>> México, un país de ecocidios autorizados

Entre la actualidad, el 30/35% del territorio mexicano está cubierto por bosques y selvas. A pesar de tener una gran riqueza forestal, México sufre de un ritmo de deforestación de los más intensos del planeta. Una gran variedad de plantas y animales, así como muchas comunidades indígenas y rurales se encuentran en estado de emergencia por la acelerada destrucción de sus ecosistemas. La frecuente negligencia, corrupción y complicidad gubernamental han permitido que este problema avance y se profundice.

México: una gran riqueza natural sobrexplotada

© WWF

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se considera que México es uno de los 5 países del mundo considerados como megadiversos, ya que en conjunto albergan entre el 60 y el 70% de la biodiversidad total del planeta.

Hasta la mitad de los años ‘70, los bosques y selvas en México eran considerados propiedad de la Nación que debían de contribuir al desarrollo social y económico del país. El gobierno creó empresas paraestatales y otorgaba concesiones de 25 ampliadas a veces hasta 60 años sobre los bosques a empresas madereras y papeleras. Al final de esa década en diversas regiones del país las comunidades locales se organizaron y lograron un cambio significativo: los recursos forestales comenzaron a ser administrados por las comunidades y ejidos, dando así lugar a la creación de Empresas Forestales Comunitarias (EFC).

Hoy según el INEGI, un 80% de los bosques y selvas del país se encuentra bajo control comunitario (ejidos y comunidades agrarias), constituidos en alrededor de 8.500 núcleos agrarios. Las EFC, gracias a la venta legal de la madera, generaron empleos permanentes y han destinado parte de las ganancias a obras de beneficio común, como escuelas, clínicas y agua potable. Por lo general y a diferencia de las empresas, las comunidades tienen mayor conciencia de la importancia de conservar sus recursos naturales más allá de la ganancia inmediata. Actualmente entre 13 y 15 millones de campesinos e indígenas en México viven en comunidades que están asentadas en bosques y selvas. Unos 2.400 ejidos y comunidades buscan formas de tener una explotación racional de estos ecosistemas y a la vez conservar la enorme riqueza biológica que albergan, ello a través del Buen Manejo Forestal Comunitario (BMFC).

A pesar de contar con casos exitosos de manejo comunitario de los bosques (Sierra Norte de Oaxaca o “Tierra y Libertad” en el municipio de Villaflores, gestionado por las autoridades de la Reserva de la Biosfera La Sepultura en Chiapas), y de haber creados sus propios sistemas de vigilancia con guardias forestales, los ritmos de deforestación que sufre México y el retroceso de sus bosques son más que preocupantes. El deterioro de los bosques, la tala ilegal, los incendios, las plagas y el cambio climático están acabando con los ecosistemas boscosos y selváticos en México.

En varias zonas, la extracción de productos maderables es muy superior a la capacidad del bosque para regenerarlos. La sobreexplotación tiene diferentes fuentes entre las que sobresalen la tala clandestina y la extracción particular de leña. La extracción de leña usualmente se considera de libre acceso y rara vez existen reglas internas que limiten el uso de madera para ello. El consumo de leña sigue siendo alto y constituye alrededor del 7% del total de la energía primaria consumida en el país (FAO).

México: de los líderes mundiales en deforestación

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A nivel mundial, México ocupa el quinto lugar en deforestación, aunque algunas mediciones lo colocan en el tercer sitio, junto a Haití y El Salvador. Según un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados entre el 90 y 95% del territorio mexicano está deforestado. Una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de los bosques mexicanos se encuentra en riesgo de extinción. De acuerdo con datos del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada año se pierden 500 mil hectáreas de bosques y selvas.

Según el Programa Nacional Forestal 2013-2018, la deforestación se da principalmente en Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Veracruz y Guerrero. La deforestación es causada ante todo por la acción humana, por la conversión de la tierra forestal en zonas de agricultura y ganadería así como por la alta demanda del mercado en madera. Este fenómeno está relacionado con el aumento en la densidad poblacional. La deforestación también ha ido en aumento, debido a las revoluciones agrícolas que han permitido desarrollar métodos y técnicas con mayor intensificación en el uso de las tierras.

La deforestación: impactos ambientales alarmantes

La FAO en su reporte El Estado de los Bosques en el Mundo en 2018 informa que la deforestación es la segunda causa más importante del cambio climático después de la quema de combustibles fósiles y representa casi el 20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero.

