D e acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México es el cuarto país a nivel mundial con la mayor biodiversidad biológica. Gracias a su ubicación geográfica, relieve y diversidad de climas, el país cuenta con 9 de los 11 tipos de ecosistemas; alrededor de 200 mil especies diferentes y es, además, el hogar de aproximadamente el 12% de la biodiversidad mundial.

Para quienes impulsan inversiones en México, estas condiciones son una fuente importante de recursos que favorecen el desarrollo de actividades productivas e industriales. Sin embargo, para quienes defienden el territorio, los proyectos extractivos, ecoturísticos y de infraestructura se han vuelto un factor de alto riesgo. Además, en la mayoría de los casos, los megaproyectos representan un factor de conflictividad en las comunidades donde se llevan a cabo, provocando incluso una polarización social entre quienes están de acuerdo con el proyecto y los que no. Esto, sin dejar a un lado las constantes violaciones de los derechos humanos de la población indígena.

Si bien México cuenta con un Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos desde 2012 y ha ratificado la firma del “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como el Acuerdo de Escazú, en 2020 las cifras muestran que la tarea de protección a defensores y defensoras del territorio no ha sido suficiente.

En 2021, México se convirtió en el país más peligroso para las personas defensoras del medio ambiente y el territorio, advirtió la organización internacional Global Witness en su informe de 2022. Se registraron 238 agresiones en contra de defensores y defensoras, de los cuales 25 fueron asesinatos. Otras agresiones incluyeron intimidaciones, criminalización y un aumento de desapariciones forzadas: de dos casos que se documentaron en 2020, en 2021 la cifra se elevó a 20 personas defensoras del ambiente y el territorio desaparecidas, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Megaproyectos e impunidad, factores de riesgo para la defensa del territorio

El actual modelo de desarrollo en México no es nuevo, ya que ha sido impulsado desde hace décadas por otros gobiernos. Un ejemplo de esto son los pueblos del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, quienes desde la época de Porfirio Díaz han sido víctimas de una serie de implantaciones de supuestos proyectos de desarrollo. Sin embargo, destaca la propuesta política de la Cuarta Transformación (4T) del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, por ser “uno de los puntos de mayor conflictividad social” expresado principalmente por el rechazo y cuestionamiento –por parte de algunos sectores de la población–, a los proyectos que quiere impulsar, explican Aleida Azamar Alonso y Carlos A. Rodríguez Wallenius, académicos de la UAM-Xochimilco.

Azamar señala que en la agenda nacional hay al menos 1.600 proyectos y megaproyectos a realizarse, siendo el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el aeropuerto internacional de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas los de mayor impacto ambiental.

Este modelo de desarrollo privilegia actividades extractivas sobre las formas de vida de las personas, pueblos y comunidades, y generan a su vez procesos de legítima resistencia para la protección de su territorio, sus recursos y en general, sus formas de vida, explica Cemda. Actualmente, la implementación de megaproyectos como el CIIT, las hidroeléctricas y la minería ha tenido un impacto en las comunidades relacionado con la violencia hacia los defensores y defensoras del territorio porque crea un clima que no ayuda a que realicen su trabajo. Al contrario, permite que sean hostigados, perseguidos, difamados y hasta asesinados, afirma Marcos Leyva Madrid, director de Servicios para una Educación Alternativa (Educa).

Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, 45 personas han sido asesinadas por defender sus territorios. Sin embargo, esta cifra es “conservadora” pues solo incluye a beneficiarios del Mecanismo de defensa. El registro de Cemda se eleva a, al menos, 58 ambientalistas ejecutados en ese mismo periodo, mismos que en su mayoría no han obtenido justicia.

El director de Educa señala que este es otro de los factores que intervienen en las agresiones a defensores y defensoras, pues existe un gran porcentaje de impunidad y, en lugares como Oaxaca, es resultado de una política caciquil que sigue presentándose en muchos otros lugares.

