En abril, la Cámara de Senadores ratificó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (TTP-11 o CPTPP), siendo México el primer país de los que lo integran en hacerlo. El sector empresarial ha visto con buenos ojos la perspectiva de este acuerdo: “Los países que forman parte del CPTPP concentran 14% de la producción anual de todo el mundo, con lo cual se convierten en una de las mayores zonas de libre comercio a nivel internacional. Este acuerdo abre las puertas a diez economías del pacífico a los productores y empresarios mexicanos”.

En cambio, la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanos demandó “que no se ratifique y negocie este Tratado en nuestro nombre sin transparencia y sin participación ciudadana”. Solicitó audiencia al Senado “para expresar sus apreciaciones y alternativas a los contenidos del Tratado que comprometen los derechos humanos y el cuidado de la tierra, por desgracia a la fecha no se nos ha recibido”.

Convergencia atribuyó la prisa “al temor del gobierno actual de que con las elecciones de julio cambie la composición del Poder Legislativo y quien gane la presidencia no avale el TTP- 11”. Además, señaló que “es de temerse que con la misma prisa y antes de que entre en funciones el nuevo gobierno y la próxima legislatura se pretendan aprobar la recientemente concluida modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) así como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.

México, filtro migratorio

Frontera entre Guatemala y México © Voces Mesoamericanas

A finales de marzo, unos 1.500 migrantes, quienes huyeron de sus países debido a la violencia, iniciaron la Caravana “Viacrucis Migrante 2018” que llegó a tener una amplia cobertura mediática al haber despertado la ira del presidente estadunidense, Donald Trump, quien los puso como ejemplo de la debilidad de las fronteras, llamó a cerrarles el paso y movilizó tropas a su frontera. Amenazó con que “la fuente de beneficios del TLCAN (…) está en juego, lo mismo que la ayuda exterior a Honduras y otros países que lo permitan.” En abril, el gobierno mexicano anunció que multiplicará los efectivos de la Gendarmería Nacional en la frontera sur pero, aseguró, manteniendo el compromiso de proteger los derechos de migrantes. 84 organizaciones y redes de 23 estados mexicanos exigieron que se cancele el plan. Consideraron que “sin duda resultará en un nuevo incremento de la violencia, la xenofobia y criminalización de las personas migrantes, refugiadas y quienes les defienden, así como la población en general”.

En mayo, redes y organizaciones defensoras de migrantes expresaron “indignación, preocupación y extrañamiento frente a la información (…) señalando un acuerdo en diálogo para convertir a México en filtro para solicitantes de asilo a los Estados Unidos y como centro de detención migratorio”. Exigieron que “se suspenda el diálogo al respecto con los Estados Unidos (….). Los derechos humanos no se pueden negociar como moneda de cambio en ningún tratado comercial” (ver artículo).

Elecciones 2018: mucho en juego en un contexto de alta violencia política

Ya inició formalmente la campaña presidencial 2018, así como para renovar el poder legislativo federal, diversos congresos estatales, gubernaturas y alcaldías. Con 18.311 puestos públicos en disputa, es la primera vez que se eligen tantos en un solo proceso que se ha caracterizado por una alta violencia política. De finales de 2017 a mediados de mayo, 94 candidatos de todos los partidos fueron asesinados, ocurrieron 305 agresiones en contra de políticos y, entre otros motivos por presiones del crimen organizado, más de mil renunciaron a participar. Guerrero registraba el mayor número de asesinatos con 21 casos, seguido de Oaxaca (16), Puebla (10), Veracruz (8) y Estado de México (7). Los ataques han aumentado un 400 % comparado con las elecciones anteriores.

Contenderán a la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social (PES); Ricardo Anaya, por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Ciudadano ; José Antonio Meade por el Partido de la Revolución Institucionalizada (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza; y Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, como candidato independiente. Las encuestas favorecen a los candidatos en este orden, con un margen de ventaja relativamente amplio para AMLO. En parte por ello, se ha convertido en el blanco común de los demás candidatos. En mayo, Margarita Zavala anunció el retiro de su candidatura independiente, al reconocer que no tenía posibilidad de ganar, y dejando claro que no declina en favor de ningún candidato.

Conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?», convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, mayo de 2018 © SIPAZ

Por otro lado, en mayo, el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera, María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, anunciaron que no “buscarán ni aceptarán ninguna alianza con ningún partido político o candidato”. Adelantaron que tampoco llamarán a votar o a la abstención, sino que seguirán buscando “a todos los de abajo para desmontar el pestilente poder de arriba”: “Voten o no voten, organícense”. Dejaron claves de sus aprendizajes al intentar recolectar firmas para que Marichuy pudiera participar como candidata independiente a la presidencia, señalando que “el proceso electoral es un gran cochinero en el cual contiende quien pudo falsificar miles de firmas y quien tiene los miles de millones de pesos que le permitan coaccionar y comprar el voto”.

