ENFOQUE: Escazú en el contexto medioambiental mexicano

El acuerdo de Escazú “es una demostración a favor del multilateralismo en América Latina y de cohesión como región (…) coloca a las personas y a los derechos en el centro.
De Escazú hacia adelante y hacia arriba, pero nada hacia atrás.”

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (mejor conocido como Acuerdo de Escazú por haber sido adoptado en la ciudad costarricense de ese nombre), es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, y al mismo tiempo un tratado de derechos humanos que propone una transformación de la gobernanza ambiental.

Adoptado el 4 de marzo de 2018 y en vigor desde el 22 de abril de 2021, tiene el objetivo de “luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, como se lee en el prólogo de este instrumento.

Sin embargo, Escazú no es la única fuente de obligaciones en esta materia para México. El derecho a un medio ambiente sano también está considerado en el artículo 4° de la Constitución Nacional; el artículo 11°, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, y en el corpus de los principales tratados de derechos humanos a nivel internacional.

Desafortunadamente, para múltiples especialistas, estos estándares no se han homologado con el resto del marco normativo nacional, ni se ven traducidos en la práctica, y más aún, se encuentran en constante contradicción con el modelo económico extractivista que ha enarbolado el actual gobierno. Este modelo económico tiene un fuerte anclaje en el desarrollo de megaproyectos que implican la explotación a gran escala de recursos naturales, dado que por lo general se ubican en zonas de alta diversidad biológica, muchas de las cuales son territorios históricos de pueblos indígenas.

Como explica el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), este tipo de proyectos está estrechamente asociado a la profundización de brechas de desigualdad, a la agudización de los contextos de precarización y a violaciones de derechos humanos, tales como el derecho al medio ambiente, a un nivel de vida adecuado, a la salud, al agua, a la cultura, al acceso a la justicia y a la propia defensa de los derechos humanos. Por otra parte, tienen impactos medioambientales tales como la contaminación de los recursos naturales, la obstrucción del acceso a dichos recursos, la disminución de la biodiversidad y daños sociales profundos como desplazamientos forzados, afectación de los modos de producción tradicionales y presión sobre las formas de organización locales.

Frente a este contexto de violencia socio ambiental, la ratificación del tratado de Escazú adquiere una enorme importancia, particularmente porque obliga al gobierno mexicano a garantizar el acceso a la información, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, lo que también implica el fortalecimiento de capacidades para proteger a las personas que defienden su derecho a un medio ambiente sano, eje de vital relevancia en uno de los diez países más peligrosos para defender derechos humanos en el mundo.

Ámbitos de implementación de los megaproyectos

Los megaproyectos en México se desarrollan en varios ámbitos: proyectos de infraestructura (claros ejemplos son: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Proyecto de Desarrollo Tren Maya, ubicado en la Península de Yucatán), proyectos energéticos (como la Refinería de Dos Bocas en Tabasco), proyectos de extractivismo minero, y proyectos agroindustriales. Están frecuentemente señalados por sus altos riesgos ambientales y culturales, y en ocasiones vinculados a casos de violaciones al derecho a la información, la consulta y la participación de las comunidades locales.

Ante estos proyectos, José Ángel Gurría, secretario general de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, pidió al gobierno de López Obrador ser congruente con los compromisos que México ha asumido en materia de respeto al medio ambiente y cambio climático. Y enfatizó que México debe seguir en la línea que ha marcado su liderazgo y activa participación en el ámbito multilateral en pro del medio ambiente.

En esta ocasión profundizaremos en el programa “Sembrando Vida”, la apuesta ambiental más importante de la administración actual, que cuenta con recursos mucho mayores que los de la Comisión Nacional Forestal, la Dirección General Forestal y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental. Hacemos énfasis en este programa dadas sus repercusiones en la zona Sur de México y porque ejemplifica los claroscuros del discurso gubernamental de desarrollo versus sus resultados sociales, económicos y ambientales.

El programa Sembrando Vida tiene un doble propósito, ya que no sólo busca atender la pobreza rural, sino también la degradación ambiental a través de la siembra y cultivo de árboles frutales y maderables. Para ello, se otorga un subsidio de 5 mil pesos mensuales, lo que representa un importante apoyo para las familias de las localidades con mayores niveles de rezago social, a quienes está dirigido. De estos 5 mil pesos, 500 se destinan a un ahorro que es administrado por los propios sembradores, quienes podrán disponer de sus beneficios a partir del tercer año del programa. Se han conformado cooperativas para llevar su administración, así como para la futura comercialización de las cosechas.

