Se escucha el murmullo de las piedras,
Un silbido silencioso llega al oído de la madrugada
Ruperta Bautista Vásquez

 

S i tenemos la oportunidad de ver algún documental que nos muestre imágenes de las décadas de los ‘60 y ‘70 en Chiapas, no es difícil que nos deje pensando en que esas mismas tomas podrían haber sido filmadas hoy mismo. A más de 50 años de esas tomas originales, en muchas regiones del estado, el tiempo sigue detenido. Pero más que el tiempo, la justicia.

El muro contra el que se estrellaron los relojes en gran parte del sur del país, es el de la violencia estructural. Es así que, detrás de la mayor parte de los conflictos en Chiapas, encontramos la marginación económica, política, social y cultural, misma que se agudizó como resultado de la pandemia de COVID-19, en particular en lo referente al acceso a la salud y la educación.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), del total de la población de Chiapas en 2020 el 75,5% se encontraba en condiciones de pobreza, y el 29% en condición de pobreza extrema. Esta última cifra, por cierto, solo disminuyó 1,6% con respecto a 2018.

Si lo analizamos por el lado de las carencias sociales, más de un tercio de la población (32,5%) presenta rezago educativo; menos del 40% de la población cuenta con acceso a servicios de salud; menos del 80% tiene acceso a seguridad social; únicamente el 20% se beneficia de vivienda de calidad; sólo poco más de la mitad de la población (55,8%) tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y menos de un cuarto de la población (24,5%) tiene acceso a alimentación de calidad.

Estas cifras son únicamente el rostro más superficial y medible de la segregación histórica y generalizada que han enfrentado las distintas comunidades y grupos sociales en Chiapas. Y si además sumamos, como bien señala el Observatorio de las Democracias para el Sur de México y Centroamérica (ODEMCA), la ola de violencia que despuntó con la guerra contra el narcotráfico declarada desde 2006 así como la subordinación geopolítica al esquema de seguridad regional de Estados Unidos pareciera que logramos la receta perfecta de ingobernabilidad. La cereza del pastel (o quizás un ingrediente mucho más constitutivo como la harina o el huevo) es el papel cada vez más protagónico del crimen organizado.

Para Gerardo Alberto González Figueroa, investigador del Departamento de Salud de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), “Chiapas se convirtió desde hace 4 o 5 décadas, no sólo en un lugar de paso de la cocaína que llegaba desde (Centro y) Sudamérica, sino en una tierra fértil para que capos de gran peso hicieran de las suyas”. No obstante, menciona González Figueroa, a partir del 2000, dos cárteles marcaron el control sobre la ruta de los Altos hacia el Golfo de México. Mientras que otro se apoderó de todo el litoral chiapaneco que conectaba con el Océano Pacífico.

Los grupos delictivos que se han identificado con presencia en Chiapas son los Zetas, el cártel del Golfo, el de los Beltrán Leyva, y de manera más reciente y contundente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. También destaca la consolidación de grupos locales que han amasado presencia y poder, como el Cartel de San Juan Chamula, el cual además ha diversificado enormemente sus negocios criminales.

En este sentido, se puede observar un aumento preocupante de la inseguridad y la violencia asociadas a la delincuencia organizada en Chiapas. Sumadas a los esquemas de “colusión y filtración del narcotráfico a las más diversas esferas de gobierno y sus instituciones” como señala el ODEMCA.

Tal debilidad institucional en el estado se expresó claramente en los altos niveles de violencia que se registraron en las elecciones de junio pasado, los cuales colocaron a Chiapas en el treceavo puesto con más casos de asesinatos de políticos e impidieron la instalación de 232 casillas. Además, cada vez se percibe de manera más abierta la participación de la delincuencia organizada en el financiamiento y el nombramiento de candidatos a puestos políticos.

