En junio, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con aplicar un gravamen del 5% sobre productos mexicanos si México no frenaba la inmigración irregular. Se logró un acuerdo cuando México se comprometió a tomar “medidas fuertes” para contener el flujo migratorio, algo que empezó desde el día previo al acuerdo al anunciar que se reforzará la frontera con Guatemala a través del envío de 6.000 integrantes de la recién creada Guardia Nacional. El acuerdo también explicita que México tomará “medidas decisivas para desmantelar las organizaciones de tráfico y contrabando de personas, así como sus redes financieras y de transporte ilícitas”. Detalla que “aquellos que cruzan la frontera sur de los Estados Unidos para buscar asilo serán devueltos rápidamente a México, donde pueden esperar la adjudicación de sus solicitudes” mientras “México autorizará la entrada de todas esas personas [y] ofrecerá empleo, salud y educación de acuerdo a sus principios”. Finalmente, Estados Unidos secundó el plan de desarrollo integral para la región impulsada por México en coordinación con El Salvador, Guatemala y Honduras. El acuerdo adelanta que, en el caso de que las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados, se tomarán otras.

Además del despliegue en la Frontera Sur, en la Frontera Norte, se movilizaron 15.000 efectivos, reconoció el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Afirmó que “considerando que la migración no es un delito, es una falta administrativa, entonces nada más los detenemos y los ponemos a disposición” del Instituto Nacional de Migración (INM). Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la Guardia Nacional sí realiza detenciones de migrantes en auxilio del INM. Declaró que “la instrucción que tienen todos es que se respete los derechos humanos de los migrantes”.

Organizaciones civiles han cuestionado el “doble discurso” del gobierno de AMLO, que de una estrategia humanitaria (con una política de puertas abiertas al principio del sexenio) pasó a una militarista. Lo acusaron de haber dejado que “la administración de Donald Trump, extendiera su dominio fronterizo hasta el sur de México”. Indicaron que el aumento de la vigilancia no frenará la migración sino que la llevará a recurrir a rutas más riesgosas. Igualmente, les preocupó la tendencia a la criminalización de las organizaciones defensoras de migrantes. Ejemplo de ello, en junio, fueron detenidos Irineo Mujica, director de la organización Pueblo Sin Fronteras (PSF) y el defensor Cristóbal Sánchez, presuntamente por haber introducido a extranjeros sin documentación en México y lucrar con ello. En febrero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó PSF de ser la que “recluta” a los migrantes centroamericanos para participar en las caravanas que han atravesado México con destino a Estados Unidos desde 2018. Fueron liberados una semana después pero la Fiscalía General de la República (FGR) informó que apelará esta decisión judicial.

Otro problema es la saturación de las estancias migratorias que se encuentran rebasadas en su capacidad, hasta en 400% con “condiciones de hacinamiento, sin sanidad ni alimentación adecuada ni acceso suficiente a servicios de salud”. Human Rights Watch informó que “los de solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica, Cuba y África -entre ellos 4.780 niños y niñas- enfrentan ‘condiciones potencialmente peligrosas e insostenibles’ después que las autoridades estadounidenses los envían de regreso a México”. El visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edgar Corzo, aseguró que “lo que ocurre con los migrantes que son llevados a los centros migratorios, son privaciones de la libertad, donde no están garantizadas las mínimas condiciones de sobrevivencia ni un trato digno.”

Otros pendientes en derechos humanos

Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana en San Cristóbal de Las Casas, julio de 2019 © SIPAZ

En junio, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, lamentó que AMLO no haya encontrado tiempo para recibir de manera personal el informe anual 2018 del organismo, como era costumbre. Afirmó que “se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como una premisa y límite de toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación”. El informe 2018 destaca varios ámbitos de preocupación. En cuanto a seguridad y justicia, subraya “la necesidad de abordar la crisis que México vive en materia de violencia e inseguridad, bajo un enfoque integral, sustentado en una estrategia que priorice la prevención y no se limite al replanteamiento de un cuerpo eminentemente reactivo, como es la Guardia Nacional, así como al aumento de los delitos a los que sería aplicable la prisión preventiva forzosa”. En los temas de preocupación, también menciona el sector salud, los feminicidios, las desapariciones, los ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros.

En junio, iniciaron los trabajos para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH) que se prevé será publicado en diciembre. La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero subrayó que la “dolorosa crisis en derechos humanos le fue heredada al gobierno” actual y afirmó que “no se va a maquillar la realidad por dura que ésta sea”, en particular por el omnipresente componente de la impunidad.