De acuerdo con la información de la página oficial del programa, a la fecha hay 420.256 personas beneficiarias, de las cuales el 70,1% son hombres y 29,9% son mujeres, y tiene presencia en 20 estados (23.507 localidades, 884 municipios y 8.917 ejidos). La implementación de Sembrando Vida es acompañada por 28 coordinadores territoriales y tres regionales, 419 facilitadores, 2.115 técnicos productivos, 2.093 técnicos sociales y más de 35.000 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con quienes se impulsa el relevo generacional en el campo y el arraigo a la tierra.

Además, los productores forman parte de una comunidad de aprendizaje (Comunidades de Aprendizaje Campesino – CAC) integrada por 25 campesinos que reciben capacitación acompañada de un técnico social. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social – CONEVAL, destaca las CAC como espacios que potencian la generación de diálogos y encuentros intergeneracionales, que recuperan el conocimiento tradicional a través del intercambio de experiencias y saberes entre los sujetos del derecho y los técnicos del programa, a la vez que mejoran e incrementan sus cultivos para garantizar su autoconsumo de forma sustentable.

Los estudios del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés), sección México, señalan que, si el programa cumple con la restauración de las 416 mil hectáreas de Sistemas Agroforestales Maderables para los ocho estados que iniciaron el programa en 2019, y las mantiene al menos durante 30 años, se podrían capturar entre 46,8 y 50,2 millones de toneladas netas de CO², lo que significaría un importante logro con impactos muy significativos en pro del medio ambiente.

No obstante, Sembrando Vida no es una política ambiental ni sustituye las acciones de las instituciones encargadas de promover el manejo, aprovechamiento y protección forestales. Dentro de sus impactos ambientales negativos, se ha documentado que, en algunas regiones como Chiapas y la península de Yucatán, el diseño de Sembrando Vida ha dado lugar a remoción de la selva para poder inscribir parcelas al programa. Según datos del WRIs, el programa «podría haber incentivado una pérdida de coberturas forestales de 72.830 hectáreas durante el primer año de operación (2019)«, estas pérdidas se concentran en sólo 22 municipios del país y en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Bernardo Chankin, líder de una aldea en la Selva Lacandona en Chiapas, comenta que menos de un tercio de las familias de su aldea accedió al programa porque la comunidad se negó a talar árboles, «como lacandones nos dedicamos a la conservación» y “ahora los ríos y pozos en esta parte de Chiapas se están secando debido a la deforestación”.

Además de la deforestación, las familias si renuncian a sus parcelas de autoproducción, quedan sujetas a la compra de alimentos que previamente podían producir ellas mismas, generando un problema de dependencia alimentaria, preocupación que se planteó en el encuentro de mujeres realizado en junio 2021, en la comunidad Tim del municipio de Chilón, en Chiapas. Por otra parte, el hecho de plantar árboles no nativos en nuevas regiones podría tener consecuencias inesperadas y no deseadas en los ecosistemas.

De igual manera se han presentado impactos socioculturales negativos, como señaló la organización indígena Xinich, constituida por pueblos indígenas ch´ol, tseltal y zoque de la Selva Lacandona de Chiapas: por un lado, han aumentado las tensiones intra e intercomunitarias, por las diferencias al respecto de si formar parte del programa o no, y de ser el caso con cuánta extensión de tierra, cuántos participantes, etcétera.

Por otra parte, el equipo de Serapaz Ocosingo ha señalado impactos basados en género, que han afectado negativamente y de forma desproporcionada a las mujeres dado que frecuentemente no cuentan con títulos de propiedad. Como se puede ver hay una fuerte disparidad en la proporción de beneficiarios, siendo esta de 70-30 de hombres y mujeres. Finalmente, se han observado varios casos de corrupción, ya que hubo personas que entraron al programa incluso sin tierras.

