E n septiembre, se llevó a cabo en Puebla el Diálogo Nacional de Paz, después de que se realizaran conversatorios y Foros de Justicia y Seguridad en los estados en los que participaron más de 18 mil personas en los últimos 10 meses. Se dio a conocer la Agenda Nacional de Paz que busca “trascender de una cultura de violencia hacia una cultura del cuidado y de la Paz”. Se pretende que dicha Agenda sea dada a conocer a la sociedad en general, así como a los candidatos presidenciales para las elecciones de 2024. La Agenda incluye propuestas de acciones que pueden implementarse “en las familias, escuelas, comunidades, instituciones, empresas, universidades y otros” y que permitan exigir “a los gobiernos que cumplan con su función con eficacia y transparencia”. “La paz es un trabajo en conjunto de distintos niveles y de todos los sectores sociales, implica la suma de voluntades, coordinación de esfuerzos y la generosidad de todos para vencer el miedo ante la indolencia e ineficacia de las autoridades”, afirma, además.

Derechos humanos: una amplia lista de pendientes

En agosto, organizaciones de derechos humanos informaron que en el último año contabilizaron 128 violaciones a los derechos humanos en contra de personas defensoras de derechos humanos. 31 de los casos se concentraron en la capital mexicana, 18 se dieron en Michoacán y 12 tanto en Chiapas como en Oaxaca. En las grandes tendencias, se encuentran: el incremento del número de organizaciones y de comunidades agredidas; el aumento de violaciones de derechos humanos de parte de gobiernos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y el incremento de las cometidas desde el Gobierno federal, entre otros.

En septiembre, Amnistía Internacional (AI) denunció el uso desproporcionado del sistema de justicia para disuadir, castigar e impedir que las personas defensoras protesten para exigir sus derechos. “México se ubica entre los países donde se cometen más asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, mientras lejos de que el Estado atienda y prevenga esta la violencia, se van sumando otras violaciones graves a sus derechos humanos, como la estigmatización, hostigamientos, ataques, atentados, desplazamiento forzoso y desapariciones”, declaró. Recalcó que “el derecho a la protesta es una vía fundamental que las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente han utilizado para exigir sus derechos, en particular cuando otros mecanismos institucionales han fallado o no han sido accesibles”. Este mismo mes, Global Witness informó que, en México, 31 defensores ambientalistas fueron asesinados en 2022, lo que lo convierte en el tercer país más peligroso para ser activista de los recursos naturales.

En septiembre, Artículo 19 documentó 272 casos de agresiones a periodistas y comunicadores en el primer semestre de 2023: una agresión cada 16 horas. Con la mitad de los casos, la cobertura sobre corrupción y política es claramente la más arriesgada. De acuerdo con Artículo 19, «el Estado sigue siendo el principal agresor contra la prensa en México. Durante estos primeros seis meses del 2023, las autoridades fueron responsables de perpetrar 140 agresiones, es decir, 1 de cada 2 ataques.» Hasta el momento, la ONG ha contabilizado 2.941 casos en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En septiembre, una representación de México compareció ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar avances en recomendaciones previas. La delegación oficial mexicana destacó las acciones en materia de identificación humana y “estrategias” en la búsqueda de grupos vulnerables como mujeres, niños, adolescentes y migrantes. El CED solicitó varias precisiones sobre el llamado Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (RNPDNO). Para los familiares de los más de 111 mil víctimas y organizaciones civiles, el nuevo registro busca disminuir las cifras que ya se tienen sin resolver el problema de fondo, para manipular la realidad con fines electorales. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) afirmó que es muy llamativo que, con tantos pendientes en materia de desaparición, las energías se utilicen en eso, en lugar de poner a funcionar el Banco Nacional de Datos Forenses o prevenir la comisión de estos crímenes. El CED declaró que en lo inmediato “los esfuerzos no están dando resultados”, que la crisis forense se mantiene y se preocupó por el riesgo que enfrentan las familias al buscar. Lamentó también el bajo número de causas penales y sentencias frente a la crisis de desapariciones.

Este mismo mes, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria realizó una visita oficial de trabajo a México en septiembre, después de la que concluyó que “la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y con demasiada frecuencia es catalizadora de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias”; así mismo señalaron que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias (ver Enfoque).

