México realizó el pasado 6 de junio unas elecciones, consideradas las más grandes de la historia del país, puesto que se renovaban más de 20.000 cargos de elección popular; entre ellos 500 miembros de la Cámara de Diputados, las gobernaciones de 15 estados y miles de cargos en congresos locales y ayuntamientos. Según datos de la consultora Etellekt , entre el 7 de septiembre de 2020 y el 5 de junio del presente, se registraron casos de violencia política en 525 municipios y fueron contabilizadas 910 agresiones de distinta índole (desde amenazas, hasta ataques, secuestros y homicidios). Además de los 91 políticos que fueron asesinados, también perdieron la vida 14 colaboradores y 40 familiares.

Ciertamente, estas elecciones fueron “intermedias”, al coincidir con la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por lo que existía una fuerte disputa alrededor de la continuidad de su proyecto llamado Cuarta Transformación (4T), entre los diferentes sectores políticos y económicos. Otro elemento a destacar es la polarización previa al contexto electoral que fue agudizada por las declaraciones polarizantes del mismo mandatario, al grado que el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que pedirle abstenerse de difundir en sus conferencias matutinas propaganda gubernamental y expresiones de contenido electoral hasta el día de la votación. Por último, “los cárteles del narcotráfico participaron activamente en los actuales comicios para imponer o vetar a cargos estatales y municipales. Así, en vastas regiones del país las votaciones de este domingo 6 implican no sólo la reagrupación de fuerzas políticas, sino también criminales”, informó la Revista Proceso.

Resultados electorales: Nuevos equilibrios

Llegando al 6 de junio, la participación fue del 52,6%. En la Cámara de diputados, el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) perdió la mayoría absoluta, aunque sigue siendo el partido que mantendrá mayor representación. Eso significa no obstante que quedará con al menos 50 diputados menos que después de las elecciones del 2018. MORENA podrá buscar mayoría absoluta con sus aliados el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que cuadruplicará a sus representantes, o el Partido del Trabajo. Aunque MORENA y sus aliados mantendrán la batuta legislativa, necesitarán 30 diputados de oposición para pasar iniciativas constitucionales que requieren una mayoría calificada.

En cuanto a gubernaturas, votaron 15 de los 32 estados de la Federación. MORENA logró obtener 11 de ellas. El gran perdedor fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que hasta ahora gobernaba 8 de las 15 plazas en juego, ya que no conservará ninguna.

En cuanto a alcaldías los resultados apuntan a mucha más variedad, aunque en varias partes del país MORENA logró cierta prevalencia. En la Ciudad de México, territorio que domina la izquierda desde que cuenta con gobernantes propios hace 24 años, MORENA retrocedió (perdió un millón de votos respecto a 2018). Si bien se barajó la idea del voto de castigo, lo cierto es que la campaña electoral no movilizó a los votantes. La oposición perdió casi 900.000 votos respecto a los que consiguió en 2018, entonces por separado.

Consulta popular poco después: Resultados no vinculantes

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llamó a participar en la consulta popular programada para el 1º de agosto, con el fin de posibilitar la creación de una comisión por la verdad y la justicia. Señaló que buscará que gane el “sí” a la pregunta sobre si se debe emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones de políticos en el pasado.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), participó tan sólo el 7,11% del padrón electoral. Un 97,7% votó por él Sí. Los resultados serán entregados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinará las acciones a seguir. Por lo pronto la consulta no será vinculante, dado que no se alcanzó el 40% de participación requerido por la Constitución. Sin embargo, tanto AMLO como el INE consideraron que fue un ejercicio de democracia participativa robusto, profesional e incluyente. López Obrador recalcó que no se descarta la posibilidad de que haya juicios contra políticos del pasado “siempre y cuando haya pruebas y elementos”.

Por su parte, el Subcomandante Galeano señaló que “el INE no cumplió en muchas partes con traducir la pregunta a las lenguas de raíz maya, tampoco explicó de qué se trataba y, en varios lugares, sólo dejó botadas las casillas, sin explicar a los pobladores para qué son”. Desde sociedad civil, Jacobo Dayán declaró que este ejercicio que no fue suficiente “en un país con 90 mil personas desaparecidas, 300 mil personas ejecutadas y más de 30 mil personas torturadas, el país ya no está para justicia simbólica”.

