La crisis migratoria a nivel mundial resulta innegable y se ha visto agudizada por leyes y acuerdos enfocados sólo en el control de las fronteras de los países receptores de personas migrantes y refugiadas, y no en el respeto a los derechos humanos, valor que todas las naciones dicen compartir.

Mural en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Tapachula © WOLA

La migración se define como el desplazamiento que realiza una persona o un grupo de personas para cambiar su lugar de residencia, ya sea de un país a otro, o dentro del mismo país. Existen distintos factores que motivan a las personas a migrar: políticos, económicos, sociales, culturales, bélicos, entre otros.

Hay una legislación internacional que trata de proteger los derechos humanos de las personas migrantes, tal es la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, que entró en vigor en 2003, una vez aprobada por 20 países y que curiosamente ni la Unión Europea ni Estados Unidos han ratificado. Los países que lo han hecho son fundamentalmente países de origen de los migrantes, a los que les preocupa la situación de sus ciudadanos, que al tomar esta opción dan un ‘peligroso paso’ determinado en la búsqueda de mejoras en su calidad de vida.

Una de las fronteras más transitadas a nivel mundial es la existente entre México y Estados Unidos. No se puede saber con seguridad cuántas personas intentan y logran cruzarla cada año. No obstante, a título de indicador, la Patrulla Fronteriza norteamericana informó de 341.084 aprehensiones de migrantes en dicha frontera en 2017, lo cual supone una disminución en comparación con 611.689 en 2016. Varios factores podrían explicar la aparente disminución del flujo migrante: el cambio en el discurso y la política migratoria de Estados Unidos desde la llegada al poder de Donald Trump, y/o el mayor control de la frontera Sur de México cuando gran parte de los migrantes entran por ahí podrían ser dos de ellos.

Endurecimiento creciente del discurso y de la política migratoria de Estados Unidos

«Dejamos nuestra patria pero no nuestros derechos» © Voces Mesoamericanas

La idea del sueño americano, que el historiador James Truslow Adamsonm definió en 1931 de esta manera «La vida debería ser mejor y más rica y llena para todas las personas, con una oportunidad para todo el mundo según su habilidad o su trabajo, independientemente de su clase social o las circunstancias en las que nace», se encuentra asentada en la mentalidad estadounidense, como esa tierra que ofrece oportunidades en condiciones de igualdad, y en la que el éxito de las personas se basa principalmente en su esfuerzo. Es la que lleva a muchos migrantes a intentar vivirlo con la idea de mejorar las condiciones de vida de sus familias. Sin embargo, esa idea que les hace recorrer miles de kilómetros se ha ido topando cada vez más con una realidad devastadora.

En las últimas décadas, EUA ha intentado progresivamente frenar el flujo migrante, por lo que esta tendencia no es reciente. Por ejemplo, de acuerdo a datos de la Secretaria de Gobernación mexicana (Segob), las deportaciones de mexicanos en los dos períodos del gobierno de Barack Obama (2009-2016) alcanzan un total de casi 3 millones de mexicanos, siendo hasta la fecha el presidente que más mexicanos ha deportado. La tendencia se mantiene cualquiera sea el origen de los migrantes.

Cumpliendo con lo prometido durante su campaña presidencial, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha endurecido tanto su discurso como las políticas migratorias de su país ante fronteras que considera “débiles”. En su primer año en la Casa Blanca canceló el programa Acción Diferida (DACA), creado por Obama en 2012, que protegía a los jóvenes indocumentados que llegaran al país siendo niños.

En enero de 2017, Trump ordenó la construcción del muro con México y aumentó la cantidad de oficiales de inmigración, lo cual, según The New York Times “establece una nueva visión para fortificar las fronteras de su país y aumentar los esfuerzos destinados a deportar a algunos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, lo que incluye el reclutamiento de más funcionarios estatales y locales que estarán encargados de rastrearlos y Tambiéndetenerlos”. También anunció nuevas reglas que promueven la inmediata deportación de personas que hayan sido convictas o acusadas de algún delito, sin especificar de qué tipo ni qué gravedad.