Encuentro Regional “El Istmo es nuestro”, Salina Cruz, junio de 2019 © SIPAZ

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) inició el 21 de junio “la consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicana”, para “recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que habrán de sustentar la Iniciativa de Reforma Constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano”. Se realizaron 54 foros regionales y uno nacional en la Ciudad de México. Desde el inicio, el proceso fue criticado por diferentes organizaciones civiles y personas que cuestionaron la prisa con que fue llevado a cabo. El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C – Código DH en Oaxaca subrayó por ejemplo que, a pesar de la amplitud de los temas a tratar “se concentraron 3 fases en un día: informativa, deliberativa y consultiva”. Otras voces declararon que más que una consulta fue una forma de legitimar algo decidido de antemano. El INPI informó que, en base a los foros donde según su estimación participaron más de 27.000 representantes, redactará una propuesta para reformar la Carta Magna en septiembre.

EZLN “rompe el cerco”

En mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) alertó que “las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio” a dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI). Se refirió a seis defensores indígenas que han sido asesinados en lo que va del 2019 además de mencionar las denuncias del propio CNI con situaciones de “despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones”. Denunció que “esta lógica de guerra en contra de los pueblos que construyen autonomía, se reproduce en el incremento de la militarización a territorios zapatistas, (…) cerco que se profundiza con la presencia de la Guardia Nacional en la región”.

En agosto, el Subcomandante Moisés, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), anunció que el EZLN decidió “romper el cerco” formando nuevos Caracoles y más municipios autónomos rebeldes zapatistas en Chiapas. Informó también sobre la Creación de Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (CRAREZ). Convocó a múltiples eventos por realizar con distintos sectores y temas. Ante este anuncio, AMLO declaró que “Bienvenidos. Porque esto significa trabajar en beneficio de las comunidades y de los pueblos”.

En días previos, el Subcomandante Galeano planteó un análisis del momento actual. Afirmó entre otras cosa que “llueve en todas partes y sobre todos. Al menos acá abajo. Quizás alguno, alguna, apenas empieza a sentir las gotas frías aguijoneándole el cuerpo; pero para otr@s, y no sólo para los pueblos originarios, llueve sobre mojado: despojos, robos, amenazas, persecución, cárcel, desaparición, violación, golpes, muerte… y, sí, a veces limosnas”. Recalcó que “allá arriba declaran que todo va bien” pero “acá abajo (…) todo va mal, y (…) se va a poner peor”.

Chiapas: Creciente polarización en Chilón ante posible cambio de modo de elección, del oficial al sistema por usos y costumbres

En junio, medios informaron que agentes del gobierno municipal de Chilón empezaron a recoger firmas en un formato titulado “Rechazo total de elecciones por vía de usos y costumbres; sí a las urnas por partidos políticos”. Comunidades informaron que agentes municipales amenazaron a los pobladores de que perderían programas sociales si se llegaba a consolidar el sistema normativo indígena. Un vídeo circulado por Facebook igualmente mostró una asamblea en Chilón en la que los participantes rechazaban dicho sistema, se declaraban a favor de los apoyos del gobierno y de la propuesta del súper carretera entre Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Igualmente en junio, fue denunciada una escalada de ataques contra los integrantes de la Misión jesuita en Bachajón, por parte de autoridades municipales de Chilón y Sitalá, ante su acompañamiento a los movimientos indígenas que buscan ejercer su derecho a la libre determinación en sendos municipios.

Desde noviembre de 2017, una petición fue presentada al Instituto Electoral y de Participación Electoral (IEPC) para poder pasar del sistema de partidos políticos al por usos y costumbres. En mayo del presente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) canceló el inicio un estudio cultural para confirmar el origen indígena de ambos municipios y su derecho a elegir a sus autoridades por la vía que definan. En agosto, actores a favor de los usos y costumbres denunciaron “la actitud nefasta del gobierno local de este municipio, (…), ante la visita programada para el Estudio Cultural de los antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”. Detallaron que en este mismo marco fueron amenazados, perseguidos y agredidos tanto ellos como los antropólogos, a pesar de intentar evitar las confrontaciones al cambiar la sede de los eventos inicialmente previstos.

Por su parte, un sector de ejidatarios de Chilón y Bachajón que se opone a la realización de elecciones por usos y costumbres responsabilizó a los funcionarios del INAH y al IEPC por cualquier hecho violento que pueda ocurrir. Señalaron también a los integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) y el párroco de Chilón por buscar “imponer prácticamente esta forma de elección”.

Denuncias y acciones ante megaproyectos y actores organizados en defensa de la Madre Tierra

Conferencia de prensa de ambientalistas ante la criminalización de su proceso, San Cristóbal de Las Casas, julio de 2019 © SIPAZ

En mayo, el área de la Pastoral Social de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas alertó sobre la “vulnerabilidad y mayor empobrecimiento de nuestros pueblos ante los megaproyectos y nuevos programas de gobierno”, además de “aplicarse ahora las simuladas consultas con personas que no se verán afectadas de manera directa”. Enfatizó que “no vemos una verdadera transformación en favor de la vida ni hacia el crecimiento y desarrollo de los pueblos”.

