varios autores materiales y algunos intelectuales están procesados por el artero crimen. El atentado (…) evidenció la impunidad con la que la delincuencia organizada secuestraba, mataba y desaparecía a las personas.” Afirmó que “el reto de las autoridades será (…) aprovechar la coyuntura del caso de Arnulfo para generar las condiciones que impidan que el crimen organizado se vuelva a enraizar en la montaña con su cauda de violencia y muerte”.