E n septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó su tercer informe de gobierno en el que abordó la situación de derechos humanos. A pesar de que dijera que en México “no se violan los derechos humanos”, varias organizaciones civiles contradijeron sus declaraciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe de 2020 presentó 11.387 quejas por violación de derechos humanos, cometidas por diferentes instituciones públicas. Human Rights Watch (HRW), subrayó que con la movilización de las fuerzas armadas para tareas de orden público, control de aduanas, control de migración y gestión y desarrollo de megaproyectos, se han sumado otros abusos militares. HRW afirmó que, “las violaciones de derechos humanos -incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos- han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”. “Apenas 1,3% de los delitos cometidos en México son resueltos”, mencionó por su parte la organización Impunidad Cero. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expresó: “sin duda, el gobierno federal ha impulsado algunas acciones que van en la dirección correcta (…) pero de ahí a afirmar que en México se han erradicado las violaciones a los derechos humanos hay una distancia que va de la veracidad a la falsedad”.

Desaparición forzada: un gran pendiente

En la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (agosto), organizaciones civiles y colectivos realizaron acciones para visibilizar la gravedad de la situación en México y para exigir a las autoridades garantizar la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la cifra de personas desaparecidas en México ha ascendido a 94 mil 939 desde 1964 hasta noviembre de 2021.

En aspectos positivos, en octubre, se publicó un decreto que creó la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos, cometidas entre 1965 y 1990. Durante este periodo denominado “Guerra Sucia”, se cometieron delitos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales de personas que pertenecían a movimientos u organizaciones que cuestionaron las políticas de Estado. La Comisión tendrá el objeto de investigar, fiscalizar y emitir informes relacionados con las violaciones de derechos humanos durante este periodo.

Defensores, periodistas, mujeres y menores: entre los sectores más vulnerables

En octubre, la Secretaria de Gobernación dio a conocer que en lo que va del gobierno de AMLO, 47 periodistas y 94 defensores fueron asesinados. Reportó que, de los asesinos de periodistas, solamente cinco han recibido sentencia. Los estados con mayor número de activistas asesinados son Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En octubre, organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la represión y estigmatización de las manifestaciones feministas. Señalaron el “uso indebido de la fuerza, violencia sexual, acoso y hostigamiento físico y digital”. Las denuncias también tuvieron que ver con leyes restrictivas y criminalizadoras de la protesta social; la militarización y el uso de la fuerza en este contexto; la violación al derecho a reunirse pacíficamente y la libertad de expresión. Además, visibilizaron los discursos estigmatizantes utilizados para desacreditar los movimientos. En septiembre por ejemplo, AMLO declaró que “el feminismo mexicano se ha convertido directamente en un movimiento opositor” a su gobierno.

En agosto, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas presentó un estudio sobre el impacto que la pandemia ha tenido en niños y niñas. Informó que 5,2 millones de estudiantes no se inscribieron a la escuela por causas relacionadas con la pandemia o por falta de recursos. Mencionó la disminución de la proporción de niños y jóvenes que ingresaron por primera vez al sistema escolar. Por otra parte, entre marzo y junio de 2021 se registraron niveles máximos históricos en violencia familiar. “Las niñas, niños y adolescentes sufren de violencia psicológica, sexual, física, económica y de abandono o negligencia al interior de sus hogares”, informó el subsecretario. El informe muestra que durante la pandemia se registraron 273 mil 661 nacimientos de bebés de madres adolescentes; 4 mil 401 homicidios de menores entre 2018 y 2020; y el suicidio aumentó un 12% en este grupo de edad.

MIGRACION: “Éxodo de la pobreza” cruza México

En octubre, inició la caravana migrante “por la dignidad, la libertad y la paz” en Chiapas, para “dar testimonio de la criminalización sufrida” por las personas en movilidad. Más de 4 mil migrantes integraron el contingente, entre ellos, mujeres embarazadas y más de mil niños, así como personas con alguna discapacidad.