Por último, cabe mencionar que en Centroamérica ya se han iniciado proyectos de Sembrando Vida en Honduras y El Salvador, luego de acuerdos entre los presidentes López Obrador y Juan Orlando Hernández y Nayib Bukele, respectivamente. Con ocasión de una cumbre climática, López Obrador propuso ampliar la implementación de estos programas en Centroamérica, a través del apoyo (financiero y migratorio) del gobierno de Estados Unidos, con el fin de atender las causas que generan la expulsión de las personas de su lugar de origen. «Nosotros asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social, y ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador«, expresó López Obrador. Sin embargo, el analista Ariel Ruiz, del Migration Policy Institute (MPI), advierte que iniciativas como Sembrando Vida aún tienen que demostrar su efectividad: «Por sí solos, estos programas no reducirían los flujos migratorios a corto plazo. La implementación y evaluación de Sembrando Vida en México aún está en progreso en el sur de México y Centroamérica y, como resultado, es demasiado pronto para cuantificar su impacto en los flujos migratorios«.

Las implicaciones de la propuesta de la 4T

Paralelamente a la implementación de megaproyectos, se observan otros indicadores que ponen en entredicho la lucha contra el cambio climático del actual gobierno. Por un lado, se ha favorecido la generación de combustibles fósiles minimizando los impactos del uso de hidrocarburos en la salud pública y el cambio climático, y pasando por alto el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en este sentido.

En este sentido, con motivo de la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica el 2 de marzo pasado, embajadores de la Unión Europea expresaron a senadores de Morena su preocupación por dicha reforma que, consideran, fomentará el uso de energía sucia y que podría llevar a una maraña de arbitrajes internacionales. Jean Pierre Bou, Encargado de Negocios de la Delegación Europea en México consideró que México debe seguir “aprovechando el potencial de las energías limpias”.

En palabras de Gustavo Alanis, director del CEMDA “Las prioridades están en los proyectos del presidente, no están en el medio ambiente, en los recursos naturales, no están en las instituciones ambientales (entre los ejemplos vemos) el incumplimiento de los Acuerdos de Paris, la ley de cambio climático y la de ley de transición energética en México”.

Por otra parte, ha habido una reducción significativa al presupuesto de las instituciones de relevancia ambiental, “muestra de ello es que desde el 2017, el presupuesto gubernamental asignado al rubro medio ambiente y recursos naturales ha disminuido en aproximadamente un 20%”, como presenta CEMDA en su informe de marzo de 2021. Como lo comentó en su momento el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, “extraña que un gobierno volcado a rescatar de la marginación y la pobreza a millones de familias y a procurar el bienestar social no asuma la importancia que tienen la restauración de la naturaleza y la protección del ambiente (…). Lo anterior se expresa en el presupuesto. Con el nuevo gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió 6 mil millones de pesos menos de lo que ejerció en 2018 con Peña Nieto, y su presupuesto de 2020 representó apenas 2.52 por ciento de lo otorgado a las energías fósiles (SENER, PEMEX y CFE)”.

Por otro lado, como señala Laura Becerra de Equipo pueblo, persiste la actitud de omisión en la publicidad de la información relacionada con proyectos que impactan ecosistemas, la falta de garantías para la participación ciudadana en estos proyectos, y la persistencia de políticas públicas que no permiten una verdadera participación democrática, culturalmente adecuada, ni ambientalmente sostenible.

Finalmente, uno de los elementos más preocupantes son los graves vacíos en la protección de las personas defensoras de la tierra, el ambiente y el territorio. Quienes incluso son estigmatizadas y criminalizadas en su labor. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, de diciembre de 2018 al 12 de julio de 2021 se han registrado 68 defensoras y defensores asesinados. Aunados a los ataques que reciben de agentes del Estado, en varios casos las personas defensoras se enfrentan con actores del crimen organizado. Hechos que ocurren en un contexto generalizado de violencia, impunidad y corrupción.

Al respecto, recordamos la acción urgente publicada a finales de febrero de este año por cuatro relatores especiales y el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas, dirigida al Estado mexicano en la que expresaron su preocupación por el uso de la judicialización como represalia ante la labor de defensa de derechos ambientales y del territorio en Oaxaca, Chiapas y Querétaro.

