El Istmo de Tehuantepec y la energía eólica

Parque eólico en la zona de La Ventosa, Oaxaca.
© Geolocation

Durante los últimos años, se ha producido un importante avance en el desarrollo de las energías renovables, también llamadas energías verdes o energías limpias no contaminantes, dentro de éstas ubicamos a la energía eólica.

Entre los argumentos utilizados a favor del desarrollo de este tipo de energías, se encuentran aquellos que hacen referencia a la necesidad de generar energías limpias, que sirvan para reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero y reemplazar el uso de combustibles fósiles perjudiciales para el medio ambiente. No obstante, cuestiones relacionadas con los impactos y afectaciones que pueden ocasionar los proyectos de generación de estas energías sobre las poblaciones y el propio medio ambiente, no suelen ser tenidos en cuenta.

Tal como se describe en el pronunciamiento del Seminario Internacional Megaproyectos de energía y territorios indígenas «El Istmo en la encrucijada», la oposición a los proyectos eólicos no tiene tanto que ver con estar en contra de la generación de energía limpia y renovable, sino en cómo se imponen los proyectos sin tener en cuenta la decisión de la población, el impacto y las afectaciones que pueden causar y el beneficio y uso que se va a hacer de la energía generada: «no estamos en contra de la tecnología para generar energía mediante las fuentes renovables; pero sí rechazamos su uso a favor del mero lucro de las empresas y en detrimento de los pueblos y de su patrimonio biocultural».

La región del Istmo de Tehuantepec, comprendida entre los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, es considerada como una de las zonas de generación de energía eólica más importantes del mundo. Sus particularidades geográficas (franja angosta de tierra entre los océanos Atlántico y Pacífico, y relieve prácticamente llano) posibilitan la generación de entre 5000 y 10000 Mega Watt de energía anual, suficiente para abastecer a unos 18 millones de habitantes¹.

Poblado junto a parque eólico, Oaxaca.
© SIPAZ

Esta circunstancia hace que en la región del Istmo se vengan planeando y desarrollando, desde mediados de los ’90, distintos proyectos eólicos dentro del denominado «Proyecto Eoloeléctrico del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec», impulsado por grandes empresas nacionales y transnacionales de la energía eléctrica, que reciben la colaboración de instituciones gubernamentales mexicanas e instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo.

Sólo en el estado de Oaxaca operan actualmente 15 parques eólicos y 13 más estarían en fase de planeamiento y desarrollo, abarcando alrededor de 60 mil hectáreas de propiedad colectiva y generando 1263 MW (tan sólo un 10% de la capacidad de generación energética que se estima para esta región)². En el caso de Chiapas opera hoy día un solo parque aunque se estima que el número de proyectos eólicos en la región vaya en aumento.

Según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMNDEE), hasta el año 2014 de los 28 parques construidos o proyectados, 3 de ellos pertenecerían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de titularidad pública, 5 a empresas privadas nacionales, 3 serían mixtos (CFE y privada) y 17 corresponderían a empresas extranjeras de capital privado. Estos datos indican que cerca de dos terceras partes de los parques eólicos estarían bajo control extranjero. Además, gran parte de la tecnología necesaria para la generación de energía en los parques, como son los aerogeneradores, son fabricados únicamente por empresas extranjeras de España (Gamesa y Acciona), Dinamarca (Vestas) y Estados Unidos de Norte América (Clipper), lo que, unido a todo lo anterior, implica una fuerte dependencia tecnológica y pérdida de control del Estado sobre la gestión de los recursos energéticos y de los sectores estratégicos de la economía del país³.

Algunas de las empresas privadas inversoras en los proyectos eólicos del Istmo son: la francesa EDF, la italiana ENEL, la australiana Fondo de Infraestructura MacQuaire, la holandesa PGGM, la japonesa Mitsubishi, las españolas Iberdrola, Gamesa, Acciona, Renovalia, Gas Natural Fenosa, Preneal, EYRA-ACS y las mexicanas Peñoles, Grupomar, Cemex y Grupo Salinas, entre otras.