Por otro lado, organizaciones, redes y colectivos de México y Centroamérica lanzaron la campaña #ProtecciónNoContención, para poner fin a la represión, contención y deportación de personas en movilidad. “En los últimos tres años, el gobierno mexicano ha participado con el gobierno estadounidense en acciones para limitar la protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo, externalizando las fronteras de Estado Unidos, militarizando la política migratoria mexicana y criminalizando a las personas que buscan protección”, subrayaron. Las personas se ven forzadas a salir de sus países porque en ellos no hay condiciones que les permitan construir una vida digna, ahondaron. La falta de respuestas de las autoridades migratorias y de asilo en México han dejado en un limbo a las personas migrantes en la frontera Sur, principalmente provenientes de Haití, Venezuela y Centroamérica, quienes han permanecido en ese lugar por más de un año sin oportunidades laborales, acceso a salud y educación. Cuando han buscado adentrarse en México en busca de condiciones mínimas para una vida digna, han sido reprimidas y detenidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional.

MILITARIZACION: preocupaciones sostenidas

En agosto, Amnistía Internacional y el colectivo Seguridad sin Guerra, reiteraron que “es urgente que el gobierno mexicano detenga la participación de militares en tareas de seguridad pública”. Recordaron que la militarización ha detonado el aumento de violaciones graves a los derechos humanos. A pesar de que aún no se aprueba la reforma propuesta por AMLO para que la Guardia Nacional (GN) pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “documentos oficiales confirman el dominio militar que, en los hechos, ya existe sobre esta corporación policial”, denunciaron. Analistas consideran que en la actualidad, la GN está “conformada por 50% de policías militares de la SEDENA, 10% de policías navales de la Secretaría de Marina (SEMAR), 20% de efectivos de la Policía Federal, y 17% de reclutas nuevos contratados por la SEDENA y la SEMAR, capacitados en bases militares”.

Su participación en operativos migratorios ha sido de particular preocupación ya que “ha tenido un grave efecto sobre la salvaguarda de los Derechos Humanos de la población en movilidad”. Al respecto, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, declaró en su visita a Chiapas en agosto que las Fuerzas Armadas habían completado “una serie de actividades operativas” en la frontera Sur que contó con la participación de más de 14 mil elementos. Para el periodo de junio de 2019 a diciembre de 2020, 193 mil 640 personas migrantes fueron presentadas ante la autoridad migratoria. Especialistas estiman que “más del 78 por ciento de las detenciones de personas migrantes en México durante este periodo fueron realizadas por militares o elementos de la Guardia Nacional”.

CHIAPAS: Agudización de la violencia

Varios han sido los momentos de violencia que se han vivido en Chiapas en los meses pasados (ver Enfoque). En San Cristóbal de las Casas, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas expresó que: “a diario nos reportan disparos con armas de alto calibre, y enfrentamientos entre grupos armados bajo la permisividad de las autoridades municipales y estatales.” En octubre, el periodista y columnista Fredy López Arévalo, fue asesinado en la calle de su domicilio en esta misma ciudad.

En octubre, fue detenido Dayli de los Santos Herrera Gutiérrez, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del fiscal de justicia indígena ocurrido en agosto, Gregorio Pérez Gómez, quien estaba a cargo de las investigaciones de la violencia en Pantelhó. De los Santos y su hermano son señalados por el grupo de autodefensa El Machete, como mandos de un “grupo criminal” llamado “Los Herrera”, que responsabilizan de al menos doscientos homicidios cometidos en Pantelhó en colusión con el gobierno municipal del PRD. En noviembre, el Congreso estatal desaforó al presidente municipal electo, Raquel Trujillo Morales (también del PRD) al tener una investigación en su contra por el asesinato de una persona en julio de este año.

En octubre, la Red Todos los derechos para todas y todos (Red TdT) exigió que cesen las agresiones en contra del albergue para migrantes “Casa Betania Santa Martha” en Salto de Agua, después que un grupo de personas armadas ingresara al albergue amenazando a los ahí presentes. Detalló que es la tercera vez en el año que ocurren este tipo de agresiones y que se da en un contexto donde otras organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes también han sido hostigadas. A mediados de septiembre, la Casa del Caminante Jtatic Samuel Ruiz García, ubicada en Palenque, cerró sus puertas por amenazas.