Principales agresores de defensores y defensoras del medio ambiente y el territorio

De acuerdo con un artículo de Forbes, “al menos 40% de las agresiones cometidas en contra de defensores del medioambiente en México provienen de funcionarios estatales, particularmente de autoridades locales”. Gabriela Carrión de Cemda señaló que en un 8,3% de los casos las agresiones vienen de la delincuencia organizada y en 5.6% de los casos, de las empresas, y en la mayor parte de los casos —un 38,9%— los agresores no fueron identificados.

Jesús Peña, adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos en México, habló de las “declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos” como otra causa del elevado número de agresiones contra defensores en el país. Tal es el caso de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) quien, en 2022, llamó “pseudoambientalistas” a un grupo de artistas que mostraron su desacuerdo con el Tren Maya, y los acusó “de incurrir en desinformación o promover información errónea”, publicó Forbes México.

Además, López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos por estar detrás de los grupos opositores al tramo 5 del Tren. “Desde la Ciudad de México y diversos puntos del país hay pseudoambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos. Entonces se recurre a un procedimiento que establece la ley que es declarar esta obra de seguridad nacional (…)”, apuntó en una de sus conferencias matutinas.

Adriana Cadenas, coordinadora de la organización Tskini en Jalisco, señaló que en algunos casos hay colusión entre diversos actores, como el crimen organizado y las empresas, para intimidar, amedrentar y amenazar a las comunidades que se oponen a estos proyectos. Cadenas mencionó que en la Sierra de Manantlán, “[la compañía minera] se ha coludido, ha llamado a los servicios de la delincuencia organizada como brazo armado para poder amedrentar, amenazar a la población que está en contra de estas operaciones de la mina, para amenazarlos e intimidarlos y que desistan de esta defensa”.

Por otra parte, las organizaciones insisten en que el papel de las autoridades federales y estatales, encargadas de dar los permisos a las empresas y de regular su actuación para garantizar que los proyectos cumplan con la legalidad, también generan una mayor conflictividad socioambiental, pues en la mayor parte de los casos, ninguna de estas tareas son ejecutadas.

Territorios y defensores indígenas, los más afectados por los megaproyectos

De acuerdo con el INEGI, un 39% de los bosques y un 60% de las selvas se encuentran en territorios indígenas. En estas regiones se capta además el 23% del agua del país, y gran parte de la riqueza del subsuelo y del aire se encuentra en estos territorios. Para Global Witness, esto ha convertido los territorios indígenas en lugares altamente vulnerables ante la creciente cantidad de proyectos extractivistas promovidos por empresas nacionales y extranjeras, y respaldados por el gobierno mexicano. Casi la mitad de las agresiones registradas en 2021 fueron en contra de comunidades indígenas, y los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados a dos tercios de los ataques letales, informó la organización.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Oaxaca ocupa el primer lugar del país en cuanto a población indígena. De acuerdo con el informe “Situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos ambientales en México”, esta entidad también se ubica en el primer lugar en cuanto a agresiones a defensores ambientalistas con 24 casos registrados en 2021. Marcos Leyva afirmó que en los últimos cuatro años del gobierno estatal de Alejandro Murat fueron asesinados 33 defensores y defensoras de derechos humanos en Oaxaca, convirtiéndolo en un foco rojo para la defensa del territorio.

Global Witness señala que la entidad alberga uno de los proyectos más letales: la hidroeléctrica Paso de la Reina. En esta región de la Costa Pacífica, comunidades mixtecas, chatinas y afro oaxaqueñas se han organizado en torno a la defensa de sus territorios, incluidos el Río Verde. Las acciones de resistencia por parte de miembros del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) cobraron la vida de cinco defensores de enero a marzo de 2021: Fidel Heras Cruz, Jaime Jiménez Ruiz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes, y de Filogonio Martínez Merino, en octubre de ese mismo año. Todos pertenecían a comunidades indígenas. Y todos son casos que siguen en la impunidad.

Aunque los homicidios son el tipo de agresión más violenta hacia las personas defensoras, la criminalización de los movimientos sociales también es un factor preocupante y en algunos casos, señala Cemda, el poder judicial contribuye a convalidarlos. Recientemente, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunció la detención ilegal de David Hernández Salazar, defensor del territorio contra el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. La detención se llevó a cabo por presuntas personas de la Fiscalía de Oaxaca, sin embargo, pasaron varias horas antes de dar con el paradero del defensor, por lo que la organización denunció la privación de su libertad, así como la existencia de 17 órdenes de aprehensión en contra de otros pobladores de Puente Madera y de miembros de la APIIDTT, quienes denunciaron hostigamientos y vigilancia por parte de personas armadas en sus oficinas.

