Violencia y cambio climático, las principales amenazas

C ada 20 de junio, se celebra el Día Mundial de los Desplazados y Refugiados, en un escenario en el cual, según datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), veinticuatro individuos abandonan sus hogares cada minuto, escapando de conflictos bélicos, persecuciones o situaciones de terror. Actualmente, se estima que más de 110 millones de personas en el mundo se encuentran en situación de desplazamiento forzado, tanto dentro como fuera de sus países de origen. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) “la mayor parte de las personas forzadas a huir nunca cruza una frontera internacional, sino que permanece en su propio país. A estas personas se les conoce como desplazados internos, que representan el 58% del total de personas desplazadas por la fuerza”.

El número de personas desplazadas contra su voluntad ha crecido a nivel global debido a la violencia originada por conflictos recientes o en curso, así como por eventos naturales catastróficos, entre otros elementos, que están vinculados al cambio climático.

La Agenda de Acción del Secretario General de las Naciones Unidas menciona: “La urgencia de prevenir el desplazamiento interno y encontrar soluciones es particularmente grave a la luz del cambio climático, que no es sólo un factor de desplazamiento, sino también un multiplicador de riesgos. El Banco Mundial estima que 216 millones de personas podrían ser forzadas a desplazarse internamente para 2050 en sólo seis regiones debido al cambio climático si no se toman medidas inmediatas.”

En México “no pasa nada”

Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en 2021, se registraron 42 episodios de desplazamiento con 28 mil 943 personas afectadas. En dicha investigación se detallan los episodios de desplazamiento de al menos 9 estados del país.

Por su parte, un informe del Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés) y el Consejo Noruego de Refugiados (NRC) documentó que, en 2022, en México, la gran mayoría de casos de desplazamiento forzado interno (DFI) fue por la violencia que prevalece en el país (386 mil versus 3 mil 600 personas por desastres). Ello a través de 9 mil 200 movimientos forzosos. Reportaron, además, que la cifra de desplazados internos en México ha subido de forma sostenida durante la pasada década y que en muchos casos las familias que retornan a sus hogares deben dejarlos nuevamente por falta de seguridad. Según los últimos datos del Observatorio, México es el país que ocupa el primer lugar de naciones que, sin estar de manera oficial en guerra, suman más víctimas de desplazamiento en el mundo, se estima que, al día de hoy, habría entre 350.000 y 400.000 desplazados internos en todo el territorio.

En el foco internacional

En enero de este año, se realizó en la ciudad de Oaxaca, el LVIº Congreso Nacional sobre “Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes” en el cual, el representante de la ONU en México, Guillermo Fernández Maldonado Castro, dio una conferencia magistral sobre Desplazamiento Forzado Interno en México durante la cual habló sobre cifras, legislación y tendencia de dicha problemática: “Hoy México todavía no cuenta con una legislación nacional, cifras nacionales oficiales o con información desagregada, indispensables para conocer la magnitud y evolución del desplazamiento interno en el país, así como los distintos perfiles y geolocalización de las personas desplazadas”, expresó.

Meses antes, entre agosto y septiembre de 2022, la ex Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jiménez-Damary, visitó los estados de Chihuahua, Guerrero y Chiapas, donde se reunió con funcionarios de gobierno, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil. Al finalizar su visita, de vuelta en la Ciudad de México, realizó una conferencia en donde detalló lo observado y algunos de los datos recabados durante estos días:  “He observado que, en México, las causas del desplazamiento son diversas y multifactoriales y requieren una atención integral, incluyendo la adopción de medidas de prevención, atención y protección a personas desplazadas con un enfoque de derechos humanos, diferenciado e interseccional y alcanzar condiciones para soluciones duraderas”, declaró.

Posteriormente, en el informe resultado de su visita presentado por su sucesora Paula Gaviría Betancur en junio de este año, mencionó también que México presenta altos índices de violencia y señaló que, durante la misión, escuchó a víctimas del crimen organizado y constató cómo “grupos criminales aterrorizan y controlan territorios y poblaciones mediante amenazas, intimidación y violencia”. Observó que, “pese a los altos índices de violencia, pocas personas se atreven a denunciar, por miedo a ser objeto de represalias o por falta de confianza en las autoridades, y en particular en el sistema de justicia penal”. De igual manera, resaltó que, “en los casos en que hubo denuncia, las personas entrevistadas manifestaron que las autoridades competentes cerraron los expedientes de investigación o no concluyeron las investigaciones, incluso en delitos graves como homicidios y desapariciones. A este sentimiento de impunidad se suma la percepción de corrupción en todos los niveles de gobierno”.

Por otra parte, hizo especial mención sobre la situación de los pueblos indígenas y señaló que “han sufrido históricamente desigualdades estructurales, exclusión y violencia sistemática. Persisten obstáculos que les impiden el pleno disfrute de sus derechos humanos, como la pobreza extrema; violencia por parte de actores armados, incluidos los grupos del crimen organizado; falta de reconocimiento de los sistemas normativos y las instituciones propias; el progresivo acaparamiento y la apropiación de sus tierras, y el diseño e implementación de proyectos de inversión por parte del Estado y de empresas privadas”. Manifestó también su preocupación ante lo que representantes de dichos pueblos y organizaciones de la sociedad civil describieron sobre “casos de desplazamiento interno vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón del género, feminicidios, homicidios, masacres, reclutamiento, trabajo forzado o extorsiones, entre otros”.

