ACTIVIDADES DE SIPAZ (De mediados de febrero a mediados de mayo de 2013)
27/05/2013
ENFOQUE: Impactos y afectaciones de los proyectos de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec
04/09/2013
El sexenio de Felipe Calderón del Partido Acción Nacional (PAN) fue caracterizado por un auge de la violencia en varias partes de la República, derivada de su estrategia frontal de «guerra» contra la delincuencia organizada, con saldos dramáticos de muertos, desaparecidos y desplazados. Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó a la presidencia prometiendo un cambio en la estrategia de seguridad. Varias organizaciones han subrayado sin embargo que el único cambio ha sido discursivo, acompañado de una tendencia por parte de los medios masivos de comunicación a hablar menos del tema (salvo en lo que se refiere a la captura de capos). La creación de una «gendarmería nacional», -una suerte de policía militarizada-, ha sido pospuesta en varias ocasiones. Mientras tanto, y aunque el gobierno se haya esforzado en minimizar la inseguridad, los estragos provocados por el crimen organizado no han disminuido.
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Paralelamente, el gobierno ha avanzado en diferentes puntos de su agenda política. Estos temas, fijados en el «Pacto por México» entre los tres partidos políticos más importantes del país, incluyen la reforma laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, y están en negociación -o por negociarse- la reforma energética y la fiscal.
La oposición a la reforma educativa por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sigue dando lugar a manifestaciones masivas. La iniciativa de reforma energética presentada recientemente por Peña Nieto, desató todavía más polémica por quienes consideran que está claramente orientada por intereses neoliberales al quitarle al Estado la exclusividad para manejar áreas estratégicas de la industria petrolera y eléctrica. El Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), base social del ex candidato presidencial de centro-izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ya anunció movilizaciones para septiembre.
En lo social, la Cruzada Nacional contra el Hambre, que debía aplicarse en 400 municipios para combatir la pobreza extrema y la alimentaria, redujo sus alcances y no acaba de consolidarse como una solución real ante la precaria situación en la que subsisten un número creciente de la población.
Derechos humanos: avalancha de informes que presentan a un México en «crisis humanitaria»
© La Jornada
En julio, más de 30 organizaciones civiles dieron a conocer un informe sobre la situación de los derechos humanos. El mismo fue elaborado en vistas al segundo Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas a México, que tendrá lugar en octubre próximo. El informe destaca el «aumento exponencial» de las violaciones a los derechos humanos, principalmente derivado del contexto de violencia e impunidad en el país. Presenta información actualizada además de dar recomendaciones en cada uno de los 11 temas abordados. Las organizaciones recalcan que muchas de estas recomendaciones ya fueron emitidas por el CDH a México en 2009, sin embargo, no han sido implementadas por el Estado de manera efectiva.
En junio, varias organizaciones civiles se pronunciaron en el marco del Día Internacional contra la Tortura. La Red Nacional «Todos los Derechos para Todas y Todos» enfatizó que «[s]i bien el Estado mexicano ha suscrito los principales tratados internacionales en materia de tortura y se ha sujeto a las evaluaciones periódicas de mecanismos de derechos humanos, las recomendaciones emitidas por dichos mecanismos distan de ser implementadas […]. En contraparte se atestigua un aumento en la práctica de la tortura en nuestro país, así como de la impunidad».
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un «Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México», en el que informó que, de 2010 a 2012, documentó 89 casos de agresiones a activistas y que las autoridades sólo consignaron a tres presuntos responsables en los ataques documentados. Enfatizó que «(l)a falta de sanción a los perpetradores no solamente contribuye a la repetición de los hechos, sino que además agrava el nivel de riesgo en que las y los defensores continúan realizando su labor».
También en junio, a un año de la publicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, más de 80 organizaciones civiles señalaron que «existen graves obstáculos y fallas para su adecuado y eficaz funcionamiento». Señalaron tres grandes problemas: la falta de acceso a recursos, el no contar con personal capacitado, y el poco respaldo político e institucional al Mecanismo que requeriría «su adecuada implementación a nivel federal, estatal y municipal».
