E n junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que en su gobierno los homicidios registrados han superado los de las administraciones anteriores. En 2019, se registraron 34.690 asesinatos, en 2020, 34.554, en 2021, 33.308 y en 2022, 30.968, mientras que en el primer cuatrimestre de 2023 fueron 9.912, un promedio de 83 al día.

AMLO achacó la responsabilidad de estas cifras a las administraciones anteriores: “¿Dónde están los cárteles creados o tolerados por el gobierno de nosotros? No hay. Se fueron consolidando por la impunidad y las complicidades cuando el secretario de Seguridad Pública [Genaro García Luna] estaba al servicio del narcotráfico, era un Narco estado”. Afirmó que están dando resultados los programas sociales como parte de la atención de las causas detrás de la inseguridad. Agregó que el nivel de letalidad en los enfrentamientos con el crimen que se registraba en el pasado se ha reducido: “Esto es un indicador de que respetamos los derechos humanos, en la práctica. Por eso no acepto lo que sostienen algunas organizaciones de la sociedad civil (…), porque nos quieren meter en el mismo saco”, recalcó.

Violaciones de derechos humanos e impunidad: elementos de continuidad

En mayo, el diario The New York Times informó que Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos en el gobierno de AMLO, ha sido víctima de espionaje recurriendo al programa espía Pegasus. El hackeo habría ocurrido mientras el funcionario trabajaba sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, en particular en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El Times subrayó que “la licencia de Pegasus está permitida solo a agencias del Gobierno, y aunque no hay pruebas definitivas sobre cuál es la que realizó el hackeo (…), el Ejército es la única entidad en México que tiene acceso al programa”. En octubre pasado, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reveló que el Ejército compró Pegasus en 2019 y que se han encontrado evidencias de rastreo en celulares de varios activistas y periodistas. Al día siguiente, AMLO reconoció que su subsecretario fue espiado, pero rechazó que haya sido bajo órdenes militares. Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron lo ocurrido “ya que se constituyen hechos gravísimos, y que muestran que, a pesar de los compromisos públicos, instituciones del Estado no han evitado y, por el contrario, siguen permitiendo la utilización de Pegasus”.

En junio, más de 400 organizaciones de derechos humanos se solidarizaron con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), luego de que AMLO realizara “declaraciones desafortunadas que desinforman y desprestigian” al declarar que la organización, a la par de otras, callaron sobre casos de violaciones a derechos humanos cometidas en gobiernos anteriores “por supuestas filiaciones partidistas y sugiriendo, además, que hay una intención de estos organismos para que su gobierno fracase”. Recalcaron que “las violaciones a derechos humanos en el país persisten y no han dejado de suceder”. Subrayaron que atender esta crisis “requiere del diálogo permanente con la sociedad civil para buscar acciones que ayuden a revertir dicha situación. Para esto, es necesario de la voluntad política para investigar y enjuiciar a quienes históricamente continúan ostentando el poder, y sobre quienes hacen uso de este, para denostar, desprestigiar y desviar la atención de los verdaderos problemas”.

En julio, AMLO recibió en su conferencia mañanera a Estela de Carlotto, presidenta actual y una de las fundadoras de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, quienes han ayudado a localizar personas desaparecidas durante la dictadura militar en su país. Ante ello, colectivos de madres buscadoras en México exigieron al presidente que también las reciba “para hablar de la tragedia” que vive el país en materia de desapariciones y ante la cual, “las autoridades no han respondido ni a nivel federal, ni tampoco a nivel estatal”. También mencionaron: “No somos sus opositoras, somos como Estela de Carlotto, madres, familiares, rotas por el dolor, solo buscamos saber qué pasó con nuestros seres queridos (…), el presidente no ha querido recibirnos en estos cinco años de gobierno”. Agregaron que “todo lo que ha pasado en México desde hace 15 años es igual o más grave de lo ocurrido en Argentina: aquí van más de 100 mil personas desaparecidas y más de 50 mil cuerpos y restos humanos sin identificar”.

En agosto, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (MEH), denunció haber experimentado “serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías”. Ello, aunque en 2019, AMLO firmó una orden exigiendo a todas las dependencias de Gobierno que entregaran toda información disponible.