Puntualizó que “en el marco de estos conflictos, además de afectaciones graves a los derechos humanos fruto de desapariciones forzadas, acaparamiento de tierras, impactos ambientales y sociales, ataques y criminalización de líderes indígenas, se han generado desplazamientos internos de comunidades y pueblos indígenas”.

La Relatora Especial constató además el desplazamiento interno causado por planes y proyectos de desarrollo relacionados con la minería, la tala, la extracción de hidrocarburos, la construcción de presas y el turismo, incluyendo el Tren Maya. En este sentido, observó con preocupación las irregularidades y el acoso que enfrentan las comunidades indígenas para expresar su consentimiento libre, previo e informado.

Cabe señalar que, a pesar de que los pueblos y comunidades indígenas representan el 10 por ciento de la población total de México, más del 40 por ciento de los episodios de desplazamiento registrados por la sociedad civil en 2020 afectaron a estos pueblos. Los estados con mayor número de desplazados internos indígenas son Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, la relatora dejó algunas recomendaciones para el Estado mexicano, Finalmente, la relatora dejó algunas recomendaciones para el Estado mexicano, entre las cuales destaca la necesidad de crear una ley que proteja a los desplazados internos, así como un registro federal de víctimas de desplazamiento interno: “Si bien es necesario crear un registro federal único de personas desplazadas internas, además de los registros a nivel estatal, este no sólo debe incluir a quienes han sido reconocidos legalmente, sino también a quienes no cuentan con ese reconocimiento legal, pero son desplazadas de facto. El registro no debe otorgar un estatus legal, pero debe tener el propósito de facilitar la protección y la asistencia humanitaria de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de las personas desplazadas internas”, afirmó.

El caso Chiapas: de los conflictos internos a la lucha de plazas

En Chiapas, el problema del desplazamiento forzado no es nuevo, y hasta hace poco, no se encontraba mayormente asociada principalmente con la delincuencia organizada. Los desplazamientos internos por cuestiones políticas y religiosas en el municipio de Chamula (1960-1980), por el proyecto de hidroeléctrica en Chicoasén (1980) y por catástrofes naturales, como la erupción del volcán Chichonal (1982) o el huracán Stan (2005) en la zona costera, no se han olvidado. También tuvieron un fuerte impacto los desplazamientos desde los noventa vinculados a cuestiones de violencia socio-política, especialmente en la población indígena en la zona Altos y la zona Norte del estado, donde ocurrieron desplazamientos masivos en los años que siguieron al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) debido a las estrategias del gobierno federal para combatir a los revolucionarios y el surgimiento de grupos armados y paramilitares que desataron una fuerte ola de violencia.

No obstante, en los últimos años y de forma creciente, el DFI se puede vincular a lucha de plazas entre grupos del crimen organizado. Así pudimos observarlo en el caso de Frontera Comalapa a finales de mayo pasado, en donde se habló de por lo menos 3 mil desplazados, cifra que iguala al episodio que en fechas recientes contaba con el mayor número de afectados, el de Pantelhó, donde alrededor de 3 mil 205 indígenas tsotsiles y tseltales tuvieron que desplazarse derivado de enfrentamientos entre grupos armados.

A nivel nacional, Chiapas es el segundo estado más afectado en términos de DFI. No hay un dato exacto de cuántas personas han sido desplazadas por la violencia, sin embargo, en una investigación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) se estima que, entre 2010 y 2022, al menos 16 mil 775 personas han abandonado sus hogares debido a la inseguridad. De estas, al menos 4 mil 634 fueron desplazadas durante 2022. Al día de hoy las cifras no son claras, pero podrían elevarse de manera exponencial. Los municipios más afectados han sido Aldama, Chapultenango, Chenalhó, Ocosingo, Pantelhó, Venustiano Carranza y recientemente Frontera Comalapa y La Trinitaria.

A pesar de que Chiapas cuenta con una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado, la capacidad de reacción de las instituciones ante tantos eventos de desplazamiento es muy limitada y no garantiza que pueda haber una real atención a las personas en esta situación ni a las causas que la generaron.

Guerrero: entre el terror y la lucha

Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el desplazamiento forzado en Guerrero, que al día de hoy afecta a más de 26 mil 700 personas, es ocasionado por “un modelo de economía criminal que se ha instaurado en el estado con negocios ilícitos en los cuales se usa a grupos delictivos para el control; las disputas por los bosques y proyectos mineros, así como la violencia ligada al narcotráfico, que busca apoderarse de territorios y rutas para el trasiego de drogas”. Menciona que en los últimos años ha ocurrido un desplazamiento silencioso de miles de personas, principalmente en Tierra Caliente, la Sierra, la Costa Grande y las zonas norte, centro y Montaña.