Igualmente, en septiembre, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), publicó un informe titulado “Transformación militarizada: Derechos humanos y controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México”. Señala: “México vive un proceso de creciente militarización de tareas civiles dentro y fuera del ámbito de la seguridad pública. Mientras presidentes anteriores presentaban la militarización como un proceso temporal que permitiría fortalecer el papel de las instituciones civiles —aunque en la práctica el despliegue militar se volvió el modelo permanente, en gran medida a costa de priorizar otras estrategias e instituciones de seguridad y justicia—, el actual gobierno impulsa una amplia militarización de tareas civiles a largo plazo, incluyendo mediante la militarización de la Guardia Nacional. Al tiempo que crecen sus facultades y su poder, las fuerzas armadas no cuentan con controles civiles eficaces sobre su actuación. En materia de derechos humanos, en el periodo después del sexenio de Felipe Calderón, ha habido una reducción en los niveles de graves violaciones atribuidas a las fuerzas armadas. Sin embargo, estas siguen ocurriendo. De manera más amplia, México sigue experimentando niveles históricos de violencia, y la gran mayoría de delitos quedan impunes”.

EZLN: Cambios en estructuras autonómicas y otras propuestas

Desde hace varias semanas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha estado compartiendo comunicados sobre varios temas y consideraciones. Están firmados por el ahora Capitán Insurgente Marcos o el Subcomandante Insurgente Moisés y, plantean que la lucha zapatista debe ser por la libertad de las generaciones futuras, «por alguien que no vamos a conocer». «Ya podemos sobrevivir a la tormenta como comunidades zapatistas que somos. Pero ahora se trata no solo de eso, sino de atravesar esta y otras tormentas que vienen, atravesar la noche, y llegar a esa mañana, dentro de 120 años, donde una niña empieza a aprender que ser libre es también ser responsable de esa libertad».

Posteriormente, el Subcomandante Moisés anunció que hicieron cambios en sus estructuras autónomas al desaparecer sus más de 40 municipios autónomos y las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Informó que en el marco del 30º aniversario del levantamiento armado, se realizarán celebraciones públicas en los meses de diciembre del 2023 y enero del 2024. Sin embargo, subrayó que “es nuestro deber, al mismo tiempo que se les invita, desalentarles” porque “las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos ‘sicarios legales’ o ‘Crimen Desorganizado’. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”.

Más adelante, anunció la conformación de los Gobiernos Autónomos Locales (GAL) que permitirán tanto atender distintas necesidades sociales como “aumentar la defensa y seguridad de los poblados» y de la Madre Tierra. Varios GAL se organizarán en Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (CGAZ). Siguen las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ). La apuesta, explicó, es que “nos hemos preparado para que sobrevivan nuestros pueblos, incluso aislados unos de otros”.

Otro comunicado explicó por qué decidieron desaparecer las estructuras previas. “Se vio que la estructura de cómo se estaba gobernando, de pirámide, no es el camino. No es de abajo, es de arriba. Si el zapatismo fuera solo el EZLN, pues, es fácil dar órdenes. Pero el gobierno debe ser civil, no militar. Entonces mismo el pueblo tiene que buscar su camino, su modo y su tiempo. Dónde y cuándo qué cosa. Lo militar debe ser solo para defensa”, planteó el Subcomandante Moisés. Otra consideración fue que analizaron que la estructura anterior no era adecuada para la nueva coyuntura: “Si ves que va a llover o que ya están cayendo las primeras gotas y el cielo está negro como alma de político, pues sacas tu nailon y buscas dónde te vas a meter”, planteó al explicar que “con MAREZ y JBG no se va a poder enfrentar la tormenta”.

CHIAPAS: Se sigue extendiendo la violencia

La disputa por el territorio ubicado en la frontera con Guatemala y la Sierra de Chiapas, que comenzó hace más de dos años, se ha recrudecido en los últimos meses. Enfrentamientos armados, asesinatos, desapariciones, desplazamiento forzado, bloqueos carreteros, reclutamiento forzado y cobro de piso son una constante en esa zona. Visibilizando la gravedad de la situación, en septiembre, unos 5 mil maestros que atienden a poco más de 150 mil alumnos de todos los niveles educativos en los municipios de las zonas sierra y fronteriza decidieron suspender labores. “Ante la negligencia y ausentismo de las autoridades competentes para hacerle frente a los actos delictivos cometidos por grupos criminales (…) hasta que nos garanticen las condiciones necesarias de seguridad social, regresaremos a nuestras labores diarias”, declararon.

Otras zonas también presentaron denuncias y exigieron la intervención de las autoridades por violencia vinculada a un aparente calentamiento de plaza en sus territorios. Eso fue el caso de la comunidad Nueva Palestina en el municipio de Ocosingo en septiembre (ciertamente se encuentra en la línea fronteriza con Guatemala, más al norte de las zonas previamente mencionadas); y del municipio de Tila (aún más al norte del estado) en octubre.