Defensores de derechos humanos y periodistas: Una vulnerabilidad sostenida

En julio, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, reportó a 68 defensores de derechos humanos y a 43 periodistas asesinados durante el Gobierno de AMLO. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para personas defensoras y periodistas.

En este contexto, AMLO inauguró la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” en sus conferencias mañaneras en la que presentará artículos que, a su consideración, son noticias falsas. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó que “en el caso de México, uno de los países de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo, resulta doblemente peligroso el discurso directo de la Presidencia con insultos contra periodistas y medios, un tipo de agresiones que, como lo indica la experiencia, suelen degenerar en hechos de violencia”.

Otra preocupación: La profundización de la militarización

En junio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó el informe “Poder militar, la Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense” que exhibe la militarización intensa durante las últimas décadas. Recuerda “que urge un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública para tornar con eficiencia las políticas de seguridad, para reducir las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar en la lógica propia de una democracia”.

Destaca que la Guardia Nacional (GN) no es una corporación de seguridad de carácter civil como fue mandatado en su creación constitucional. En cambio, la militarización “alcanzó una profundidad legal no vista antes. Los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones”. Además, en julio, AMLO anunció un presupuesto adicional de 50 mil millones de pesos para consolidar la GN. Adelantó que habrá una reforma constitucional para que pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Megaproyectos: Objeto de rechazo en algunos sectores

En mayo, comunidades de Oaxaca partes de la asamblea de pueblos indígenas del istmo en defensa de la tierra y el territorio (APIIDTT) rechazaron la “simulación de consultas indígenas” para imponer la instalación de parques industriales en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Refirieron que la toma de decisiones se quedó en manos de autoridades municipales y agrarias, a quienes responsabilizaron por “usar su cargo público para avalar los procesos de consulta y despojo de tierras a los pueblos indígenas”. El Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec-Corredor y el Tren Interoceánico contemplan, además de la rehabilitación de las vías férreas y la remodelación del puerto de Salina Cruz, la construcción de seis polos de desarrollo.

En cuanto al Tren Maya, una investigación del diario El Universal identificó información crítica vinculada a su trazado, la posible demanda y los riesgos de la construcción, que se ocultó con el objetivo de acelerar las obras. Proviene de informes elaborados por la consultora Price Waterhouse Coopers a solicitud del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Se analizaron peligros potenciales vinculados a: problemas ambientales, urbanización desordenada, acrecentamiento del turismo depredador y la transformación de las tierras ejidales en hoteles o centros turísticos. Fonatur también ha pasado por alto la legislación ambiental para poder comenzar la construcción, plantea la investigación. Finalmente, se observa que algunos juzgados evitan los amparos en contra del megaproyecto, mientras que los ciudadanos amparados se sienten criminalizados.

Derechos de los pueblos indígenas: Reforma pendiente

En agosto, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) lanzó una iniciativa para reformar la Constitución mexicana en materia de derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos. De acuerdo con el INPI, nació de los planteamientos y acuerdos emanados de 62 asambleas regionales del proceso de consulta en 2019. Sin embargo, hay que recordar que en su momento diversas organizaciones indígenas del país se habían abstenido de participar al considerar que fueron “consultas impuestas”.

En Oaxaca, Tequio Jurídico A.C expresó que la consulta previa, libre e informada “así como está planteada, desafía la autonomía de los pueblos, no la respeta”; además de que, en materia medioambiental, señala “conceptos limitados a los territorios indígenas, (que) se han usado para mercantilizarlos e imponer proyectos energéticos”. Por otra parte, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) destacaron que “avanzar esta reforma implica saldar una deuda histórica” para “dar paso a una relación de respeto e igualdad entre los pueblos y el Estado”.

EZLN: Arranque de la “Travesía por la vida – Capítulo Europa”

En mayo, la delegación marítima conformada de siete zapatistas que en mayo pasado inició su “Travesía por la vida Capítulo Europa”, llegó en el puerto de Vigo (Galicia). Desde esa fecha ha tenido varias actividades tanto en España como en Francia.

