“Nuestras plumas se convierten en espadas,
nuestros versos luchan contra la opresión.

Gritamos al mundo entero: ¡Basta de violencia!,
porque merecemos vivir en paz y dignidad”.

Juana de Ibarbourou

E l pasado 19 de marzo, en el marco de su 36º aniversario, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal (Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia)”, cuyo objetivo es dejar una huella de lo que ocurrió en el estado durante el periodo que va de enero de 2023 hasta junio de 2024. Basado en datos documentales, provenientes de fuentes directas, analiza el contexto en el que las resistencias y los procesos alternativos están luchando frente a la violencia estructural y criminal; así como las principales violaciones de derechos humanos que padecen.

Desplazamiento forzado: una herida abierta omnipresente en Chiapas

En México, diversas formas de violencia han alcanzado niveles alarmantes, lo que ha derivado en graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación se ve agravada por factores como la corrupción, la marginación, la impunidad y la ineficacia de los mecanismos de acceso a la justicia. Estas condiciones propician que las personas se vean obligadas a abandonar sus lugares de origen de manera forzada.

En Chiapas, uno de los estados más afectados por esta problemática de forma histórica, las familias no solamente experimentan el dolor de dejar sus casas, sus pertenencias, el territorio en el que viven, sino que deben ver cómo sus familias y comunidades son separadas, lo que genera una afectación grave a su salud física y mental, a sus formas de vida y, muchas veces, se ven obligadas a empezar de nuevo en contextos hostiles.

En su informe, el Frayba documenta 20 eventos de Desplazamiento Forzado Interno (DFI), presentándose un número aproximado de 15.780 personas víctimas de este fenómeno, mismas que son originarias de los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila. Tan solo en la región Frontera y Sierra del estado han sido desplazadas, a manos de la Delincuencia Organizada (DO), 8.190 personas.

Entre junio de 2024 y mayo de 2025, las zonas silenciadas impuestas por la violencia criminal, la desconfianza generalizada hacia las autoridades y la desintegración del tejido comunitario han dificultado que organizaciones como el Frayba puedan contactar directamente a las familias y obtener un número preciso de personas en situación de desplazamiento. Desde el inicio, estos eventos provocaron dispersión de personas en lugar de concentrarlas en un solo sitio: algunas se refugiaron con familiares o amistades en zonas urbanas, otras sobrevivieron alquilando espacios o incluso en situación de calle, lo cual ha hecho muy complicado su localización y el seguimiento de sus casos.

Asimismo, se ha podido documentar que algunas personas que intentan regresar a sus territorios actualmente deben pagar multas que oscilan entre 50.000 y 100.000 pesos, montos difíciles de conseguir para las personas que han atravesado el desplazamiento forzado, no han tenido acceso a la salud, la educación ni a una vida digna. Las garantías para un retorno seguro y digno no existen. Si bien se han dado despliegues de operativos policiacos-militares, no son permanentes y no se está atacando la situación de fondo: es decir, no se está desarmando ni desarticulando los grupos criminales que continúan teniendo presencia y control en los territorios hasta la fecha.

Personas desaparecidas en Chiapas: una problemática creciente

En noviembre de 2023, el Frayba dio a conocer el informe “Tocar el vacío”, en el que aborda la creciente problemática de la desaparición de personas en Chiapas. De acuerdo con los datos presentados, entre 2019 y 2023, los casos de desaparición forzada en el estado se habían incrementado en un 358 %. Ello se debe principalmente debido a la agudización de la disputa territorial entre grupos criminales, mismos que pretenden ejercer control sobre la vida social, económica y política de las comunidades, utilizando el miedo como una herramienta para frenar cualquier forma de organización social o autonomía territorial. Aunque no es un fenómeno nuevo en el país, ahora se manifiesta con fuerza en Chiapas, particularmente en las zonas Sierra y Frontera.

De particular preocupación, la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales, ya que supera ampliamente el promedio nacional del 25 %, alcanzando más del 60 %, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes. Muchas de estas desapariciones tienen como objetivo la trata y explotación sexual.

La situación de niños, niñas y adolescentes frente a este fenómeno es igualmente alarmante. La edad más frecuente de desaparición es de 15 años, y son las mujeres adolescentes las que más desaparecen. Otro detalle que habla sobre la grave situación que se vive en Chiapas es que, a nivel nacional, 2 de cada 10 personas en este rango de edad siguen desaparecidas, pero en el estado esta cifra se incrementa a 3 de cada 10. Los principales lugares afectados son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque. Según la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS), entre 2020 y 2024, la cifra de niños, niñas y adolescentes desaparecidos/as fue de 2.223. Es decir, una media de 1,5 desapariciones de menores al día.

