E n marzo, Amnistía Internacional (AI) presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en 2021 e inicio de 2022 a través de un evento realizado en la Ciudad de México.

Subrayó que “México continúa atravesando una grave crisis de derechos humanos que se manifiesta no solamente en la gran cantidad de personas a quienes se les violan constantemente sus derechos fundamentales, sino que en 2021 observamos con gran preocupación el riesgo de reducción del espacio cívico que se muestra en los constantes ataques a las organizaciones de la sociedad civil, a la prensa, y a las personas defensoras de los derechos humanos”.

En otros puntos de preocupación mencionó el “avance de la militarización”, ya que en 2021 se “desplegó el mayor número de efectivos militares desde que en 2006 iniciara la guerra contra el narcotráfico” al movilizar a 99 mil 946 efectivos militares. Asimismo, más allá de la militarización de la seguridad pública, se han designado cada vez más tareas a las Fuerzas Armadas para control de aduanas, puertos, obra pública de megaproyectos, entre otros.

AI igualmente se preocupó por el tema de las desapariciones forzadas cuando en 2021 se documentaron al menos 7 mil 698 casos de personas desaparecidas y no localizadas en el país. Con ello, al final del año la cifra de personas desaparecidas se elevó a 97 mil desde el año 1964. Además “frente a esas cifras, la impunidad continúa; para 2021 sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada”.

Otro tema de preocupación fue la migración ante denuncias de uso excesivo de la fuerza y devoluciones arbitrarias por parte de autoridades, al igual que secuestros, extorsiones y homicidios por parte de actores no estatales. Consideró que la gestión de la migración por parte de la Guardia Nacional “constituye un grave riesgo para el respeto del derecho y garantías de los migrantes”.

De particular preocupación: la situación de los defensores y de la libertad de expresión

En marzo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó un informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras ambientales en México. Señaló que, en 2021, 25 defensores ambientales fueron asesinados y se presentaron 238 agresiones de distinto tipo, casi un 165% más que en 2020. En lo que va de la actual administración 58 defensores ambientales han sido asesinados. En los motivos para explicar tanta violencia Cemda señala “procesos en materia ambiental que no se realizan de manera legal, que no son culturalmente adecuados, que no respetan los derechos a la información, participación ni autonomía. (…) En segundo lugar destaca la lentitud y omisión del poder judicial para resolver los conflictos socioambientales (…). Además, en algunos casos contribuye a convalidar actos de criminalización en contra de personas defensoras. En tercer lugar, persisten fiscalías omisas en su obligación de investigar hechos de violencia; finalmente, destaca la ineficacia de los mecanismos de protección”.

En abril, la organización en defensa de la libertad de expresión Artículo 19 presentó su informe 2021 titulado “Negación”. En el mismo, documenta que, en 2021, se registró una agresión contra la prensa cada 14 horas con un total de 644 ataques. “El Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones”, recalcó. Los tres años de gobierno de AMLO suman ya 1,945 ataques contra la prensa, entre los cuales se encuentran 30 asesinatos de periodistas, “marcando el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro”. Además, en 2021 “se consolidó la tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos desde el discurso público”, de ahí el título del informe. Artículo 19 expuso que “esta negación se traduce en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital, y violaciones a los derechos humanos”.

Para mediados de mayo, se habían documentado 11 asesinatos de periodistas desde el inicio de 2022, una cifra superior a países que se encuentren en algún conflicto bélico y posicionando a México como el país más mortífero para la prensa.

Preocupante tendencia del gobierno federal a negar o minimizar los señalamientos en materia de derechos humanos

En marzo el Parlamento Europeo aprobó una resolución destacando que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”. Pidió a las autoridades mexicanas “medidas para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos, haciendo frente a la corrupción generalizada y las deficiencias en los sistemas judiciales, que provocan altas tasas de impunidad”. Mencionó que “observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor”. Por su parte, el Gobierno de México expresó su molestia asegurando que “México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí́ no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”. Varios medios de comunicación, funcionarios, académicos y organizaciones lamentaron la falta de diplomacia y profesionalismo del escrito, muchos incluso pensaron que se trataba de una broma y algunos hasta ofrecieron disculpas al Parlamento Europeo por el discurso que, al día siguiente, AMLO confirmó haber redactado.