La deforestación conlleva una multitud de otros impactos ambientales malignos. La pérdida de árboles, que retienen el suelo con sus raíces, provoca que, después de lluvias fuertes, el agua arrastre los suelos hacia los ríos, provocando deslaves e inundaciones. Se incrementa la carga de sedimento de los ríos ahogando a los huevos de los peces, lo que provoca una disminución en las tasas de eclosión. Cuando las partículas suspendidas llegan al océano, enturbian el agua, con afectación en los arrecifes coralinos y en la pesquería de la costa. La tala de árboles tiene un impacto adverso en la fijación de dióxido de carbono (CO₂). Las regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo y frecuentemente se degradan a tierras no productivas. Especialistas también coinciden en que la deforestación amplifica los daños causados por el paso de fenómenos meteorológicos tales como huracanes.

Tala ilegal: un crimen silenciado

© WWF

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al menos un 70% de la madera que se comercializa en el país tiene origen ilegal en un contexto de amplia impunidad. A nivel jurídico, la tala ilegal de árboles no está tipificada como un delito federal. No obstante, la norma federal establece que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión, y de 300 a 3.000 días de multa, a quien desmonte o destruya la vegetación natural; corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo forestal. Pero, según datos abiertos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), del 2000 al 2018 muy pocas investigaciones se han abierto por infracción a dicha norma (53 en Oaxaca, 50 en Chiapas). En el Congreso federal, legisladores han presentado diversas iniciativas para tipificar como delito grave la tala clandestina de árboles. Sin embargo, incluso cuando se aprobaron en el Senado, la mayoría de las iniciativas quedaron congeladas en la Cámara de Diputados.

Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció que «los decomisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) alcanzan apenas 30 mil metros cúbicos de madera, frente a los 14 millones de metros cúbicos que se extraen ilegalmente”. La producción y el comercio ilegales se ven favorecidos por una regulación inadecuada, por su aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales. Cabe subrayar que la tala ilegal es un negocio multimillonario, sus colosales ganancias anuales alcanzan entre 10.000 y 15.000 millones de dólares al nivel global, según el informe Justicia para los Bosques del Banco Mundial.

César Suárez Ortiz, Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, explica que uno de los principales actores que se han posicionado como responsables de la tala ilegal en México es la delincuencia organizada. Los grupos del crimen organizado han diversificado sus fuentes de ingreso a otras actividades más allá del narcotráfico, una de ella siendo la venta de madera. La producción y venta de drogas pasó a segundo término para dar pie al incremento de los mercados ilegales de recursos naturales entre otros.

La tala ilícita responde a una demanda nacional de 20 millones de metros cúbicos anual mientras en el país se producen menos de 7 millones. Esto genera que México también tenga que importar madera, parte de ella igualmente ilegal. La Agencia de Investigación Ambiental (AIA) reveló por ejemplo la existencia de una red criminal de tráfico de madera ilegal, extraída de los bosques tropicales de la Amazonia en Perú, cuyos principales compradores son México, China y Estados Unidos. La investigación denominada «El Momento de la Verdad», asegura que la madera ilegal es robada de áreas no autorizadas, incluyendo bosques y áreas protegidas, territorios de comunidades nativas y propiedad privada. El gobierno de Perú, indica la AIA, emite permisos falsos o incluye árboles georeferenciados que en realidad no existen o su ubicación es tan remota que su extracción no es viable. Así que con permisos falsos, «los árboles pasan a existir en el papel y por tanto se pueden emitir autorizaciones para su transporte «legítimas»». Sobornos y un mercado negro de documentos de aparentemente legales permiten a los comerciantes lavar la madera ilegal. Los exportadores de estos productos luego argumentan que ellos los compraron “de buena fe”, a pesar de que múltiples investigaciones han demostrado -incluso con vídeos encubiertos- que éste no es el caso.

La AIA subraya que «mientras no se apruebe y aplique una Ley Forestal que prohíba la entrada de madera ilegal y requiera que los importadores mexicanos lleven a cabo una debida diligencia para verificar el legal origen de los productos que importan, el flujo de madera ilegal continuará causando efectos negativos al medio ambiente y a las comunidades que dependen de los bosques”.

¿Quiénes son los talamontes en México?