Contrapesos y rechazo no frenan el avance de megaproyectos

En mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como inconstitucional el decreto de AMLO de noviembre de 2021, a través del que pretendía declarar la construcción, funcionamiento y operación de “obras prioritarias” como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como asuntos de seguridad nacional e interés público. Ello en respuesta a la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Unas horas después de que el máximo tribunal diera la razón al INAI, López Obrador presentó un nuevo decreto con los mismos fines que el inicialmente presentado, contraviniendo lo resuelto por la Suprema Corte. Por lo mismo, al día siguiente, el INAI presentó un nuevo recurso de queja. El decreto inicial permitía al gobierno federal iniciar las construcciones sin necesidad de tener los permisos necesarios. Restringía el acceso a la información, pues podía reservar los documentos bajo el pretexto de la seguridad nacional. El presidente, por su parte, negó que el nuevo decreto busque ocultar información sobre las obras y justificó su protección.

En mayo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que “el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó la suspensión definitiva a efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos” que abarcan cuatro tramos. Tres años después de haber presentado un amparo, comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones civiles, obtuvieron la suspensión definitiva del proyecto. El Juzgado señaló “que las autorizaciones provisionales emitidas (…) no suplen las autorizaciones que implican un estudio técnico y científico previo a la obra que, al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de los trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse”.

En julio, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza condenó al Estado mexicano por “crímenes de ecocidio y etnocidio” en la construcción del Tren Maya. Urgió a su suspensión, a la desmilitarización de todos los territorios indígenas donde se desarrolla, así como a “terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación contra las personas defensoras de la naturaleza”. Además de la suspensión inmediata del Tren, la sentencia ordena varias medidas de reparación integral de los ecosistemas afectados por la ejecución del proyecto y sus instalaciones colaterales, así como de “todos los impactos sociales generados”. AMLO se ha negado reiteradamente a reconocer que el proyecto provoque daños ecológicos, y ha acusado a los expertos que critican la obra de “ingenuos” y de estar manipulados por “intereses conservadores”.

CHIAPAS: Focos rojos se siguen multiplicando

De norte a sur y de este a oeste, no pasa ni una semana sin que se informe sobre un incidente relacionado con la presencia de grupos vinculados al crimen organizado en el estado: asesinatos, secuestros o desapariciones, patrullajes o “narco retenes” son de las situaciones reportadas con mayor frecuencia.

La situación más alarmante se está presentando en los municipios en la frontera con Guatemala. A finales de mayo, en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Amatenango de la Frontera, redes de derechos humanos reportaron: “Comunidades enteras incomunicadas por bloqueos de carreteras y caminos, suspensión de clases en las escuelas, cortes de luz eléctrica que incomunican a la población, quema de vehículos, instalación de una narcomanta, enfrentamientos armados, amenazas de allanamiento de morada para revisión de teléfonos celulares, secuestros, reclutamiento forzado de los hombres de las comunidades para integrarlos a sus filas, y muerte a quienes oponen alguna resistencia”. También se dieron desplazamientos forzados de al menos 3 mil personas ante el miedo a la violencia desatada presuntamente por enfrentamientos entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa por el control de la zona fronteriza.

Una semana después, fuerzas de seguridad estatales y federales retomaron el control de la zona y se pudieron reanudar las actividades cotidianas. No obstante, existe cierto escepticismo respecto a la posibilidad de que la presencia militar reduzca la violencia a mediano plazo cuando no lo ha hecho en el pasado. El Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señaló que no es nueva en la zona: “La aquiescencia del Estado a través de instituciones castrenses se identifica en los territorios donde se están suscitando estos hechos. En la localidad de El Jocote existe un destacamento del Ejército mexicano. En el tramo carretero Paso Hondo-Frontera Comalapa está establecido un destacamento de la Guardia Nacional. En el municipio de Chicomuselo está el cuartel más grande del Ejército mexicano en Chiapas. Testimonios refieren que frente a estas instituciones se pasean las caravanas de vehículos [del crimen] transportando personas fuertemente armadas”, expresó. No obstante, gran parte de la población, sintiéndose totalmente indefensa, sigue reclamando la intervención de la Guardia Nacional y el Ejército, así como el reforzamiento de la seguridad y vigilancia en distintos tramos carreteros.

