ACTUALIDAD: México – Los derechos humanos, grandes ausentes en el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum

 

E l 1º de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Primer Informe de Gobierno. Entre los logros, destacó que México quedó mejor posicionado que otros países frente a los nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump:

“México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en el mundo y continuamos trabajando con las distintas secretarías de Estado de nuestro país vecino. Estamos convencidos de que, en el marco del Tratado Comercial, podemos alcanzar aún mejores condiciones”.

En elementos nacionales, la presidenta destacó también la aprobación de reformas constitucionales y leyes, incluyendo la reforma al Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; la reforma al artículo 2 para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; y las reformas para recuperar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas. Presentó cifras sobre el crecimiento económico y los avances de varios proyectos emblemáticos, así como la cobertura de los programas sociales. En materia de seguridad, presumió reducciones en el homicidio doloso, los delitos de alto impacto y los feminicidios, aunque admitió amenazas como el crimen organizado, el lavado de dinero, la migración irregular, el tráfico de drogas, ciberataques y el robo de hidrocarburos.

Derechos humanos: el gran ausente del informe

“Para una administración que busca distanciarse de gobiernos neoliberales y que se presenta como promotora de los derechos sociales, la soberanía, la libertad y la democracia, es desconcertante que se haya desdeñado los derechos humanos en su integralidad en este primer gran informe”, declaró el Centro de Derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH). Si bien rescató avances en materia de derechos sociales (vivienda, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres), señaló “grandes retrocesos en materia de derechos civiles y políticos”. En particular, expresó que “sobre la Reforma Judicial, hay que decirlo: la nueva era de la judicatura empieza con la independencia puesta en entredicho”, mientras “las fiscalías —verdadera fuente central de impunidad— permanecen intactas”. En cuanto a la reforma que permitió la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, el PRODH afirmó que “se confirma la profundización de la militarización de la seguridad pública sin contrapesos civiles”. Asimismo, dijo que “lo más preocupante (…) tiene que ver con (…) los grandes agravios a las víctimas en el país, en particular los relacionados con la grave crisis de desapariciones (…), solo se hizo una mínima referencia a reformas normativas —que no han sido suficientes para abordar la crisis— y no así a la grave crisis de más de 130 mil personas desaparecidas y de los compromisos para revertirla”. “Tampoco se hizo ninguna referencia al tema de derechos humanos en general. En suma, como se ha expresado en diversas ocasiones desde la tribuna presidencial: lo que no se nombra, no existe”, afirmó.

Igualmente, en septiembre, tras la elección popular celebrada en junio, la mitad del Poder Judicial Federal tomó posesión de su cargo, mientras que la otra mitad se elegirá en 2027. Este mismo día, Human Rights Watch (HRW) declaró que “la reforma constitucional que sustituye a la mitad del poder judicial federal por jueces elegidos por voto popular ha socavado la independencia judicial en México”. “Lejos de ser un esfuerzo por hacer que el poder judicial sea más democrático y eficiente, es probable que esta reforma solo cree un poder judicial leal al gobierno”, dijo.

Posteriormente, en octubre, colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones, activistas y académicos presentaron ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), en Suiza, un informe sombra titulado “Desapariciones generalizadas y/o sistemáticas cometidas en México”. El informe señala que en todo el país hay desapariciones y que muchas de ellas fueron cometidas por autoridades del Estado, como militares, policías y fiscales, en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Según los datos, entre 2017 y 2025, solo hubo 373 condenas por desaparición forzada, menos del 1 % de los casos. Además, denunciaron que existen más de 72 mil cuerpos sin identificar y miles de fosas clandestinas en el país. Finalmente, los colectivos y organizaciones pidieron la intervención internacional para detener esta tragedia, pues consideran que México vive la peor crisis de desapariciones de toda América Latina.

El CED activó el artículo 34º de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, un procedimiento que abre la posibilidad de dar intervención a la Asamblea General de Naciones Unidas. Es la primera vez que se aplica a un Estado parte. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado “mucho desconocimiento” por parte del Comité de la ONU, y ha asegurado que este fenómeno está vinculado principalmente con la delincuencia organizada. Por su parte, el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos y Cruz, rechazó la medida. “La aplicación de dicho artículo debe reservarse a situaciones excepcionales”, declaró. Ante ello, Amnistía Internacional recordó al Estado mexicano que las cifras de personas desaparecidas, la impunidad y la vulnerabilidad de las familias buscadoras no son normales, son “situaciones excepcionales”.