Mientras tanto, en Chiapas, otra delegación zapatista que tenía previsto viajar en avión ha tenido dificultades para obtener pasaportes. Así lo denunció el Subcomandante Insurgente Galeano en un comunicado en junio en el que menciona “obstáculos indignantes”. Se prevé que 177 delegados y delegadas incluido el subcomandante Moisés viajarán por vía aérea en septiembre (ver Artículo).

CHIAPAS: Violencia y más violencia

Durante la jornada electoral del pasado 6 de junio, 232 casillas no pudieron ser instaladas en Chiapas, por conflictos agrarios o violencia de carácter político u otro. Previamente, once parroquias tzotziles de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas mandaron a las autoridades federales, estatales y electorales pidiendo posponer las elecciones en el municipio de Pantelhó señalando además la violencia desmedida en Chenalhó, Aldama y Huitiupán. De antemano, el INE anunció que, en el municipio de Venustiano Carranza, donde en el mes anterior seis personas fueron asesinadas por disputa de tierras, no se iban a instalar 80 casillas. También se presentaron varios actos de violencia durante y después de las elecciones en varias partes del estado.

El 6 de junio, se elegían en Chiapas puestos de elección popular municipales, 24 diputaciones de mayoría relativa y 16 de representación proporcional. Sólo el 50% de la población chiapaneca salió a votar. En cuanto a resultados MORENA ganó los 13 distritos electorales federales y en el Congreso del estado también mantuvo la mayoría a través de la coalición “Juntos Haremos Historia”. En cuanto a alcaldías, el principal ganador fue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que aumentará su presencia para gobernar 33 municipios. MORENA pasará de 29 a 25 municipios, aunque retiene las dos ciudades más importantes del estado. Otro gran ganador es el Partido del Trabajo (PT) que amplió su presencia pasando de dos a 13 alcaldías. Estos resultados reflejan una compleja disputa del poder local en los que la pertenencia a un partido político no permite un análisis sustancial.

Pantelhó, principal foco rojo

En julio el defensor de derechos humanos e integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, fue asesinado cuando se encontraba en Simojovel. Era originario del municipio de Pantelhó donde trabajaba como catequista. Fue asesinado nueve días después que pobladores de Pantelhó hicieron llegar una denuncia formal a la Secretaría de Gobierno ante la alta violencia en regiones tzotziles debido a la toma de control de grupos criminales. Pérez López había sido el canal para señalarlos.

Luego de este asesinato, pobladores de Pantelhó y Chenalhó decidieron expulsar a los integrantes de grupos criminales quienes habrían asesinados a al menos 12 personas en la región desde marzo de este año. En un primer momento, la zozobra generó el desplazamiento forzado de al menos 3 mil personas, principalmente mujeres, niños y ancianos de los municipios de Pantelhó y la parte colindante de Chenalhó.

Posteriormente, 69 agentes municipales de las 85 comunidades de Pantelhó, cuatro comisariados ejidales, representantes de distintas denominaciones religiosas y entre 3 y 4 mil habitantes, fijaron postura sobre la situación y exigieron la renuncia de la alcaldesa interina, Delia Yaneth Flores Velasco, y del presidente municipal electo, Raquel Trujillo Morales, expareja de la primera, ambos del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Manifestaron que “(e)s verdad el surgimiento de autodefensas en Pantelhó por la presencia del crimen organizado, la ausencia total de los gobiernos federal y estatal y por las amenazas y los asesinatos”. Las autodefensas agrupadas en El Machete declararon públicamente que “entramos porque no queremos más muertes” y advirtieron que una vez que Pantelhó esté libre del crimen organizado se retirarán.

