L os días 9 y 10 de enero se llevó a cabo en la Ciudad de México la denominada Xª Cumbre de líderes de América del Norte. Previo al encuentro, diversas organizaciones civiles de los tres países enviaron una carta a los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá solicitando se pusieran sobre la mesa “las crisis más urgentes de nuestro tiempo: violencia armada, destrucción del medio ambiente y la criminalización de la migración”. No obstante, varios analistas han subrayado que los acuerdos logrados respondieron más a las dinámicas que han marcado las relaciones entre los tres países desde los primeros esfuerzos de integración comercial en América del Norte en los 90s, con un creciente énfasis en aspectos de seguridad después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La Xª Cumbre se enfocó en seis ejes principales: Competitividad, Migración, Seguridad, Diversidad, Salud; y Medioambiente y Cambio Climático. En una perspectiva de derechos, un avance podría ser la aprobación de la declaración sobre igualdad y justicia racial con un apartado sobre diversidad, equidad e inclusión hacia las poblaciones afroamericanas, pueblos indígenas, mujeres y personas LGBTQI+ que afirma: “Nos enfocamos en brindar a las comunidades marginadas oportunidades para su participación plena, equitativa y significativa en nuestras democracias y economías”. Sin embargo, no plantea muchos más elementos que contribuyan a hacer efectivos estos buenos propósitos.

Desde México, tres temas abordados podrían ser los que generen mayor preocupación: Economía, Seguridad y Migración. En el bloque económico (Competitividad), la apuesta sigue siendo la integración norteamericana como bloque comercial para competir en la economía global. Se plantearon propuestas como fortalecer cadenas de suministro, diálogos para promover la inversión extranjera pública y privada, un mapeo de minerales en la región, y la creación de trabajos “sostenibles”. Varias de estas iniciativas podrían conducir a reforzar la dependencia de la economía mexicana hacia la estadounidense, así como la ampliación del modelo extractivista. Por otro lado, y de antemano, el canciller Marcelo Ebrard había adelantado que no se iba a discutir en la cumbre las controversias comerciales presentadas por EEUU y Canadá contra México bajo el actual Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Sin embargo, son aspectos preocupantes. En 2022, el gobierno de Biden empezó consultas ante las reformas mexicanas en el sector energético, sobre todo la que da prioridad a empresas paraestatales mexicanas.  Asimismo, senadores vinculados a los intereses del agro-negocio en EEUU están pidiendo consultas contra la prohibición mexicana de importación de maíz transgénico y de glifosato.

En el tema de Seguridad, es de notar que poco antes de la Cumbre, detuvieron en Culiacán a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán y miembro del cártel de Sinaloa, un operativo que causó por lo menos 29 muertos y múltiples heridos. La Declaración de la Xª Cumbre habla explícitamente de “nuestro perímetro de seguridad compartido” y el énfasis fue en la lucha contra la delincuencia organizada, manteniendo un enfoque confrontativo. En cambio, poco se dijo sobre el tráfico de armas que provienen desde EEUU cuando se estima que más de 70% de las que se usan en homicidios en México fueron producidos en este país.

El tema de la Migración finalmente no condujo a mayor cambio comparado con la política que se ha venido siguiendo a pesar de sus duras consecuencias en materia de derechos humanos. Se mantendrá el programa iniciado por Trump que niega el derecho a solicitar asilo a miles de migrantes (la ampliación de Biden incorporó además a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos en el mecanismo de rechazo). México acordó aceptar a 30.000 retornados de estos países al mes sin que se mencionara cómo se garantizaran sus derechos. Sin bien, se habló de cooperar para una migración “segura, ordenada y humana” y de “ampliar las vías regulares, fortalecer procesos de asilo, y promover una narrativa pública balanceada”, no anunciaron fondos ni mecanismos claros para ello.

NACIONAL: Desapariciones, Vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos y militarización, entre los grandes pendientes en materia de derechos humanos

Sexenio tras sexenio, la crisis de desaparición de personas en México se ha agravado. En 2018, año en que entró en vigor la Ley general en materia de desaparición de personas, se reportaban 46 mil 423 casos; a finales de 2022 la cifra se elevaba a 109.000. Desde el año de su entrada en vigor se han creado e instalado 32 comisiones locales de búsqueda; además, entraron en vigor del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. A pesar de eso, “no todos los mecanismos están funcionando plenamente y persiste falta de coordinación entre dependencias”, denuncia el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Entre los mecanismos contemplados están también el Banco Nacional de Datos Forenses, el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, así como el Registro Nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, responsabilidades de la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, un juez dictaminó que dicha instancia ha sido omisa en sus obligaciones. La FGR apeló la decisión y argumentó que carece de competencia para la implementación de tales mecanismos.