Paralelamente, fueron apareciendo grupos de autodefensa. El primero había sido El Machete, que se constituyó ante la crisis política y de seguridad en Pantelhó. El segundo, denominado “Gente de la Selva”, se dio a conocer en septiembre, cuando manifestó su apoyo a El Machete. En octubre, aparecieron las “Fuerzas Armadas de Simojovel” exigiendo, entre otros, “1. Respeto a nuestras demandas indígenas, 2. No más desvíos de recursos del pueblo, 3. No permitiremos sicarios, ni narcotraficantes armados”. Igualmente en octubre, apareció un grupo supuestamente de autodefensa, en Altamirano, donde se generó un fuerte conflicto postelectoral para impedir la toma de protesta de la candidata electa Gabriela Roque Tipacamú, esposa de Roberto Pinto Kanter, ambos acusados de querer continuar con su cacicazgo (desde 2002), en este municipio.

De manifestaciones y criminalización

En un octubre, a un año de la represión de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la GN en Chilón, familiares y habitantes exigieron la terminación del proceso penal en contra de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández. Fueron detenidos por el delito de motín, después de participar en una manifestación contra la construcción de dicho cuartel, para luego ser torturados, privados arbitrariamente de la libertad e incomunicados. Su defensa ha interpuesto una serie de recursos legales pero todos han sido desestimados. Además, cabe recordar que en noviembre de 2020 comunidades maya-tseltal interpusieron un amparo en contra de la construcción del cuartel (dado que no se realizó una consulta libre, previa y culturalmente adecuada). A la fecha dicho amparo sigue sin ser resuelto.

En octubre, organizaciones civiles denunciaron que, desde hace más de 10 años, han llevado a cabo distintas acciones para contrarrestar el impacto medioambiental que aqueja a los humedales de San Cristóbal de Las Casas. Enfatizaron la omisión de las autoridades quienes “no están implementando medidas urgentes y eficaces”. Esperan que con la entrada de la nueva administración municipal 2021-2024, “el tema se coloque nuevamente sobre la mesa y se tome como la oportunidad de hacer algo”.

El 1° de noviembre, colectivos de mujeres y familiares de víctimas de feminicidios realizaron la “Marcha de las Catrinas” en San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tuxtla Gutiérrez para demandar justicia y hacer visible la violencia contra las mujeres. El Observatorio Feminista contra la Violencia a la Mujeres de Chiapas reporta que de 2016 a 2020 “se registraron más de 900 muertes violentas de mujeres.” “Hemos identificado la resistencia de la Fiscalía, para investigar con perspectiva de género, lo cual es fundamental para el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la verdad y la justicia”, concluyeron las manifestantes.

Agresiones en territorios zapatistas mientras se lleva a cabo «Travesía por la vida»

La delegación zapatista “Escuadrón 421” llegó de vuelta a México en septiembre, luego de visitar varios países europeos por más de 4 meses, en donde expusieron su lucha y conocieron la de diversos colectivos sociales y populares. Le siguió la delegación aérea La Extemporánea, conformada por 177 miembros además de una delegación del Congreso Nacional Indígena (CNI). Entre el Escuadrón 421 y La Extemporánea (que aún no retornó), el itinerario zapatista por Europa abarcará una treintena de países.

Mientras tanto, en Chiapas, en septiembre, la Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ denunció que integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), retuvieron a dos miembros de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Patria Nueva, municipio de Ocosingo. AJMAG señaló que “la ORCAO ha perpetrado una serie de acciones criminales en contra de las Bases de Apoyo del EZLN de la comunidad autónoma Moisés Gandhi desde hace varios meses. Siendo los actos más despreciables, aquellos registrados desde agosto del 2020, donde se ejecutó de forma violenta el saqueo, robo, destrucción y quema de la tienda-cooperativa autónoma el Arco Iris, así como el secuestro de Félix López Hernández el 8 de noviembre de 2020 y de dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas el 12 de abril del presente año”. Consideró que “esta escalada de violencia orquestada desde los altos poderes del gobierno federal se enmarca en la iniciativa del EZLN Travesía por la Vida Capitulo Europa, que busca expandir, de forma pacífica y creativa, la semilla de la resistencia-rebeldía por la humanidad y la madre tierra, es decir, por la vida“.