Después de varias semanas muy tensas, a inicios de agosto se llevó a cabo una primera mesa de diálogo entre representantes de las 86 comunidades y 18 barrios de Pantelhó con autoridades estatales y federales. Los representantes realizaron seis peticiones incluyendo justicia para las víctimas y castigo a los culpables, ser reconocidos como pueblo originario y que se respete el nombramiento de las autoridades por usos y costumbres; y que renuncie la presidenta actual, y que el alcalde electo no asuma el cargo. Cabe mencionar que en el diálogo no participaron representantes del grupo Autodefensas del Pueblo El Machete, sino sólo autoridades de las comunidades y los barrios en Pantelhó. Avanzando en acuerdos, a mediados de agosto, la comisión permanente del Congreso del Estado de Chiapas tomó protesta al nuevo concejo municipal de Pantelhó, con Pedro Cortés López (quien era el vocero de las 86 comunidades) como presidente.

Los desafíos de la lucha por la tierra y el territorio

En mayo se llevó a cabo la conferencia de prensa “La criminalización de la lucha por la tierra y territorio en el pueblo tzeltal de Chilón, Chiapas”. Los participantes exigieron un alto a la criminalización contra los defensores comunitarios de la tierra y el territorio de los ejidos San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, esto tras la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, sin el permiso de los ejidatarios, y después de la detención arbitraria de dos personas que participaban en una protesta contra su presencia en octubre del año pasado.

Igualmente, en mayo, fueron presentadas quienes ocuparán cargos en el nuevo Concejo de Gobierno Comunitario en el municipio de Chilón, estructura que, desde hace tres años, es una de las expresiones de su lucha por la libre determinación. Reconocieron que su postura “cimbró los intereses del poder fáctico”, lo cual dio lugar a múltiples intimidaciones, agresiones, y difamaciones en su contra. Poco después también, fueron nombrados siete concejales y una concejala del nuevo gobierno comunitario en el municipio de Sitalá.

Oaxaca: Tercer estado con más casos de violencia política

Según datos de Etellekt, Oaxaca fue el tercer estado con más casos de violencia política en las elecciones de junio. En términos de resultados, MORENA concentró el 31,7% de los votos, ganando varias ciudades incluyendo la capital del estado. La misma jornada electoral resultó violenta en al menos seis municipios con quema de boletas, compra de votos e intimidaciones dejando como resultado una persona fallecida, una herida y diez detenidos.

Fuera del contexto electoral, en junio, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, destacó que las condiciones de riesgo para personas defensoras y periodistas se han agravado en Oaxaca en el contexto de la emergencia sanitaria, detallando como se ha documentado un recrudecimiento de la violencia feminicida, la suspensión de recursos judiciales y demás herramientas para la defensa de la tierra y el territorio.

En junio, el reportero Gustavo Sánchez Cabrera fue asesinado en Santo Domingo Tehuantepec. En enero el comunicador había recibido una amenaza mediante una llamada telefónica por parte del presidente municipal de Salina Cruz (MORENA), además de que el periodista ya había sido víctima de un atentado en 2020.

En junio, Soledad Ortiz Vásquez, miembro del Comité de Defensa de los Derechos de la Mixteca, fue amenazada de muerte. En julio, el Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca (Codepo) denunció amenazas en contra de Patrocinio Martínez López, indígena mixteco y fundador de dicho Comité. Codepo “participa activamente en la difusión y defensa de los derechos humanos de los pueblos de Oaxaca” por lo que presume que estas actividades sean la razón de los hostigamientos.

En julio, más de 60 organizaciones y la Red de Defensores y Defensoras Comunitarias de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM) publicaron el comunicado “ALARMANTE INCREMENTO DE AGRESIONES CONTRA PERSONAS DEFENSORAS EN MÉXICO”, en el que señalaron que “la defensa de los derechos humanos y los territorios es cada vez más compleja ante la intervención de poderes fácticos, caciques y crimen organizado en los territorios y ante la falta de respuesta del Estado mexicano”.

Igualmente, en julio, la REDECOM y el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, COPUDEVER, publicaron el comunicado “6 meses exigiendo Justicia en Paso de la Reyna”, en el que expresaron que su exigencia de justicia para sus cinco compañeros defensores asesinados a casi seis meses de los sucesos, sigue sin respuestas.