Las capas de la complejidad

El mapa de la conflictividad en Chiapas se reconfigura constantemente y de manera muy difusa, como se denunció en el marco de la visita de embajadoras y embajadores de la Unión Europea a Chiapas, el día 11 de noviembre. Dadas las redes de participación del crimen organizado, del Estado, o de empresas que quieren proteger sus intereses, el trabajo de cobertura de estos procesos por parte de las y los periodistas es de altísimo riesgo. Se han documentado agresiones, amenazas, intentos de soborno, y muchos casos no se denuncian por temor a represalias. Ello ha provocado la creación de “zonas de silencio” y autocensura, por lo que la información no siempre es de fácil acceso.

Ni que decir de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, quienes también se encuentran en constante asedio por parte de dichos actores, en este marco destaca el asesinato de Simón Pedro Pérez, ocurrido el 5 de julio, quien era integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Es así que destaca la insuficiente respuesta de los tres niveles del Estado para garantizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Al respecto cabe señalar que el índice de impunidad para los casos de asesinatos de periodistas y activistas en el país es del 99%.

Por su parte, las problemáticas que se observan en pueblos y comunidades de Chiapas entremezclan conflictos agrarios que llevan años, incluso décadas sin resolverse; problemas de confrontación política, que muchas veces vienen de la mano con división comunitaria (incluso con el componente de programas de gobierno como catalizador del conflicto). A lo que se suma la remilitarización del Estado (fuertemente militarizado desde los 90), que ha implicado el reforzamiento de la frontera Sur desde 2019 con más de 11 mil efectivos federales, incrementando el riesgo de hostigamiento a las comunidades, violencia de género y violaciones a derechos humanos. Botón de muestra es el asesinato de un migrante de nacionalidad cubana en el municipio de Pijijiapan a manos de agente de la Guardia Nacional a inicios del mes de noviembre.

Vinculado a esto último, destacan las políticas cada vez más restrictivas de derechos hacia la población migrante, a través de la detención, contención, represión, y deportación de personas en movilidad sin reconocer sus necesidades de protección internacional. De esta forma, la militarización de las fronteras, implica mayores riesgos a la seguridad de las personas que buscan protección y vida digna, encontrándose en México con la corrupción e inoperancia de los programas e instituciones que deberían atenderlas.

Por otro lado, debemos añadir el poder que caciques locales han detentado durante décadas. Y el rostro opuesto de la moneda: la falta de capacidad de la autoridad que “está rebasada ante la balcanización del territorio donde no puede imponerse porque los grupos legales o ilegales le disputan palmo a palmo el poder, tanto como el control del territorio” como nos dice el ODEMCA, y puntualiza que es “en este archipiélago de pugnas y poderes fragmentarios, pero capaces de imponerse, donde prospera una galopante impunidad que demuestra paradójicamente la gran fragilidad institucional y el alto grado de desprotección de la sociedad chiapaneca en su conjunto”.

Finalmente, todos estos elementos se cocinan al calor de la impunidad y la dificultad para acceder al aparato de justicia, en el cual la tortura se ejerce de forma sistemática como método de investigación y control. La desaparición forzada es una realidad lacerante: al 22 de noviembre de 2021 se tienen registradas 505 personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Chiapas; y el desplazamiento forzado masivo es una circunstancia de vida para cerca de 14 mil 776 personas en Chiapas, en muchas ocasiones ligado a la violencia por grupos armados.

Uno de los casos que expone de manera más alarmante las disfuncionalidades del sistema de justicia que reiteradamente han señalado organizaciones de la sociedad civil como el FrayBa, fue el asesinato, ocurrido el 10 de agosto, del Fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, quien tenía a su cargo la investigación de Pantelhó donde desde finales de julio se suscitó una escalada de hechos violentos.

Zonas en conflicto

Las condiciones de profundo deterioro e ingobernabilidad en varias zonas en Chiapas se condensan en conflictos en varias ocasiones de carácter armado. Entre los que actualmente se encuentran activos están los casos de Aldama, Pantelhó, Chenalhó, Venustiano Carranza, Simojovel, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Altamirano. Municipios que, entre otros, son escenarios de balaceras, ataques, secuestros y desplazamiento.

El conflicto entre Aldama y Santa Marta (este último, parte del municipio de Chenalhó), ha mantenido a los pobladores de estas localidades bajo un fuego cruzado que ha dejado varios muertos, heridos, familias desplazadas, y un denso ambiente de asedio y miedo.

