E n enero, fue presentado el informe “Votar entre balas: entendiendo la violencia político-criminal en México”, que documenta que, en 2023 se dieron 574 hechos de violencia político-criminal.

264 de ellos fueron contra funcionarios públicos o aspirantes a un cargo de elección popular, señala Data Cívica, la consultora detrás del informe. 91 ocurrieron en Guerrero, 64 en Guanajuato, 43 en Zacatecas, 42 en Veracruz, y 38 en Michoacán y Chiapas, cada uno. Tan solo en diciembre, ocurrieron 42 eventos asociados con la violencia político-criminal, que incluyen atentados, secuestros, ataques armados o asesinatos. Según la consultora, de 2018 a 2023 se han registrado mil 610 ataques, asesinatos y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partido. En ese lapso asesinaron a 105 candidatos, aspirantes y excandidatos.

En febrero, el Colegio de México presentó la investigación “Urnas y Tumbas”, en la que analiza la violencia electoral y los motivos detrás de los 32 asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular en las elecciones de 2021. En las principales características de estos casos, la investigación detalla que “la violencia electoral letal es eminentemente local, porque 85 por ciento de las 32 víctimas competían por cargos municipales. (…) Estos ataques normalmente son contra opositores al alcalde en turno, como ocurrió en 25 de los 32 casos”. Llamativamente, solo 11 de 32 homicidios pueden atribuirse claramente a organizaciones criminales que “han acotado efectivamente a la democracia mexicana, teniendo la capacidad de decidir quiénes tienen derecho a competir y quiénes no. (…) Los partidos no solo no están a la altura del reto, sino que ellos mismos están resolviendo la lucha por el poder a balazos. En otras palabras, no sólo han dejado que las organizaciones criminales llenen vacíos de poder, sobre todo local, sino que están replicando sus técnicas para resolver la lucha por el poder público”, recalca la investigación.

“Los niveles tan altos de violencia están enturbiando la calidad de la democracia y la gobernabilidad del país. En especial, la violencia electoral, aquella intencionalmente implementada por los perpetradores para modificar tanto los resultados cuanto los procesos electorales, distorsiona las virtudes de un régimen democrático. (…) Si tomamos en cuenta que uno de los mayores logros de la transición mexicana a la democracia fue su carácter pacífico, la creciente violencia electoral resulta cada vez más perturbadora”, alertó la investigación al plantear fuertes preocupaciones por las elecciones de 2024.

“Alarmante crisis en materia de derechos humanos”

En noviembre, más de 300 organizaciones nacionales e internacionales emitieron 18 informes con recomendaciones para revertir la “alarmante crisis en materia de derechos humanos” en México, que “se ha profundizado” desde 2018, cuando asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Denunciaron el cierre del espacio cívico en el país, la militarización, la violencia e impunidad generalizadas, pobreza estructural, espionaje, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones, de cara al Examen Periódico Universal (EPU) del Estado mexicano.

Al darse dicho examen en enero, México recibió más de 300 recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Las principales giraron en torno a la violencia contra las mujeres, los periodistas, los defensores de derechos humanos, las niñeces, adolescentes y juventudes, así como las desapariciones, y la gestión de la crisis migratoria, entre otros temas. Igualmente, fue cuestionado el tema de la militarización en el país y sus impactos en el respeto a los derechos humanos. Por primera vez, México recibió recomendaciones específicas para garantizar que la seguridad pública sea civil. Es importante subrayar, sin embargo, que todas estas recomendaciones no son de carácter vinculante. México tendrá hasta junio para responderlas y decidir si las acepta.

En cuanto a la vulnerabilidad de defensores de derechos humanos, en enero, la organización no gubernamental Comité Cerezo México informó que, durante el año 2023, en México se registraron 14 ejecuciones extrajudiciales contra personas defensoras de los derechos humanos, 11 de ellas en Oaxaca. Suman 93 casos en lo que va del gobierno actual. Los motivos por lo que luchaban los defensores de derechos humanos ejecutados eran principalmente por derecho al territorio, por una vida digna, una vivienda digna y por la autodeterminación de los pueblos indígenas. De las víctimas, solo una no pertenecía a ningún grupo indígena. “La diferencia de los informes anteriores en qué solo encontramos dos casos en los que el beneficiario fue el Gobierno Federal, en este informe son cuatro casos”, señaló Comité Cerezo.