Este mismo mes, Amnistía Internacional (AI) presentó un informe sobre desapariciones forzadas en México, que señaló «la magnitud de lo que ha pasado y la negligencia del Estado» para hacer justicia a miles de personas. Según dicho informe, «(e)ntre 2006 y 2012 se registró en México a más de 26.000 personas como desaparecidas o no localizadas. No está claro cuántas continúan desaparecidas actualmente. Algunas son víctimas de desapariciones forzadas en las que hay funcionarios públicos implicados».
En mayo, AI señaló que pese a los avances legislativos a favor de las mexicanas, siguen viviendo en un ambiente en el que constantemente se ven vulnerados sus derechos. Consideró que las promesas y discursos de buenas intenciones de la nueva administración federal no se traducen en una realidad distinta, pues lejos de disminuir, las violaciones han ido en incremento. De acuerdo con AI, ese año se cometieron más de 14.000 violaciones sexuales y sólo se obtuvo una condena por cada 21 casos.
Chiapas: Conflictividad social y cambios en el gobierno estatal
El cambio más significativo en el gobierno estatal se dio en julio cuando el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, nombró a Eduardo Ramírez Aguilar como nuevo Secretario General de Gobierno. Reemplazó a Noé Castañón en este cargo, quien lo ocupó durante la mayor parte del gobierno de Juan Sabines.
Este cambio se atribuyó a la necesidad de otro tipo de respuestas frente a la creciente conflictividad y movilización social, de lo que se podrían dar múltiples ejemplos. El 6 de agosto, organizaciones civiles publicaron el informe «Violencia generalizada en la cabecera municipal de Venustiano Carranza», en el que, en base a información recopilada en una Misión Civil de Documentación, se «busca aclarar los hechos de violencia que tuvieron lugar en la cabecera municipal de Venustiano Carranza el pasado 5 de mayo». Señalaron que estos hechos derivaron de «la falta de interés del gobierno estatal en resolver de fondo demandas añejas de ambos grupos. Las acciones gubernamentales, incluso, antes, durante y después del 5 de mayo, generaron polarización y una escalada de violencia en el municipio». Recordaron que «(r)esultado de ello son: el asesinato de dos personas(…); el desplazamiento de 49 familias –que al día de hoy viven en una situación de alta vulnerabilidad sin que el gobierno sea capaz de garantizar las condiciones necesarias para su regreso o reubicación–; daños en 42 viviendas, 22 vehículos y ocho tiendas de abarrotes; la detención arbitraria de 19 campesinos(…); nueve personas privadas arbitrariamente de su libertad; dos personas torturadas; y 167 órdenes de aprehensión aún pendientes de ejecutar».
Otro caso álgido es el de Colonia Puebla, municipio de Chenalhó, donde nuevas agresiones con matices aparentemente religiosos, coincidieron con la excarcelación de otra serie de acusados y sentenciados por la masacre de Acteal (1997). El 10 de junio, los católicos de Chenalhó denunciaron el despojo del terreno donde se encuentra su ermita y de material de construcción, llevado a cabo por las autoridades del ejido. El 18 de junio, realizaron una marcha-peregrinación a la cabecera municipal, para denunciar la falta de atención por parte de las autoridades. El 18 de julio, la tensión volvió a subir cuando integrantes de la parte contraria a la minoría católica apoyados por autoridades ejidales desmantelaron los avances de la ermita que se está construyendo. El 20 de julio, dos personas, Mariano Méndez Méndez y Luciano Méndez Hernández, fueron retenidas y acusadas de haber envenenada el agua de la comunidad. Ambas son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Una tercera persona de confesión bautista, fue aprehendido por manifestar su desacuerdo. Fueron liberados tres días después, al no encontrar fundamento a la acusación de envenenamiento, pero el problema de fondo sigue sin resolverse a pesar de la firma de un pacto de civilidad el 8 de agosto. La Sociedad Civil Las Abejas ha denunciado que «los paramilitares de Chenalhó ya están reactivados, disparando sus armas y están causando desplazamientos como en el año de 1997». Para finales de agosto, más de 90 personas (católicos y dos familias bautistas) habían huido de Colonia Puebla.
Por otro lado, el 29 de junio, más de mil elementos de la policía estatal irrumpieron en el Congreso Extraordinario de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tuxtla Gutiérrez. Como resultado de la intervención de la fuerza pública, más de 200 maestros fueron heridos, algunos de gravedad, y 29 de ellos detenidos, quienes fueron liberados poco después.