Continuidad de las agresiones a personas defensoras y periodistas

“La defensa de los derechos humanos, la lucha por la verdad y la justicia convierte a quienes la protagonizan en blancos para los ataques de diversos actores. En muchas ocasiones, el mismo sistema de justicia es instrumentalizado para poner obstáculos en el caminar de los y las activistas. Así, en Chiapas, como en años anteriores, observamos la criminalización de personas que, a través de sus reivindicaciones y luchas, se interponen a intereses tanto del Estado como de otros actores privados, legales e ilegales”, afirma el informe y da varios ejemplos de esta tendencia.

Hay que reconocer, además, que debido al miedo permanente a denunciar y a la impunidad que caracterizan estos hechos, por cada agresión hecha pública, hay un sinnúmero de casos que no salen a la luz.

Las personas defensoras de la tierra y el territorio son de las más afectadas y con un nivel de gravedad en las agresiones a menudo mayor. Un ejemplo de ello fue la masacre ocurrida en Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, el 12 de abril de 2024, en contra de 11 personas, incluyendo una familia cuyos miembros se habían opuesto a la violencia criminal y a la explotación minera. Como subrayó la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en su comunicado posterior a los hechos, este territorio se encuentra arrasado “por la violencia generada por el control del territorio y el interés latente de continuar con la explotación minera por grupos criminales que han operado en total impunidad”.

Los líderes religiosos igualmente han sido blanco de agresiones. En los casos de mayor gravedad abordados por el informe, el 20 de octubre de 2024, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, defensor de los derechos humanos y constructor de paz, fue ejecutado extrajudicialmente en San Cristóbal de las Casas, a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También, los comunicadores y periodistas han visto limitado su campo de acción debido al aumento de la violencia. La periodista Ángeles Mariscal afirmó que “lo que vivimos en Chiapas es una de las peores violencias que al menos yo he vivido a lo largo de más de 20 años de trayectoria periodística. Esto quizá no se pueda poner en cifras, quizá habría que tener otros parámetros de medición de la violencia, pero es indudable que estas condiciones hacen que en Chiapas vivamos uno de los peores momentos en materia de libertad de información y expresión”.

Defender el derecho a migrar también es motivo de agresiones. Las organizaciones criminales que operan en Chiapas tienen como una de sus principales fuentes de ingresos el tráfico de personas, en específico, de personas en movilidad internacional. Quienes se atreven a defender la dignidad de las personas en movilidad y a denunciar las violaciones de derechos humanos y violencia en su contra, se encuentran en la mirada de organizaciones criminales violentas. Lamentablemente, en más de una ocasión desde el inicio de 2023, se concretaron las amenazas en contra de ellos.

El mismo Frayba, al igual que otras organizaciones y personas defensoras y periodistas, ha sido blanco de múltiples incidentes de seguridad, así como de las descalificaciones del ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante sus conferencias de prensa matutinas. Esto es de suma preocupación, ya que este tipo de señalamientos llegan a un público extremadamente amplio, teniendo una capacidad de influencia sobre el resto de la sociedad. Todo esto reduce el costo político de las amenazas o potenciales ataques contra el Frayba, contra otras organizaciones, contra las personas defensoras de derechos humanos y, en general, contra la sociedad civil organizada.

Violencia criminal e impactos en la población

El informe recuenta el incremento de la presencia criminal en el estado, en particular en la zona fronteriza, y el creciente control de zonas clave para el dominio de rutas de tráfico de personas, narcóticos y de explotación ilegal de recursos naturales, entre otras. Ello ha ido de la mano con la captura de estructuras civiles y organizativas; la constitución de organizaciones propias; y la usurpación de estructuras de poder local, incluyendo las estructuras comunitarias, ejidales y municipales, con el fin de determinar la elección de sus representantes.

En otras formas de control, además del impacto de los enfrentamientos directos entre grupos del crimen, se han identificado estrategias de reclutamiento —tanto persuasivas como forzadas—; de violencia sexual; de control y restricción (narcorretenes); y de restricción de servicios y desabastecimiento como forma de presión.

“Si bien una gran parte de la atención se ha concentrado en la frontera con Guatemala, la tendencia es hacia la ampliación del conflicto y con ello la transferencia de los métodos de control poblacional hacia otras regiones, en el intento por la apertura y mantenimiento de rutas para el crimen”, alertó el Frayba.