En cuanto a libertad de expresión, en enero, Artículo 19 advirtió que 2024 será un año “sumamente violento” para la prensa debido a las disputas políticas vinculadas al contexto electoral. Pese a la caída en asesinatos de periodistas en 2023 (cinco frente a 13 el año anterior), señaló que, en el último año, se ha visto una agudización en las campañas de estigmatización y desprestigio hacia los comunicadores por parte de actores políticos locales, quienes han replicado el discurso “virulento” de AMLO contra la prensa. “Hay en realidad una clase política sumamente intolerante a la crítica y lo que ha hecho el presidente es aguijonear esa intolerancia”, explicó.

En enero, varios espacios de sociedad civil y periodísticos denunciaron la violación de la privacidad y la vulnerabilidad que implican la filtración de datos personales de más de 300 periodistas que han cubierto las conferencias de prensa matutinas de AMLO. El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) alertó sobre el hecho que lo ocurrido implica “riesgos significativos que pueden tener diversas consecuencias. Entre ellas se encuentran daños en la reputación, pérdidas financieras, actos de discriminación, perfilamiento por presuntos agresores/as, así como ataques a sus domicilios o recorridos, entre otras implicaciones graves. Esto cobra especial relevancia al considerar que México se posiciona como uno de los países más peligrosos para la prensa, con 163 periodistas asesinados y 32 desaparecidos”.

Otra crisis: la migratoria

En diciembre, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) informó que las solicitudes de asilo rompieron un nuevo récord en México con 136 mil 934 peticiones. Cabe recordar que en 2013 apenas se contabilizaron mil 296 peticiones y desde 2018 aumentaron año por año. Chiapas es donde se registra más del 60% de las solicitudes y es importante subrayar que los solicitantes de asilo deben permanecer en la entidad federativa donde iniciaron su trámite. Paralelamente, la tasa de aceptación se ha ido reduciendo, afectando principalmente a las personas originarias de Haití, con solo el 13% de los solicitantes admitidos en el país en 2022. Preocupa que una cuarta parte de las solicitudes registradas es de menores de edad, advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), una cifra que agudiza el desafío humanitario en la frontera sur del país. Estos niños y adolescentes huyen en su mayoría por violencia, persecución y conflictos armados, según detalló ACNUR.

En enero, Human Rights Watch (HRW) pidió a México rechazar un acuerdo con Estados Unidos que pueda restringir el derecho al asilo e incrementar las deportaciones sumarias. Según analistas, los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, han condicionado la aprobación de un paquete de ayuda militar de 106 mil millones de dólares para Ucrania e Israel a cambio de nuevas medidas anti migrantes incluyendo cierres de parte de la frontera, limitar aún más las solicitudes de asilo e incrementar las deportaciones masivas. Estas medidas migratorias “contravendrían estándares internacionales de derechos humanos y expondrían a miles de personas y solicitantes de asilo a situaciones peligrosas”, alertó HRW. Actualmente, cerca de 10.000 personas son arrestadas al día en la frontera entre Estados Unidos y México en momentos en los que el Gobierno de Biden está adaptando el marco discursivo xenófobo contra la inmigración del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2024, según el centro de investigación MIRA: Feminismos y Democracias.

Igualmente, en enero, el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur demandó el “cierre inmediato y definitivo” de las estaciones migratorias, ello después de la muerte de Jean “N”, de nacionalidad haitiana, quien falleció en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. Afirmó que este caso no es aislado, sino que se suma a una larga lista de personas migrantes que han muerto al interior de las estaciones migratorias mexicanas. Declaró que han documentado que en estos espacios las personas migrantes son sometidas “a condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de servicios médicos, alimentación precarizada, malos tratos físicos y psicológicos, abusos sexuales, lo que en su conjunto constituyen entornos torturantes”. Reportó también “casos de motines, protestas, autolesiones y suicidios”, lo que evidencia “el grado de desesperación y sufrimiento que viven las personas en detención migratoria”. Denunció que el Estado mexicano pretende ocultar, e incluso negar, la realidad de estos centros. 