El EZLN se pronunció frente a la liberación de los dos integrantes de la JBG, señalando la inacción del gobierno, que “solapa y alienta estos crímenes” y mantiene “alianzas con el narcotráfico que provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa” además de que “promueve y financia a grupos paramilitares como los que atacan continuamente comunidades en Aldama y Santa Martha”. En el comunicado “Chiapas al borde de la guerra civil”, habló también de la lentitud de la campaña de vacunación, la obstrucción de la salida de la delegación zapatista hacia Europa y la permanencia de los mismos cuadros en distintos partidos políticos, entre otros.

OAXACA: Aumentan las agresiones contra defensores de derechos humanos

En agosto, la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (Ucidebacc) denunció que fue secuestrado su dirigente, Antonio Zarate Bernal y encontrado posteriormente “con múltiples golpes y con marcas de tortura”. Denunció las persistentes represiones que viven desde hace varios años y recordó que Antonio Zarate Bernal fue detenido en 2011 y liberado dos meses después por no comprobarse los delitos por los que era acusado. La detención tendría que ver con “la criminalización que ha hecho el Estado Mexicano (…) quien ha utilizado de manera dolosa el sistema de justicia mexicano para armar expedientes por delitos prefabricados”.

En septiembre, José Castillo Castro, defensor de la tierra y el territorio en la comunidad chontal de Barra de la Cruz, del municipio de Santiago Astata, fue hospitalizado luego de recibir dos disparos en un ataque efectuado por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) exigió que se investigue este ataque al señalar el aumento de las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas.

El Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs denunció que durante la movilización organizada en octubre en exigencia de la cancelación del proyecto minero San José, operado por Fortuna Silver Mines, autoridades municipales y agrarias que integran el Frente recibieron amenazas por parte de personas que aseguraron traer armas “para sacar a los de la movilización” y tener identificados a los manifestantes. “Nuestra acción de movilización es pacífica, se encuentran apegadas a derecho, en el marco constitucional y en cumplimiento a los acuerdos de las asambleas generales de prohibir las actividades mineras,” recordaron.

En noviembre, la Fiscalía General emitió una alerta rosa por la desaparición de la ambientalista Irma Galindo Barrios. La defensora de los bosques de su pueblo Ñuu Savi se encontraba en la Ciudad de México acopiando víveres para comunidades del municipio de San Esteban Atatlahuca que fueron atacadas a finales de octubre por un grupo armado luego de denunciar la depredación de sus recursos naturales. Los hechos resultaron en una persona muerta, cuatro desaparecidas, decenas de casas incendiadas y alrededor de 300 desplazados. La ambientalista ya había sido víctima de difamación, hostigamiento y amenazas desde 2019.

En noviembre, tuvo lugar el Encuentro en Defensa de Nuestros Bienes Naturales y Comunales El Istmo es Nuestro, convocado por organizaciones del Consejo Nacional Indígena en Jalapa de Márquez. Denunciaron la intensificación de la violencia por la presencia y participación del crimen organizado en las actividades empresariales en esa región, así como las amenazas y hostigamientos por parte de las empresas. Asimismo exigieron un alto a la criminalización por la defensa del territorio contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En los avances, en septiembre la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) informó sobre el logro jurídico de las comunidades zapotecas contra el proyecto eólico Gunaa Sicarú de la empresa multinacional Electricité de France (EDF) que implica una inversión de 6 mil millones de pesos y de una superficie de 4 mil 700 hectáreas de terreno arrendado. Detalló que, en septiembre, un tribunal otorgó la suspensión de plano contra EDF que no podrá realizar ningún trabajo mientras se resuelva el juicio. El año pasado la APIIDTT interpuso un amparo ya que los comuneros no han dado su autorización para la construcción del proyecto.

En noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó en lo general el proyecto de sentencia a favor de la defensa de Los Chimalapas. Este hecho ocurre luego de nueve años de que el gobierno de Oaxaca presentara una controversia constitucional contra la creación del municipio Belisario Domínguez por parte del gobierno de Chiapas, que implicó la invasión de aproximadamente 84 mil hectáreas del territorio oaxaqueño. El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, consideró que este resultado favorece a Oaxaca, pero en particular al pueblo de Los Chimalapas, que ha luchado por defender su territorio en un conflicto que fue utilizado por ganaderos, talamontes y narcos para deforestar e invadir.

GUERRERO: entre violencia y pobreza

El 1° de octubre, en Guerrero, como en otros estados, varios municipios recibieron a sus nuevos ediles, muchos para encontrarse con problemas graves: falta de agua, ausencia de policías municipales, obras inconclusas y mal hechas, deudas impagables, malestares y protestas por los compromisos incumplidos, escribió el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Guerrero es uno de los estados donde “se hizo más evidente la intervención del crimen organizado” en las elecciones de junio. Mediante amenazas a los candidatos y/o a sus familiares los grupos criminales los obligaron a que desistieran de su intención de gobernar y en otros casos, impusieron a un candidato en particular, declaró Tlachinollan.

Posteriormente el presidente López Obrador realizó una gira en el estado. En compañía de la nueva gobernadora Evelyn Salgado visitaron varias comunidades. “El reclamo de las comunidades indígenas y afromexicanas gira en torno a los ejes del piso básico para una vida digna: salud, educación, vivienda, caminos y reactivación del campo.”, dijo Tlachinollan. También estuvo presente el grave problema de la violencia: la proliferación de grupos armados y la falta de acceso a la justicia por parte de mujeres víctimas de violencia. Tlachinollan reconoció que, a pesar de los programas implementados por el gobierno federal, las familias de la Montaña “no han podido cruzar el umbral de la pobreza extrema” y que esta visita generó muchas expectativas cuando ambos gobernantes “asumieron el compromiso de priorizar las regiones y los estados pobres”. Sin embargo, dijo que, a nivel municipal, los intereses son otros, en particular por la corrupción y el mal manejo de recursos los cuales utilizan “como patrimonio propio”.

Otra problemática vinculada a la violencia en el estado ha sido el desplazamiento forzado. Desde septiembre, una comisión de las familias desplazadas de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, están instaladas en plantón afuera de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para exigir el cumplimiento de compromisos contraídos en abril en una reunión interinstitucional donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se comprometió a que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal (CEAV) reconocería la calidad de víctimas a las familias desplazadas; y el personal de Gobernación se comprometió a encontrar lugares seguros para su reubicación ante la imposibilidad de retorno. Hasta ahora no se ha avanzado en ninguno de estos aspectos.

En cuanto a impunidad, con motivo del séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala se organizaron actividades para exigir justicia y verdad. Familiares de los normalistas criticaron “las reticencias” del gobierno en la investigación, y “la lentitud” de la Fiscalía. Esto por las cuarenta ordenes de aprehensión que siguen sin ejecutar y la falta de investigación en contra de los elementos del 27 batallón de infantería señalados por su presunta participación. La ONU-DH dijo que se han logrado “avances relevantes” pero que es “de suma importancia transformar los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio (…) para conocer la verdad de lo ocurrido”.

En octubre, a dos meses de la desaparición de Vicente Suastegui Muñoz, hermano del dirigente opositor a la presa hidroeléctrica La Parota, Tlachinollan dijo que no hay avances en el caso a pesar de tener identificadas a las personas que participaron en su desaparición. Declaró que se han llevado a cabo denuncias formales en contra de dichas personas; además de presentar una queja contra la policía estatal y la Marina, “porque días antes de su desaparición fue privado de su libertad con el argumento de que portaba armas sin que se le acreditara.” A pesar de eso y de las jornadas de búsqueda, la Fiscalía General de Guerrero no actúa con “toda la fuerza de las instituciones”. En Acapulco e Iguala se vive una crisis de seguridad donde las autoridades tampoco “han actuado para desmontar la estructura delincuencial”.