Bettina Cruz, representante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), ha señalado que la mayoría de los proyectos eólicos, además de ser de titularidad privada, están destinados a abastecer de energía a otros emporios privados y no a la red pública y a la ciudadanía⁴. Estos proyectos, llamados de «autoabastecimiento», se rigen bajo el principio de empresas privadas que producen energía para sí mismas o para vender a otras empresas privadas, lo cual implica un doble efecto de privatización de los recursos energéticos nacionales. Como ejemplo, sólo un 22% de la energía eléctrica generada en los parques eólicos de Oaxaca es destinada a la red pública, mientras que un 78% es asignado a empresas privadas como Bimbo, Walt Mart, Soriana, Cemex, Cruz Azul, Grupo FEMSA (Coca Cola, Heineken, Oxxo), etc.⁵

Impactos y afectaciones de los proyectos eólicos en el Istmo

Seminario Internacional “Megaproyectos de energía y territorios indígenas. El Istmo en la encrucijada” Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 26, 27 y 28 de julio de 2013
© SIPAZ

Desde mitad de los años 90, el desarrollo de proyectos eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec ha venido ocasionado impactos y afectaciones de diversa índole.

En un reciente informe realizado por distintas organizaciones civiles del estado de Oaxaca, las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, relacionadas con la planeación y ejecución de megaproyectos de desarrollo, se han incrementado durante los últimos 4 años. Entre los megaproyectos citados se hace referencia explícita a los de energía eólica⁶.

Afectaciones e impactos de tipo político:

De cariz jurídico son aquellas que se refieren al incumplimiento de las normativas locales de toma de decisión y de la normativa legal vigente en México (artículo 2º de la Constitución Política y Convenio 169 de la OIT, principalmente), en lo que respecta al derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen los pueblos indígenas sobre todas aquellas cuestiones que afecten a sus tierras y territorios, así como el derecho a poder elegir y participar, de forma efectiva, de los planes y modelos de desarrollo de manera que se adecuen a sus formas tradicionales de vida. Como ejemplo, según denunció Bettina Cruz, el pasado 21 de marzo en el Parlamento Europeo, en ninguno de los proyectos eólicos del Istmo se han realizado consultas entre las poblaciones afectadas ni se ha dado posibilidad de que los pueblos participen en el diseño de los planes de desarrollo que les incumben.

En algunos casos han sido denunciadas venta y cesión de tierras comunales y ejidales a espaldas y sin consentimiento de las asambleas generales de comuneros y ejidatarios que tienen que ver con políticas de cooptación, por parte de las empresas, de autoridades locales y líderes sociales. A modo de ejemplo, asambleas de comuneros de los municipios de San Dionisio y de San Mateo del Mar han denunciado al comisariado de bienes comunales, de la primera localidad, y a sus respectivos presidentes municipales por recibir sobornos de las empresas para que obraran a favor de sus intereses y sin el consentimiento de la comunidad.

Por otro lado, actos de criminalización, amenazas y agresiones son otros de los impactos políticos más significativos. Organizaciones nacionales e internacionales⁷ han venido denunciando los numerosos actos de agravio sufridos por personas defensoras de los derechos humanos, opositoras a los proyectos eólicos y arrendatarios demandantes de indemnizaciones y mejores condiciones de los contratos.

Los contratos de arrendamiento de tierras realizados por las empresas y los compromisos adquiridos con los pobladores de las zonas en los que se construyen los parques eólicos son otros de los hechos más denunciados. Así por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de la Costa de Chiapas advierte de la falta de información y claridad de los contratos realizados, muchas veces firmados bajo presión de las empresas, que incluyen implicaciones para los arrendadores que se derivan de clausulas abusivas referentes a la modificación o anulación de los contratos. Además, se destaca el pago injusto que se hace de las tierras arrendadas, muy por debajo de su valor, siendo que una misma extensión de terreno para la instalación de un aerogenerador, mientras que en el Istmo es pagada alrededor de a 9300 pesos al año, unos 670 dólares, (caso del parque eólico La Venta III, año 2012) en España se pagan cifras que oscilan entre los 5000 y 9000 dólares anuales⁸.

Afectaciones e impactos de tipo social y cultural:

Consignas en contra del parque eólico Barra Santa Teresa
© Tierra y Territorio

La división de las comunidades y la destrucción del tejido social representan uno de los principales impactos de tipo social a los que se enfrentan las poblaciones afectadas. Casos de cooptación de líderes comunitarios, como los ya descritos, ofrecimiento de dinero a campesinos para que no presenten oposición a los intereses de las empresas y siembra de rumores y desconfianza entre la población para provocar divisiones y enfrentamientos, han sido señalados por distintas organizaciones sociales como malas prácticas realizadas por corporaciones como Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Mareña Renovables. Por ejemplo, la convocatoria irregular de una Asamblea General de comuneros, promovida por Mareña Renovables el 29 de diciembre de 2012 en la localidad de San Dionisio del Mar con objeto de revocar un amparo interpuesto por la comunidad, que impide a la compañía continuar con la construcción del parque eólico de la Barra de Santa Teresa, provocó el enfrentamiento físico y enraizamiento de la división comunitaria entre vecinos a favor y en contra del proyecto eólico.