Tierra y territorio: Seguir defendiendo a pesar de los pesares

En junio, la comunidad zapoteca de San Antonino Castillo Velasco, parte de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (Copuda), aprobó un reglamento interno para proteger el agua. Había interpuesto una demanda contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Se llevó a cabo una consulta que resultó en este nuevo reglamento que prevé la resistencia a la entrada de proyectos extractivistas a la zona.

En junio, más de tres mil comuneros zapotecos de San Pedro Quiatoni realizaron una marcha-mitin frente al Poder Judicial Federal, en rechazo a las mineras subsidiarias de la compañía estadunidense Gold Resource Corp. (GRC). Ello ante la lentitud del sistema de justicia para resolver el amparo que presentaron en 2020.

En julio, el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos dio a conocer que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó un segundo permiso ambiental que solicitó la empresa Fortuna Silver Mines (FSM) para su proyecto “San José II”. Recordó que desde el septiembre 2020 el Frente había exigido a la dependencia federal de “negar dicho permiso, ya que, desde hace diez años, FSM ha violentado sistemáticamente el derecho humano a un medio ambiente sano”.

Guerrero: La violencia que no cesa

Con una participación ciudadana del 52,10 %, la candidata de MORENA, Evelyn Salgado Pineda, obtuvo la gubernatura del estado en las elecciones de junio. Hija de Félix Salgado Macedonio quien inicialmente era el candidato del mismo partido, pero quien tuvo que retirarse ante denuncias por violación, será una de las pocas mujeres gobernadoras en el país. Anunció que mantendrá una política de cero tolerancia ante la corrupción. Si bien, el gobernador actual, Héctor Astudillo Flores, afirmó que la elección se desarrolló en paz, Tlachinollan señaló actos de violencia en varios municipios.

Mientras tanto la situación en materia de derechos humanos sigue siendo de gravedad. En aspectos preocupantes en el emblemático caso de Ayotzinapa (desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014), en junio, el comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE), Humberto Velázquez Delgado, fue ejecutado en Iguala. Los padres de los estudiantes desaparecidos habían solicitado una orden de presentación en contra suya, al considerarlo líder del grupo delictivo Guerreros Unidos. AMLO descartó que existiera una campaña de silenciamiento de personajes clave en el caso.

Defensores y periodistas: Larga lista de agravios

En mayo fue asesinado por un grupo armado el defensor de los bosques y comisario de Jaleaca de Catalán, Marco Antonio Arcos Fuentes. En febrero pasado, había denunciado el robo de madera y el ingreso de un grupo armado a Jaleaca sin obtener respuesta. El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) declaró que este homicidio “revela un incremento alarmante de la violencia contra defensores de derechos humanos y del territorio en la entidad, y de la indefensión en que se encuentran”.

En junio, fue asesinado Julio César Coctecón, comisario de Acatempa, municipio de Tixtla parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC). “El contexto social en el que viven actualmente las comunidades y los pueblos indígenas en el estado de Guerrero se compone de una enorme violencia estructural y una profunda injusticia social. Las violaciones a los derechos humanos son una constante y sus habitantes cargan un sentido de indefensión total y desamparo cíclico en materia de seguridad y justicia en donde prolifera la impunidad. La presencia del crimen organizado trabajando en conjunto con las autoridades del gobierno y la corrupción se han vuelto una práctica de vida sistemática”, detalló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero.

En julio, policías estatales ingresaron a la casa del director del noticiero Diario de la tarde, Julio Zubillaga sin autorización. Se llevaron un celular además de revisar la casa y los vehículos, detalla un comunicado de periodistas en Iguala quienes insistieron en la necesidad de protección por parte de corporaciones de seguridad federales, debido a que “la policía estatal ha sido muchas veces los responsables, no solo de agresiones (…), sino también han obstaculizado nuestro trabajo”.

En agosto desapareció Vicente Suástegui Muñoz, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP). Tlachinollan informó que, poco antes, Vicente había denunciado que “integrantes de la Secretaría de Marina intentaron ingresar de manera violenta a su domicilio”. Recordó como la lucha de este movimiento ha sido criminalizada y “tiene como finalidad diezmar la fuerza opositora del CECOP.”