«Amigo migrante, lucha por tus sueños» © Voces Mesoamericanas

François Crépeau, relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Migrantes, señaló que “su gestión de la migración irregular se parece mucho a las políticas contra el alcohol durante los años de la prohibición o a la guerra contra las drogas. Con programas de cero tolerancia aparece la criminalidad, un mercado clandestino y se violan muchos derechos”. Su política migratoria, también fue condenada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, quien consideró que en Estados Unidos hace falta un liderazgo «más amplio y coherente» para afrontar «el reciente auge de discriminación, antisemitismo y violencia contra minorías étnicas y religiosas». «La denigración contra grupos enteros como, por ejemplo, los musulmanes y los mexicanos y las falsas acusaciones de que los inmigrantes cometen más crímenes que los estadounidenses son perjudiciales y alimentan los abusos xenófobos», dijo con motivo de la presentación de su informe anual de 2017 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Al interior de los Estados Unidos no son pocas las voces que ponen de manifiesto la dureza y las consecuencias que la política migratoria de Trump está teniendo en lo inmediato y que se reflejarán en el largo plazo. En marzo de 2018, la Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) publicó un informe titulado “Deconstruyendo el muro invisible” en el que advierte que las medidas tomadas por el gobierno estadounidense, desde que Trump accedió a la Presidencia, son un «muro invisible» del que el país tardará años en recuperarse, y que están ralentizando e incluso deteniendo la inmigración legal del país.

Ni el endurecimiento del discurso o de las medidas migratorias e incluso la promesa de construcción de un muro fronterizo parecen haber logrado frenar del todo la intensidad del flujo migratorio. Según el Observatorio de Legislación y Política Migratoria[1], que recientemente publicó los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), “en abril de este año los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 50 mil 924 inmigrantes, lo que supone un incremento del 223 % con respecto al mismo mes del año anterior, cuando hubo 15 mil 766 arrestos”. Cabe subrayar no obstante que, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el número de migrantes que murieron tratando de ingresar a Estados Unidos aumentó un 3 % en 2017 al buscar rutas más remotas y peligrosas para el ingreso.

México: discurso de derechos humanos, prácticas migratorias militarizadas que no frenan la violencia creciente hacia los migrantes

Marina en la Frontera Sur © Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba

A finales de marzo de 2018, unos 1.500 migrantes que huyeron de sus países debido a violencia interna, iniciaron la Caravana “Viacrucis Migrante 2018”, que llegó a tener una amplia cobertura mediática al haber despertado la ira del presidente estadunidense. Donald Trump los puso como ejemplo de la debilidad de las fronteras de su país, llamó a cerrarles el paso y hasta movilizó tropas a su frontera. Amenazó con que “la fuente de beneficios del TLCAN (…) está en juego, lo mismo que la ayuda exterior a Honduras y otros países” que permitan esta situación.

En abril, el gobierno mexicano anunció que multiplicará los efectivos de la Gendarmería Nacional en la frontera sur pero, aseguró, manteniendo el compromiso de proteger los derechos humanos de migrantes. 84 organizaciones, colectivos y redes de 23 estados mexicanos exigieron que se cancele el plan. Consideran que “pone en grave riesgo la integridad de las personas en contexto de movilidad humana, que sin duda resultará en un nuevo incremento de la violencia, la xenofobia y criminalización de las personas migrantes, refugiadas y quienes les defienden, así como la población en general”.

Denunciaron además que “esta decisión del gobierno mexicano muestra que no existe una estrategia de atención integral, definida ni clara en torno a la movilidad humana, persistiendo en una estrategia que criminaliza la migración forzada centroamericana. Más bien, se realiza exactamente en los mismos días en que se da el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en nuestra frontera norte para replicar este reforzamiento fronterizo entre México y Centroamérica. Dicha decisión, tomada desde el pasado 3 abril, se contrapone al mensaje emitido por el presidente Peña Nieto en respuesta a Trump el pasado 5 de abril, en el cual hacía un supuesto llamado a la unidad nacional en defensa de la dignidad y soberanía de México, discurso que fue aplaudido por amplios sectores sociales del país, sin contemplar acciones concretas para revertir la decisión de Trump”.

Poco después, el Viacrucis se dispersó en distintos grupos al llegar a la Ciudad de México: algunos decidieron quedarse en México y otros optaron por proseguir hacia la frontera norteamericana. 228 personas del Viacrucis fueron admitidas en Estados Unidos posteriormente, sin garantía que se resuelva a su favor la petición de asilo. Del lado mexicano, quince integrantes de la Caravana iniciaron una huelga de hambre en Sonora ante la tardanza para obtener permisos de permanencia legal, algo a lo que se había comprometido el Instituto Nacional de Migración (INM).