Ante las limitaciones a la fecha, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, dijo que México “aún no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz que afecta a cientos de miles de personas”. “La desinformación y la insensibilidad ante estos delitos siguen siendo generalizadas entre muchos funcionarios públicos y los criterios para determinar su responsabilidad no se aplican adecuadamente”, añadió.

Por otra parte, según EDUCA, desde diciembre de 2018 hasta noviembre de 2022, 141 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en México. La mayoría de estos crímenes se encuentran en total impunidad hasta el momento. De estos casos 34 han ocurrido en Oaxaca, le siguen Guerrero con 25, Chiapas con 14 y Chihuahua con 10. Entre los principales temas por los que fueron asesinados, se encuentra la defensa de la tierra y el territorio frente a inversiones y proyectos de desarrollo. La mayoría pertenecía a un pueblo indígena.

En enero, el Comité Cerezo México informó que en 2022 documentó 25 ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos.  Subrayó que en los tres últimos sexenios han registrado 335 casos, el mayor número de éstos presentándose en el gobierno peñista (56%) seguido por el de Andrés Manuel López Obrador (24%) y el de Calderón (20%). La mayoría de los casos fueron nuevamente defensores de la tierra y el territorio.

El inicio del 2023 resultó particularmente violento para los activistas, de acuerdo con Aluna Acompañamiento Psicosocial, que registró hasta el 17 de enero 4 asesinatos, 2 desapariciones y 12 detenciones arbitrarias.

Delineando otra tendencia en la vulnerabilidad actual, en febrero, la Red Todos los Derechos para Todos y Todas informó que, en enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en tres casos en estados donde “la macrocriminalidad ha ganado terreno y la colusión de autoridades agrava la inseguridad y la impunidad”. Detalló que las medidas fueron otorgadas a favor de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia en Michoacán; la comunidad jesuita de Cerocahui en Chihuahua y Pascuala López y su núcleo familiar en Chiapas. La Red TdT declaró que “la realidad rebasa los discursos matutinos e informes oficiales y los recursos internos que ofrece el Estado Mexicano; han sido agotados e insuficientes para dar respuestas a familiares, comunidades y colectividades que exigen justicia y verdad”.

Finalmente, en cuanto a militarización, en noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló el acuerdo a través del que AMLO ordenó la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública. En 2020, la panista Laura Ríos, había interpuesto un recurso constitucional por considerar que el presidente López Obrador invadió atribuciones del Poder Legislativo al publicar dicho acuerdo. Ante el fallo de la Corte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó que podría exacerbar el “ya alto nivel de violencia” y favorecer las violaciones a derechos humanos, refiriéndose a preocupaciones previamente señaladas por expertos del organismo. Asimismo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) afirmó que “se perdió una oportunidad para que el Poder Judicial actúe como contrapeso ante la militarización en el país”. Igualmente, hizo un llamado a la Corte a abordar las demás acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas sobre este mismo tema.

CHIAPAS: Clima de violencia generalizada

En enero, más de 5 mil católicos de diferentes municipios de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas peregrinaron en esta ciudad. En un comunicado, señalaron la presencia del crimen organizado “en un contexto de disputa y control del territorio, llevándonos a un clima de violencia generalizada, amenazas, enfrentamientos, desapariciones y asesinatos (…) como también el reclutamiento de jóvenes.” Además, resaltó la permisividad y colusión de las autoridades con estos actores, generando impunidad e injusticia. “Exigimos el alto a la destrucción de las familias con la violencia, el desplazamiento, el secuestro, el despojo del territorio y la inseguridad que se hace más grande con el aumento de las armas y la presencia del crimen organizado. Exigimos el respeto a las mujeres en todos los espacios de la sociedad; que no se obstaculice su derecho a decidir libremente. Exigimos que se deje de criminalizar la lucha por la defensa de la libre determinación de nuestros pueblos y la defensa del territorio,” expresó el Pueblo Creyente.

Igualmente, en enero, cientos de personas marcharon en Chicomuselo “para demandar el fin de la violencia desatada por la delincuencia organizada que pretende imponer la minería en la región con el silencio cómplice de las autoridades”. En la llamada “Marcha por la vida”, representantes ejidales y comunitarios denunciaron que desde mediados del 2022 comenzó a operar de manera ilegal una mina de barita en el ejido Santa María, misma que “tiene su antecedente en la concesión de la empresa canadiense BlackFire, que intentó asentarse en el ejido Grecia en 2009 y que detuvo sus operaciones después del asesinato del defensor del territorio Mariano Abarca”.

Los manifestantes denunciaron además que “se han valido de la violencia que ejerce por cuenta de esta minera un grupo de la delincuencia organizada denominado MAIZ, que ha recorrido las comunidades con armas largas para amedrentar a la población y advertirles que, si se oponen a la minería, les harán daño y, de paso, han comenzado el cobro de “derecho de piso” al comercio y al transporte”. En la marcha, los participantes exigieron la protección a la vida y la integridad de los defensores de la Madre Tierra, en particular de Isabel Recinos Trigueros, quien fue agredido en diciembre.

