ENFOQUE: “Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal”
27/05/2025
Actividades de SIPAZ (De mediados de febrero a mediados de mayo de 2025)
27/05/2025L a situación en Chiapas presenta un panorama marcado por graves violaciones a los derechos humanos. En los últimos años, el estado ha experimentado un aumento alarmante del desplazamiento forzado, las desapariciones, la presencia de grupos armados, el tráfico de drogas y personas, y la violencia política.
© elobse.org
A pesar de que el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar (ERA) presentó a Chiapas como “el segundo estado más seguro del país” al cumplirse sus primeros 100 días en el cargo, muchos chiapanecos viven una realidad distinta. Con la nueva estrategia de seguridad, de la cual la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) es una pieza central, sí se han logrado ciertos avances, como la reducción de enfrentamientos armados, el hallazgo de fosas clandestinas, el levantamiento de bloqueos carreteros y la detención de presuntos narcotraficantes. Sin embargo, persisten dudas debido a la falta de detenciones de líderes criminales y a la ausencia de acciones legales contra el ex gobernador Rutilio Escandón y otros exfuncionarios responsables de la seguridad. Además, se han documentado violaciones a derechos humanos durante los operativos, incluyendo denuncias de detenciones arbitrarias y tortura por parte de la FRIP.
Frente a este panorama, quienes luchan contra estas violaciones y defienden la justicia, la igualdad y la paz son las personas defensoras de derechos humanos, tales como activistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, colectivos, comunidades organizadas y sacerdotes. Según las Naciones Unidas (ONU), las personas defensoras protegen derechos diversos como: “[…] el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no discriminación, […] los derechos de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías nacionales, lingüísticas o sexuales.”
Dedicarse a la defensa de derechos humanos en contextos de violencia implica un alto riesgo. La Red TDT documentó 92 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “ […] la mayoría de estos casos ocurrieron principalmente en Oaxaca, seguido por Chiapas. La mayoría de las víctimas estaban involucradas en la defensa de la tierra y el territorio, el medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos indígenas.”
Ante esta realidad, organizaciones de la sociedad civil en Chiapas decidieron crear una herramienta para documentar, visibilizar y sistematizar estas agresiones: el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas – El Obse. Es una plataforma impulsada por 20 organizaciones que trabajan desde diferentes regiones del estado. Entre ellas el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Matías, Fray Ignacio Barona y Digna Ochoa, así como Tsomanotik, Colibres, Enlace, IMDEC, Serapaz, Sipaz, Sursiendo, Swefor, Tzome Ixuk y Voces Mesoamericanas.
La colaboración entre estas organizaciones comenzó en 2023 con procesos de formación y encuentros de intercambio, hasta que el 7 de marzo de 2025 la plataforma fue lanzada con un evento público en San Cristóbal de Las Casas.
Desde enero de 2024, El Obse ha registrado 107 hechos violentos cometidos contra personas defensoras. Además del monitoreo de las agresiones más frecuentes, su sitio web ofrece información sobre el perfil de las personas agredidas —como su género, ocupación y los derechos que defienden—, así como un mapeo geográfico de los municipios más afectados, entre otros.
La recolección y validación de los datos se realiza de manera cuidadosa para garantizar la seguridad de las personas agredidas. Solo cuando los casos no implican riesgos adicionales para las personas defensoras, se publican en la web de forma accesible y georreferenciada.
Durante el evento de lanzamiento, Ximena Ramos, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, destacó la labor de las personas defensoras en contextos de riesgo como Chiapas, subrayando la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar su protección y seguridad, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
En su primer informe, El Obse alertó que 2024 ha sido el año más violento del proceso electoral en México, particularmente en Chiapas. Señaló que 15 personas vinculadas al proceso político fueron asesinadas en el estado y 515 renunciaron a sus candidaturas por temor a la violencia. Además, no se pudieron instalar 108 casillas electorales por razones de seguridad.
La violencia también ha obligado al desplazamiento forzado de al menos 2.300 personas, originarias principalmente de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia. En cuanto a desapariciones, se registraron 568 personas desaparecidas en 2024, frente a las 320 de 2023, lo que representa un aumento del 77 %. Esta tendencia ha ido en aumento desde el año 2020, y sigue siendo minimizada o ignorada por las autoridades.
El Obse ha identificado diversas formas de agresión dirigidas a dificultar el trabajo de defensa de derechos humanos: intimidación, vigilancia, difamación, amenazas, extorsión, abuso de autoridad, agresiones físicas y hasta asesinatos. Del total de ataques registrados, el 70 % ocurrieron en el ámbito físico y el 32 % en el ámbito digital, lo que refleja cómo la defensa de derechos —especialmente los relacionados con la tierra, el territorio y la justicia— se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Entre las personas agredidas se encuentran principalmente integrantes de organizaciones civiles (69 %), seguidos por activistas independientes, periodistas, líderes comunitarios y religiosos. Los principales agresores son actores no identificados, aunque también se han señalado a instituciones gubernamentales, fuerzas de seguridad y grupos del crimen organizado.
Al menos cuatro personas defensoras han sido asesinadas en 2024, entre ellas el padre Marcelo Pérez Pérez, asesinado el 20 de octubre en San Cristóbal de Las Casas. Reconocido por su labor como sacerdote maya tsotsil, el padre Marcelo era una figura destacada en la construcción de paz, la defensa de la tierra y el territorio, y la resistencia civil pacífica frente a la violencia.
El informe de El Obse también denuncia tendencias y preocupaciones: la expansión de megaproyectos y sus conflictos socioambientales; el aumento de la violencia de género; las políticas migratorias más restrictivas; las violaciones a derechos humanos contra personas migrantes; la militarización del territorio; el uso de tecnologías de vigilancia tanto por el Estado como por grupos criminales; la criminalización de la protesta social; y la estigmatización de las juventudes, en particular de pueblos originarios. A esto se suma el desplazamiento forzado sin condiciones dignas de retorno, los ataques a periodistas y la persistente impunidad frente a las violaciones cometidas por cuerpos de seguridad.
El Obse representa un esfuerzo colectivo por articular una respuesta ante la creciente violencia en Chiapas. Surge de la necesidad urgente de visibilizar las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, en un contexto donde el silencio y la impunidad predominan.
La plataforma es una herramienta de protección y memoria, construida desde las organizaciones que día a día enfrentan riesgos por su labor. Su existencia refuerza el derecho a defender derechos y contribuye al fortalecimiento de la memoria colectiva.
En su artículo “El Observatorio de Chiapas: Una respuesta comunitaria de documentación frente a la violencia”, la organización HURIDOCS, que contribuyó al desarrollo de la plataforma, destaca: “El desarrollo de El Obse demuestra el papel fundamental de la colaboración y la acción colectiva para enfrentar los desafíos únicos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y del territorio en Chiapas. A través de alianzas continuas y el fortalecimiento de capacidades en prácticas de documentación, el proyecto seguirá evolucionando para responder a las necesidades específicas de quienes están en el territorio.”