Por su parte, como detalla Hermann Bellinghausen, en Ocosingo, la otrora organización cafetalera ORCAO “mantiene hostigamientos, sabotajes, secuestros, tiroteos, bloqueos y robos de parcelas contra las bases zapatistas de comunidades tseltales autónomas”. En este sentido el “11 de septiembre secuestraron a Sebastián Núñez y José Antonio Sánchez, miembros del gobierno autónomo zapatista de Patria Nueva”.

Un caso que se destaca por ser particularmente sui generis, es el de San Juan Chamula, que incluso cuenta con denominación de origen para su propio cartel, el cual de acuerdo a la investigación especial del periodista Christian González “controla gran parte de la producción y distribución de estupefacientes, robo de vehículos y autopartes, tráfico de (personas), armas, combustibles y madera, así como la venta de material (pornográfico)”. Como vemos, destaca la diversificación de las actividades delincuenciales, las cuales van más allá del narcotráfico. Las redes por las que este grupo delincuencial se extiende incluyen la zona de Los Altos, Comitán, la Selva, e incluso atraviesan la frontera con Guatemala.

Así llegamos al caso de San Cristóbal de las Casas, en donde en los últimos meses se ha registrado un preocupante aumento de hechos violentos, entre los que destacan los asesinatos del Fiscal de Justicia Indígena, del periodista Fredy López Arévalo, y del voluntario de nacionalidad italiana Michele Colosio. Así como la presencia de grupos armados que rondan la ciudad, y los intermitentes enfrentamientos y disparos que se viven en varias zonas de la localidad.

O propiamente en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, en donde el 7 de julio se presenció una balacera a plena luz del día, como resultado de lo que se presume fue un enfrentamiento entre dos grupos criminales que se disputan el control de la zona.

Casos que han atraído la atención de la opinión pública en los últimos meses han sido Pantelhó y Chenalhó, en donde desde hace años, pero especialmente en los últimos meses se vive un denso clima de violencia debido a la toma de control de grupos criminales ligados al narcotráfico y otros ilícitos. Situación que ya se había expuesto en una denuncia formal a la Secretaría de Gobierno, gracias a la labor de Simón Pedro Pérez López.

La lista de lugares no es corta, podríamos seguir con los casos de Tapachula y Frontera Comalapa, pero nos seguirían restando una buena parte de los sitios en donde se vive la ausencia del Estado. Como señala el Observatorio, “el escenario inmediato apunta a un (contexto) de violencia latente y creciente, en la medida en que las respuestas del gobierno de Chiapas y del gobierno federal se sostienen en un silencio velado que no termina por posicionar una estrategia explícita para atajar el estallido armado. Mientras tanto, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano incrementan su presencia en la entidad, sin que esto refleje un cambio explícito en la toma de control y regulación territorial que las poblaciones afectadas puedan reconocer”.

Corolario. Surgimiento de grupos de autodefensa

La crisis política y de seguridad en varias de estas zonas ha generado la articulación y aparición pública de grupos de autodefensas. Al momento se han dado a conocer cuatro de estos grupos, el primero fue El Machete en Pantelhó, el cual se anunció el 10 de julio luego de una serie de enfrentamientos de la comunidad contra el grupo de Los Herrera, señalado por sus vínculos con el crimen organizado y quien ha facilitado el ambiente de violencia e inseguridad en la zona. Este grupo también ha estado ligado a las figuras en el poder, como la alcaldesa Delia Janeth Velasco Flores y el alcalde electo, Raquel Trujillo Morales, quien fue desconocido por las comunidades, al tiempo que eligieron un Consejo Municipal (mismo que fue reconocido legalmente por el Congreso de Chiapas) para ser gobernados en tanto se designa a una autoridad elegida por ellas mismas, bajo el esquema de usos y costumbres.

Este conflicto generó una grave crisis de desplazamiento en la región, como registró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas: aproximadamente 2 mil personas tsotsiles de los municipios de Pantelhó y Chenalhó fueron desplazadas por la violencia generalizada del crimen organizado y la omisión del Estado mexicano de atender la situación.

