Las negociaciones entre México y Estados Unidos se han convertido en una constante desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, en enero de este año, dentro de una relación marcada por la asimetría política, económica y militar
La situación en Chiapas presenta un panorama marcado por graves violaciones a los derechos humanos. En los últimos años, el estado ha experimentado un aumento alarmante del desplazamiento forzado, las desapariciones, la presencia de grupos armados, el tráfico de drogas y personas, y la violencia política.
El pasado 19 de marzo, en el marco de su 36º aniversario, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal (Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia)”, cuyo objetivo es dejar una huella de lo que ocurrió en el estado durante el periodo que va de enero de 2023 hasta junio de 2024.
Desde su toma de posesión en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado un sinfín de órdenes ejecutivas, varias de ellas con fuertes impactos inmediatos o potenciales a nivel mundial y, en particular, en México.
En los últimos años, debido a su ubicación geográfica que conecta el norte con el sur del continente americano, Chiapas se ha convertido en un territorio en disputa por parte de diferentes grupos criminales, lo que ha implicado un aumento alarmante de la violencia en el estado ante la que toda la población se encuentra vulnerable.
Las elecciones en Estados Unidos reavivan el dicho: “pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos”. El candidato electo, Donald Trump, ha declarado que impondrá una guerra arancelaria del 25% contra México si el gobierno de Claudia Sheinbaum no logra contener el flujo de migrantes y el tráfico de fentanilo a través de los 3.000 kilómetros de frontera que ambos países comparten.
En noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño. El documento, que ya ha sido ratificado por todos los países menos Estados Unidos