Posteriormente, en esta misma región, a través de un vídeo, hombres encapuchados, con chalecos y armas de alto calibre anunciaron la creación de un grupo de autodefensa denominado “Consejo Indígena” debido a la falta de respuesta de las autoridades ante la creciente ola de violencia. El grupo señala como responsable de estos delitos a gente vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Señaló que no permitirán el ingreso del cartel a las comunidades indígenas. “También nos dirigimos a nuestros hermanos de Chicomuselo, que los apoyaremos y no los dejaremos solos porque están siendo hostigados por la organización denominada El Maíz, dedicada a la extorsión y han desaparecido muchos de nuestros hermanos indígenas”, declaró.

Finalmente, en febrero, 42 familias tuvieron que huir de sus hogares en el Ejido Saltillo en el cercano municipio de Las Margaritas. Denunciaron que un grupo de personas supuestamente pertenecientes a la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI), organización que se dice es afín al alcalde de Las Margaritas, Bladimir Hernández Álvarez, entraron al Ejido armados con marros, machetes y armas de fuego, quemaron 27 casas y destruyeron otras más, mataron animales y expulsaron a estas familias. Las personas desplazadas “indicaron que por no renunciar a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-Histórica (CIOAC-Histórica) a la que pertenecen y afiliarse a la ASSI es que procedieron a expulsarlas de sus viviendas y amenazadas de no regresar”.

Otra violencia a superar: la de género. En noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mujeres salieron a las calles para exigir seguridad y justicia. En el pronunciamiento que leyeron al finalizar su movilización, señalaron que en lo que iba del año, 345 niñas y adolescentes habían desaparecido en el estado, casi ocho por semana. Además, “haciendo un análisis de notas de periódicos encontramos por lo menos 53 casos que tienen todas las características para ser considerados feminicidios”, afirmó el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas. Chiapas ocupa actualmente el quinto lugar a nivel nacional por este delito y, según la organización Por la Superación de la Mujer, 6 de cada 10 feminicidios que se presentan en Chiapas quedan impunes.

OAXACA: Toma posesión nuevo gobernador en un contexto complejo

El 1º de diciembre, tomó posesión como gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, primer mandatario emanado del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en este estado. Originario de una comunidad indígena, proviene de la izquierda partidaria. Después de la decepcionante experiencia centroizquierdista de Gabino Cué (2010-2016), sus orígenes no despertaron las mismas esperanzas de cambio en la población: en la votación que le permitió acceder a la gobernatura tan sólo participó un 38 % del padrón electoral. Además, se ha valorado que los votos a su favor fueron más vinculados a su pertenencia al partido del presidente López Obrador que a su propio carisma. Indudablemente, recibe un estado lacerado por la pobreza, la violencia, la inseguridad y múltiples conflictos político-sociales, además de un endeudamiento que no facilitarán la búsqueda de alternativas.

Gran parte de los conflictos sociopolíticos en el estado derivan de problemas agrarios y de megaobras que rechazan parte de la población local. En enero, el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO) integrado por diez organizaciones sociales, organizó el foro “La coyuntura oaxaqueña, los retos del movimiento popular”. Los participantes rechazaron la imposición de megaproyectos como el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos (PIM) y el Corredor Interoceánico, ya que “constituyen en realidad un solo megaproyecto que pretende la reconfiguración del sur-este mexicano en beneficio del gran capital por encima de los intereses de los pueblos”. Recalcaron que estas intenciones están protegidas por “decretazos” y al recurrir al Ejército y la Marina para cuidar sus instalaciones.

En un mismo sentido, en febrero, diversas comunidades, ejidos y otros grupos se movilizaron en el Istmo de Tehuantepec, convocados por la Red Nacional de Resistencia Civil, para realizar acciones dislocadas en todo el país por una tarifa eléctrica justa, contra la imposición del Corredor Interoceánico, la militarización y los “megaproyectos de muerte”. En este marco, denunciaron el clima de violencia, persecución, criminalización, hostigamientos, y agresión en contra de los habitantes de Puente Madera y de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

Nuevas fuentes de tensión podrían surgir. En febrero, Andrés Manuel López Obrador anunció que se construirán cuatro nuevos parques industriales para la generación de energía eólica en el Istmo. Serán administrados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con financiamiento de la banca de Estados Unidos (EE.UU.), ya que esta iniciativa está enmarcada en el acuerdo establecido con este país respecto a las acciones para frenar el cambio climático. Se trataría de una primera ronda de licitaciones. Estos 4 parques se sumarán a los 29 que ya están en operación en el Istmo y han generado distintos niveles de oposición.