En noviembre, en el marco de Día de Muertos, fue publicado el monitoreo “Todos sus Nombres, Todas sus Luchas 2025”, el cual concluyó que, en el periodo que abarca del 1º de octubre de 2024 hasta el 24 de octubre de 2025, no se observó “ni cambio ni transformación: continúa la represión y la violencia letal contra personas defensoras”. Dicho monitoreo permitió documentar 34 asesinatos de personas defensoras y 4 desapariciones forzadas en este plazo. Tierra, verdad y justicia son las causas que generan más agresiones (76,3 %). Asimismo, se identificó como eje de preocupación la violencia ejercida contra personas pertenecientes a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas (26,3 % de los casos registrados). El 44,1 % de los asesinatos de personas defensoras se concentran en el sur-sureste del país (Oaxaca 10, Guerrero 3, Chiapas 2). Los poderes fácticos siguen siendo los principales responsables de los atentados contra la vida (71,1 %), mientras que en el 18,4 % de los casos, no se cuenta con información precisa sobre los hechos.

Inseguridad y crimen organizado: otro de los grandes pendientes

En noviembre, el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo —conocido por su postura firme contra el crimen organizado— generó conmoción nacional. El autor material, un joven de 17 años identificado como recluta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizó un arma que resultó vinculada a otros hechos violentos recientes. El ataque se interpretó como un golpe a las autoridades locales y al Estado de derecho, ya que el hecho de que un alcalde, pese a contar con protección policial y de la Guardia Nacional, haya sido asesinado públicamente subraya la debilidad del Estado frente al crimen organizado.

Este hecho provocó condena y manifestaciones tanto a nivel de Michoacán como nacional. Ante la violencia y la impunidad, ciudadanos exigen justicia y responsabilizan a las autoridades estatales y federales por la inseguridad. El efecto intimidatorio para otros políticos es obvio: si un alcalde con el perfil de Manzo es eliminado, ¿quién más se atreverá a enfrentarlos?

En respuesta, el gobierno federal lanzó un plan de seguridad (“Plan Michoacán por la Paz y Justicia”) con despliegue militar, más de 10.500 elementos y una inversión millonaria. La iniciativa se presentó como un posible punto de inflexión, con más control militar y una presencia reforzada del Estado; sin embargo, también entraña riesgos: una estrategia centrada casi exclusivamente en lo securitario, sin atender causas estructurales (pobreza, reclutamiento de jóvenes por los carteles), corre el riesgo de resultar insuficiente o incluso contraproducente. La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta una prueba importante: debe demostrar que puede garantizar seguridad y justicia, especialmente después de un crimen tan mediático. Si el plan de pacificación no ofrece resultados tangibles, el costo político podría ser considerable.

CHIAPAS: “la paz ha llegado” a Chiapas, afirma el gobernador en medio de crecientes reclamos por inseguridad y la falta de justicia

En octubre se realizó una conferencia de prensa con representantes de la Plataforma para la Construcción de Paz en México. Denunciaron la discrepancia entre el discurso oficial sobre la “paz” y la realidad que se vive en Chiapas y en todo el país, marcada por la violencia y por problemas estructurales que siguen sin resolverse. La Plataforma señaló que, mientras el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, promovía una marcha bajo el lema “la paz que ha regresado” en Chicomuselo, miles de integrantes del Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas peregrinaron en San Andrés Larráinzar para recordar al padre Marcelo Pérez Pérez, asesinado por su lucha por la justicia en octubre de 2024. “Vemos acciones de contención más que solución. Vemos comunidades desplazadas, sin condiciones de seguridad para regresar a sus territorios debido a la presencia de grupos delictivos. Vemos víctimas que no se atreven a denunciar por miedo a represalias, lo cual pone en tela de juicio las declaraciones gubernamentales en el sentido de que Chiapas se ha vuelto el segundo lugar más seguro del país. Además, varias de las acciones que se llevaron a cabo conllevaron violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y tortura”, denunciaron. Recordaron que la paz verdadera no puede construirse desde la contención ni desde el silencio, sino a partir de la verdad, la justicia, la reparación y la participación activa de las comunidades.

La peregrinación en San Andrés y sus demandas no constituyen voces aisladas. En agosto, pobladores de la zona Chol peregrinaron por la paz en Palenque. “Nos unimos al clamor de nuestras comunidades para denunciar las injusticias que viven nuestros pueblos, sobre todo la inseguridad y la violencia que atenta contra la vida”, expresaron. “Somos conscientes de que no podemos tener paz en nuestro estado (…), mientras exista violación a los derechos humanos, violencia, delincuencia, inseguridad, hermanos y hermanas vulnerados en sus derechos fundamentales”, plantearon.

También, en agosto, cientos de católicos realizaron una peregrinación en Venustiano Carranza. Denunciaron que el crimen organizado sigue generando violencia y el desplazamiento forzado de comunidades enteras debido a la negación de su existencia de parte de las autoridades federales y estatales. Manifestaron que los enfrentamientos entre grupos del narcotráfico continúan causando secuestros, desapariciones, heridos y asesinatos.