CHIAPAS – Civiles “barrera humana” en la disputa entre grupos vinculados al crimen organizado

En diciembre, la Diócesis de San Cristóbal en su comunicado titulado “Un Grito de paz silenciado por las armas”, señaló que “en el estado de Chiapas estamos viviendo en medio de grupos criminales que se disputan el territorio poniendo a la sociedad civil como barrera humana en dicha disputa, sin que se haga valer el derecho del pueblo a la seguridad, el libre tránsito, la paz y otros”. La zona más afectada por esta situación viene siendo la Fronteriza.

En noviembre, se dio a conocer que miles de pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa se desplazaron forzosamente luego de que grupos del crimen organizado incursionaran en la región y secuestraran al presidente municipal, Zoel López Gutiérrez y uno de sus colaboradores. Se atribuyó el recrudecimiento de la violencia en esta región en meses recientes a la lucha de plaza entre dos organizaciones del crimen organizado que buscan controlar los territorios fronterizos de carácter estratégico para sus negocios.

En enero, pobladores del municipio de Chicomuselo, en la Sierra de Chiapas denunciaron “el incremento de violencia que se está dando sin que hasta ahora haya una respuesta del estado”. Señalaron un enfrentamiento ocurrido el 4 de enero entre dos grupos del crimen organizado en el ejido Nueva Morelia, perteneciente al mismo municipio, que habría dejado al menos 20 personas muertas, entre ellas dos pobladores civiles que cayeron en el fuego cruzado. La “Sociedad Civil del Pueblo de Chicomuselo” afirma que “hemos visto salir a cientos de familias de Nueva Morelia y comunidades vecinas por temor a que se sigan suscitando los enfrentamientos, pues en esta zona hay intereses grandes como lo es la minería y el control de la frontera”, recalcaron. Cuestionaron: “¿por qué el ejército, la guardia nacional y la policía estatal no actúan? ¿Qué esperan para desarticular y desarmar a estos grupos criminales que están usando a la gente como barrera humana?”.

Decenas de familias siguieron abandonando sus hogares en los municipios de Chicomuselo, La Concordia y Socoltenango en semanas posteriores. La Secretaría de Protección Civil estatal informó que brinda ayuda humanitaria a los pobladores desplazados, aunque no les reconoció este estatuto, sino que les considera como “personas en situación de vulnerabilidad”. AMLO pidió a los pobladores de estas comunidades quedarse en sus lugares de origen y que le den confianza a la Guardia Nacional para hacerle frente a los grupos del crimen. Declaró que “la Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia, que le den la confianza. Y si no quieren que esté la Guardia es porque están protegiendo a delincuentes”. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) contabiliza que, al menos, 2 mil 300 personas han sido desplazadas forzadamente de más de 30 comunidades en este episodio.

En enero, convocadas por el Pueblo Creyente, miles de feligreses de la diócesis de San Cristóbal de las Casas peregrinaron en San Cristóbal de Las Casas, marco en el que denunciaron la narcoviolencia y otras formas de injusticias que experimentan. El obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro, subrayó que la construcción de la paz es “una tarea urgente ante la sombra de muerte que va cubriendo nuestro estado de Chiapas, y que en los últimos días se ha hecho más oscura en toda la frontera con Guatemala”. “Esta oscuridad ha sido generada por grupos criminales que pelean para ver quién va a controlar la frontera con Centroamérica, en su lucha han pasado por encima de las comunidades; les han obligado a alinearse con ellos o tener que dejar su lugar, perdiendo todo lo trabajado durante su vida. (…) esto ha traído dolor, sufrimiento, extorsiones, muerte, desaparecidos, comunidades desplazadas, comunidades sin libre tránsito, comunidades diezmadas”. Refiriéndose a la respuesta de parte de las autoridades, dijo que “no es posible seguir negando la realidad y decir que en Chiapas no pasa nada, aquí sucede de todo y no podemos quedarnos callados ni ser indiferentes ante tanto dolor frustración impotencia al vernos invadidos y gobernados por quienes usan las armas y la violencia. Reconocemos el incremento de la militarización, pero no vemos resultados”.