Piden frenar la violencia en territorios zapatistas

El 22 de mayo, Gilberto López Sántiz, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) fue víctima de un ataque armado. Horas antes, la comunidad Autónoma Moisés y Gandhi (Ocosingo) informó del ataque armado con “130 disparos de pequeño calibre y 15 disparos de alto calibre” perpetrado por integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). La RED Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) exigió que se brinde atención médica urgente a López Santiz; que se deslinden responsabilidades por el intento de homicidio y ataque armado; y, el cese inmediato de los ataques por parte de la ORCAO.

En elementos de contexto, el Frayba recordó que, desde el levantamiento armado en 1994, el EZLN “ha sido hostigado y continuamente agredido por el Ejército mexicano y grupos afines al Estado (…) con la finalidad de destruir y cooptar los movimientos de resistencia y emancipatorios que están pugnando por el respeto de sus derechos”. Declaró que “este sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se ha quedado atrás, los ataques hacia las tierras recuperadas del EZLN son constantes, (…) las Bases de Apoyo del EZLN han sufrido graves violaciones a derechos humanos como privaciones arbitrarias de la libertad, torturas, desplazamiento forzado y varios heridos por armas de fuego”. Situaciones se siguen incrementando “debido a la impunidad activa generada desde el gobierno mexicano”. Varias expresiones de solidaridad nacional e internacional se realizaron en semanas posteriores.

AMLO, al ser cuestionado sobre estos casos, declaró que la situación no es tal y arremetió en contra de las organizaciones civiles. “Los reaccionarios, los conservadores, no quieren aceptar que hay una nueva realidad”. “Hasta el gobierno de Estados Unidos da dinero a organizaciones pseudo ambientalistas, pseudo defensoras de derechos humanos”, agregó. Ante estas declaraciones, el Frayba cuestionó “el negacionismo” del presidente ante la violencia en Chiapas, misma que profundiza la impunidad “impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social”. Destacó que de 2019 a la fecha ha documentado “más 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región de Moisés y Gandhi”. Por su parte, la Red TDT declaró que tiene documentado el aumento de la violencia en Chiapas y que le “preocupa que desde los espacios presidenciales se niegue la problemática”.

Periodistas, otro de los sectores vulnerables

En junio, organizaciones de derechos humanos y redes de periodistas alertaron sobre “el clima hostil contra la prensa en el estado de Chiapas, derivado del clima de violencia que se vive en diversas regiones de la entidad, principalmente por hechos relacionados con acciones de grupos armados y del crimen organizado”. En los incidentes más recientes señalaron la colocación, de mantas con mensajes intimidatorios contra la prensa en Frontera Comalapa, aunque refirieron que se trata de “una situación generalizada en el estado”.

Recordaron que, en 2022, Artículo 19 documentó 31 agresiones contra la prensa en Chiapas, un promedio de 2,5 al mes, “el número más alto de agresiones documentadas en el estado desde que la organización documenta la violencia contra la prensa. Esto colocó a la entidad federativa en el noveno puesto de agresiones contra periodistas y medios en el país. Dado que 1 de cada 3 de las agresiones en Chiapas en el 2022 fueron directamente perpetradas por grupos de delincuencia organizada, esta violencia representa una grave alerta para el ejercicio periodístico”. Denunciaron que “no hay garantías de protección ni de acceso a la justicia, lo cual ha ocasionado el desplazamiento de por lo menos dos periodistas en esta entidad”.

Voces denunciando la violencia

En mayo. madres de mujeres que han sido asesinadas y desaparecidas en Chiapas instalaron un plantón frente al palacio de gobierno en la capital Tuxtla Gutiérrez, exigiendo justicia y verdad frente a lo ocurrido con sus hijas. Afirmaron que hubo negligencia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que, debido a la corrupción, no se ha logrado capturar y condenar a los agresores. “Ya basta de simulaciones, por nosotras y por todas, justicia y justicia para todas”, declararon. Los casos se siguen acumulando. En agosto, el Colectivo de mujeres 50+1 denunció el “alarmante aumento de la violencia contra las mujeres en Chiapas. En 2022, se registraron al menos 40 casos de feminicidio”. A estos casos se suman 19 feminicidios en 2023, de acuerdo con sus registros.

En junio, creyentes de las parroquias de Chicomuselo peregrinaron para visibilizar la creciente violencia: “Estamos sufriendo como pueblos los asesinatos, secuestros y desapariciones, así como la constante amenaza, hostigamiento, persecución y difamación contra servidoras y servidores de nuestra comunidad parroquial”. Mencionaron que cada vez es más fuerte la presencia de grupos del crimen organizado que “operan con total impunidad con el objetivo de controlar el territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por derecho de piso”. Exigieron “se cumpla el estado de derecho (…) sin llegar a la militarización de nuestras comunidades”.