“A la fecha es imposible estimar cuantitativamente los impactos sociales de estas disputas. Miles de personas desplazadas permanecen en el anonimato por el miedo, aún temerosas de dar sus testimonios, sin que el Estado dé muestra de interés para ellas. Los casos de desaparición, asesinatos, violencia sexual o reclutamiento siguen un fin similar. Todo esto provoca también graves afectaciones psíquicas a la misma población con consecuencias para el tejido social”, denunció también.

Vigencia de la guerra contra los pueblos

El informe plantea varias tendencias, fuentes de preocupación, que siguen delineando una continuidad en la estrategia de guerra contra los pueblos indígenas en los territorios donde trabaja el Frayba.

Afirma que permanece el pacto de impunidad, en los casos de violaciones a los derechos humanos, y que se observa una ausencia “deliberada” de las estructuras gubernamentales, lo que provoca que la delincuencia organizada amplíe el control territorial. “Esta acción es realizada de manera premeditada, tolerada y en complicidad con las instituciones”, denuncia. Expresa asimismo que, en el plazo cubierto por el informe, las fuerzas armadas jugaron un rol de meros observadores de las agresiones hacia los pueblos, mientras agentes no estatales, como la DO, consuman su poderío y crean un clima de miedo y terror en la población.

El informe analiza también la continuidad del despojo territorial hacia los pueblos, con la actualización de proyectos neoliberales, como fueron El Sur También Existe, Plan Puebla Panamá, Proyecto Mesoamérica, que han ido de la mano de la criminalización de quienes luchan contra dichos megaproyectos.

Señala como herramienta clientelar para evitar resistencias el uso de los programas sociales que “tienen una perspectiva totalmente individualista y de domesticación capitalista, confrontan a las formas de organización colectiva y asamblea comunitaria, en la toma de decisiones de los pueblos y comunidades donde van decidiendo sus proyectos de vida”. Esto ha provocado la destrucción de la organización comunitaria y nuevas fracturas en el tejido comunitario.

Un futuro aún incierto

El informe cubre un periodo previo a los cambios de gobierno a nivel estatal (con la llegada del nuevo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar) y federal (con Claudia Sheinbaum). Deja constancia de los grandes pendientes a los que las nuevas autoridades tendrán que enfrentarse.

En las conferencias de prensa y entrevistas en medios a través de las que el Frayba presentó el informe, el Centro ha compartido algunas reflexiones ante los cambios de estrategia que han conllevado los cambios de gobierno: “para que podamos vivir tranquilamente en los territorios, que haya una vida digna, seguridad para los pueblos y comunidades, es necesario algo más que la militarización y la creación de grupos especiales policiaco-militares”, afirmó el Frayba. Declaró también: “es importante insistir en que no va a existir ninguna paz mientras los grupos armados vinculados a la delincuencia organizada, vinculados a grupos de poder que se han enraizado por décadas en el estado de Chiapas, no sean desarticulados, judicializados y desarmados. (…) la paz no es que haya un paréntesis y un respiro con menos enfrentamientos, tiene que ver con la construcción de procesos de justicia”.

“En los ríos subterráneos, los senderos de la libertad siempre se encuentran”

En su informe, a pesar de la complejidad y violencia del contexto, el Frayba no pierde la esperanza de otro tipo de horizonte y sugiere algunas pistas para caminar hacia él: “El punto crucial es generar condiciones de paz, para que las comunidades retornen a vivir su cotidianidad de manera pacífica, para poder seguir y construir sus proyectos de vida, desde su cultura e identidad, para una paz que camina, que se mueve, se transforma, que viaja en espiral, que impregne los rincones más recónditos del territorio”.

Para ello, afirma: “lo trascendental es impulsar la capacidad organizativa abierta, retomar los espacios cedidos por el miedo. Las formas son múltiples para la defensa de la vida en los territorios. (…) Lo trascendente es la reconstrucción del tejido social comunitario”.

Detalla varias pistas para ello: construir relaciones diferentes, basadas en la dignidad, en el respeto mutuo, en la justicia; tener principios de no polarización, no generar divisiones en nuestros entornos; promover diálogos con escucha, de construcción de pensamiento colectivo; reconocer las diversidades como fuente de riqueza de las relaciones humanas; reconstruir procesos de confianza y de cohesión social; encontrarnos desde el reconocimiento de las diferencias en el quehacer político para impulsar movimientos abiertos de largo alcance con el fin de recuperar nuestra humanidad; fomentar la armonía y abrazar el Lekil Cuxlejal, la “buena vida” en tseltal para todas y todos.