Deforestación © UNAM

Más allá del tráfico a gran escala, Héctor Narave Flores, catedrático e investigador de la facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, explica que es en «municipios con alto índice de marginación donde la gente necesita alternativas económicas donde desafortunadamente la madera sigue siendo la alternativa para algunas familias”. Según un grupo de talamontes entrevistado por el periódico El Sol de Córdoba, cuentan que a cambio de 240 pesos -más de dos veces el salario mínimo vigente-, trabajarán durante varias horas para acumular tanta madera como sea posible. Para quienes llevan a cabo el corte, con la venta de una sola de las vigas que entregan se paga a cuatro de ellos.

“La gente que se dedica a la tala sigue igual de pobre, entonces lo que se entiende es que son empleados de gente que lucra con la miseria y los que lucran son intermediarios que compran el producto a precio de nada de tal suerte que la gente esté talando diariamente la madera, pero sólo sacan lo necesario para comer”, asegura de manera anónima un trabajador federal del estado de Veracruz.

Detalla que las industrias que lucran con la madera ya están identificadas por la Profepa y se emplea para la fabricación de tarimas y cajas para transportar verduras. “Árboles que llevan 80 años creciendo se convierten en una tarima que se usa una sola vez y que se va a desechar”, precisó.

Ecocidio, entre impunidad y sanciones restauradoras

Si bien a nivel macro el contrabando de árboles queda prácticamente «intocable» a nivel micro se ven, de vez en cuando, algunas sanciones. Por primera vez, en agosto de 2019, la Fiscalía del Estado de Chiapas llegó a un acuerdo reparatorio, contra dos talamontes acusados de ecocidios en la zona de Tonalá. Tendrán que sembrar 3.000 árboles de ceiba y limpiar el cauce del río Zanatenco durante seis meses. Deberán presentar bimestralmente los avances del acuerdo, y en caso de incumplimiento, serán encarcelados y multados.

Es la primera vez que se celebra un acuerdo reparatorio por el delito de ecocidio. «Hemos entendido que con privar de la libertad a una persona muchas veces no logramos reinsertarla a la sociedad , lo que queremos es resociabilizar a las personas que cometen un delito, No olvidemos que al final de cuentas, con el actual sistema penal se está privilegiando la justicia restaurativa en donde no solamente atendemos a sancionar a las personas que cometen un delito sino también pudiéramos obtener algún beneficio para la sociedad, « declaró Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado de Chiapas. En Chiapas, se ha recuperado 23.000 hectáreas de reserva naturales protegidas que podrían ser reforestadas con los acuerdos de justicia restaurativa.

Programas de reforestación gubernamentales: limitaciones

Durante los sexenios anteriores, varios programas millonarios de reforestación fueron lanzados sin acabar de frenar la frenética deforestación. Al contrario, resultaron ser denunciados por malos manejos, irregularidades y anomalías financieras. Felipe Calderón (2006-2012) arrancó, por ejemplo, el programa ProÁrbol en 2007, mismo que pretendía colaborar con los mil millones de árboles a sembrar propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Dos años después, una investigación realizada por Greenpeace México reveló que sólo un 10% de las especies sembradas habían sobrevivido, ya que se sembraron en zonas inviables para su crecimiento. Más de la mitad de lo plantado no fueron árboles, sino cactáceas. Según cálculos de Greenpeace, se perdieron 2 mil 430 millones de pesos a lo largo de estos dos primeros años del programa. No se canceló el programa sino que Calderón ordenó mejorarlo pero siguieron las perdidas y los malos manejos. Ante el alud de críticas, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) acabó admitiendo que ProÁrbol plantó menos árboles de lo acordado y que fue une reforestación «virtual«. Su director, José Cibrián Tova, renunció sin recibir ninguna sanción.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2006-2012) casi dos billones de pesos fueron destinados al campo. En su mayor parte fueron a parar a los bolsillos de inversionistas agroindustriales, a vendedores de agroquímicos, o a corporaciones que detienen la propiedad global sobre las semillas. Los subsidios que llegaron a la gente se utilizaron de manera clientelar y partidista y con un enfoque asistencialista destinado a mantener la pobreza en límites tolerables, lo cual por cierto no se logró, declaró Raúl Benet, asesor independiente en medio ambiente y territorio y Biólogo por la Facultad de Ciencias UNAM. Considera que el resultado de esos programas asistencialistas ha sido el abandono generalizado del campo, el fortalecimiento de una economía de subsistencia basada en el subsidio, y una pobreza acuciante y creciente. Estos programas han provocado directamente la pérdida de millones de hectáreas de bosques y selvas, la contaminación de los suelos y los acuíferos, el grave deterioro de los ecosistemas y la consecuente pérdida de biodiversidad, plantea. También han contribuido significativamente a la emisión de gases de efecto de invernadero que provocan el cambio climático.