Entre las afectaciones de tipo cultural, cabría destacar la imposición, que se hace a los pueblos indígenas de la región, de una percepción mercantilista de la naturaleza y de los recursos naturales que no necesariamente tiene que ver con sus propias formas de percibir el mundo. Asimismo, se impone una concepción de la toma de decisiones basada en la mayoría, diferente a la forma de hacer tradicional regida por el consenso.

La violación y destrucción de lugares sagrados o significativos para los grupos indígenas, como por ejemplo Isla Tileme en la Barra de Santa Teresa, representaría otro de los impactos culturales.

Afectaciones e impactos de tipo económico:

Mujeres indígenas en protesta contra los parques eólicos, Oaxaca.
© Tierra y Territorio

Con la reforma en 1992 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), se desnacionalizó el sector y permitió que capital privado pudiera generar electricidad para vender a la CFE, siendo que, para finales del 2010, las empresas privadas generaban un 33% de la electricidad del país, reduciéndose cada vez más el peso de la CFE en la generación y venta de energía destinada a suministrar a la red pública. Esta situación ha provocado la subida de las tarifas de la electricidad, ya que, cada vez más, las empresas privadas toman un papel protagónico en la generación y venta de la electricidad que distribuye la CFE a la ciudadanía, resultando que son las privadas y no tanto la empresa pública quienes tienen la capacidad de fijar los precios que después deberán pagar los consumidores finales⁹. También, dentro de esta lógica mercantilista y no tanto de servicio público, el destino de la mayor parte de la energía que se genera en los parques eólicos no es público, sino privado, y se da el caso de falta de infraestructuras y abastecimiento eléctrico en zonas rurales lejanas y barrios populares por no ser estos rentables para las empresas.

La destrucción y abandono de formas de producción y subsistencia tradicionales (agricultura, ganadería y pesca) debido a la transformación que sufre el territorio con la construcción de nuevas infraestructuras para el desarrollo de la actividad eólica, el cambio de uso del suelo o la contaminación que se deriva de la actividad industrial, son también importantes afectaciones de carácter económico.

Afectaciones e impactos de tipo ambiental:

Entre estas destacan aquellas que tienen que ver con la destrucción del hábitat y de la diversidad como consecuencia de la construcción de los parques eólicos. Según datos del Banco Mundial, en tan sólo un año, el parque eólico de La Venta II ocasionó la muerte de unos 9900 ejemplares de animales (principalmente aves y murciélagos) al colisionar con las aspas de las 98 turbinas aerogeneradoras del parque. Conviene recordar que el Istmo de Tehuantepec es un importante corredor migratorio de aves por donde cruzan más de 12 millones de ejemplares anualmente¹⁰.

Proyectos eólicos como los de Barra de Santa Teresa o Bii Hioxho, ubicados en la zona acuífera de la Laguna Superior, también pueden poner en grave peligro la flora y fauna del ecosistema de manglar que se localiza en esta área y que, además de proveer de vida a un gran número de especies acuáticas y aves, representa la base del sistema productivo y alimenticio de las comunidades de pescadores que circundan a la laguna. Según denuncia la APIITDTT, el impacto que podría tener en la zona la construcción de los parques eólicos representaría una grave amenaza para la soberanía alimentaria de las poblaciones de la región.

Otras afectaciones de carácter medioambiental serían la contaminación de suelos, ríos, lagunas y acuíferos debido al derramamiento de los aceites utilizados en las turbinas, acumulación de residuos provenientes de las obras de construcción de los parques, erosión del suelo y pérdida de vegetación, contaminación sonora electromagnética causada por el elevado número de aerogeneradores operando a la vez y, por último, contaminación visual y afectación al paisaje¹¹.