El 5 de julio, peregrinaron miles de católicos de la diócesis de San Cristóbal, en al menos siete municipios, para exigir a las autoridades que cese la violencia generada por grupos armados y se garantice la paz y estabilidad social. En la “Marcha/peregrinación por la verdad, la justicia y construcción de la paz” participaron feligreses de las parroquias de San Cristóbal de Las Casas, Oxchuc, Ocosingo, Teopisca, Tenejapa, San Juan Cancuc, Chamula, Zinacantán, Chenalhó, Simojovel entre otras. El Pueblo Creyente afirmó que las autoridades niegan la realidad: “Pareciera que viven en un mundo paralelo y distinto al que vive el pueblo, pero el Estado tiene la responsabilidad de la inseguridad que se vive en el país”.

El 9 de julio, miles de feligreses católicos y evangélicos peregrinaron en Las Margaritas, donde sus líderes religiosos pidieron frenar el incremento de las violencias: “venta de alcohol y drogas, casas de prostitución, intentos de secuestros, disparos, homicidios, (…), abuso de poder, enfrentamientos entre organizaciones, desplazamientos forzados, malversación de recursos”, entre otros. Reclamaron que las autoridades “intentan ocultar todas estas manifestaciones de muerte con festejos que […] contribuyen a seducir y domesticar a la ciudadanía rumbo a las elecciones del próximo año”. Reclamaron que “el sentir del pueblo es de desamparo ante los poderes que a nivel político nos representan, ya que está demostrado que los intereses de quienes ocupan estos cargos están muy alejados de las necesidades de su pueblo”.

En agosto, Frayba presentó ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la ONU una denuncia hacia el Estado mexicano por tortura y fabricación de culpables que criminaliza a defensores indígenas. En esta ocasión, abordaron dos casos; el de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, y el de cinco indígenas tseltales de Cancuc, defensores del territorio y los derechos humanos. Frayba “confirma el patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por el gobierno de Chiapas, entre cuyas características se encuentra: participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indígena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación como pueblos originarios, acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL), detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN)”, entre otros.

GUERRERO: Percepción de desamparo ante violencia del pasado y del presente

Pocas expectativas se logran tener para el acceso a la justicia cuando no se logran avances ni en el caso más sonado del estado. En julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento al caso de desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa presentó su último informe. Dio a conocer los obstáculos que ha enfrentado, los pendientes que quedarán al reconocer que no hay condiciones para que pueda continuar sus labores. Volvió a señalar a las fuerzas armadas que protagonizan más de la mitad del informe. Lograron mapear los movimientos y comunicaciones de distintas autoridades en Iguala, antes, durante y después de los ataques contra los normalistas. Los hechos apuntan a la participación, por acción u omisión, de prácticamente todas las corporaciones de seguridad.

Posteriormente, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó que, pese a la voluntad política expresada desde el gobierno federal para conocer la verdad, las Fuerzas Armadas no hayan otorgado toda la información solicitada por el GIEI. Por su parte, AMLO afirmó que hay una campaña en contra del Ejército mexicano que busca debilitar a las Fuerzas Armadas. Aseguró que han estado cooperando en este caso. Los padres y madres de los 43 normalistas declararon que no obstante la salida del GIEI, “el caso no se va a quedar en la impunidad, vamos a seguir”.

Las desapariciones siguen siendo una de las problemáticas más prominentes. En junio, el colectivo de familiares de desaparecidos Luciérnaga, la Comisión Nacional de Búsqueda y Tlachinollan acompañados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, realizaron una jornada de búsqueda en Tlapa de Comonfort que permitió ubicar ocho cuerpos y 70 restos óseos localizados en fosas clandestinas. Las familias siguen reclamando que “no les interesa a las autoridades porque desde que desaparecieron sus esposos, esposas, madres, padres, hijas e hijos nunca activaron las alertas para realizar las búsquedas. Fue un calvario interponer las denuncias porque no fueron escuchadas, al contrario, las criminalizaron. Tuvieron que enfrentar los trámites engorrosos y los tratos despóticos de las autoridades”. De hecho, “fueron los primeros en recorrer los cerros y barrancas, aun con el miedo de ser desaparecidos o desaparecidas. Algunas familias fueron amenazadas, pero no se arredraron porque pudo más la esperanza de encontrar a sus seres queridos”, recalcó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