Siguiendo el recuento de la aparición pública de grupos de autodefensa, el 29 de septiembre se difundió un video en el que el grupo Gente de la Selva se presentaba, respaldando al Machete. Sin embargo, no es clara la información sobre su adscripción territorial y si existe apoyo por parte de la sociedad civil de tal zona.

Los últimos dos grupos se dieron a conocer a inicios del mismo mes: el 3 de octubre se consolidaron las autodenominadas Fuerzas Armadas de Simojovel y el 7 de octubre se presentó el Grupo de Autodefensa de Altamirano. Estos últimos expresaron su postura para expulsar a la familia Pinto (Kanter) de ese municipio.

Es relevante destacar que en los casos de Pantelhó, Altamirano y Simojovel, las autodefensas no se levantaron únicamente contra la inseguridad y la violencia vivida en sus comunidades, sino que también lo hicieron con el fin de impedir que las autoridades electas tomaran posesión de sus cargos. Como señala el ODEMCA, hay nuevas poblaciones que “demandan la conformación concejos municipales y se abren horizontes que podrían reivindicar la conformación de concejos de gobierno comunitario que desplacen la corrompida estructura del sistema de partidos políticos”.

En este sentido, como se pregunta el Observatorio de las Democracias, aún no sabemos si serán procesos en donde impere la capacidad de dirección civil para fortalecer los horizontes de autonomía y autodeterminación indígena o si por el contrario “sólo sumará a una mayor concentración de población armada que, bajo la difusa noción de autodefensas y la colonialidad de las armas, termine por incrementar los cercos a una población civil que se observa atrapada en medio de una violencia y (para)militarización en aumento”.

Una mirada paralela

Ante este escenario el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha pronunciado un mensaje contundente. En su comunicado del 19 de septiembre de 2021 advierte que Chiapas está al borde de una guerra civil. Elabora un diagnóstico sobre el escenario de violencia en la entidad y advierte sobre la escalada de violencia que se aproxima y la necesidad de una respuesta contundente por parte del “mal gobierno” para frenarla. Señalan que el gobierno mantiene “alianzas con el narcotráfico (que) provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa” además de que “promueve y financia a grupos paramilitares como los que atacan continuamente comunidades en Aldama y Santa Martha”. Las policías locales son nulas o cómplices, como sugiere el subcomandante Galeano y denuncian la inacción del gobierno, que “solapa y alienta” crímenes como el secuestro de dos miembros de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Patria Nueva, municipio de Ocosingo, ocurrido el 11 de septiembre.

Como opina Hermann Bellinghausen “resulta evidente que las autoridades civiles federales, su Guardia Nacional y el propio Ejército federal son permisivas, y en los hechos dejan desamparadas a las decenas de comunidades agredidas”.

Finalmente, el EZLN denuncia la corrupción y la rapiña de funcionarios públicos, y responsabiliza directamente al gobernador morenista Rutilio Escandón de este descontrol irresponsable y peligroso en el estado.

En breve

En Chiapas se observan las consecuencias de la discriminación histórica que ha afectado particularmente a comunidades y pueblos indígenas, y ha resultado en la prevalencia de contextos de marginación y pobreza multidimensional y en un contínuum de violencias y violaciones graves a los derechos humanos. Su perpetración proviene tanto del Estado como de los agentes del crimen organizado y las empresas: la trinidad que muchas veces se confunde bajo un mismo rostro, y que ha infiltrado las estructuras de la organización institucionales y socio comunitarias.

La impunidad es una constante y no hace más que crecer la marea de la conflictividad en el estado, que es un mar revuelto de colusión entre partidos políticos y cacicazgos familiares articulados con el narcotráfico; inacción del gobierno y sostenimiento de grupos paramilitares y un sistema electoral cooptado e ilegítimo.

Continuar navegando en esta marejada es insostenible. Sin embargo, un faro de esperanza lo encontramos en las comunidades que se han organizado en favor de sus derechos humanos y por la defensa de la tierra y el territorio. ¿Qué hace falta para que las banderas rojas dejen de ondear, y los actores responsables comiencen a asumir su responsabilidad?