“No nos pondrán en el banquillo de los acusados” fue la respuesta de López Obrador luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU presentara en abril su informe sobre la situación en México. El organismo reveló que 95.121 personas se encuentran desaparecidas en México, en medio de “una impunidad casi absoluta”. Informó que el perpetrador principal es el crimen organizado, auspiciado, en diversos grados de participación, aquiescencia u omisiones, por servidores públicos. El CDF reconoció avances en materia normativa, institucional y jurisprudencial durante este sexenio. No obstante, remarcó que la brecha entre la teoría y la implementación de las prácticas sigue pendiente. Instó al gobierno mexicano a “abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública” ya que, “la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad es, más que una solución, un riesgo y un incentivo para que las desapariciones sigan ocurriendo”.

AMLO: un alto nivel de aprobación

Los cuestionamientos en materia de derechos humanos no parecen afectar el nivel de aprobación del presidente. En abril, se llevó a cabo la consulta para la revocación de su mandato, un precedente histórico en México para que un presidente pueda ser destituido de su cargo por “pérdida de la confianza” de la ciudadanía. Los resultados tuvieron interpretaciones diversas: para algunos, demuestran una aceptación “rotunda” del gobierno obradorista; para otros, el rechazo quedó evidenciado por la abstención de más del 80% de la población; y para algunos otros, se espera que esta iniciativa también se celebre en próximos gobiernos con futuros presidentes.

Si bien para muchos la revocación del mandato “se daba por hecho” por el nivel de popularidad de AMLO, el número de participantes se convirtió en una de las claves de interpretación de este ejercicio electoral. Primero, porque para que el ejercicio fuera vinculante, se debía alcanzar un 40% de la participación del padrón electoral, lo cual no sucedió. Y segundo, porque el 17,7 % a favor no alcanzó los 30 millones de votos con los que AMLO ganó la presidencia. Para AMLO, los 15,6 millones de votos que obtuvo hablan del nivel de aceptación que tiene su gobierno cuando ex mandatarios llegaron al poder con menos votos que eso. También responsabilizó al Instituto Nacional Electoral (INE) de la baja afluencia de votantes.

Ciertamente, desde las elecciones de junio de 2021, Morena, el partido de AMLO, perdió la mayoría calificada en el Congreso reduciendo su margen de maniobra. A consecuencia de ello, en marzo, se votó en medio de un fuerte debate, la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente. Con 275 votos a favor y 223 en contra, fue desechada pues no logró la aprobación de dos terceras partes de la Cámara. La decisión ha desatado gran controversia pues hay quienes afirman que se trata de una traición a la patria y al pueblo, que al final, será en el futuro quien deba afrontar las consecuencias de este hecho. Por otra parte, algunos lo celebran como un triunfo pues además de que la consideraban una reforma “obsoleta y regresiva” al no considerar las energías limpias y frenar la inversión extranjera, aseguran que refleja la consolidación de la oposición al proyecto de la 4T.

En cambio, el mismo día en que se discutía la Reforma eléctrica, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley Minera referente a la exploración y explotación del litio, la cual fue casi inmediatamente aprobada. Las reacciones tampoco se hicieron esperar, aunque en lo general tuvo un impacto positivo, algunos se pronunciaron en contra al considerarla una farsa. Organizaciones civiles reconocieron que se trata de un avance que se esté poniendo atención al tema de la explotación minera, pero aseguraron que no es suficiente y que es necesario hacer cambios profundos a la Ley para frenar el despojo y los privilegios que empresas mineras tienen en México. Señalaron que la Ley Minera debería contemplar diversos aspectos tales como “eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia de las actividades mineras, hacer efectivo el derecho a decidir de las comunidades y pueblos respecto del otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios, quitar los privilegios de acceso a la tierra y al agua que se otorgan a las empresas”, entre otros.

CHIAPAS: Agudización de la violencia en varias zonas del estado

Los últimos meses se han seguido caracterizando por una agudización de la violencia en varias zonas del estado, en particular en los Altos y en la zona Fronteriza.