Mientras tanto, brotes de violencia se siguen dando en casi toda la geografía guerrerense. En julio, unidades del transporte público fueron incendiadas en diferentes puntos de la capital, Chilpancingo. Cinco taxistas fueron asesinados y otras cinco personas resultaron heridas. Algunos taxistas exigían la liberación de líderes suyos detenidos por presunta posesión de cartuchos y droga. El transporte público paró sus servicios, los negocios cerraron y las calles se vaciaron. “La peor actuación fue la ausencia de las autoridades (…); la inacción de las corporaciones policiacas y el repliegue de la guardia nacional. Los políticos, a diferencia de los eventos públicos donde lucen sus mejores atuendos, no dieron la cara, ni actuaron para hacer valer el estado de derecho”, reclamó Tlachinollan. “El gran desafío de la gobernadora Evelyn Salgado es (…) desmontar la estructura delincuencial que está enraizada en los aparatos del estado”, concluyó.

AMLO reconoció que la violencia en el estado “no va a desaparecer por arte de magia”. Consideró que fue un avance que a través del diálogo se lograra la liberación de los 13 policías y funcionarios retenidos durante bloqueos carreteros organizados por pobladores cercanos al grupo delictivo Los Ardillos después de la detención de dos de sus miembros. “No se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia. (…) Que se queden callados, pero que no se dejen manipular”, declaró. “Es un asunto que se tiene que atender en la raíz, el origen, el desmantelamiento de una base social. Va a permitirse solamente con equidad y desarrollo social, no va a ser por la vía de la violencia y la represión”, dijo por su parte Alejandro Encinas sobre la estrategia del Estado ante la presencia de grupos delictivos en Guerrero.

Mientras tanto, la vulnerabilidad de defensores de derechos humanos y periodistas sigue siendo extrema. En agosto, fue asesinado el periodista Nelson Matus Peña en Acapulco. Era editor del portal Lo Real de Guerrero, un referente de la nota policiaca o nota roja. Al día siguiente, periodistas locales, estatales y nacionales, así como fotógrafos y camarógrafos de diversos medios, protestaron en Chilpancingo para exigir justicia. Denunciaron que suman dos ejecuciones en solo dos meses y dos intentos por matar a otros dos periodistas, solo en Acapulco. Además, tienen documentados ocho asaltos a casas de reporteros en dos años, donde los delincuentes se roban solo los materiales de trabajo; una decena de periodistas se encuentran en desplazamiento forzado y dos están en calidad de desaparecidos. En 20 años se han registrado en Guerrero al menos 20 asesinatos de comunicadores.

OAXACA: violaciones de derechos humanos en el contexto del Corredor Interoceánico

En julio, se llevó a cabo una Misión Civil de Observación en la que participaron 23 organizaciones civiles nacionales e internacionales para “documentar las violaciones a los derechos humanos y las agresiones contra personas y comunidades defensoras en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)”. Reportó múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas; “específicamente sus derechos: i) a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de este en sus territorios; ii) a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural. Esto, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales; y iii) a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo”.

La Misión registró “al menos 21 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzosos; 3 homicidios de personas defensoras entre octubre 2022 a julio 2023; 2 casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance; y 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias” en distintas comunidades. Entre las autoridades responsables, destacó la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena, la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria. Fueron señalados también diversas empresas, grupos armados y caciques locales.

Ante un caso igualmente documentado en la Misión, en julio, la organización internacional Front Line Defenders emitió una Acción Urgente en la que pidió al gobierno de México retirar los cargos en contra de David Hernández Salazar, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y opositor a la instalación de un parque industrial en Puente Madera, localidad de San Blas Atempa, como parte del proyecto del Corredor Interoceánico. También, pidió retirar las investigaciones y órdenes de aprehensión en contra de otros 17 integrantes de la APIIDTT y garantizar su derecho al debido proceso. Asimismo, exigió que “cese de la criminalización contra David y las/os defensores de Puente Madera”, así como medidas para garantizar que todos los defensores y defensoras de derechos humanos puedan trabajar “libremente sin miedo a restricciones ni represalias”.