Otras situaciones de conflictos parecen responder a lógicas más de carácter político electoral. En septiembre y por varias semanas, habitantes del municipio de Oxchuc, pertenecientes al “Frente comunitario por la libre determinación” bloquearon parcial o totalmente el tramo carretero entre San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo. Denuncian que desde hace meses no se ha cumplido la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, “indicando la reposición de elecciones bajo sistemas normativos internos del municipio de Oxchuc”. Algo similar —entre bloqueo y otras formas de violencia—, ocurrió en octubre en el municipio de Altamirano, donde dos grupos se han disputado el poder municipal desde las elecciones de 2018.

Buscando alternativas ante la violencia

Denuncias desde distintos sectores, marchas y peregrinaciones se han multiplicado para llamar a un freno ante la violencia. En agosto, miles de fieles de la Iglesia católica de las zonas Ch’ol y sureste de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas peregrinaron por la Paz en Palenque y Comitán. En el caso de la zona Ch’ol, las y los peregrinos cuestionaron el Proyecto del Tren maya: “¿Quiénes serán los verdaderos beneficiados del proyecto?, (…), ¿Cómo serán beneficiadas las familias de nuestros pueblos?, ¿Habrá un verdadero respeto y cuidado de nuestra madre Tierra?”. Así mismo, denunciaron las fallas del sistema de salud, “la impunidad y la corrupción del sistema judicial” y el hecho de que en “los partidos políticos, prevalezca la búsqueda de satisfacer intereses personales o de grupo que pervierten el noble fin de la política y que se alejan de las verdaderas necesidades y legítimas expectativas del pueblo”. En el caso de la zona Sureste, el Pueblo Creyente señaló “la presencia del crimen organizado que opera con total impunidad, con el objetivo de controlar el territorio, explotar sus riquezas naturales y cobrar el derecho de piso y de paso, violentando los derechos humanos de las comunidades”; así como “la conversión de nuestros territorios y comunidades en campos de batalla”.

En septiembre, varias redes de derechos humanos denunciaron la violencia que se ha exacerbado en Frontera Comalapa y otros municipios fronterizos. Afirmaron que “es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos (…), se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos”. Como consecuencia, “la población(…) actualmente vive secuestrada por los grupos delincuenciales: la circulación de personas y vehículos está controlada a través de retenes y bloqueos que se colocan en los caminos; hombres adolescentes, desde los 13 años, son reclutados para actividades de halconeo (vigilancia y recolección de información); mujeres jóvenes de la localidad y de países centroamericanos son víctimas de trata y explotación sexual”. Además, las redes dijeron que “desde la llegada de las Fuerzas Armadas al lugar, no existe certeza de su función ante el contexto. (…) El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”. 

Igualmente, en septiembre, las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula expresaron su preocupación frente a lo que está ocurriendo. “Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, con psicosis social, bajo narco bloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil” denunciaron en Tapachula, mientras que en San Cristóbal, se emitió el comunicado “Chiapas desgarrado por el crimen organizado”, en el que denunciaron la falta de respuesta de las autoridades que “pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales”.

OAXACA: Visiones encontradas sobre la situación en el estado

En noviembre, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentó su primer informe de gobierno, subrayando entre sus logros que por primera vez en la historia del estado se cuenta con un gabinete paritario y que ha presentado las iniciativas de revocación de mandato y de austeridad para eliminar los lujos y excesos de los gobiernos anteriores. El evento tuvo lugar en el Auditorio Guelaguetza, ya que se tuvo que cambiar la sede ante protestas magisteriales. Jara Cruz informó que en su primer año de gobierno visitó 376 de los 500 municipios del estado para atender de manera directa las necesidades de la gente. Declaró también que “en el marco del despertar del sur sureste de México, mientras el país crece a una tasa promedio de 3.6%, nuestro estado presenta tasas de actividad económica e industrial por arriba del 10%”. En cuanto a seguridad, afirmó que su gobierno ha logrado reducir las tasas de crecimiento de gran parte de los delitos de mayor incidencia.

En cambio, en octubre, organizaciones civiles se preocuparon por la política de seguridad, la falta de mecanismos estatales para enfrentar la crisis migratoria, la violencia contra los defensores de derechos humanos, los vínculos entre el crimen organizado y grupos armados que defienden el poder político, agrario y económico, y la disputa por el control territorial entre grupos del crimen organizado. Recalcaron “la urgencia de que las acciones del Estado sean desde una mirada y acción interseccional, multicultural y no desde una lógica sexista, racial y de discriminación. Exigieron al Estado Mexicano garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas«.