En mayo, diversas redes y organizaciones defensoras de la población migrante y refugiada expresaron su “profunda indignación, preocupación y extrañamiento frente a la información que ha circulado en diversos medios de comunicación señalando un acuerdo en diálogo para convertir a México en filtro para solicitantes de asilo a los Estados Unidos y como centro de detención migratorio”. Detallaron que se ha señalado que “México tendría el papel de “tercer país seguro”, lo cual implica que se incrementarán las detenciones no solo de personas migrantes, sino sobre todo, de solicitantes de asilo que huyen de la violencia de sus países y que tengan la intención de solicitar refugio en EEUU”. Exigieron que “se suspenda el diálogo al respecto con los Estados Unidos hasta que toda la información sea pública, y hasta que el nuevo gobierno que surja del proceso electoral Federal que hay en marcha asuma sus funciones. Los derechos humanos no se pueden negociar como moneda de cambio en ningún tratado comercial”.

Punto de control en la Frontera Sur © Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba

Desde hace varios años, el gobierno mexicano ha ido implementando el Programa Frontera Sur, que tiene por propósitos “proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, y ordenar los cruces internacionales, para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región”. Plantea que México y Guatemala trabajen juntos para hacer de la frontera una “zona más segura, inclusiva y competitiva”. Conviene no olvidar que en 2012, como publicó la Revista Proceso (“Marines… en la frontera sur de México”), “doscientos soldados estadounidenses, apoyados por helicópteros artillados y armamento de grueso calibre, realizan operaciones en Guatemala, justo en la frontera con México. Su objetivo: combatir a los cárteles de Sinaloa y de Los Zetas, organizaciones que se asentaron en Centroamérica. Oficialmente se trata de una operación conjunta entre los ejércitos de Estados Unidos y Guatemala, denominada Martillo. Sin embargo es el Comando Sur de la marina estadounidense el que dirige las acciones, en tanto que sus soldados tienen privilegios e inmunidad en casos de destrucción de bienes inmuebles o muertes de civiles”.

Mientras tanto, en años recientes, cruzar México se ha vuelto una de las partes más riesgosas para migrantes cuya meta es llegar a Estados Unidos, en particular para las mujeres. Encuentran en México un país que ejerce una violencia brutal hacia los migrantes. Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)[2] afirma que “la violencia hacia los migrantes en México ha alcanzado niveles inéditos; el secuestro y el asesinato han sido la expresión máxima de esa violencia, pero no la única. Por otra parte, hay evidencias suficientes para afirmar que los eslabones delictivos de México se han extendido y conectado con otros grupos ya existentes en algunas localidades centroamericanas y estadounidenses, afectando tanto a migrantes centro-americanos y de otras nacionalidades en tránsito internacional, como a migrantes mexicanos”

Martín Iñiguez Ramos, especialista en Migración de la Universidad Iberoamericana, advirtió que en estados como Chiapas, Tabasco, Oaxaca y parte de Quintana Roo, el Instituto Nacional de Inmigración (INM), en conjunto con otras instituciones, ha emprendido “una cacería de inmigrantes”. Señaló  que el programa Frontera Sur debe desaparecer por ser absolutamente violatorio de los derechos humanos, además de que la Ley General de Inmigración de 2011 debe contemplar nuevas visas de carácter humanitario y la figura de refugio.

Migrantes o… ¿refugiados?

Frontera entre Guatemala y México © Voces Mesoamericanas

La Agencia Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hace una distinción entre migrantes y refugiados, siendo estos últimos, siendo personas que huyen de conflictos armados o persecución y que el derecho internacional protege con determinadas medidas, como el hecho de que no deben ser expulsados o devueltos a situaciones en las que su vida y libertad estén en peligro. En cambio, las personas migrantes, eligen trasladarse para mejorar sus vidas con la esperanza de encontrar trabajo,o acceder a la educación, así como por reunificación familiar u otras razones. Hacer esta distinción es importante, ya que los países tratan a los migrantes conforme a su propia legislación, mientras  que aplican a los refugiados normas sobre asilo y protección de los refugiados, definidas en el derecho internacional.

Eso es un matiz que obligaría a reconocer que gran parte de los ahora considerados migrantes de América Latina y, en particular de Centro América, podrían corresponder a un perfil de solicitantes de refugio. El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la violencia en el mundo pone de manifiesto que los países de la región América latina tienen las mayores tasas de homicidios del planeta. “En 2012 (último año para el que hay datos) 165.617 personas en los países de América Latina y el Caribe fueron asesinadas. Tres cuartos de estos homicidios fueron perpetrados con armas de fuego. La tasa de homicidios regional se traduce en 28,5 homicidios por 100.000 habitantes, calculan los autores del informe. Se trata de una tasa que cuadruplica la del resto del mundo y es el doble de la de los países en desarrollo de África”.