También cabe mencionar que mujeres organizadas del municipio de San Cristóbal de las Casas decretaron una «Alerta de Violencia de Género» ante la negativa de las autoridades para tomar medidas que detengan la violencia contra las mujeres en Chiapas. Se calcula que en el estado, van más de 55 feminicidios y decenas de mujeres desaparecidas desde el inicio del año.
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Otra fuente de movilización tuvo que ver con el tema ‘presos‘. En junio, al cumplirse 13 años de su encarcelamiento, se volvieron a organizar eventos para pedir la libertad de Alberto Patishtán Gómez, profesor tsotsil integrante de La Voz del Amate, que se encuentra recluido en San Cristóbal de Las Casas. Se realizó una misa afuera del penal, y los cientos de asistentes marcharon para enfatizar su exigencia. El 4 de julio fueron liberados nueve presos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, evento en el que estuvo presente el gobernador Manuel Velasco Coello. No fueron liberados ni Alberto Patishtán Gómez ni Alejandro Díaz Sántiz, solidario de la Voz del Amate. En agosto, Amnistía Internacional se sumó al llamado a favor de la liberación de Patishtán.
En el plazo cubierto por este informe, se difundieron varios comunicados del EZLN firmados por el subcomandante Marcos o el subcomandante Moisés. Algunos relativos al contexto, y otros referidos a sus nuevas iniciativas, como la llamada «Escuelita» y la creación de la «Cátedra caminante ‘Tata Juan Chávez Alonso» que convocó conjuntamente con el Congreso Nacional Indígena (CNI) para los días 17 y 18 de agosto (ver artículo). Más de 2000 alumnos de varios estados de México y de otros países asistieron a la «Escuelita» que se llevó a cabo a puerta cerrada en los cinco Caracoles y en el CIDECI-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas. Los alumnos recibieron un paquete de dos discos y varios libros con los temas «Gobierno autónomo, Participación de las mujeres en el gobierno autónomo y Resistencia autónoma», y pudieron convivir con un «votán» (base de apoyo o integrante del EZLN designado especialmente para servir de compañero, maestro y guía). En estos mismos días, se denunció que «los días 12 y 13 de agosto en horas de la noche, aviones militares estuvieron haciendo sobrevuelos sobre las zonas de los cinco caracoles zapatistas».
GUERRERO: Violencia e ingobernabilidad
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En mayo, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, renunció a su cargo debido la crisis que enfrentaba el gobierno estatal ante la agudización de los conflictos sociales, entre ellos las protestas del movimiento magisterial por la reforma educativa y la proliferación de grupos de autodefensa ciudadana. En su momento fue reemplazado por Florentino Cruz Ramírez, quien a su vez renunció a principio de julio, según se supo porque no lo dejaron operar política ni económicamente. Fue nombrado en su lugar Jesús Martínez Garnelo. Este segundo cambio reforzó la percepción de ingobernabilidad vivida en la entidad, y se sumó a la incesante ola de violencia y ejecuciones. Ejemplo de ello, en junio, tres activistas –entre ellos el dirigente perredista Arturo Hernández Cardona– fueron asesinados tres días después de que un comando los levantara en Iguala, junto a cinco personas más que lograron escapar. También se ha denunciado una ola de secuestros contra trabajadores del gobierno. Por otro lado, en la Sierra, grupos de narcotraficantes, en medio de su disputa por los campos de producción y las vías de trasiego, han provocado el desplazamiento de -por lo menos- 2000 personas, provenientes de tres municipios: San Miguel Totolapan, General Heliodoro Castillo y Apaxtla de Castrejón.
En este contexto enrarecido, prevalece la impunidad y quedan pocos espacios para actores sociales que busquen un cambio. Organizaciones civiles denunciaron que la Secretaría de Gobernación dio por cumplidas medidas que no se han concretado en torno a las sentencias contra el Estado mexicano emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres indígenas violadas por militares en 2002. En junio, unas 500 personas, integrantes de organizaciones sociales y civiles marcharon en Coyuca de Benítez, para conmemorar el 18 aniversario luctuoso de la masacre de «Aguas Blancas», ocurrida en junio de 1995 y en la que murieron 17 campesinos. Denunciaron que a 18 años no se ha hecho justicia por lo que exigieron que se reabra el caso, sancionar a los responsables y mayor seguridad ya que, aseguraron, sigue la represión a líderes sociales a la fecha.