Poco antes, se llevó a cabo en Chiapas el Conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?”, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cuyo principal objetivo era hacer un balance de la campaña de “Marichuy”. El subcomandante Galeano afirmó que “si algo hizo Marichuy, fue desnudar el sistema político electoral mexicano”. Advirtió que los poderes del sistema capitalista harán lo posible para frenar la victoria de Andrés Manuel López Obrador: “el capital va por todo y no va a permitir Lulas, ni Dilmas, ni Kirchner, ni Correas, ni Evos, ni López Obrador, ni como se llame cualquier cosa que ofrezca un respiro”.

Derechos humanos: informes, denuncias y movilizaciones siguen evidenciando la crisis

En marzo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entregó su Informe de Actividades 2017 y concluyó que “México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que [en 2012] ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza”.

También en marzo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentó su “Informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales“. Denunció el incremento de las agresiones y la “ausencia a la fecha de una protección integral y preventiva efectiva por parte del Estado mexicano, el cual se ha señalado como el principal actor generador de los ataques”. Reportó que de 2010 a 2017, se han registrado 391 casos de agresiones con un incremento de homicidios en este lapso. La entidad federativa que continúa con los números más altos de ataques es el Estado de México seguido de Oaxaca, Puebla y Chiapas.

Chiapas, estado con la mayor cantidad de personas desplazadas en 2017 © SIPAZ

En abril, después de 4 meses en los que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantenía en reserva el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (SPT), organizaciones civiles forzaron a que se hiciera público. Indicaron que “aunque (…), el SPT reconoció avances legislativos (…), también reiteró que la tortura es una práctica generalizada y confirmó que la impunidad casi absoluta que prevalece en los casos fomenta su repetición”.

En mayo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) publicó un informe sobre desplazamiento interno forzado. En 2017, registró 25 casos masivos en nueve estados, que afectaron a 20.390 personas. En los últimos 12 años por lo menos 329.917 personas han tenido que desplazarse, una cifra que resulta “conservadora” ya que nada más incluye los casos en los que comunidades enteras fueron afectadas. El informe plantea que Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas y Oaxaca concentraron prácticamente todos los casos. La CMDPDH lamentó que el tema siguiera sin diagnóstico ni respuestas oficiales.

Igualmente en mayo, en el marco del Día de la Madre, madres de desaparecidos marcharon en diversas ciudades de México para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda de sus familiares, la identificación de restos localizados en fosas clandestinas y, que se den avances en las investigaciones para esclarecer cada caso. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos exigió la “participación real y efectiva” de las familias en las instancias creadas a partir de la ley en la materia que entró en vigor en enero pasado.

En notas más positivas, la Ley de Seguridad Interior (LSI), promulgada en diciembre de 2017, fue declarada inconstitucional por dos jueces federales al considerar que introduce un riesgo “para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, precisamente porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual fue creado” y que “la vaguedad y falta de identidad conceptual del término ‘seguridad interior’ contraviene los derechos de legalidad y seguridad jurídica”. Son los primeros recursos en contra de la LSI que se resuelven a favor de sus promotores, siendo más de 500 las solicitudes presentadas.

CHIAPAS: Elecciones altamente competidas

Toma de cargos del Concejo de Voceros del Gobierno Comunitario de Chilón, mayo de 2018 © SIPAZ

Son cinco candidatos los que competirán para la gubernatura: José Antonio Aguilar Bodegas como candidato del PRD-PAN-Movimiento Ciudadano; Rutilio Escandón Cadenas para MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el PES; y Jesús Alejo Orantes Ruíz, candidato independiente. A finales de mayo, reventó la coalición entre PRI y Verde cuando el Verde decidió nombrar su propio candidato, Fernando Castellanos Cal y Mayor, hasta ese momento alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Inicialmente, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), negó la entrada de su candidatura al no haber cumplido con el requisito de dejar su cargo 120 días antes de la elección. No obstante el Tribunal electoral resolvió dar paso a la candidatura del Verde, Chiapas Unido y Mover a Chiapas. Roberto Albores Gleason quedó como candidato del PRI y Nueva Alianza.

En cuanto a elecciones municipales, en abril, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), presentó al Concejo de Voceros del Gobierno Comunitario de Chilón y el de Sitalá quienes fueron electos a través del Sistema de Usos y Costumbres. Desde noviembre pasado, ingresó una solicitud con más de 3.000 firmas de respaldo ante el IEPC. Ante la falta de respuesta favorable, interpuso un nuevo recurso ante el Tribunal Federal Electoral, en Veracruz, que ordenó a su homólogo de Chiapas, que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la solicitud.

