Un grito de exigencia y llamado a la acción

O rganizaciones de la sociedad civil en Chiapas unieron sus voces para visibilizar y exigir que se reconozca y atienda la situación de violencia que se vive desde 2021 en la región fronteriza y sierra del estado, la cual, en el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos” catalogan como un conflicto armado no internacional y urgen a las autoridades a ocuparse de él como tal.

Dicho informe recorre brevemente los inicios del conflicto y cómo este ha ido en aumento, relata las estrategias de control ejercidas por parte de los grupos en disputa, recoge testimonios de habitantes de la zona y las violaciones a derechos humanos que viven día a día, señala el control y colusión de autoridades e instituciones estatales con el crimen organizado y finalmente realiza algunas recomendaciones al estado sobre el reconocimiento de la gravedad de la situación y algunas estrategias para la atención de la población vulnerada.

“La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local (…)”. Los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bellavista son hasta ahora los principales afectados por la disputa. “Graves violaciones a derechos humanos y del derecho internacional afectan tanto a la población local como a las personas defensoras de derechos humanos y del territorio, para quienes los riesgos de ejercer la libertad de expresión y sus acciones de defensa son muy altos”.

El informe señala también que la zona en conflicto se ha convertido en una zona silenciada en la que no se puede hablar y de la que tampoco nadie habla. De ahí también la pertinencia del informe y el que dedicaremos este enfoque a él.

Sobre la escalada, diversificación y continuación de la violencia

No es para nadie un secreto que Chiapas es un territorio rico en recursos naturales y que, además, se encuentra en una zona geográfica estratégica. Es la puerta de entrada de todo lo proveniente del Sur y Centroamérica en su camino hacia el norte, principalmente a Estados Unidos. Esto, como lo señala el informe, lo vuelve un punto fundamental para el “control e impulso de economías tanto legales como ilegales.” “Toda la extensión territorial chiapaneca está vertebrada por rutas que son aprovechadas para el transporte de todo tipo de mercancías, drogas, armas y ganado ilegal hasta el tráfico de personas en movilidad internacional. Desde 1998, la zona de la selva en su frontera con Guatemala fue considerada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como un corredor clave.”

Todo lo anterior explica el interés de los diferentes grupos de la delincuencia organizada por mantener el control de la zona. “Estos grupos operan a nivel territorial por medio de estructuras criminales complejas conformadas por miembros del cártel, operadores locales y autoridades del estado a distinto nivel, instaurando una gobernanza criminal que va más allá de los negocios ilícitos.”

Como se señalaba anteriormente, este contexto de violencia se ha recrudecido a partir de la segunda mitad del año 2021 cuando asesinaron a Gilberto Rivera, alias “El Junior”, quien era hijo de uno de los operadores de un grupo de la delincuencia organizada que hasta ese momento mantenía el control en el estado. Dicho homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico y desde entonces, desde Frontera Comalapa, pasando por Teopisca, Tuxtla Gutiérrez, Pantelhó y hasta San Cristóbal de las Casas, los enfrentamientos, ejecuciones y disputas de plaza se han multiplicado siendo la zona fronteriza la más afectada. Para el 2022 registró un incremento muy significativo de desapariciones y desplazamientos en la zona. Además, el despliegue de drones de vigilancia y los bloqueos carreteros por parte de hombres armados o por la misma población que es obligada por los grupos de la delincuencia organizada se han convertido en parte del día a día.

“Nos encontramos en un estado de sitio como lo hemos denunciado en otras ocasiones, el pueblo está sitiado por el crimen organizado, no podemos movernos con libertad, salir de casa implica salir con miedo a lo que pueda sucedernos al pasar por sus retenes, revisiones, hostigamientos e intimidaciones en todas sus formas.”

El año 2023 no fue diferente, como se menciona en el informe, este tuvo “dos picos importantes de violencia” en la región Frontera-Sierra. Uno fue la denominada “Guerra de los cuatro días” que tuvo lugar en la comunidad Nueva Independencia o Lajerío en el mes de mayo, donde grupos de la delincuencia organizada se enfrentaron sin tregua impactando también a comunidades vecinas y provocando el desplazamiento forzado de al menos 3,500 personas. En septiembre, hubo diferentes eventos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec, donde se reportaron enfrentamientos, quema de tráileres, despliegue de vehículos blindados adaptados para el combate comandados por grupos fuertemente armados que se instalaron en la región a la par de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.

Si bien se destacan algunos momentos críticos de violencia, es importante señalar que esta es una constante, la realidad es que la población de la región Frontera-Sierra no ha tenido un respiro desde que la disputa comenzó. “(…) la violación del derecho a la vida se ha vuelto cotidiana en medio de una posición oficial que minimiza o niega la violencia y se mantiene indiferente frente a la agudización de la situación.”