EZLN: a 30 años del levantamiento armado

El 30º aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue celebrado del 30 de diciembre al 2 de enero en el caracol “Resistencia y Rebeldía: Un Nuevo Horizonte” en Dolores Hidalgo, municipio de Ocosingo. Miles de asistentes entre colectivos y organizaciones tanto nacionales como internacionales, medios de comunicación, milicianos y bases de apoyo participaron en la celebración en la que se llevaron a cabo jornadas culturales a través de las cuales recrearon la historia de su autonomía, la violencia del contexto actual y críticas al sistema y al “mal gobierno” (ver Artículo).

En enero, más de 40 miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) desplazaron forzadamente a 28 Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) de la comunidad La Resistencia, región de Moisés y Gandhi, municipio de Ocosingo. Destruyeron la Escuela Primaria Autónoma, incendiaron viviendas, robaron bienes y despojaron a la comunidad de animales, herramientas y alimentos. En febrero, integrantes de la ORCAO atacaron nuevamente a la comunidad Moisés y Gandhi. Según la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) realizaron una serie de aproximadamente 100 disparos con armas de grueso calibre. La Red TDT pidió que “se garantice el respeto al territorio de las BAEZLN, a su libre determinación y autonomía, así como a una vida libre de violencia. Se realice una investigación inmediata y diligente para generar una ruta en donde se priorice finalizar con este clima de violencia”.

OAXACA – “Entre el PRI y Morena: Retrocesos, impunidad y simulación”

En diciembre, un grupo de organizaciones civiles, personas defensoras y periodistas, presentaron en Oaxaca un informe sombra preparado en el marco del EPU acerca de la situación de los derechos humanos en el estado. Dicho informe abarca el periodo 2018-2023 y fue titulado “Entre el PRI y Morena: Retrocesos, impunidad y simulación”. “Pese a que existió una alternancia política a nivel federal y estatal entre el PRI y Morena, en Oaxaca se han profundizado las violaciones a los derechos humanos, aunado a que persisten retrocesos, simulación, omisión, negligencia, corrupción y falta de autonomía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, afirmaron las organizaciones. Refirieron asimismo que “la falta de voluntad política ha sido el principal obstáculo para enfrentar la grave situación por la que atraviesa el estado. La ‘paz’ es solo una narrativa gubernamental y parte de la simulación”.

Los últimos meses han sido marcados por casos de criminalización y persecución de defensores de derechos humanos, principalmente en el Istmo de Tehuantepec. En enero, un grupo de ciudadanos y comuneros integrados por la Resistencia Civil Mixtequillense instaló un bloqueo carretero de dos días en la autopista La Ventosa-Mixtequilla para exigir información y transparencia respecto al parque industrial llamado “Polo de Bienestar” que el gobierno federal pretende instalar en el municipio de Mixtequilla. Tras un acuerdo de asamblea, habitantes de Santa María Mixtequilla también expulsaron de sus tierras a elementos de la Secretaría de Marina y quemaron el campamento del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec igualmente por no haber sido informados de los daños que pueda ocasionar el proyecto. Posteriormente, se dio un operativo policial integrado por elementos de la Guardia Nacional y la policía ministerial que pretendía dar cumplimiento a 10 cateos y nueve órdenes de aprehensión por el presunto robo de una patrulla municipal. Familiares de las y los detenidos (7 hombres y dos mujeres) denunciaron que las detenciones fueron violentas, incluyendo el recurso a violencia sexual y amenazas al interior de las viviendas.

En febrero, David Hernández Salazar fue condenado a 46 años y seis meses de prisión, a una multa de $182.818 y a un pago por reparación de daños por la cantidad de $1.000.001.500, por oponerse a la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico. El defensor indígena binnizá ha sido criminalizado desde el año 2017 por su lucha por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal, Puente Madera, por lo cual enfrenta tres procesos judiciales. Organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec repudiaron la sentencia y exigieron su revocación cuando “estas sanciones, son un claro ejemplo de criminalización y persecución por su labor como Defensor del Territorio, los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.”