Organización y resistencia

Plantón en la colonia Álvaro Obregón, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
© Veredas Autónomas

Como consecuencia de las afectaciones ocasionadas por los proyectos eólicos en la región del Istmo, distintos colectivos de personas y comunidades se han venido organizando durante los últimos años en diferentes procesos organizativos y de resistencia. Entre estas experiencias cabe destacar (no son todas) la conformación en el año 2007 de la APIITDTT integrada por personas y pueblos de toda la región contrarios a la construcción de megaproyectos en sus tierras y territorios, la constitución de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) el 24 de febrero del presente año para hacer frente a la construcción del parque Bii Hioxho en tierras comunales de Juchitán o la unión, el pasado mes de marzo, de las asambleas de distintas comunidades en la Asamblea de Pueblos Ikoots y Binniza’a.

Entre las demandas que exponen organizaciones y comunidades opositoras a los megaproyectos eólicos se encuentran el cese de la criminalización, las amenazas y las agresiones en contra de las personas defensoras de los derechos humanos y del territorio, y aquellas que hacen referencia al derecho de los pueblos indígenas a decidir un modelo de desarrollo propio y a ser consultados previamente a la realización de cualquier proyecto que afecte a su territorio y formas de vida. Relacionado con lo anterior, el derecho a la conservación, gestión y explotación de los bienes naturales que se encuentran en su territorio y el derecho a la soberanía alimentaria. El derecho a un desarrollo socioeconómico de la región y al suministro de servicios públicos regidos por una lógica social y no mercantilista, la contratación de personas de las comunidades en los proyectos que se desarrollen, contratos de arrendamiento de tierras legales y transparentes y el pago de rentas justas por las tierras utilizadas por las empresas serían otros de los reclamamos que pueblos y organizaciones realizan.

La forma en cómo las comunidades y organizaciones han venido defendiendo sus derechos al territorio ha englobado distintas actividades como: demandas civiles, mesas de diálogo, marchas, encuentros, foros, acciones directas, difusión informativa e incidencia a nivel nacional e internacional.

Actualmente el conflicto permanece abierto entre empresas, gobierno y comunidades del Istmo opositoras a la construcción de megaproyectos eólicos en sus tierras y territorios. No obstante, nuevos proyectos son anunciados como, por ejemplo, los del parque eólico Dos Arbolitos, de la multinacional española Iberdrola, o el parque Energía Sureste I-fase II, de la italiana ENEL.

Entre tanto, los pueblos del Istmo, además de resistir el embate de los proyectos eólicos, continúan planteando y construyendo un proyecto de vida y desarrollo propio basado en su sistema de valores y cultura. «Hemos defendido nuestro derecho a decirle NO al megaproyecto eólico de destrucción de la vida comunitaria y nuestro patrimonio biocultural. Emprendamos ahora la tarea de construir desde abajo y con la fuerza de las comunidades una propuesta propia: un plan alternativo de desarrollo para la región istmeña, que tenga como eje la reproducción y fortalecimiento de nuestros modos de vida, de nuestra cultura y nuestro territorio» (Pronunciamiento: Seminario Internacional Megaproyectos de energía y territorios indígenas «El Istmo en la encrucijada». 26-28/07/13)

Notas:

1. Castillo, Problemática en torno a la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. México, Revista Desarrollo Local Sostenible Vol.4, nº 12., 2011, p.3. (^^^)
2. Los Derechos Humanos en Oaxaca 2009-2012. Informe Ciudadano: Una Deuda Pendiente. México, 2013, p.9-10
   Bracamontes, «Duerme 90% de potencial eólico«. Noticiasnet, 20/04/2013. (^^^)
3. Hugarte, Las multinacionales en el siglo XXI: Impactos múltiples. España, Ed. 2015 y más., 2012, p.103
   AMNDEE (^^^)
4. Cruz, Ponencia. Seminario Internacional Megaproyectos de energía y territorios indígenas «El Istmo en la encrucijada». Juchitán de Zaragoza, México, 26, 27 y 28 de julio de 2013. (^^^)
5. Íbid, p.105 (^^^)
6. Los Derechos Humanos en Oaxaca 2009-2012. Informe Ciudadano: Una Deuda Pendiente. México, 2013, p.9-10 (^^^)
7. Código DH, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Red Nacional Todos los Derechos para tod@s, Red Nacional de Comunicación y Acción Urgente de Defensoras de Derechos Humanos en México, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C., Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Múnich, Amnistía Internacional, etc. (^^^)
8. Íbid, p.107 (^^^)
9. Hugarte.., p.97 (^^^)
10. Ibíd., p.112 (^^^)
11. Pronunciamiento del Foro Regional: Parque eólico del Istmo: Impactos ambiental, económico, social y cultural de los proyectos privados de energía eléctrica. Unión Hidalgo, México, 2005. (^^^)