Otro caso ha sido Oxchuc. En abril, el Congreso acordó que las elecciones municipales de julio serán suspendidas hasta que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) finalice el dictamen para determinar si proceden las elecciones por usos y costumbres. El presidente consejero del IEPC, reconoció que la realización de comicios por usos y costumbres “es un derecho que tienen todos los pueblos originarios del país (…) pero para ello tienen que sujetarse a todos los requisitos que se establecen en la ley”. Afirmó que “en Chilón, Sitalá y Rincón Chamula se celebrarán elecciones constitucionales y con base en el sistema de los partidos políticos porque, en el caso de los primeros dos municipios, no acreditaron tener la representación de sus diferentes pueblos; en el tercero, la pretensión del Consejo Municipal es perpetuarse en el poder” Reconoció que “desde 1994 ha habido esta demanda de los pueblos indígenas para que se respete la autonomía y parte de ella es que tengan la posibilidad de elegir a sus autoridades con base en sus usos y costumbres”.

Altos de Chiapas, conflictividad que se va extendiendo a más municipios

Chiapas, estado con la mayor cantidad de personas desplazadas en 2017 © SIPAZ

“Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes”, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ante el recrudecimiento de la violencia en los Altos en marzo. Mencionó que desde febrero “diferentes comunidades del municipio de Aldama situadas en los límites territoriales con el (…) municipio de Chenalhó han sido víctimas de ataques con armas de fuego”. Las agresiones han causado nuevos desplazamientos y varias comunidades no han acudido a sus cultivos. Esta situación deriva de un conflicto territorial de 60 hectáreas entre ambos municipios desde 1977.

En marzo, 4 meses después que más de 5.000 personas de las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó se vieron obligadas a desplazarse por una disputa territorial desde hace más de 40 años entre ambos municipios, desplazados de Chalchihután denunciaron que permanecen en condiciones inhumanas y que siguen experimentando miedo por los disparos de arma que no han cesado. Para esas fechas seguían 10 campamentos con un total de 1.094 personas.

En mayo, el Pueblo Creyente de Simojovel denunció que el candidato a la presidencia municipal por el partido Chiapas Unido amenazó al Pueblo Creyente y al párroco Marcelo Pérez Pérez a través de Facebook en una publicación que deja suponer su vinculación con una banda del crimen organizado llamada “Los Rojos”. Alertaron que “Simojovel es el espejo de lo que pasa en muchos municipios, por tanto invitamos a que toda la población de Chiapas nos mantengamos vigilantes y comencemos un proceso de organización pacifica para que el crimen organizado no esclavice al pueblo, no permitamos que Chiapas se convierta en un estado como Guerrero o Michoacán”.

OAXACA: crecen las luchas de defensa de Tierra y el Territorio

Paso de la Reina, Oaxaca © SIPAZ – archivo

En febrero, tuvo lugar el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí decimos Sí a la Vida, No a la Minería” para “continuar fortaleciendo nuestros procesos organizativos.” Se denunció “la persecución y el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, así como las estrategias de violencia que las empresas y el gobierno han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades y querer controlar el territorio donde existen yacimientos mineros a través del crimen organizado.“

En marzo, autoridades comunitarias presentaron el Reglamento Interno del ejido Paso de la Reyna en Jamiltepec que busca proteger su territorio, bienes comunales así como sus modos de vida y de organización, ante la amenaza de construcción de una represa. Su artículo 88 define que “queda estrictamente prohibido la implementación de programas, proyectos, e inversiones que pongan en riesgo los bienes naturales comunes del ejido, la vida de las personas que habitan el ejido, así como su integridad”.

En abril, comuneras y comuneros de Unión Hidalgo rechazaron la puesta en marcha de un proceso de consulta que la Secretaria de Energía (Sener) quería impulsar a favor de una filial de Electricidad de Francia (EDF) para la construcción de un parque eólico. Explicaron que “no debe dar inicio en un escenario de resquebrajamiento del tejido social comunitario”, después del terremoto de septiembre de 2017 que afectó el 80% de las viviendas. Cuestionaron que la Sener) ya otorgó un permiso por 30 años a EDF en 2017, por lo que la consulta que se quiere iniciar no ha sido coherente con el carácter “previo” que queda establecido en textos internacionales ratificados por México sobre derechos de los pueblos indígenas. La Sener informó de la suspensión de la consulta indígena en lo inmediato.

Múltiples rezagos más en cuestiones de derechos humanos

Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) © Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

En abril, la “Caravana de los Olvidados”, formada por 500 integrantes de la Coordinadora General de Damnificados del Istmo de Oaxaca viajó a la Ciudad de México para exigir un censo completo de las personas damnificadas por los sismos de septiembre de 2017. El Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) declaró que “es también una denuncia contra la corrupción, el condicionamiento político y la falta de compromiso y capacidad por parte del gobierno del estado.”