Otro tema que abanderan muchos procesos sociales ha sido el rechazo a la militarización. En agosto, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) informó que Julián Blanco, uno de los líderes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), fue hostigado por sexta ocasión por militares. Por otro lado, Policías Comunitarios de El Paraíso, municipio de Ayutla de Los Libres (pertenecientes a la CRAC, Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias), bloquearon carreteras en rechazo a las reformas estructurales que propone el Pacto por México y en respaldo a los pueblos costeños (donde se encuentra el CECOP) contra el hostigamiento de militares. Afirmaron que su principal exigencia al gobierno del estado es poner alto al hostigamiento de las policías federal, estatal y municipal, del Ejército y la Armada. Por su parte, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia- Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) exigió «al gobierno de Guerrero y México que retire inmediatamente al Ejército de nuestro territorio comunal. Aquí no necesitamos de sus servicios, aquí nosotros nos cuidamos y autoprotegemos».
OAXACA: relativa continuidad política a pesar de aumento de los focos rojos
El 7 de julio, en Oaxaca se realizaron las elecciones del Congreso estatal y de los municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. La alianza «Unidos por el Desarrollo», de los partidos de Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) ganó la diputación en 14 de los 25 distritos electorales para el Congreso del Estado, con lo cual mantendrá la mayoría en el Legislativo. También ganó la mayoría de las presidencias municipales en disputa, sin embargo, perdió la alcaldía de la capital del estado. Cabe señalar que tanto previo a las elecciones como el día de la jornada electoral, se dieron varios incidentes violentos vinculados al proceso electoral.
Estos resultados electorales que en cierto sentido ratifican los partidos políticos que llevaron a Gabino Cué a la gobernatura no reflejan los cuestionamientos que se han venido haciendo a la presente administración. Organizaciones civiles presentaron públicamente el informe «Los derechos humanos en Oaxaca 2009-2013. Informe ciudadano: una deuda pendiente». El Informe señala que aunque en el periodo analizado hubo avances legislativos, éstos no se reflejaron en las políticas públicas aplicadas. Plantea las principales problemáticas en el estado: ataques a personas defensoras e impunidad ante las mismas; Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que no dispone de criterios para emitir medidas cautelares y tampoco tiene presupuesto ni personal; pueblos indígenas con altos índices de marginación, falta de acceso a la justicia y violación a sus derechos colectivos en la realización de megaproyectos, criminalización de la protesta social, tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos.
© Germán Canseco, Proceso
En el marco del Foro «La defensa de los derechos humanos en Oaxaca», que se llevó a cabo en julio, organizaciones civiles denunciaron que los ataques contra defensores y periodistas en Oaxaca se han intensificado de manera preocupante desde 2012. Señalaron que «entre 2012 y 2013 se han registrado 35 agresiones contra personas defensoras, lo que coloca a Oaxaca como el estado con mayor índice de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos». Mencionaron casos ocurridos en días previos: «personas armadas y encapuchadas a plena luz del día, rondaron por la casa de Mariano López de la Asamblea Popular de Juchitán, la desaparición el pasado 15 de julio del Defensor Herón Sixto López, indígena mixteco integrante Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas de Santiago Juxtlahuca [cuyo cuerpo fue encontrado unos días después] y la muerte del periodista, Alberto López Bello, del diario local El Imparcial».
En mayo, fue anunciada la conformación de la «Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca: Defendiendo el Territorio, sembramos Futuro». Destacaron que «en Oaxaca son los defensores comunitarios quienes enfrentan una situación de mayor riesgo ya que son los que afrontan de manera más directa los abusos de poder de las autoridades municipales, también son quienes están a merced de los poderes fácticos o actores regionales que apoyan proyectos de despojo de sus territorios y recursos naturales». Hostigamientos, agresiones y muertos han sido reportados entre otros en el Istmo de Tehuantepec donde parte de la población se ha organizado en contra de la construcción de parques eólicos en la región, así como en San José del Progreso (en contra de opositores a la minera de la empresa Minera Cuzcatlán).
También cabe mencionar una multiplicidad de actividades para protestar ante la creciente oleada de violencia contra las mujeres, la cual también tiene como saldo 58 mujeres y niñas desaparecidas, así como ante irregularidades por parte de las autoridades correspondientes.