Vivir bajo fuego, miedo y zozobra

La vida de las personas de la región Frontera-Sierra ha sido trastocada por la violencia y control que ejercen los grupos de la delincuencia organizada. Su realidad se ha transformado de forma acelerada y las consecuencias se sienten. Vivir el día a día en la zozobra, con miedo, preguntándose si es momento de dejar todo atrás, a dónde ir o es posible aguantar un poco más y esperar a que pase algo que regrese la paz a sus territorios, así es como se vive ahora en esa región.

“Habrá unas 20 familias de las que ya no pudieron salir (a buscar refugio) (…) Tengo una mi sobrina que los 6 días aguantó hambre solita, a los seis días la fui yo a sacar de su casa y tenía mucho pánico. Salió brincando, mirando a sus alrededores y me decía si no estaban por ahí los señores, le dije que no. En medio de esto también llega un mito de que estaban reclutando varones y más a los jóvenes. Se fueron a dormir a los montes, potreros, montañas, cuevas. Mucha gente salió huyendo por eso.” Este es uno de los muchos testimonios que recoge el informe y que dan cuenta de lo difícil que está siendo la vida en las zonas disputadas.

Además de vivir con miedo y con la incertidumbre de no saber qué es lo que sigue, la desconfianza se ha instalado también en el sentir de la población. Es difícil saber con quién se puede hablar sin después ser víctima de alguna represalia. Como bien se señala en el informe, “este estado de desconfianza tiene como consecuencia la fragmentación de los vínculos comunitarios al desconfiar de los propios vecinos, incluso de la propia familia, lo que además provoca importantes impactos psicosociales, principalmente, estrés y paranoia.”

Otra forma de control ejercida por los grupos de la delincuencia organizada ha sido el apoderarse de los terrenos de siembra e impedir que estos sean trabajados, lo cual, ha causado que muchas familias se queden sin sustento, pues sus cosechas se han perdido. No hay manera de producir ni siquiera para el consumo propio. Aunado a esto, en los bloqueos montados y custodiados por hombres armados, realizan revisiones y prohíben el paso de cualquier tipo de mercancías, esto se traduce en un desabasto de alimentos y productos básicos.

“(…) estaba regando mi milpa cuando vi a unos doscientos metros a esta gente apuntándome con un arma. Yo quise hablar con ellos, pero uno levantó la mano parándome sin dejar de apuntarme. — ¿Qué chingados haces aquí? —Vine a regar mi maíz, dije. — ¡Ya no vengas acá, si nos ves aquí, no vengas, ven cuando no estemos, vete a tu casa! Pasaba el día en la casa, cruzado de manos porque ya no podía ir a trabajar (…) iba y si los veía me volvía para la casa, si no, estaba un rato, pero oía camioneta, apagaba todo y me volvía a casa. No sabía qué hacer.”

“En los municipios de Motozintla, El Porvenir, La Grandeza, Siltepec, Mazapa de Madero, Bellavista, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo y Honduras de la Sierra, miles de campesinos han abandonado sus cultivos a causa de la violencia.”

De esta manera, los grupos de la delincuencia organizada han ido teniendo el control del territorio y la población, a veces con el uso de la violencia que en ocasiones rebasa lo decible y, en otras, con acciones que intentan suavizar y normalizar su presencia en la región. En algunas comunidades, los grupos han llegado a presentarse como el “bueno” que ha venido a librarlos del “malo”. Es así como se han insertado en la vida cotidiana cooptando de manera violenta o no (“cabe resaltar que la paciencia de los grupos ante la resistencia comunitaria es muy poca y en caso de no lograr la cooptación, las consecuencias son muy graves: agresiones físicas, desapariciones, asesinatos ejemplares, despojo, entre otros…”) a organizaciones sociales, jóvenes y poblaciones diversas.

“Esta manipulación narrativa del conflicto aumenta el grado de tolerancia hacia la violencia, hasta llegar a su normalización.”

Otro mecanismo utilizado por los grupos delincuenciales en esta guerra por el control territorial es el que, para impedir el avance del grupo antagónico, cavan zanjas que mantienen a pueblos y comunidades incomunicados, cercados, lo cual representa una afectación más para el desarrollo de la vida, pues impide la libre movilidad y con esto un sin número de actividades cotidianas quedan truncadas.

“Las clases a nivel básico y medio superior fueron suspendidas y los centros de salud cerrados debido al riesgo que implica para el personal trasladarse por la región.”

Pero, ahí no para el control que ejercen dichos actores, otra forma que se ha documentado a lo largo de los últimos meses es el del aspecto económico. En el informe, se menciona que “en el conflicto de la frontera se despliegan un conjunto de estrategias económicas que la delincuencia organizada desarrolla tanto para afianzar el control sobre el territorio como para subsanar los gastos operativos que implica la disputa. Esta economía del conflicto incluye extorsiones, cobro de piso, y secuestros, pero, también el control de precios de productos agrícolas, rentas y otras transacciones de la población local. Además del decomiso de propiedades que van desde casas hasta cosechas y ganado.”