En junio, fue encontrado asesinado en Palenque, el ecologista tabasqueño José Luis Álvarez Flores. Desde 2012, Álvarez Flores estaba encargado de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Saraguato, y en diversos momentos hizo acusaciones sobre la extracción ilegal de arena y material pétreo en el Río Usumacinta. Solicitó medidas de protección al gobierno pero nunca las recibió. Como posibles elementos de contexto, EDUCA recuerda que “el río Usumacinta es el más caudaloso de México y de concretarse el proyecto del Tren Maya, sería la principal fuente de extracción de materiales pétreos”.

En agosto, el Movimiento en Defensa de La Vida y del Territorio (MODEVITE) convocó a una Mega peregrinación para “visibilizar los nulos cambios políticos del actual gobierno”. Más de 1.000 personas de por lo menos 11 municipios respondieron al llamado. Plantearon que “nos unimos para manifestarnos con una sola voz en contra de los megaproyectos nacionales y trasnacionales, y de un gobierno que continua favoreciendo [su] imposición”. Rechazaron “las decisiones unilaterales del Gobierno municipal, estatal y federal por no considerar nuestra participación”; así como “la imposición de la militarización a través de la Guardia Nacional que está siendo utilizado como un medio de intimidación y represión social”.

Violencia “generalizada” sigue generando desplazamientos forzados

Organización Ikoltyañtyel Lak Lumal, municipio de Salto de Agua durante una manifestación del Congreso Nacional Indígena (CNI) en San Cristóbal de Las Casas en junio de 2019 © SIPAZ

En mayo, a tres años de su desplazamiento forzado, 53 familias del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, organizaron actividades para denunciar que continúan sin posibilidad de retorno. Aunque reconocen que el gobierno estatal cumplió con algunos compromisos, no ha habido avances en torno a la justicia, razón por la cual se mantiene la imposibilidad de regresar. Diego Cadenas Gordillo, Director del Centro de Derechos Humanos Kuuntik, asimismo alertó que “hay precio por la cabeza de los representantes y de los abogados”.

En junio, autoridades de Aldama y Chenalhó firmaron un pacto de no agresión que esperan pondrá fin a un conflicto -inicialmente agrario, por 60 hectáreas de territorio- entre ambos municipios. El mismo ha provocado decenas de muertos y cientos de familias desplazadas en los últimos dos años, recrudeciendo recientemente. El periodista Elio Enríquez señaló que “mientras los habitantes de ambos pueblos (…) sigan armados, las esperanzas de que no haya agresiones son pocas. (…) Mientras haya impunidad y no sean castigados los responsables de los más de 20 asesinatos, difícilmente se tranquilizarán los pobladores“.

En junio, el Frayba informó que fueron desplazadas 28 familias de San Pedro Hidalgo, municipio San Andrés Duraznal. En julio, denunció también que en el municipio de Salto de Agua un grupo de personas ingresó violentamente a la comunidad San José El Bascán y provocó el desplazamiento forzado de 36 personas mayas pertenecientes la organización Ikoltyañtyel Lak Lumal, parte del CNI. Finalmente en agosto, Frayba reportó que cuatro familias de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, fueron agredidas y desplazadas forzosamente de la Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, municipio de Chenalhó. Alertó sobre el hecho que estos nuevos desplazamientos se dan “en un contexto regional de espirales de violencia generalizada, con más de 7.000 víctimas de desplazamiento forzado, donde las acciones de los gobiernos estatal y federal son deficientes”.

OAXACA: reclamos ante megaproyectos

Encuentro Regional “El Istmo es nuestro”, Salina Cruz, junio de 2019 © SIPAZ

En mayo, los gobiernos federal y estatal inauguraron el parque Energía Eólica del Sur, en el Istmo de Tehuantepec, construido con inversiones de la empresa japonesa Mitsubishi. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, encabezando el evento, resaltó la importancia de esta construcción y reconoció que la misma generó problemas sociales y rechazo entre los habitantes del Istmo. Organizaciones civiles documentaron varias fallas en la consulta realizada en 2014 y 2015, incluyendo el hecho de que ya se habían otorgado los permisos y las inversiones estaban en marcha cuando se inició. A pesar de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó varios amparos que se habían presentados contra el proyecto. Quince días después, un grupo de propietarios de tierras arrendadas por Mitsubishi tomaron “por tiempo indefinido” la subestación eléctrica para exigir el cumplimiento de varios acuerdos.