Xavier Martínez, de CEMDA dijo que para avanzar en la construcción de un entorno seguro para los defensores ambientales y del territorio “es necesario detener su estigmatización y su criminalización”.

Erick Ramírez, comunero binnizá en el Istmo de Tehuantepec, habló en una entrevista con Desinformémonos sobre la división que existe en las comunidades, la falta de atención de las autoridades y la criminalización de la que son víctimas: “A nosotros por oponernos nos desprestigian, nos dicen muchas cosas y nos agreden”, afirmó el defensor.

Rosa Marina Flores, integrante de la APIDDTT, afirma que la estrategia del gobierno de la 4T se ha desarrollado a partir de los programas sociales —en promedio 1 millón 51 mil 20 personas han sido beneficiadas por algún programa social lanzado por el gobierno de AMLO—. La preocupación surge al estar “generando una dinámica de clientelismo muy fuerte en los territorios”, expresa Flores. Además, han provocado un aumento de la conflictividad en las comunidades y los enfrentamientos “entre quienes están en contra o a favor de los megaproyectos”, al ser incluso las mismas personas de las comunidades las que vigilan a quienes se oponen a las políticas del gobierno federal, concluye.

Megaproyectos detrás de una violación sistemática de derechos humanos

En un informe conjunto, Copudever, Educa y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) denunciaron la sistemática violación de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de los proyectos hidroeléctricos se han documentado violaciones de al menos once de estos derechos, entre ellos el derecho a la libre determinación, a la información y participación, el derecho al agua, al desarrollo, a un ambiente sano, a la alimentación, a la salud y al trabajo.

Esta situación se hizo más grave luego de que el gobierno federal publicara un decreto presidencial en 2021 en el que se declararon “de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras a cargo del gobierno que se consideren prioritarios y estratégicos, por lo que se dio la orden de otorgar las autorizaciones necesarias, incluidas las ambientales “en un plazo máximo de cinco días”, explicó Cemda. Con este acuerdo “se negaron los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables al territorio y a la autonomía” destaca el informe.

Flores Cruz agrega que a este panorama se suma la militarización que se está dando en el país, lo que complica aún más la situación, ya que como comentó el mismo director general del CIIT, Rafael Marín, con este acuerdo presidencial no solo se reducirían los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino que “también garantizará la rápida intervención de la autoridad para contener probables bloqueos carreteros”.

El caso más reciente es el de Palomares, un ejido en el municipio de Matías Romero, en el Istmo de Oaxaca, donde las fuerzas armadas fueron utilizadas para impedir el derecho a libre manifestación. Ahí, ejidatarios que se movilizaron para impedir las obras del CIIT fueron desalojados a golpes y empujones por elementos de la Secretaria de Marina, informó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

Otro de los megaproyectos distintivos de la 4T es el Tren Maya, donde el principal cuestionamiento ha sido la falta de información y consulta a las poblaciones afectadas. Carlos Rodríguez Wallenuis, profesor de la UAM-Xochimilco dijo que hasta la fecha no ha habido consultas previas, libres e informadas, ni siquiera a las comunidades indígenas “a las cuales el Estado está obligado a preguntar, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

En este caso, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y comunidades demostraron que varios tramos del Tren no contaban con la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) cuando comenzaron las obras. Eso obligó a que se otorgaran varios amparos que obligaban a las empresas y al gobierno a detener los trabajos. Sin embargo, eso no sucedió y en todos los casos, las labores continuaron, remarca Cemda en su informe. Se trata de “procesos en materia ambiental que no se realizan de manera legal, que no son culturalmente adecuados, que no respetan los derechos a la información, participación ni autonomía y que, en general, no se apegan al estándar de protección constitucionalmente instaurado”, expresó la organización.

