En septiembre, se cumplieron tres meses de que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Donald Trump llegaran a un acuerdo mediante el cual México se comprometió a tomar medidas para bajar el nivel de migración que cruza su territorio para llegar a Estados Unidos. Según Estados Unidos, el número de detenciones en su frontera Sur, bajaron un 56% en este plazo. Los dos gobiernos consideran que esta reducción se debe al cambio de política migratoria en México hacia una lógica de contención, la que ha incluido el despliegue de la Guardia Nacional en las zonas fronterizas, así como el cambio de reglas para migrantes de África y Asia, que les dejó de permitir viajar hasta la frontera norte con autorización.

Estos cambios han generado extrema preocupación por parte de organizaciones nacionales e internacionales, así como de las Naciones Unidas, ya que han implicado un recrudecimiento de las violaciones de los derechos humanos de migrantes. El acuerdo también incluye otro aspecto que ha generado controversia, la política de Estados Unidos llamada “Quédate en México”, la cual obliga a los migrantes a esperar, durante su trámite de asilo, en México.

En octubre, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, instó al Estado mexicano a que “responda con total respeto y garantía a los derechos humanos hacia la crisis migratoria y de refugio que se vive en el país, especialmente en la frontera sur. Incluyendo la solución definitiva al hacinamiento y condiciones inhumanas dentro de las Estaciones y Estancias migratorias”. Para estas fechas, la organización Sin Fronteras, calculaba que había alrededor de 150 mil personas detenidas en las 53 estaciones migratorias en todo el país, más otras 50 mil repatriadas como parte del programa “Quédate en México”.

Front Line Defenders y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT) también han denunciado que se han intensificado las agresiones contra defensores de los derechos de migrantes. Identificaron 69 eventos de detención, amenazas, acoso, difamación, agresión, deportación, vigilancia o negación de entrada a un país entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, 41 de ellos en 2019. Instaron al gobierno mexicano a dejar “la criminalización de personas migrantes que se organizan en sus trayectorias para defender sus derechos humanos”, así como “supervisar y limitar las acciones de la Guardia Nacional con respecto a los albergues y detención de migrantes”.

Nacional: Primer informe de gobierno de AMLO, ¿un país “feliz, feliz, feliz”?

Presidente Andrés Manuel López Obrador © Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador

El 1º de septiembre, AMLO presentó su primer Informe de Gobierno. Se refirió a la necesidad de seguir combatiendo la corrupción, así como buscar mayor justicia e igualdad. En los resultados de su política de austeridad, afirmó que “en estos primeros 9 meses hemos conseguido ahorros por 145 mil mdp”. Afirmó que “la Bolsa de Valores se ha mantenido estable; la economía está creciendo poco pero no hay recesión, además ahora es menos injusta la distribución del ingreso”.

En cuestión de seguridad, AMLO refirió que todavía hay que “trabajar mucho porque no son buenos los resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva (…) constituye nuestro principal desafío”. Reportó el despliegue de 58 mil 600 efectivos de la Guardia Nacional y “la meta es desplegar 140 mil elementos”.

En materia de derechos humanos, AMLO resaltó que “el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”, que “han sido puestos en libertad 45 presos políticos” y destacó el compromiso del gobierno de “hacer frente a las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas”.

Sobre migración, AMLO reconoció que tuvo que cambiar su estrategia para evitar una confrontación económica con Estados Unidos, pero no dio mayor información sobre el impacto que este cambio ha tenido en materia de derechos humanos. Expresó que “se atenderá este asunto sin usar la fuerza y la coerción, sino creando oportunidades de trabajo y bienestar para la gente en sus lugares de origen”.

Derechos humanos: unos cambios que no acaban de reflejarse en la realidad

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos © ONU/Daniel Johnson

En agosto, organizaciones civiles presentaron el informe “Defender los derechos humanos en México: ¿Fin de la Impunidad?”. El informe constata que durante los primeros meses de gobierno de AMLO, han disminuido los actos violatorios aunque ocurrieron 41 eventos que contienen 331 actos de violaciones a derechos humanos, y los actos violatorios a nivel individual hacia personas defensoras han aumentado. Señaló que las medidas siguen siendo “insuficientes” y que queda claro que el tema no es “prioridad” del gobierno. Este mismo mes, el Diagnóstico del Mecanismo federal de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas elaborado por la representación en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) planteó que faltan recursos para cumplir con las promesas del mismo. Esta situación se encuentra agudizada ante el creciente número de beneficiarios debido a la tendencia al aumento de las agresiones a periodistas y defensores. Otra fuente de preocupación es el involucramiento de servidores públicos en los casos (un 55%) y que se requiere una estrategia que “sea parte de una política sistemática”.

En septiembre, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la “terrible” situación de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Manifestó preocupación ante el aumento de la violencia en el país, en particular por los feminicidios. También abordó el tema de las desapariciones, con 40 mil desaparecidos y 23 mil cuerpos que aún siguen sin identificar. Reconoció como “paso hacia adelante” el anuncio del gobierno de AMLO de aceptar la competencia del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas para recibir comunicaciones individuales.

En noviembre, al finalizar el sexto examen periódico de México hacia la instrumentación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió 48 recomendaciones. Entre las principales, le dio al Estado mexicano un plazo de dos años para “avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil”. Expresó preocupación “por el carácter militarizado de las fuerzas de orden en general, incluyendo la Guardia Nacional, y por la falta de un calendario claro sobre el retiro de la fuerza militar en las tareas de seguridad ciudadana”.

En el mismo mes de noviembre, el Senado eligió como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a Rosario Piedra Ibarra, activista e hija de la fundadora del Comité ¡Eureka!, una organización de familiares de desaparecidos. Partidos de oposición al gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), denunciaron que hubo fraude en el proceso, por lo que exigió la anulación de la votación. Por otro lado, siete de los 56 candidatos a presidir la CNDH también pidieron reponerla ya que, aseguraron, “el proceso deja dudas de legalidad que deben ser subsanadas”. Cuatro colectivos de derechos humanos y 128 víctimas de 12 estados de la República llamaron a la presidenta electa, a no tomar posesión “hasta que haya un proceso transparente y sin sombra de dudas”. Finalmente, entre gritos y jaloneos, Rosario Piedra, al considerar “legítima” y “legal” su elección, rindió protesta insistiendo en que será imparcial, pese a que en el pasado fue candidata de Morena a una diputación.

CNI y EZLN construyendo otras propuestas

Primer Encuentro de Mujeres que Luchan © Alejandra Carrillo Olando

En septiembre, se llevó a cabo la Asamblea Nacional e Internacional “El Istmo es nuestro” en Juchitán, Oaxaca, a invitación del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG). Explicaron que “nos encontramos para analizar el embate del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos en todo el país y para fortalecer en especial las luchas de resistencia de los pueblos del Istmo y del sur de México contra el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que pretende transformar esta región en un inmenso parque industrial en manos del capital transnacional y al mismo tiempo en el muro de contención de los migrantes centroamericanos ordenado por Trump”.

Una Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Territorios “SAMIR FLORES VIVE” fue organizada en octubre. Llevó el nombre del delegado Samir Flores, activista ambiental quien fue asesinado en febrero, y se planteó como “una movilización dislocada y contundente, en todo el país, contra los megaproyectos de muerte, de carácter anticapitalista y antipatriarcal”.

En noviembre, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) invitó a participar al “Combo por la Vida: Diciembre de Resistencia y Rebeldía” por realizarse en Chiapas en diciembre. Dicho evento incluirá: la Segunda Edición del Festival de Cine Puy Ta Cuxlejaltic; el primer comparte de Danza “Báilate otro mundo”; el Foro en defensa del Territorio y la Madre Tierra; la Cuarta Asamblea del CNI; el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan; y, la celebración del 26º aniversario del inicio de la “guerra contra el olvido”.

CHIAPAS: Defensores y periodistas, vulnerabilidad

Peregrinación para exigir justicia en el asesinato de integrantes del MOCRI CNPA, febrero de 2019 © SIPAZ

En agosto, fue hallado en Palenque el cuerpo de Nora Patricia López, ambientalista y encargada del proyecto de la guacamaya roja del ecoparque Aluxes. En junio pasado también fue asesinado en esa zona el ambientalista José Luis Álvarez Flores. En enero, había sido ultimado el activista Sinar Corzo Esquinca quien trabajaba en defensa del derecho al agua en Tonalá. Además se han registrado amenazas y aprehensiones en contra de ambientalistas en Tuxtla Gutiérrez, Chilón y San Cristóbal de Las Casas.

En septiembre, periodistas y familiares de Mario Leonel Gómez Sánchez, periodista asesinado en Yajalón en 2018, se manifestaron para exigir la detención del (o de los) autores intelectuales. Denunciaron que a un año del asesinato, aún no hay justicia. El hermano de la víctima acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber sido lenta y omisa en las investigaciones. Si bien fueron detenidos tres personas como presuntos autores materiales, denunció que hay encubrimiento institucional y tráfico de influencias en el caso mientras él y su familia han vivido con miedo “porque los responsables se pasean como si nada en las calles de Yajalón”.

En los avances, en noviembre, fue detenido por policías estatales el ex alcalde de Amatán, Manuel de Jesús Carpio Mayorga, de Morena. Es acusado del asesinato de los integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN), Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez en enero pasado. Los activistas habían participado en protestas para exigir la destitución del edil, al denunciar el cacicazgo de los hermanos Carpio Mayorga, las arbitrariedades de los policías municipales en colusión con delincuentes, el incumplimiento de obras, entre otros. Manuel de Jesús Carpio Mayorga y todo su gabinete habían renunciado al estar señalados como posibles implicados en los asesinatos.

Desplazamiento forzado interno: se mantiene crisis de derechos humanos en los Altos

Niñas desplazadas de Ejido Puebla en San Cristóbal de Las Casas © SIPAZ

En septiembre, se llegó a un acuerdo político que posibilitó el retorno de 13 familias desplazadas en Ejido Puebla, municipio de Chenalhó. Habitantes de este pueblo pidieron la liberación de Javier Gómez Gutiérrez, preso sentenciado por asesinato en el marco de la problemática post electoral de mayo del 2016 que dio origen al desplazamiento. Expresaron que el retorno de los “autodesplazados” no se ha finalizado ya que aún existe otro grupo en San Cristóbal de Las Casas. Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Kuuntik, que ha acompañado a dicho grupo, expresó que “retornaron 13 familias desplazadas (…) previo pago de una multa de 15 mil pesos por familia, misma multa que pagó el actual Presidente municipal Abraham Cruz Gómez de Chenalhó, en su momento uno de los perpetradores del desplazamiento forzado. Que las víctimas sean condicionadas a pagar una multa a sus agresores para poder retornar a su comunidad de origen, lejos de ser una acción que ayude a evitar la repetición del acto, más bien resulta en un aliciente para repetir desplazamiento”.

En octubre, la CNDH emitió una recomendación por “las condiciones de violencia, inseguridad, situación de riesgo constante y falta de protección en el Municipio de Aldama, Chiapas, debido a una disputa por posesión de tierras con el Municipio de Chenalhó, que derivó en la muerte de una persona (…) y el desplazamiento de varias familias”. Si bien la CNDH reconoció algunos avances, “esto ha sido insuficiente” “ya que los actos de violencia por diversos grupos armados no han cesado”. Cabe recordar que a principio de junio se firmó un pacto de no agresión entre ambos municipios sin que ello acabe de erradicar la violencia en la zona.

En noviembre, a dos años del desplazamiento masivo de más de cinco mil indígenas originarios de comunidades que se encuentran en la colindancia entre Chenalhó y Chalchihuitán debido a un añejo conflicto agrario entre ambos municipios, la viuda de Samuel Luna Girón, quien fue asesinado en octubre de 2017, así como familiares y amigos suyos demandaron justicia ya que no se ha detenido a nadie por estos hechos. Asimismo, pidieron a las autoridades cumplir con las indemnizaciones por daños y desarticular a los grupos civiles armados de Chenalhó que siguen operando impunemente.

Otras denuncias en materia de derechos humanos

Marcha en Chiapas en el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, noviembre de 2019 © SIPAZ

En agosto, la Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas manifestó su “repudio” frente a la “falta de compromisos de los Gobiernos (…), ante el grave incremento de la violencia feminicida”. Denunció que en lo que va del 2019 se han registrado 120 muertes violentas de mujeres, de los cuales únicamente 49 han sido tipificados como feminicidios. Aunque desde noviembre de 2016, se ha activado una Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado, “las alarmantes cifras citadas” no se pueden explicar sino por “la falta de interés de las autoridades”. Exigió, entre otras demandas, que las autoridades asuman la violencia feminicida como un problema social, cultural y político que exige tomar medidas concretas y urgentes y que la AVG se extienda a todos los municipios de la entidad.

En noviembre, organizaciones civiles manifestaron su preocupación ante la militarización del municipio de Chicomuselo. A un año de la inauguración del cuartel militar en dicho municipio, denunciaron que su función ha sido “intimidar la resistencia minera que hay en las comunidades, así como para vigilar el trabajo que realizan las defensoras y defensores del territorio”. Expresaron que a pesar de los argumentos para justificar su presencia, “no se han disminuido los robos y asaltos”. Señalaron que desde agosto, después del anuncio del EZLN de crear nuevos Municipios Autónomos, uno de ellos en Chicomuselo, “se han reportado recorridos militares”.

OAXACA: Ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos

Organización Sol Rojo en el Istmo de Tehuantepec, octubre de 2019 © SIPAZ

En octubre, a 17 meses de la desaparición forzada del defensor Ernesto Sernas García, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) denunció la inacción del Estado mexicano ante el caso. Llamó a las autoridades a iniciar una búsqueda efectiva para dar con su paradero. De acuerdo con la organización Front Line Defender, la desaparición del abogado “coincidió con un momento crucial de un proceso penal en el que representaba legalmente a 23 personas defensoras [de la organización Sol Rojo], cuya detención en 2015 fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas”.

En noviembre, fue detenido Fredy García Ramírez, integrante del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI). Según la Fiscalía, la detención deriva de una orden de aprehensión por hechos ocurridos unas semanas antes en la comunidad de Santiago Xianica, en donde dos elementos de la policía estatal fueron presuntamente torturados y un integrante de la Agencia Estatal de Investigaciones falleció. Front Line Defenders expresó su “seria preocupación” por esta detención cuando “el uso de delitos fabricados se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en Oaxaca”. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos consideró que “no se trata de un incidente aislado, sino que se enmarca en un patrón de ataques sistemáticos en contra del CODEDI en los últimos 21 meses, incluyendo cinco asesinatos, dos intentos de asesinato, seis detenciones arbitrarias, tres incidentes de allanamiento y robo, así como amenazas permanentes y la militarización de la zona en que se encuentra el (…) CODEDI”.

Organización Sol Rojo en el Istmo de Tehuantepec, octubre de 2019 © SIPAZ

Otra situación que genera preocupación en materia de derechos humanos, en agosto, a un año de la emisión de la AVG en 40 municipios de Oaxaca, varias organizaciones informaron que 126 mujeres fueron asesinadas en este plazo. Consideran que esta cifra implica que la AVG “no marcó una diferencia” cuando un 60% de los casos se dieron en municipios que cuentan con la misma. Llamaron al gobernador a que se reúna inmediatamente con los presidentes municipales de la entidad para que se aplique la AVG como se debería. Igualmente, pidieron hacer público el presupuesto destinado a su implementación así como un informe detallado de sus resultados.