Greenpeace explica además que la reforestación y las plantaciones comerciales no necesariamente ayudan a detener la deforestación, ya que apenas se alcanza a recuperar la tercera parte de la superficie boscosa que se pierde y, de los árboles plantados, sobreviven una mínima parte, menos de la mitad.

El nuevo programa Sembrando Vida

© Sembrando Vida

El programa Sembrando Vida presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende romper drásticamente con los programas anteriores. Los objetivos enunciados implicarían “contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus localidades rurales e impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral, restauración productiva del campo, cultivando maíz, cacao, hortalizas y árboles frutales en un millón de hectáreas de 19 estados del país”. Los posibles beneficiarios tienen que ser propietarios o poseedores de 2,5 hectáreas disponibles para ser trabajada en el proyecto que les significará recibir un apoyo de 5.000 pesos mensuales de los que 500 se destinarán a una caja de ahorro. En lo inmediato, el proyecto ha arrancado en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche con resultados ambivalentes.

Tanto el Subcomandante Insurgente Galeano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), coinciden en reprochar al programa distintos impactos negativos. «La entrega de apoyo a los ejidatarios de forma individualista puede generar divisionismo, romper el tejido social y agravar la situación de violencia e inseguridad contra líderes comunitarios, defensores de la tierra y del medio ambiente”, sostuvo Gustavo Sánchez, director de la Red Mocaf. Destapó problemas históricos en la tenencia de la tierra en el país además de generar disputas familiares por saber quién es el dueño “legal” de las tierras.

No al proyecto Sembrando Vida, uno de los reclamos del Congreso Nacional Indígena (CNI) en San Cristóbal de Las Casas en junio de 2019 © SIPAZ

Además y paradójicamente, el programa ha provocado más tala de árboles intencional e ilícita. “Si un agricultor tiene dos hectáreas y media, pero sólo una se encuentra deforestada, lo que hace es que talan la otra hectárea y media para que así completen la cuota que pide el gobierno”, explicó René Gómez, presidente de la organización “Bosques y Gobernanza”, en Ocosingo, Chiapas. Los técnicos y autoridades responsables de Sembrando Vida tienen instrucciones de no incluir en el programa a parcelas que se hayan establecido derribando selva o bosque, pero al menos en algunos casos sí se incluyeron en el programa dado que el programa carece de un sistema de monitoreo para dar cuenta de ello.

Finalmente, cabe mencionar que los árboles que se siembran hoy con Sembrando Vida no tienen el fin de reforestar sino de poder ser cortado en cuanto alcancen el tamaño indicado para su venta. La organización Otros Mundos en Chiapas denuncia que «estos programas, gestados desde una visión ajena del bosque y del campo, no se adaptan a la realidad de los pueblos ni siquiera buscan el bienestar de estos. Más bien son programas que buscan el mantenimiento de un sistema extractivista, para que se pueda seguir justificando la producción de bienes a toda costa y la acumulación de capital por parte de unos pocos entramados corporativos. Al mismo tiempo, estos programas dejan al campesinado y pueblos originarios en una situación de esclavos asalariados en sus propias tierras, encadenados a través de contratos y criminalizados cuando deciden volver a tratar la tierra como antes lo hacían sus abuelos y abuelas, y retomar el control sobre los bienes comunes.»

Horizontes…

© SEMARNAT

Las políticas y programas que se han implementado hasta la fecha para responder a la situación del manejo de los recursos forestales han sido insuficientes. Expertos en el tema consideran que la política forestal requiere avanzar en la definición clara de derechos de propiedad, respetando las condiciones de la propiedad comunitaria; identificación y promoción de esquemas y modelos de manejo forestal comunitario exitosos; recursos para incrementar las capacidades técnicas y el fortalecimiento del capital social de los productores; fortalecer esquemas de mercado y financiamiento para promover el desarrollo comunitario; y diseñar un marco normativo de incentivos a los productores para hacer un manejo integral y diversificado de sus recursos naturales a favor del desarrollo sustentable y la conservación.

“Es necesario redirigir los esfuerzos a una política enfocada al desarrollo integral de las regiones forestales, para dejar a un lado el enfoque asistencial centrado en el reparto de subsidios”, considera el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.