La noche del 7 de septiembre de 2017 significó un momento traumático en la vida de decenas de miles de personas, cuando un sismo de magnitud de 8,2 en la escala de Richter sacudió las costas de Chiapas y Oaxaca, dejando a 102 personas muertas, a miles de personas sin vivienda y la región en caos.

Reconstrucción comunitaria en la Costa © SweFOR

No obstante, en medio de este horror y angustia, surgió algo que en los dos años siguientes se convirtió en la fuerza impulsora del proceso de reconstrucción largo y extenuante, pero de mucha dignidad: la solidaridad comunitaria.

Los impactos de esta noche todavía están visibles y, en muchos lugares, palpables. Mientras los signos más obvios de la destrucción han sido removidos, para una reconstrucción completa aún falta mucho material y recursos, así como coordinación.

Una Misión Civil de Observación que tuvo lugar en Oaxaca unos días después del sismo destacó que “las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo no han sido cubiertas”. Además de eso, reprocharon una “falta de coordinación gubernamental en la distribución de la ayuda humanitaria y el uso discrecional de los escasos recursos que han llegado a la zona”, un patrón que se reiteró una y otra vez en el marco de la atención a los damnificados y cuyas consecuencias se manifiestan en los avances variables de la reedificación.

El origen de estas desigualdades son errores cometidos desde el principio. No sólo hubo fallos en la distribución de ayuda humanitaria, sino también en el censo de damnificados y la asignación de fondos. Denunciado por distintas organizaciones civiles y sociales, familias con patrimonio dañado no fueron incluidas en el censo y por eso tampoco consideradas en los fondos de reconstrucción. En otros casos, aunque el patrimonio fue considerado, fue censado incorrectamente, limitando el apoyo a estas familias. Otras familias simplemente no recibieron la ayuda monetaria prometida, entretanto personas sin ninguna afectación recibieron dinero de dichos fondos. En ese contexto en junio de 2018, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos ha “detectado que ante las irregularidades denunciadas por las personas damnificadas, las autoridades federales y estatales no se han coordinado, ni asumen la responsabilidad que les corresponde”.

Reconstrucción comunitaria en la Costa © SweFOR

Todas estas circunstancias crearon una situación en la que las familias perjudicadas fueron forzadas a endeudarse o vender objetos de valor para seguir con las obras de construcción o vivir en casas inapropiadas después del terremoto.

Ante la ausencia de una respuesta adecuada por parte de las autoridades, se formaron procesos civiles atendiendo la crisis y promoviendo una reconstrucción comunitaria. En los días posteriores al sismo, dicha reconstrucción comunitaria tomó la forma del rescate colectivo de personas atrapadas, la recolección y distribución de bienes de primera necesidad y la acomodación de afectados en lugares de refugio. Después del primer momento de unidad y apoyo recíproco, en unas ocasiones, ambos se transformaron en un proceso continuo de las comunidades.

Un ejemplo es el proceso de reconstrucción organizado por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan en Chiapas. Como muchas organizaciones y personas individuales, reaccionaron en vista de la crisis, organizando la entrega de ayuda humanitaria y coordinando brigadas de atención médica y atención psicosocial.

“Y también impulsamos actividades culturales, de recreación, para ver el tema del estrés, del miedo, con brigadas de atención médica al mismo tiempo, combinando todas las actividades y acciones enfocadas a mejorar la situación al interior, porque en este momento no sólo había miedo. Había terror, tensión; había complicaciones económicas. No había alimentos suficientes, porque no había trabajo, etcétera. Varias cosas fueron ocurriendo.”, explicó Nathaniel Hernández, director de Digna Ochoa, en entrevista con SIPAZ.

Como inicio de la reedificación misma, hicieron recorridos en las comunidades afectadas para hacer su propio censo así como una evaluación de todas las afectaciones. “Ya una vez conociendo la magnitud de los daños materiales, nosotros podíamos determinar cuál iba a ser el enfoque para iniciar un trabajo de reconstrucción material y también social”. Una parte esencial del proyecto es la participación de la comunidad que, en parte, se asegura por un comité de reconstrucción, formado por los comuneros. Es una medida para “conocer de primera mano las necesidades de cada familia en las comunidades y para establecer un canal de comunicación más intensiva”. Otro elemento es la transparencia completa sobre todos los fondos en las cuentas del Centro de Derechos Humanos y los costos específicos para la reconstrucción de las viviendas. “Finalmente, la propuesta era que las familias en las comunidades, donde se iba a asignar recursos, apoyaran, que colaboraran en el proceso de trabajo físico”. Así se logró la recuperación de aproximadamente 150 viviendas con 38 más que están por terminar.

Reconstrucción comunitaria en la Costa © SweFOR

En marzo de este año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que empezará la reconstrucción tras el sismo, con un presupuesto de 10 mil millones de pesos para 2019 de los cuáles se asignarán en una primera etapa 2 mil 700 millones de pesos en Chiapas y 4 mil 700 millones de pesos en Oaxaca. Aunque organizaciones civiles observan nuevo movimiento, la propuesta mantiene el error principal del gobierno anterior, usando el mismo censo y así excluyendo a los que ya fueron excluidos la primera vez “y que hasta ese momento siguen esperando la respuesta del gobierno actual para acceder a fondos públicos”. El margen de actuación de organizaciones no-gubernamentales en esos casos es limitado, porque “es un tema en donde ya no se alojan fondos”. Para no dejar a las familias perjudicadas sin ninguna forma de apoyo, Digna Ochoa comparte información sobre el plan de reconstrucción con ellas además de “compartir a las autoridades los censos que tenemos para que puedan ser consideradas”.

Al final, en el contexto de errores graves cometidos por las autoridades, al verse forzado “a aceptar ayuda que no se ajustaba a su realidad” y al sufrir el trauma continuo de esta noche, la reconstrucción comunitaria es más que una vía alternativa. Es un proceder que respeta a los damnificados y sus necesidades. Es una forma de utilizar los tejidos sociales existentes y reforzarlos. Y sobre todo, es un rayo de esperanza en un proceso que muchas veces parece sin fin a la vista.