En septiembre, el Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra cuestionó las narrativas oficiales sobre avances en seguridad, reducción de la pobreza y transformación. “El cáncer de la criminalidad ha llegado a la médula de los territorios”, expresó. También cuestionó la creación de la unidad de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal: “Ha dejado en las comunidades en las que ha pasado, invasión a sus territorios, allanamiento en propiedades privadas sin orden judicial e intimidación a la población”, declaró. También condenó los megaproyectos de infraestructura y turismo.

Varias preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos

En agosto, el gobierno de Guatemala informó que concedió permisos de permanencia por razones humanitarias a 161 ciudadanos chiapanecos en busca de refugio frente a la violencia generada por grupos del crimen organizado. Se trata de 39 familias, con 69 menores de edad, originarias de comunidades del municipio de Frontera Comalapa. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, negó que en el estado existan desplazamientos forzados por la violencia del crimen organizado, afirmando que estas versiones forman parte de un intento por desacreditar su estrategia de seguridad. El fiscal general estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que las personas desplazadas lo hicieron de forma voluntaria, argumentando que posiblemente tendrían algún vínculo familiar con personas generadoras de violencia, sujetas a órdenes de aprehensión. “Hoy se puede ir a cualquier parte de la Sierra sin ningún problema, porque hay presencia institucional de todas las fuerzas del orden. La paz y la tranquilidad de Chiapas están garantizadas”, dijo.

El 30 de agosto, se visibilizó otra problemática que afecta Chiapas en forma creciente: la de las desapariciones. Se llevaron a cabo dos acciones: por un lado, una convocada por el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas que declaró que “a diferencia de otras regiones de América Latina, en México la desaparición de personas no es un problema del pasado, sino una crisis que se agudiza año tras año”; y, por otro, una marcha coordinada por la colectiva Madre en Resistencia que exigió “al gobernador Eduardo Ramírez y al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca que hagan investigaciones concretas, que realmente busquen a nuestros familiares y que no sea solo simulación. Muchas familias no se atreven a salir por miedo a represalias, pero solo unidas podremos presionar para que hagan su trabajo”, puntualizaron.

En septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó sobre “las estrategias de cercamiento y despojo del territorio recuperado por la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llevadas a cabo en el Poblado Autónomo Zapatista Belén, (…), municipio oficial de Ocosingo”. Entre los ataques se incluyen “negación al diálogo, incursión y medición del territorio autónomo recuperado en 1994, amenazas, robo de cosechas, quema de dos casas, y despojo”. Estos hechos habrían sido perpetrados por “un grupo de civiles junto con la policía municipal de Ocosingo, Policía Estatal, Delegado de Gobierno, Fiscalía General del Estado de Chiapas, y efectivos del Ejército mexicano”. Según Frayba, los recientes ataques y hostigamientos en territorios zapatistas constituyen la continuidad de una estrategia del Estado mexicano para despojar tierras y confrontar al EZLN, poniendo en riesgo la vida de la población.

En octubre, el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas informó que registró 79 agresiones contra defensoras, defensores y periodistas durante el primer semestre del año 2025 en el estado, un aumento de 29 % respecto del mismo periodo de 2024. El 62 % fueron agresiones físicas y el 38 % digitales. Los 79 incidentes registrados suponen un promedio de 11 incidentes violentos por mes.

OAXACA: Agresiones a personas defensoras y otras preocupaciones en derechos humanos

La campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca ha documentado que, en los primeros dos años y medio de la actual administración estatal, se registraron 44 personas defensoras agredidas individualmente y 70 actos de agresiones colectivas. Un aspecto preocupante que sobresale en este monitoreo es que el 50 % de todas las agresiones registradas se relacionan con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto que ha catalizado las agresiones contra personas defensoras en la región. Según este mismo monitoreo, las respuestas gubernamentales para darle solución a la conflictividad se han caracterizado por omisión, provocaciones o administración de los conflictos en un total de 81% de estos casos.

También se registraron 149 acciones de resistencia, así como estrategias y alternativas emergentes, para enfrentar el escenario de conflictividad y violencia: “Si por algo se caracteriza Oaxaca es por su fuerza organizativa y creatividad de formas de resistencias”, procesos que se organizan en un contexto marcado por el aumento de los conflictos por el control de la tierra y territorio, el incremento de medidas de seguridad nacional y la militarización en el país, así como por la expansión de estructuras criminales y mercados ilícitos cada vez más visibles y violentos.