“Piensa, sobre todo, con el corazón abierto a otros corazones, que laten igual que el tuyo, como hermanos, peregrinos, heridos también de vida, heridos quizá de muerte“, La 72, Tenosique, Tabasco © La 72

Según un informe 2011 titulado “Crimen y violencia en Centroamérica. Un desafío para el desarrollo”  publicado por los Departamentos de Desarrollo Sostenible y Reducción de la Pobreza y Gestión Económica en la Región de América Latina y el Caribe que pertenece al Banco Mundial alertaba que “El crimen y la violencia constituyen el problema clave para el desarrollo de los países centroamericanos. Entonces podríamos afirmar que la violencia conlleva el aumento de la pobreza pues una situación económica favorable se desarrolla en condiciones de paz y estabilidad. Quizá sería bueno hacernos la pregunta de si muchos de los migrantes centroamericanos que intentan cruzar México para lograr unas mejores condiciones de vida, no son en realidad “refugiados” huyendo de situaciones de violencia directa o yendo más allá situaciones de pobreza generada por la violencia en sus países. Según datos de ACNUR, “el 58% de las personas provenientes del llamado triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) son potenciales acreedores de la condición de refugiados”.

Estados Unidos y México ante el dilema “migrantes vs. refugiados”

Cabe subrayar que la ley norteamericana define que se debe recibir a los peticionarios de asilo y determinar si se les lleva a una estación migratoria o se les coloca un grillete electrónico para irse a su destino hasta el momento en que se decidan sus casos. Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), deciden si el temor de la persona para solicitar asilo es creíble o no. En caso de considerar que no, comienza el proceso de deportación. El gobierno de Donald Trump sostiene que el fraude para la obtención del permiso de asilo está creciendo. Estadísticas del Departamento de Justicia revelan que en el año fiscal de 2016 se recibieron 65.218 peticiones de asilo, de las que se concedieron 8.726.

Migrantes desaparecidos en México © SIPAZ – archivo

En cuanto a México, desde 2016, la Constitución mexicana reconoce en su artículo 11 que “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizará de conformidad con los tratados internacionales.”

En 2017, hubo 14.mil 596 solicitudes de asilo a México. Según el informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) aún tiene pendiente por resolver poco más de la mitad, 7.mil 719, lo que evidencia las dificultades para que miles de personas puedan acceder e esa condición. En febrero de este año, integrantes del Grupo Articulador México (GAM)[3] informaron que “el año pasado la Comar reconoció sólo a mil 907 personas con la condición de refugiadas y 918 recibieron protección complementaria, menos de 20 por ciento de los solicitantes ese año”. Lamentó que la capacidad para recibir, procesar y brindar protección internacional a las personas que lo necesitan no haya aumentado en la misma proporción que las peticiones de asilo a México en los tres últimos años.

La ACNUR señaló que “ por un lado el Estado mexicano impulsa acuerdos globales en favor de los migrantes, como la Convención sobre el Derecho de las Personas Migrantes y sus Familias, pero por el otro cierra las puertas a miles: sólo tiene 0.048 refugiados por cada mil habitantes, mientras naciones como Líbano o Uganda tienen 173 y 24, respectivamente”.

En esta misma línea el Observatorio Social de Derechos Humanos y migraciones en la Frontera Sur de México [4] en su boletín Derribando Muros afirma que “México, como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, carece de una política migratoria integral que responda a las diferentes facetas de la migración. Por toda respuesta, el estado mexicano ha impuesto la política de la detención y desde la perspectiva de las organizaciones de sociedad civil esta política tiene como resultado inconmensurables abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, en particular de aquellas que provienen de Centroamérica”.

Notas:

[1]          Sistema de información enfocado a recopilar, revisar y analizar información sobre política migratoria y derechos humanos en la región Estados Unidos-México-Centroamérica y que es un proyecto de El Colegio de la Frontera Norte con apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

[2]          Migración Centroamericana en Tránsito por México hacia estados Unidos. Diagnóstico y Recomendaciones. Hacia una visión Integral, Regional y de responsabilidad compartida. ITAM 2014

[3]          El GAM está integrado por las organizaciones American Friends Service Committee, Asylum Access México, la Casa del Migrante de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Programa Casa Refugiados, Sin Fronteras y la Coalición Internacional contra la Detención.

[4]          Participan el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Enlace, Comunicación y capacitación A.C., Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes