Con megaproyectos como el Corredor Transístmico, que conectará los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz), 47 mil hectáreas ya concesionadas para la minería, 28 parques eólicos y su gran biodiversidad, el Istmo de Tehuantepec es zona prioritaria para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No obstante, se ubica en el foco de atención, al ser zona de fuerte organización comunitaria para la defensa de la tierra y el territorio, con un alto registro de amenazas y agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas.

Misión Civil de Observación de organizaciones nacionales e internacionales, periodistas y representantes diplomáticos al Istmo de Tehuantepec, octubre de 2019 © SIPAZ

En este marco, entre el 15 y 19 de octubre de este año, una Misión Civil de Observación de organizaciones nacionales e internacionales, periodistas y representantes diplomáticos, visitó a distintas comunidades organizadas en el Istmo, y documentó la situación de personas defensoras en esta zona. También pretendió “compartir herramientas para la defensa y protección de las personas defensoras de derechos humanos”, explicó el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género (Consorcio Oaxaca), co-convocante de la misión, añadiendo que otra intención es “conocer e intercambiar experiencias para colaborar y crear una red de ayuda” con “un enfoque específico sobre mujeres defensoras“.

El gobierno de AMLO ha definido como zona prioritaria el Sur del país por ser una de las más pobres, ofreciendo como eje de “desarrollo”, megaproyectos que de por si venían siendo una de las mayores causas de conflictividad. Tanto el impacto en la vida cotidiana, como las afectaciones sociales y medioambientales en las comunidades visitadas, entre ellas Unión Hidalgo, Santa María Mixtequilla, Playa Brasil, San Francisco Ixhuatán en Cerro Grande, San Mateo del Mar y La Venta, varían mucho, dependiendo del proyecto específico que está o busca entrar a su territorio.

Los eólicos, por ejemplo, generan mucho ruido, a veces “día y noche”, según un habitante de Unión Hidalgo. Pueden llegar hasta 90 decibeles. Los parques se encuentran muy cerca de los poblados, a veces a pocos kilómetros. Los pobladores lo relacionan con perjuicios médicos en la población como insomnios y problemas cardiacos. Los daños más visibles y tangibles son medioambientales y sociales. Por un lado, en Unión Hidalgo se ha formado una “elite” de personas que decidieron arrendar su tierra a las empresas eólicas y así generan mayores ganancias. Por otro lado, los eólicos crean mucha basura. En Juchitán, no hay basurero, razón por la cual las empresas simplemente dejan su basura al lado de la carretera, a unos kilómetros de la ciudad, donde se quema la basura al aire libre. El viento dispersa la basura mientras el humo y el olor se extienden a los alrededores.

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En el caso de San Blas Atempa y Santa María Mixtequilla, la refinería de Pemex, que se encuentra en Salina Cruz, lleva el agua con tuberías de esas comunidades. Además de la contaminación medioambiental de la refinería misma, la empresa genera escasez de agua. Los pobladores contaron incidentes, cuando tuvieron que cerrar unos edificios para que quedara suficiente agua para la cosecha. Durante unos meses al año, la demanda de agua de Pemex es tan grande, que prácticamente agota el acceso de la comunidad al vital líquido durante todo ese tiempo.

En la Ventosa se documentó que el agua y la tierra enrojecieron por la minería. Asimismo, en San Mateo del Mar y San Francisco Ixhuatán, la explotación minera contaminó el agua. Como región marítima, la fuente de vida de muchas personas es la pesca. Además, el agua potable es indispensable para la vida. Los municipios se han declarado libres de la minería, pero el gobierno no ha respetado su decisión.

Inicialmente, las empresas se comprometieron a hacerse cargo de la renovación de las calles, construir escuelas, hospitales o universidades, dar trabajo o lisa y llanamente, dinero. En los casos de las comunidades visitadas, ninguna de esas promesas se han cumplido. Por otro lado, señalan que no han tenido lugar consultas previas, libres e informadas, conforme con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Todas estas situaciones vienen dándose desde hace muchos años. Con el Corredor Transístmico, proyecto planteado como prioritario por el gobierno de AMLO, se teme que los impactos sean aún mayores. Hasta la fecha, las comunidades no han sido informadas sobre planes concretos. Tampoco existe un estudio sobre el impacto social o ambiental, por lo que abundan especulaciones y dudas.

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No obstante, las comunidades comparten una experiencia en la defensa de sus derechos: la búsqueda de legitimidad de una voz que se anteponga a los intereses del estado y las grandes empresas. Y en esa búsqueda, muchas veces  se corre el riesgo de perder la vida o sufrir algún otro tipo de violencia. “Ya no podemos salir a la calle en las noches, a veces sentimos que con nuestras voces, por esa resistencia que estamos haciendo de defender lo que es nuestro nos miran feo, nos amenazan, nos intimidan, realmente es una situación muy complicada”. “Efectivamente enfrentan ataques sistemáticos como lo son la criminalización, la difamación, el hostigamiento, las amenazas, las desapariciones, las detenciones arbitrarias y los asesinatos”, afirmó Consorcio.

En 2018, 13 periodistas y activistas fueron asesinados en México, un número que ya ha sido sobrepasado hacia mayo de este año. Por lo menos 14 personas defensoras, fueron asesinadas hasta esta fecha, 10 de ellas en Oaxaca. No obstante, los pobladores del Istmo afirman que “seguimos en esta lucha, organizándonos y caminando”.

La situación se complica mucho más en el caso de las mujeres, dado que su labor regularmente implica otros tipos de hostigamientos y acoso, por la simple condición de ser mujer. En una sociedad machista, tienen que luchar por la participación en un proceso que les concierne tanto como a los hombres. En caso de lograrlo, deben esforzarse para ser verdaderamente escuchadas, dentro del proceso y por parte de otros actores. Por su simple participación, sufren las mismas formas de violencia y algunas manifestaciones distintas, adicionalmente motivadas por el mismo machismo que les inhibió defenderse inicialmente.

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Por esa violencia, esa polarización y esa incertidumbre, es más importante que nunca poner el Istmo en el foco de atención, no sólo por las oportunidades económicas que ofrece, sino también por su fuerza comunitaria y por las consecuencias reales que tienen proyectos de desarrollo. Cabe recordar que hay voces que casi nunca se escuchan, que hablan de otra manera de tratar la tierra y definir el progreso y el desarrollo. Una Misión Civil de Observación es una forma para amplificarlas y entrelazarlas.