“Un vendedor de la comunidad se paró un día y se quejó públicamente de que la venta de maíz era libre y de que tenían derecho a poder vender a quien quisieran… al día siguiente entregaron su cuerpo… fue un trauma muy grande…”

Se ha sabido que los grupos hacen uso de “presta nombres”, lo cual tiene grandes implicaciones tanto legales como riesgos de ser considerado por el grupo antagónico como parte del “enemigo”, lo que puede traer como consecuencia la persecución, desaparición y asesinato, mismos castigos que suceden en caso de negarse a hacerlo.

A todo lo antes mencionado, se añaden la explotación y control de bienes y recursos naturales como lo son el agua y minas que se encuentran en dicho territorio. La explotación sexual de mujeres y niñas es también una constante, se sabe que tanto mujeres en situación de movilidad internacional como mujeres pertenecientes a comunidades locales, son víctimas de desapariciones forzadas temporales y explotadas sexualmente en cantinas, prostíbulos y casas ocupadas por los grupos delincuenciales.

“Las secuelas psicoemocionales generadas a partir de vivir en medio de este contexto son notorias: el miedo y la desesperación reinan, la histeria colectiva brota repentinamente a causa de rumores y, los problemas de salud mental se agravan por la constante preocupación, la impotencia y la frustración.”

Tapando el sol con un dedo

La situación en que ahora viven miles de personas en la región Frontera-Sierra ha sido negada en reiteradas ocasiones por el gobierno mexicano, principalmente por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y por el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena.

Cuando se le ha cuestionado a López Obrador sobre la violencia en Chiapas, generalmente responde que no es así, que en Chiapas todo es paz. En últimas declaraciones ha mencionado que, si hay desplazamiento, pero el número de desplazados (que actualmente rebasa las 10.000 personas) no es significativo y que pronto regresarían a sus hogares. Teniendo en cuenta lo documentado y los testimonios recogidos en el informe, es evidente que no hay condiciones para ello. Incluso en sus más recientes declaraciones posteriores a la presentación pública del informe, AMLO sostuvo que su gobierno le ha cumplido al Sureste, que Chiapas está muy por debajo de la media nacional en homicidios dolosos e incluso, que las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil presentes en Chiapas se quedaron con la idea de confrontación de cuando el levantamiento zapatista y que estar aclarando mentiras le llevaba mucho tiempo, que seguramente todo obedecía a una campaña mediática contra morena ahora que están por iniciar las campañas electorales.

Esta negativa solamente agrava la situación, ya que no existe la voluntad para implementar acciones que pongan un alto a la violencia y control por parte de la delincuencia organizada.

“Una de las respuestas del Estado ante el conflicto armado ha sido el despliegue de elementos de las fuerzas armadas a lo largo de todo el territorio fronterizo (…) la militarización ha sido una estrategia frecuente en Chiapas directamente vinculada a crímenes de lesa humanidad, a la creación de grupos paramilitares y al deterioro acelerado de la seguridad”, afirma el informe. A esto se suma la corrupción en todos los niveles de gobierno y fuerzas armadas, lo que culmina en vinculaciones con los grupos delictivos y la creación de zonas silenciadas, expresa también.

“(…) la delincuencia organizada interactúa con funcionarios del gobierno conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio.”

La situación generalizada de violencia trae consigo un grave deterioro de la sociedad, la violación sistemática de los derechos humanos, “se ponen en riesgo y vulneran derechos básicos como la paz, la vida, la dignidad y la integridad personal.”

Solidaridad y unión ante el silencio y la emergencia

En diferentes municipios de Chiapas, incluyendo los más golpeados por esta ola de violencia, miles de personas se han convocado en numerosas peregrinaciones y marchas para exigir la paz.

Así mismo tanto la Diócesis de San Cristóbal como organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado para visibilizar que “la población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa. Se cortaron suministros básicos como alimentos, gasolina, gas, luz eléctrica y servicios de compañías telefónicas, manteniendo a la población en vilo y zozobra, incomunicada, con escasez de alimentos e incluso con la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias.”

También, tras los últimos enfrentamientos que han provocado el desplazamiento forzado de miles de personas, tanto la población como iglesias y organizaciones de la sociedad civil se han organizado para la colecta y entrega de víveres, ropa y artículos de primera necesidad.

El último esfuerzo realizado por visibilizar las violencias y afectaciones que ellas conllevan hacia la población, es el informe citado a lo largo de este artículo, el cual culmina con una serie de recomendaciones hacia el estado mexicano y la comunidad internacional, las cuales están centradas en el reconocimiento y visibilización del conflicto, la protección de la población civil, el garantizar a la población el acceso a sus derechos y a la investigación y acceso a la justicia para las víctimas.