Igualmente, en octubre, la organización Servicios para una Educación Alternativa A.C. (Educa) informó que Oaxaca es el estado con más personas defensoras asesinadas en el país entre diciembre de 2018 a octubre de 2023, con 41 casos. Guerrero aparece en segundo lugar (29), Michoacán en tercero (18) y Chiapas en cuarto (14). En Oaxaca, del total de 54 eventos registrados desde diciembre de 2022, destaca la región del Istmo, con 46 agresiones que van desde el hostigamiento, criminalización, hasta agresiones físicas y asesinatos. Los principales agresores denunciados son autoridades estatales con el 44% de los casos y autoridades federales con el 22% (“la Marina y Guardia Nacional son actores denunciados principalmente en el Istmo en el marco de la imposición del proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, detallaron).

GUERRERO: “un Estado sin salud, educación ni seguridad”

En agosto, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan publicó un boletín sobre la situación en Guerrero titulado “un Estado sin salud, educación ni seguridad”. Plantea que “nuestro Estado se ubica en el segundo lugar [de pobreza] después de Chiapas, con 2 millones 173 mil personas que viven en situación de pobreza”. Si bien las cifras reflejan una disminución del número de personas en situación de pobreza o extrema pobreza, “la situación concreta es que la mayoría de familias guerrerenses enfrentan problemas sumamente graves porque sobreviven apenas diariamente” debido al alza de los precios de la canasta básica. La situación del acceso a servicios de salud y educación es igualmente crítica. “El abandono ancestral de los gobiernos no se revierte con programas sociales, porque no atacan de fondo la desigualdad que está enraizada y que requiere un tratamiento más integral y de largo aliento”, recalca el boletín. Asimismo, Tlachinollan lamentó la “grave crisis de seguridad a causa del contubernio de los gobiernos municipales con el crimen organizado. (…) En Guerrero la población pobre muere por falta de atención médica; la niñez y la juventud se hunden en el analfabetismo y todos quedamos inermes ante el poder de facto que están ejerciendo los grupos de la delincuencia que están incrustados en las esferas del poder público”.

En noviembre, Tlachinollan denunció además que “la disputa territorial que se está dando entre los grupos rivales en las principales ciudades, sobre todo en Acapulco, se está extendiendo a cabeceras municipales pequeñas (…) Se han suscitado varios asesinatos en las cabeceras municipales y hay varios casos de personas desaparecidas. A pesar de que las autoridades municipales tienen conocimiento de esta situación, se mantienen al margen, bajan la guardia y optan por establecer alianza con los delincuentes a cambio de protección”. Además, varias autoridades agrarias comentaron a Tlachinollan que “la presencia de la guardia nacional no era garantía de que se abatiría la violencia, por el contrario, representaría un riesgo para la población que se organiza para defender su territorio. Tienen muy presente que, en otros años, el ejército entró a las comunidades, detuvo a jefes de familia, torturó y asesinó a varias personas”.

La impunidad sigue siendo otro problema muy arraigado. Al cumplirse el 9º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre, AMLO sostuvo una reunión con padres y madres de los normalistas desaparecidos que terminó en un desencuentro. AMLO reconoció que los familiares no quisieron recibir el informe, y aceptó “diferencias” porque insisten en que el Ejército no está cooperando. “Yo no estoy de acuerdo con ellos porque el Ejército ha entregado toda la información que tienen y ha ayudado mucho”, declaró. Las madres y padres de los 43 siguen exigiendo la información que consideran ha ocultado el Ejército mexicano y que se castigue a los responsables para que se haga justicia.

En las formas de respuesta ante la violencia, en octubre, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) cumplió su 28º aniversario, marco en el que se realizó un evento en el municipio de Tlacoapa. Tlachinollan recordaba: “Los pueblos de la Costa Montaña (…) fueron los que tomaron en sus manos está difícil tarea de garantizar la vida y la seguridad de la gente de las comunidades. Rescataron sus costumbres jurídicas que son leyes comunitarias, recuperaron sus sistemas normativos e impulsaron la organización comunitaria. Su sistema de justicia comunitaria, tiene como sustento las asambleas regionales y comunitarias, de donde emanan las normas y directrices que cumplen a cabalidad los coordinadores y coordinadoras de la CRAC-PC y demás autoridades. Con esta gran tarea a cuestas, la policía comunitaria ha logrado abatir los altos índices de criminalidad que existían en la región y ser una experiencia exitosa de lo que significa servir y defender los derechos del pueblo”.