Ante esta realidad, Escazú trata de dar una respuesta a mediano plazo. Pero además, va a permitir empezar a exigir un entorno seguro y protección efectiva para las personas defensoras de derechos ambientales, sistemas de información más actualizados y que puedan llegar a las comunidades en formatos culturalmente adecuados. Y en materia de justicia puede ser una hoja de ruta para desarrollar un componente que no se ha desarrollado en México: los tribunales ambientales especializados, previstos en el Artículo 8 del Acuerdo. En este sentido, Tomás Severino, Director de Cultura Ecológica, A.C., explica que Escazú nos va a permitir impulsar la agenda de gobernanza ambiental, además de las oportunidades que se abren para grupos constantemente marginados: mujeres, jóvenes, habitantes de zonas rurales.

La defensa del medio ambiente. El frente de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) han tenido un rol fundamental en la defensa de la naturaleza y las comunidades. Enfrentar y revertir las problemáticas ambientales que afectan gravemente no sólo los ecosistemas sino la salud pública y los modos de vida de millones de mexicanos en ciudades y zonas rurales, exige importantes cambios económicos y enfrenta grandes resistencias políticas. Como señala CEMDA, hacen falta intervenciones públicas desarrolladas por los tres órdenes de gobierno, que contribuyan a evitar y reducir los daños al medio ambiente, y a disminuir la vulnerabilidad y fortalecer la adaptación de la población, los ecosistemas y los sistemas productivos ante los efectos del cambio climático.

Entre las propuestas que se escuchan desde el frente de las OSCs, encontramos la creación de una política nacional de cambio climático con perspectiva de género (la cual ya ha sido planteada a nivel internacional en las Conferencias de las Partes – COP); la adopción de políticas públicas dirigidas a garantizar y monitorear la aplicación efectiva de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos; así como, garantizar a través de plataformas accesibles y culturalmente adecuadas, el acceso a la información y la promoción de la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad en asuntos ambientales de acuerdo con los estándares internacionales más altos, especialmente delineados en el Acuerdo de Escazú. Del mismo modo, las OSC llaman a garantizar el derecho de acceso a la justicia ambiental de todas las mujeres, hombres, pueblos y comunidades, así como la imparcialidad e independencia de las personas que imparten justicia en contextos de actividad empresarial o megaproyectos, como puntualiza CEMDA en su Informe sobre la situación en México de los derechos humanos ambientales en el contexto de megaproyectos, de marzo de 2021.

Por otra parte, Daniel Martín, Director del Área de Desarrollo Sostenible del Centro de Colaboración Cívica, destaca que el Acuerdo de Escazú nos ofrece varias oportunidades, ya que su marco jurídico brinda un fuerte sustento para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fundamentalmente el ODS 13 (acción por el clima) y el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas). Particularmente al promover el acceso y la máxima publicidad de la información ambiental (Artículo 6), lo que promoverá la toma de decisiones basadas en evidencia (por ejemplo, en lo vinculado a la vulnerabilidad ante el cambio climático). Por otra parte, el Acuerdo de Escazú abre la puerta a la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con su ambiente (Artículo 7), lo cual debe materializarse en espacios formales de dialogo entre Gobierno y sociedad civil. Además, se podrán garantizar procesos rápidos y efectivos de justicia en materia ambiental (Artículo 8), así como medios seguros para proteger el medio ambiente (Artículo 9), lo cual impactará en el fortalecimiento de la lucha por la justicia climática y en la protección de las y los defensores del medio ambiente.

Para que Escazú no quede sólo en buenas intenciones México tiene que asumir y dar cumplimiento a las obligaciones vinculadas a su ratificación, lo cual implica el fortalecimiento de la promoción de la transparencia y el acceso a la información, la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones en asuntos ambientales, así como la protección de las personas defensoras de derechos ambientales.

Los desafíos son de extrema urgencia: subestimar los desafíos ambientales significa ignorar el contexto de crisis global que ha desencadenado el cambio climático. La salud humana y la salud ambiental no son sino las dos caras de la misma moneda.