Otra tendencia observada durante la administración de Salomón Cruz Jara ha sido la creciente criminalización de la protesta. En este sentido, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha registrado un número significativo de quejas contra la policía: hasta julio de 2025 se habían iniciado 137 quejas. Esto sugiere un problema en la actuación de fuerzas de seguridad, incluyendo abusos, malos tratos y violaciones de derechos humanos.

Otro aspecto relevante que las organizaciones civiles del estado han señalado como parte de una crisis de derechos humanos, ha sido la creciente desaparición de personas. En agosto, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles marcharon en la capital de Oaxaca, para denunciar la insensibilidad y la indiferencia de las autoridades. Urgieron la creación inmediata de una Fiscalía Especializada en Desapariciones en Oaxaca, con autonomía plena, presupuesto suficiente, personal capacitado y con perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad. Asimismo, señalaron que es importante impulsar un programa efectivo de búsqueda, que derive en acciones concretas de prevención, búsqueda inmediata, localización y acompañamiento integral a las familias. En los últimos tres años, el número de personas desaparecidas en Oaxaca ha aumentado un 81,8%, la mayoría hombres jóvenes entre 15 y 34 años.

Un último aspecto a enfatizar: de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios del Grupo de Estudios para la Mujer Rosario Castellanos, en lo que va del 2025 se han registrado 64 muertes violentas de mujeres en Oaxaca, el 62% de ella tipificadas como feminicidios. Durante la administración actual del morenista, Salomón Jara Cruz —2022 a septiembre, 2025—, se han registrado un total de 267 muertes violentas de mujeres. A pesar de que desde hace siete años se activó la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en 40 municipios de Oaxaca, no se observan cambios profundos.

GUERRERO: Violencia criminal y desapariciones

En septiembre, durante el 11º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, madres y padres denunciaron que, pese a la expectativa de una “transición democrática”, siguen exigiendo verdad y justicia. En Guerrero y en la Ciudad de México se realizaron marchas para reiterar cuatro demandas centrales: esclarecer los hechos, extraditar a actores clave involucrados, acceder a los 800 folios de investigación aún clasificados y reanudar búsquedas de campo. Aunque hubo un cambio en la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), el Comité de Madres y Padres denunció que el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha tenido resultados. La falta de avances se refleja también en las búsquedas en terreno, restringidas por la ausencia de hallazgos y por la reducción de personal debido a recortes presupuestales.

El caso Ayotzinapa es solo la punta del iceberg de la crisis de desapariciones en Guerrero. En agosto, colectivos de familiares, víctimas de violencia y defensores marcharon en Acapulco y Chilpancingo por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones. Exigieron a las autoridades la búsqueda de aproximadamente 4.500 personas desaparecidas, cifra que coloca a Guerrero como la quinta entidad con más casos en el país. También demandaron la identificación de los cuerpos acumulados en Servicios Médicos Forenses saturados, así como el cumplimiento de las exigencias planteadas desde 2017: una ley estatal en materia de desaparición que permita crear un centro de identificación genética y otorgar autonomía presupuestal a las comisiones estatales de búsqueda y atención a víctimas.

La omnipresencia del crimen organizado constituye el trasfondo indispensable para entender la magnitud de estas problemáticas y la impunidad persistente. En octubre, autoridades y policías comunitarios del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF fueron atacados por el grupo criminal Los Ardillos, informó el Consejo Nacional Indígena (CNI). El enfrentamiento dejó tres policías comunitarios muertos y siete heridos. Las comunidades acusaron a los agresores de operar con apoyo y protección de las autoridades. Han sufrido violencia narco-paramilitar durante años: en la última década, 66 personas han sido asesinadas y 23 desaparecidas.

Ese mismo mes, periodistas de distintos medios de Iguala pidieron la intervención de la presidenta Sheinbaum tras denunciar amenazas de muerte del crimen organizado si publicaban información sobre el atentado contra el abogado y activista Anselmo Bautista Martínez, quien falleció a causa de la agresión. Bautista había sido atacado pocos días después de presentar ante la Fiscalía de Guerrero una denuncia contra dos agentes del Ministerio Público por diversos delitos. Conocido por revelar casos de corrupción judicial y por su trabajo con colectivos de familias de desaparecidos, su asesinato generó temor adicional entre reporteros, que advirtieron que las presiones del crimen organizado afectan a periodistas en numerosas zonas del estado, no solo en Iguala.

Finalmente, en octubre, más de 300 personas se reunieron en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, para despedir al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien estuvo desaparecido hasta que su cadáver fue localizado. Durante la ceremonia, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, denunció que hoy existen comunidades en Guerrero donde los sacerdotes no pueden entrar. Señaló que la presencia de grupos criminales impone restricciones incluso a figuras religiosas, evidenciando hasta qué punto se ha deteriorado la seguridad y el control territorial que ejercen estas organizaciones.