Cemda aseguró que “muchas de las violaciones a derechos humanos en contra de pueblos y comunidades indígenas y rurales se han perpetrado en el marco del desarrollo de megaproyectos”, al ser parte de un sistema que genera violencia estructural, “de un sistema jurídico que legitima la violencia para explotar a personas, pueblos y la naturaleza”.

Los vacíos legales en materia de protección a defensores y defensoras

El 2021 resalta por ser también el año en el que México ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado en América Latina y el Caribe que, por primera vez, reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los Estados a protegerlos. El Acuerdo ha tenido que enfrentarse a distintos obstáculos, entre ellos el acuerdo presidencial sobre la prioridad de los megaproyectos, pero también el de un posible fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aborda la facultad de las organizaciones para manifestar su disconformidad ante decisiones ambientales. De ser un fallo a favor, estaría actuando en respecto al Acuerdo de Escazú, de lo contrario representaría riesgos legales para los megaproyectos que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alejandra Jiménez, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (Corason) criticó la aplicación del Acuerdo y dijo que “Hasta ahora, el Acuerdo de Escazú se ha quedado únicamente en letra, así es la historia de muchas leyes en México. Es evidente lo que ha pasado con las violencias que las personas defensoras han vivido. Y ni digamos de acceso a la información, incluso hay retrocesos. Hay un ambiente que obstaculiza muchísimo”.

Si bien este acuerdo no tiene que ver únicamente con la protección de los defensores, es un hecho que es uno de los elementos más urgente a atender. En este sentido, Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) reclamó que exista un silencio sobre el tema, en especial de la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una herramienta creada por el gobierno para proteger la vida e integridad de los activistas.

Según Reporteros sin Fronteras, mil 667 personas se encontraban bajo protección de este Mecanismo en 2022. Entre las medidas ofrecidas está la de ofrecer teléfonos celulares, radios o teléfonos satelitales; de cámaras, botones de pánico u otras instalaciones de seguridad en el lugar de residencia y/o trabajo; la oferta de chaleco antibalas y el uso de carros blindados, detalló la organización.

Pese a esto, activistas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que estas medidas no son suficientes para combatir las raíces estructurales de esta violencia. En otros casos, el Mecanismo actúa demasiado tarde. Por ejemplo, después de los asesinatos de sus compañeros en Paso de la Reina, Filogonio Martínez Merino pidió protección para él y su familia, “sin embargo, (…) tardaron más de un año en hacer el análisis de riesgo” y entre tanto Filogonio fue asesinado, lamentó Educa Oaxaca.

“El mecanismo deja mucho que desear —señala la investigadora Lucía Velázquez—, a los defensores no se les da un seguimiento adecuado. No ha servido para protegerlos”.

La defensa del territorio es la defensa de la vida

Las y los defensores ambientales y del territorio se enfrentan a riesgos cada vez mayores en la protección de sus territorios. Bajo el discurso de desarrollo se esconden intereses de grandes empresas y del gobierno en todos sus niveles, pero también de grupos del crimen organizado y caciques que exigen su parte de las ganancias. A pesar de esto, las comunidades se reúnen para compartir sus saberes, para dialogar, para informarse sobre los daños a su salud y al medio ambiente provocados por estos grandes proyectos.

En Oaxaca, fue durante el “Xº encuentro de defensoras y defensores comunitarios” donde hablaron del dolor y las heridas que les ha dejado el proceso y lucha en defensa de su territorio. Hablaron de la importancia de la participación de las mujeres por ser las que cuidan, trabajan y conocen su territorio, señaló Angélica Castro Rodríguez de Educa.

En Chiapas, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) apuesta desde hace casi diez años por el cuidado de su territorio ante la amenaza de los megaproyectos desde la no violencia: “Ante esta realidad de violencia y confrontación, MODEVITE reitera su compromiso en la defensa del territorio desde la NO VIOLENCIA y en la construcción de PAZ en nuestros pueblos”, explicaron.

En 2017 se llevó a cabo el Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero en Guerrero, donde los participantes refrendaron “que la defensa del territorio es la defensa de la vida; que defender el territorio ancestral es también resguardar la cultura y, por lo tanto, significa nuestra permanencia como pueblos”.