 

Fuentes:

• Aristegui Noticias, A 2 años de la 4T, ¿qué atención reciben los problemas ambientales?, 1 de diciembre 2020. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/0112/mexico/a-2-anos-de-la-4t-que-atencion-reciben-los-problemas-ambientales-articulo/
• Brooks Darío, BBC News Mundo, «Sembrando vida»: qué es el programa con el que AMLO plantea frenar la migración de Centroamérica (y qué resultados ha tenido en México), 23 abril 2021. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56853807
• Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Comunicación y Educación Ambiental, Cultura Ecológica, Centro de Colaboración Cívica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Amnistía Internacional Con la Ratificación de México y Argentina el Acuerdo de Escazú Entrará en Vigor. Disponible en: https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/mexico-argentina-escazu.pdf
• Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Informe sobre la situación en México de los derechos humanos ambientales en el contexto de megaproyectos, marzo 2021. Disponible en: https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2021/06/informacion-derechos-humanos.pdf
• Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Evaluación de la política climática en México. Diagnóstico del cumplimiento de metas programa especial de cambio climático 2014-2018. Disponible en: https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/CEMDA-Evaluaci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-Clim%C3%A1tica_v2final.pdf
• Climate Action Tracker, México. Disponible en: https://climateactiontracker.org/countries/mexico/assumptions/
• Climate Transparency, México. Reporte sobre transparencia climática comparación de la acción climática del G20 y las respuestas a la crisis de Covid-19. Disponible en: http://www.iniciativaclimatica.org/wp-content/uploads/2021/01/Mexico-CT-2020-WEB2-2-TRAD4.pdf
• Cultura Ecológica, Comunicación y Educación Ambiental, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Centro de Colaboración Cívica y Amnistía Internacional, Comunicado: El Acuerdo de Escazú es vigente en México, 10 de diciembre de 2020. Disponible en: https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/el-acuerdo-de-escazu-es-vigente-en-mexico/
• Gobierno de México, Secretaría de Bienestar, Programa Sembrando Vida. Disponible en: https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida
• García-Tobón, A., C. Brown-Sola, M. A. Palmeros y A. Castillo-López. Cuidar lo que importa: Presupuesto para el Patrimonio Natural. Una Mirada al Presupuesto para las Áreas Naturales Protegidas. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Sociedad de Historia Natural Niparajá y Pronatura Noroeste. Ciudad de México 2020. Disponible en: https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/Cuidar-lo-que-importa-presupuesto-patrimonio-natural-2020.pdf
• Gonzalo Ortuño, Recortes y promesas incumplidas: el medio ambiente no es prioridad en el gobierno de AMLO, 7 de octubre 2020 en Animal Político. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/10/recortes-promesas-incumplidas-medio-ambiente-amlo/
• Leticia Merino, A 2 años de la 4T, ¿qué atención reciben los problemas ambientales?, en Aristegui Noticias 1 de diciembre 2020. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/0112/mexico/a-2-anos-de-la-4t-que-atencion-reciben-los-problemas-ambientales-articulo
• Marilyn Alvarado Leyva y Mayra López Pineda, Acuerdo de Escazú: Estado mexicano, obligado a garantizar derecho a la información medio ambiental, 23 de enero, 2021 en Animal Político. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/altoparlante/acuerdo-de-escazu-estado-mexicano-obligado-a-garantizar-derecho-a-la-informacion-medio-ambiental/
• Martínez, Fabiola y Garduño, Roberto, Necesario, ayudar a EU en asuntos migratorios, dice AMLO, en La Jornada, 26 de agosto de 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/26/politica/necesario-ayudar-a-eu-en-asuntos-migratorios-dice-amlo/
• México Social, Resultados de la evaluación de diseño del programa Sembrando Vida. Disponible en: https://www.mexicosocial.org/evaluacion-de-diseno-del-ptrograma-sembrando-vida/
• Organización de las Naciones Unidas, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, p. 5 y 6. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/4/S1800429_es.pdf
• Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, Conversatorio: Implicaciones y oportunidades para México de la implementación del Acuerdo de Escazú, 25 de febrero 2021. Disponible en: https://susmai.unam.mx/escazu/
• Toledo, Víctor M., La 4T ante los desafíos ambientales, 17 de noviembre de 2020 en La Jornada. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2020/11/17/opinion/022a1pol
• WRI México, Boletín de prensa: Analizan impactos forestales y potencial de mitigación de Sembrando Vida, 17 de marzo 2021. Disponible en: https://wrimexico.org/news/bolet%C3%ADn-de-prensa-analizan-impactos-forestales-y-potencial-de-mitigaci%C3%B3n-de-sembrando-vida