Por su parte, el Centro de Defensa De Los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, señala que en Guerrero no hay garantías para las personas desplazadas: “el Estado es incapaz de garantizar los derechos humanos a los desplazados, pues desde septiembre del 2020 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado, misma que se turnó al Senado de la República donde permanece en la congeladora”.

Cabe destacar que en mayo de 2022 se realizó en Chilpancingo, el primer encuentro nacional de Desplazados, donde participaron personas víctimas de desplazamiento forzado de Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Quintana Roo y Ciudad de México. Este encuentro fue una oportunidad para que los distintos colectivos llegaran a varios acuerdos, entre ellos el de unir sus exigencias para que el Estado mexicano garantice estabilidad material y psicológica, en particular, para las mujeres, niñas y niños víctimas del desplazamiento forzado.

Mencionaron también la importancia de atender las causas más profundas del desplazamiento forzado y trazar una ruta de trabajo para este año que integre varias líneas de fortalecimiento y visibilización. Durante el evento, hicieron un llamado a organizaciones de derechos humanos y colectivos a mantenerse unidos y agrupar a otros que se quieran unir al movimiento, con la intención de dar mayor visibilidad al problema del desplazamiento forzado interno y lograr un mayor nivel de incidencia en las autoridades.

El peligro de informar y defender los derechos en México

Los riesgos enfrentados por las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como su desplazamiento a raíz de amenazas, agresiones, criminalización y otros ataques, han sido objeto de preocupación de distintos expertos a nivel nacional e internacional. Muestra de ello es el informe presentado el pasado 11 de julio por el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrada por diversas organizaciones que trabajan temas de defensa de los derechos humanos.

En el documento titulado “Personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México”, evidencian la realidad que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno, la cual, señalan, se agudiza cuando ocurre entre grupos de personas que padecen otras vulnerabilidades históricas y estructurales.

En el apartado “Violencia y limitaciones para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión en México”, señalan, entre otras cosas, el cómo, “además de las agresiones contra su vida, las personas defensoras y periodistas enfrentan campañas de desprestigio, actos de intimidación y hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y digitales, detenciones arbitrarias, uso del sistema de justicia en su contra, desaparición y desplazamiento forzado interno.”

Subrayan en su informe que “en el caso de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, estas se ven obligadas, de manera cada vez más común, a abandonar su lugar de origen o residencia con la finalidad de salvaguardar su vida como consecuencia del clima de hostilidad, amenazas y agresiones de las que han sido objeto, así como de la ausencia de medidas efectivas de prevención, protección e impartición de justicia, convirtiendo al desplazamiento forzado interno en un recurso de supervivencia”.

En el documento se menciona que “no existen fuentes oficiales que permitan diagnosticar de forma integral y especializada la naturaleza y magnitud del problema a nivel nacional, y mucho menos se cuenta con instrumentos específicos que ofrezcan cifras exactas sobre el número de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se hubiesen tenido que desplazar de sus lugares de origen o residencia habitual de manera forzada”. Sin embargo, el número de personas beneficiarias del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación podría ofrecer algunas pistas. Según el informe, a enero de 2023, el Mecanismo de Protección cuenta con 2,059 personas beneficiarias, de las cuales 581 son periodistas: 152 mujeres y 428 hombres; y, 1.099 son personas defensoras: 609 mujeres

y 490 hombres. “A pesar de la escasez de la información, los datos permiten evidenciar la tendencia ascendente del fenómeno y reconocer que ambos gremios enfrentan una situación particular de vulnerabilidad, ya que su labor los expone a un alto nivel de violencia”, concluyen.

El impacto devastador del desplazamiento

Una gran mayoría de las víctimas de desplazamiento, han afirmado que este viene siempre acompañado de la pérdida de medios de subsistencia, hay también una pérdida de identidad social y cultural, en particular, para los pueblos indígenas, que tienen un especial apego a sus tierras ancestrales y costumbres. La desintegración familiar y las afectaciones psicoemocionales, el miedo y la desesperanza son también una constante. En el caso de periodistas y personas defensoras, las consecuencias e impactos que deja el desplazamiento incluyen también la violación a su derecho a ejercer la libertad de expresión y a defender los derechos humanos.

Visibilizar la situación de las personas en desplazamiento forzado es de vital importancia para comprender las causas e impactos que éste tiene y evitar la estigmatización, revictimización y criminalización de quienes lo sufren.

Reconocimiento y atención integral

Recientemente, diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, han manifestado su preocupación al gobierno de México sobre la crisis de desplazamiento interno que atraviesa el país, han señalado que uno de los grandes retos es el reconocimiento de la problemática y de las víctimas, pues señalan, se ha minimizado e incluso negado la gravedad de la misma y esto imposibilita generar rutas de acción adecuadas.

Coinciden en que es el Estado el principal responsable de la protección y bienestar de las víctimas de desplazamiento y debe atender su particular situación de vulnerabilidad. Recalcan la importancia de impulsar la creación y aprobación de estrategias, leyes y políticas públicas integrales (prevención, protección, investigación, sanción y reparación con perspectiva de género, multicultural, por edad y enfoque diferencial) que den luz a esta grave crisis.