En cuestiones vinculadas a tierra y territorio, a un año del derrame de la presa de jales por fuertes lluvias, en octubre, los habitantes de Magdalena Ocotlán denunciaron que las autoridades no han atendido seriamente el caso. Aunque hubo una sanción de 800 mil pesos a la empresa, consideran que hasta la fecha el lodo tóxico sigue contaminando el río y generando enfermedades. La compañía canadiense Fortuna Silver Mines que tiene 26 concesiones mineras en 35 municipios de los Valles Centrales de Oaxaca, entre ellos la Minera Cuzcatlán, rechazó “las falsas acusaciones” y afirmó cumplir con “la legislación y las disposiciones en materias fiscal, ambiental, de salud, laboral y social”. Además planean ampliar esa misma minera a más de 7 mil hectáreas. El presidente municipal de Ocotlán exigió la cancelación de los permisos para esa ampliación así como la atención inmediata de los problemas provocados por el derrame.

GUERRERO: Ayotzinapa y la “podredumbre” del sistema de justicia

Manifestación de la CRAC PC en Chilpancingo, Guerrero, noviembre de 2019 © SIPAZ

En septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que fueron liberados 24 inculpados por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, en 2014. Agregó que van 77 personas liberadas, de las 142 que habían sido detenidas. Consideró que ello constituye una “afrenta a las víctimas, a los padres de familia y una burla a la justicia”; aseveró que “muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país”.

En noviembre, las familias de los 43 sostuvieron una reunión con el presidente AMLO e integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso. El mandatario les refrendó su compromiso de hacer todo lo posible para dar con el paradero de los normalistas. Alejandro Encinas, declaró que el expediente del caso está en “un proceso de reconstrucción total (…) adolece de muchas fallas en la forma en que se integró”. Adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) está preparando los elementos para citar a declarar a los funcionarios involucrados en la construcción del caso. Poco después, varios sujetos desconocidos incendiaron intencionalmente las instalaciones de la ex comandancia de la policía municipal en Iguala, donde se guardaban documentos relacionados con la desaparición de los 43.

Defensores de derechos humanos: En riesgo permanente

Exigencia de la aparición con vida del activista Arnulfo Cerón, manifestación de la CRAC PC en Chilpancingo, Guerrero, noviembre de 2019 © SIPAZ

En septiembre, despareció el líder sindical y activista comunitario de Cocula, Óscar Hernández Romero. El sindicato United Steelworkers (USW), Estados Unidos, dio a conocer “que Hernández se opuso a la compañía minera canadiense Torex Gold Resources, que en 2018 prohibió una campaña de sindicalización de los mineros” de la mina Media Luna. “Tal campaña fue suspendida después de que tres partidarios [de la sindicalización] fueron asesinados. Y hasta ahora nadie ha sido arrestado”, abundó. Declaró que “el gobierno mexicano debe actuar de inmediato para localizar a Óscar Hernández Romero e investigar el asesinato de los trabajadores.”

En octubre, organizaciones civiles expresaron su “profunda preocupación” por las declaraciones del extitular de la Procuraduría General del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, contra el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Vidulfo Rosales, “a quien acusa de obstaculizar las investigaciones y lucrar con la defensa de las familias de los 43 normalistas desaparecidos”. Afirmaron que las declaraciones parecen querer “desviar la atención y así evitar que las autoridades estatales de Guerrero sean investigadas”.

El 20 de noviembre, fue hallado en Tlapa de Comonfort, el cadáver del activista y dirigente del Frente Popular de la Montaña (FPM), Arnulfo Cerón Soriano, quien se encontraba desaparecido desde el 11 de octubre. Tlachinollan lamentó que el caso no fuera atendido en forma inmediata sino hasta escalar a nivel internacional: “esta falta de debida diligencia en las primeras horas que siguieron la denuncia, sumada al contexto de macrocriminalidad, violencia extrema, corrupción e impunidad que caracterizan al estado de Guerrero hacen a este caso muy complejo”.

En noviembre, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) denunció la criminalización y persecución de sus integrantes por el poder judicial después de la “contra reforma impulsada por el Gobierno Estatal que abrogó las disposiciones legales (…) referentes a las facultades de la CRAC-PC para procurar impartir y administrar justicia, circunstancia que socava nuestra institución comunitaria y genera un marco permisible para la criminalización y persecución de nuestro sistemas normativos”.