La violencia de género es otra preocupación constante. En febrero, se registraron 13 casos de asesinatos de mujeres desde el inicio del año. Con ello ya se suman 122 crímenes contra mujeres en la administración del gobernador Salomón Jara. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), notifica que, en 2023, se iniciaron 38 investigaciones por el delito de feminicidio en Oaxaca, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar nacional, el año pasado. Por su parte, GES Mujer contabilizó 95 muertes violentas de mujeres en 2023, la mayoría de éstas sucedidas en el Istmo y la Mixteca.

GUERRERO – “La verdad vestida de verde olivo”

En enero, el Centro de Derechos humanos de la Montaña Tlachinollan presentó su informe XXIXº titulado “La verdad vestida de verde olivo”, en el que recalcó que “en este fin de sexenio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador posicionó al Ejército como el principal cuerpo de seguridad que cuenta con un marco legal a modo, a contrapelo de las recomendaciones internacionales. Dispone de un amplio presupuesto federal y goza de múltiples prerrogativas con las nuevas funciones que le asignó por decreto presidencial. El instituto armado es la Secretaría que mayor reconocimiento, respaldo y protección tiene del presidente de la República, al grado que se ha transformado en su vocero y defensor a ultranza”. “Se obstina en exonerarlos de los crímenes de lesa humanidad y en todo momento los deslinda de su involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.

Por otro lado, Tlachinollan subrayó que “las autoridades de Guerrero han sucumbido ante el crimen organizado. A pesar de que la gobernadora Evelyn Salgado Pinda cuenta con todo el respaldo del presidente de la República, no hay resultados tangibles, a dos años de su administración. La presencia de la Guardia Nacional está lejos de ser un escudo para la población que se encuentra inerme ante el poder creciente de los grupos delincuenciales. La violencia se ha desatado en las principales ciudades turísticas y en Chilpancingo. En las 8 regiones se han registrado casos sumamente graves que muestran las flaquezas de un modelo de seguridad diseñado por los mandos militares que han supeditado a las autoridades civiles”. Ante ello, “la población agraviada ha quedado al margen, se hace escarnio de las víctimas y no se escucha el clamor de justicia de las familias. Hay un distanciamiento de las autoridades del estado con la multiplicidad de actores de la sociedad civil que no encuentran una interlocución efectiva para plantear sus demandas y propuestas”.

Otro aspecto de preocupación abordado por el informe tiene que ver con el hecho que “los gobiernos en lugar de detonar el desarrollo con la participación de las comunidades que han sabido cuidar y respetar la naturaleza, han implantado un modelo extractivista basado en la explotación depredadora de los bosques, en el saqueo de las riquezas naturales, la destrucción del hábitat con la minería a cielo abierto y la descapitalización del campo”.

En este marco, la situación de vulnerabilidad de personas defensoras de derechos humanos y comunicadores sigue siendo crítica. En noviembre, hombres armados atacaron a balazos a cuatro reporteros en Chilpancingo. Tres resultaron heridos. La semana anterior, criminales secuestraron a tres periodistas en Taxco, además de familiares de ellos. Al cabo de los días los soltaron, pero mantienen al hijo de uno de ellos cautivos. “La violencia contra periodistas ha aumentado exponencialmente durante el periodo electoral”, afirmó Artículo 19. Exhortó a las autoridades a combatir la impunidad: “Es imposible sostener mecanismos de protección a periodistas de forma perpetua mientras las investigaciones sobre amenazas y ataques no avanzan, es necesaria una estrategia efectiva que dé resultados y disuada a los perpetradores de amenazas y crimines contra la prensa”. En febrero fue ejecutado a balazos en Zumpango, el buscador Noé Sandoval Adame, miembro del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, quien buscaba a su hijo Kevin Sandoval Mesa, de 16 años, desaparecido el 17 de noviembre de 2023. El crimen fue condenado por colectivos y organizaciones que integran la Brigada Nacional de Búsqueda quienes exigieron investigación y justicia para Noé y su familia.