Otro eje de preocupación por parte de organizaciones civiles en el estado: la agudización de la violencia de género. En noviembre, fue organizada una serie de actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En un pronunciamiento respaldado por 34 organizaciones y familiares de víctimas, recordaron que si bien en 2018, se emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Oaxaca ante la gravedad de la situación, no ha habido “ninguna acción contundente para la erradicación y sanción de las violencias contra las mujeres; desde ese entonces 498 mujeres han sido víctimas de feminicidio, 1.672 de desaparición”.

Asimismo, a unos días del cambio de gobernador reclamaron a Alejandro Murat, el gobernador saliente, que su mandato ha sido “un sexenio de luto”. En este periodo, documentaron 715 mujeres víctimas de feminicidio, mientras 1.989 mujeres (incluyendo a niñas), fueron víctimas de desaparición forzada u otros actos de violencia (por ejemplo: delitos sexuales, violencia familiar, violencia económica o política de género). Con ello, un total de 3.965 mujeres sufrieron algún tipo de agresión durante su mandato.

GUERRERO: “Sombrío” panorama estatal

Iniciando 2023, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan publicó un boletín titulado “Entre el espectáculo efímero y la violencia permanente” en el que contrastó el “sueño dorado que miles de turistas nacionales y extranjeros disfrutaron” en año nuevo en Acapulco y la violencia que se vive en la periferia y las demás regiones del estado de Guerrero. Señaló que “los grandes contrastes sociales que existen en Acapulco, en lugar de revertirse, se han profundizado. La corrupción no tiene control. Las administraciones municipales se manejan de manera facciosa y en la opacidad”. Agregó que “es preocupante la ausencia de las instituciones públicas para atender las necesidades más básicas. Este vacío de autoridad lo han cubierto los jefes del crimen organizado, que ejerce el control de varios giros comerciales y tiene bajo su control a grupos de transportistas, comerciantes ambulantes y colonos que imponen su ley y trabajan para su causa”.

Afirmó además que “toda la ruta que llega a la capital del estado se ha transformado en una disputa permanente por el trasiego de la droga. Esta expansión ha cobrado vidas y lo más grave es que las autoridades municipales prefieren cerrar los ojos o aliarse con estos grupos para garantizar una relativa gobernabilidad”. Tlachinollan expresó asimismo que “el panorama estatal es sombrío no solo por la violencia que se expande, sino por el poder creciente de las organizaciones criminales que se han asentado en varias regiones y han demostrado tener el control de los mismos ayuntamientos. Son parte de los actores económicos que con sus actividades ilícitas han incursionado en los negocios básicos para lavar el dinero y al mismo tiempo fortalecer su presencia en las regiones y comunidades donde no hay instituciones del gobierno ni programas que atiendan las necesidades más básicas. Los giros de la economía criminal se han multiplicado y ahora se disponen a controlar hasta los productos de la canasta básica. En varias regiones este fenómeno ya es una realidad que tiene atrapados en sus garras a la población en general”.

Los casos de feminicidios son igualmente alarmantes: en enero se registraron al menos 15. En el marco del Día Internacional para eliminar la Violencia contra las mujeres en noviembre, la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVM) y otras colectivas feministas y familiares de víctimas denunciaron “la simulación que persiste en las dependencias gubernamentales y distintos niveles de gobierno”.

En este contexto, defensores de derechos humanos y periodistas siguen enfrentando una situación de alta vulnerabilidad. En diciembre, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) denunció la detención arbitraria y tortura de dos de sus integrantes, Modesto y Rodrigo León Jacinto. Más de 130 organizaciones civiles y sociales exigieron su liberación y el “cese a los actos de hostigamiento y criminalización de los integrantes del CECOP”. Declararon que “es realmente preocupante que en el estado de Guerrero se continúe con estos actos represivos en contra de activistas que defienden los bienes comunes naturales”.

Por otro lado, en enero, periodistas protestaron en Chilpancingo y Acapulco para exigir que se intensifiquen la búsqueda del periodista Jesús Pintor Alegre y de los administradores de la página de Facebook de Escenario Calenarion, Fernando Moreno y Alan García, desaparecidos desde diciembre. Al ser liberados, señalaron que fueron acusados por sus captores de difundir informaciones en su portal que señalan la asociación delictuosa La Familia Michoacana y a alcaldes de la región por su presunta cercanía con la banda criminal.

En el caso Ayotzinapa, en enero, las autoridades de Estados Unidos entregaron a México a Alejandro Tenescalco, supervisor de la policía de Iguala durante el ataque contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Igualmente, en enero, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso se reunieron en privado con López Obrador y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, a quienes, según medios, pidieron que medien para que el Ejército acabe de entregar la información que se le ha pedido, que la Fiscalía reactive las 21 órdenes de detención canceladas el año pasado, así como acelerar otras capturas en Estados Unidos.