En junio, fue emitido el decreto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con lo que puede arrancar el proyecto que incluye un tren de carga y la ampliación de la carretera entre Salina Cruz (Oaxaca)-Coatzacoalcos (Veracruz), además de una zona franca para atraer inversiones a la zona. Dicho proyecto ha generado oposición por parte de varios actores. Poco antes, se llevó a cabo el Encuentro Regional “El Istmo es Nuestro”, con la participación de 21 municipios de los estados de Oaxaca y Veracruz. Sus participantes volvieron a denunciar que las consultas sobre este programa en marzo y mayo, fueron un “medio” para legitimizar la imposición de un proyecto que beneficia principalmente a empresas extranjeras, no a las comunidades indígenas de la zona. En julio, defensores Mixes presentaron un amparo en contra del mismo, ya que “se pretende efectuar sin observar las disposiciones normativas y lineamientos protocolarios que se han establecido para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas.”

En agosto, comunidades de los pueblos chatinos y mixtecos de las regiones de la Sierra Sur y Costa se pronunciaron “ante la nueva amenaza de la construcción de un nuevo Proyecto Hidroeléctrico en el Río Verde, promovido por la empresa GENERACIÓN ENERSI S.A. de CV”. Señalaron además que el Río Verde “se encuentra actualmente protegido por el amparo (…) contra la declaración de zonas de reserva -decretos publicados al final del gobierno de Enrique Peña Nieto-, fue otorgado por un juez federal y no se podrá construir ningún proyecto de infraestructura”. Denunciaron que “a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la SEMARNAT y CONAGUA interpusieron un recurso de revisión (…). No entendemos porque Andrés Manuel López Obrador (…) dice que esta con los pobres y los indígenas, pero en su administración regatea los derechos de los pueblos y favorece a las empresas”.

GUERRERO: “El recuento del dolor”

Atotzinapa © SIPAZ

En agosto, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan celebró su XXVº aniversario. El Informe de la organización titulado “Montaña llena eres de esperanza” “da cuenta del deterioro de las condiciones de vida de las y los guerrerenses, a causa de la violencia y de la debilidad de nuestras instituciones, que han sido capturadas tanto por intereses macroeconómicos como por organizaciones del crimen. Sobresalen en nuestra entidad multiplicidad de focos rojos que no han podido ser desactivados por las autoridades del estado, (…) han desbordado nuestro endeble Estado de derecho”. En los primeros cinco meses del 2019 se registraron 748 personas asesinadas, lo que equivale a un promedio de cinco homicidios diarios.

Asesinatos y amenazas son parte de la realidad que enfrentan a diario defensores de derechos humanos y periodistas. En mayo, fueron privados de su libertad y asesinados Bertoldo Morales Hilario e Isaías Xantenco Ahuejote, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), municipio de Chilapa de Álvarez. Ambos también eran promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), parte del Congreso Nacional Indígena (CNI). La CRAC-PF señaló como presuntos responsables a un grupo vinculado con la banda delictiva Los Ardillos. El CNI recordó que “este artero crimen se suma al reciente asesinato de (…) Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado del CNI-CIG, por lo que denunciamos la política de terror de los grupos narco paramilitares, con la ayuda descarada de los tres niveles del mal gobierno”.

En junio, el periódico El Sur informó que “el presidente, el secretario y el tesorero del Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec hacen imputaciones infamantes y calumniosas en contra del director general de este periódico, Juan Angulo Osorio y del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández”, acusándoles -entre otras cosas- de vivir de la “generación de violencia”, a través del al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP. El Sur denunció que ello es un “atentado a la libertad de expresión que afecta a todos los que trabajan en este periódico”.

Unos días antes, fueron declarados inocentes los 16 miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que habían sido detenidos en enero de 2018, tras hechos violentos cerca de Acapulco, donde murieron seis civiles y cinco policías comunitarios. El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra subrayó que el tribunal expresó “sus preocupaciones por estas investigaciones sumamente insuficientes, donde hubo tortura, que se extrajeron pruebas de manera ilegal, donde estuvieron también por muchos días en la Fiscalía y no se nos permitió a la defensa poder ingresar para hablar con ellos”. Llamó a hacer una ruta de reconciliación y pacificación que “no es solamente de las partes, sino que también debe de venir del Estado”, reconociendo que son muchos las disputas añejas en la zona.

En los pocos avances, en agosto, cuatro integrantes del Movimiento Popular de Teloloapan, fueron liberados luego de permanecer encarcelados por más de 10 años, acusados de secuestro. Manifestaron que seguirán exigiendo la libertad de todos los presos políticos. La dirigente del Frente de Defensa Popular Francisco Villa, Clemencia Guevara Tejedor, sostuvo que la postura del presidente de marginar a las organizaciones sociales, ha dejado en la vulnerabilidad a activistas y denunció que en Guerrero todavía suman 60 los presos políticos.