Otro tema de preocupación sigue siendo la impunidad, fuente de nuevas agresiones en la mayoría de los casos. En marzo, el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) informó que, por exigir el esclarecimiento de un ataque armado en donde fallecieron 3 de sus integrantes en febrero pasado, ha sufrido intimidaciones. En mayo, denunció “la omisión por parte del estado, quien en lugar de realizar una investigación seria para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales, los premian con cargos públicos y solo dan largas al asunto priorizando su farsa electoral”.

En abril, el presidente del Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic) fue encontrado en su vivienda, amarrado y con signos de tortura después de ser atacado por desconocidos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) responsabilizó del ataque a “los gobiernos municipal y estatal, a quienes también acusó de evitar la continuidad de la investigación de los hechos violentos del 19 de junio de 2016, donde murieron ocho personas y más de 100 resultaron heridas” en una represión policíaca contra el movimiento magisterial.

En abril, el ombudsman de Oaxaca afirmó que presentará ante la Corte Penal Internacional una denuncia contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz y una docena de altos funcionarios por delitos de lesa humanidad durante el conflicto socio-político de 2006 y 2007. Dijo que las acciones del gobierno siguieron un patrón “sistemático y generalizado (…) como estrategia de contención de la protesta social“. Reportó específicamente “crímenes graves, en particular asesinatos, torturas y desapariciones forzadas que, a 12 años, “se encuentran en la absoluta impunidad“.

GUERRERO: “un pueblo crucificado”

Movilización para el caso Ayotzinapa © SIPAZ – archivo

En el boletín titulado “Un pueblo crucificado” en abril, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció la grave situación en la que está el estado señalando que “tanto las corporaciones policiales como la marina y el ejército, no son ninguna garantía para una población que desconfía de ellos, porque sus actuaciones no redundan en mayor seguridad. Por el contrario, se ha incrementado el número de muertes violentas, a pesar de que ha aumentado el número de efectivos en los municipios más convulsos del estado. Este flagelo es solo una parte del calvario que padece el pueblo de Guerrero. Las estadísticas oficiales que nos colocan como el segundo estado más pobre del país, nos muestran de cuerpo entero a un estado que ha sido gobernado por grupos políticos que han utilizado las instituciones para beneficio propio”.

El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa en 2014 sigue sin avances. En marzo, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó el informe “Doble injusticia”, que analiza las investigaciones del caso. De las 129 personas que fueron detenidas, encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”. Exhortó al gobierno a llevar ante la justica a los responsables de dichos abusos, así como a sus superiores. También llamó a desestimar las pruebas obtenidas bajo tortura. En mayo, familiares de los 43 y sus representantes legales advirtieron que el gobierno pretende darle el carpetazo a la investigación ante una posible alternancia en la presidencia. “Lo que nosotros buscamos es que el caso Ayotzinapa se valore en el conjunto de las más de 30 mil personas desaparecidas en México desde el sexenio pasado. Y lo que planteamos es que Ayotzinapa es un claro ejemplo de este fenómeno de macrocriminalidad en la que hay un claro vínculo entre el crimen organizado y el poder público, que se convierten en lo mismo”, mencionó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Movilización para el caso Ayotzinapa © SIPAZ – archivo

Dos casos recientes siguen nutriendo la preocupación respeto a la protección de defensores de derechos humanos en el estado. En marzo, encontraron asesinada a María Luisa Ortiz Arenas, integrante de la Red Estatal de Activistas Feministas. La Fiscalía General del Estado investigará su muerte bajo el protocolo de feminicidio. En la entidad se han registrado al menos 40 feminicidios este año y ante ellos no se ha dado seguimiento al protocolo de investigación además de que persiste la impunidad, denunciaron organizaciones de mujeres.

Por otro lado, en el marco del juicio a 25 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa de La Parota (Cecop) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), detenidos en enero de 2018 en la Concepción, se llevaron a cabo en abril, audiencias en las que se verificaron las condiciones de su internamiento. La Jueza que revisó el caso determinó respetar el derecho a condiciones adecuadas de internamiento de dichos presos. Varias organizaciones civiles han señalado que los enfrentamientos en enero “se debieron a la tensión inter-comunitaria promovida por agentes estatales y privados para frenar la defensa por el territorio de sus comunidades y el río Papagayo contra la construcción de la presa hidroeléctrica “La Parota””; y que “varios de los miembros del CECOP han sido objeto tanto del uso faccioso del sistema de justicia penal, como de agresiones en su contra desde 2003”.