En los Altos, incluso la turística San Cristóbal de Las Casas se ha visto afectada con denuncias de enfrentamientos armados frecuentes, asesinatos y robos. En la parte indígena, una zona particularmente álgida sigue siendo la zona limítrofe entre Aldama y Santa Martha (municipio de Chenalhó), objeto de un conflicto agrario desde la década de los 70 después de un inadecuado deslinde territorial. Pero, “no se trata, pues, sólo de conflictos agrarios intra e intercomunitarios que por sí mismos merecerían una estrategia de intervención inmediata por parte de las autoridades correspondientes. Mirarlo desde esta perspectiva es reducir de manera irresponsable la magnitud del problema. Estamos hablando de una abierta disputa por el control territorial, en la que confluyen intereses de todo tipo, y cuyas terribles consecuencias hemos visto en otros estados de la República”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Otros fuertes enfrentamientos armados se han reportado en Frontera Comalapa, ello en forma casi cotidiana en el ejido San Gregorio Chamic. Desde hace ocho meses se ha intensificado la disputa por el control de esa región entre dos grupos civiles armados. A los homicidios entre bandas rivales se suman decenas de casos de desaparición forzada, principalmente de jóvenes.

Otro botón de muestra de la agudización de la violencia: en abril se convocó a una jornada electoral extraordinaria en Venustiano Carranza, Siltepec, Emiliano Zapata y El Parral, por la anulación de las elecciones del 6 de junio de 2021. El año pasado los resultados se cancelaron o las elecciones ni siquiera se llevaron a cabo debido a conflictos, amenazas, así como ante el robo o la quema de las boletas. Al repetir el ejercicio, en los municipios Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra se suspendieron las elecciones nuevamente ya que “no existen condiciones ni garantías de seguridad para llevar a cabo la jornada electoral”, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

En mayo, también se denunciaron varias agresiones en zonas de tierras recuperadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN): integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) atacaron comunidades del poblado Moisés Gandhi, provocando el desplazamiento de 83 personas. Poco después el Frayba denunció que acciones de violencia contra  la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas, también por disputa de tierras recuperadas. Frayba igualmente denunció “la indiferencia del Estado mexicano a implementar una acción efectiva para desactivar la violencia”.

Agresiones a defensores de derechos humanos: el riesgo de levantar la voz

En marzo, el Pueblo Creyente de Chicomuselo denunció que existen “persecución, amenazas e intimidación” en contra del párroco de este lugar, Matías Rodríguez Jiménez. Señaló que cuando el sacerdote “se dirigía al vecino municipio de Frontera Comalapa (…) se percató de que lo seguían tres personas a bordo de motocicletas. A pocos kilómetros se unieron dos personas más que le cerraron el paso, por lo que se detuvo, momento en el cual se acercaron tres sujetos a golpear su carro y diciendo: ‘Sabemos quién eres y a lo que te dedicas, ¡cuídate!’”. Pueblo Creyente también señaló vigilancia en la casa parroquial en los últimos meses. Varias organizaciones civiles reconocieron la labor del sacerdote “acompañando la lucha del pueblo por la defensa del territorio frente a las empresas mineras, la venta ilegal de bebidas alcohólicas, Moscamed, la violencia contra las mujeres, la militarización, la inseguridad y la remunicipalización”.

En abril, presuntos habitantes de la colonia Bienestar Social que han invadido una zona ecológica en San Cristóbal de Las Casas, así como integrantes del grupo delictivo conocido como ‘motonetos’ impidieron la realización de un acto en el que se iba a tratar el tema de la declaratoria de hábitat crítico de 115 hectáreas de humedales de montaña. Al llegar alrededor de 100 personas entre activistas y ciudadanos en el lugar del evento, fueron recibidos por personas armadas que temen que la declaratoria vaya a desalojarlas. La situación se tensó y se dieron jaloneos, amenazas y agresiones físicas al ambientalista León Enrique Ávila.

Múltiples acciones ante la violencia, entre otras demandas

En febrero, alrededor de dos mil indígenas del Pueblo Creyente realizaron una peregrinación en el municipio de Benemérito de las Américas para exigir la suspensión de dos procesadoras de aceite de palma, debido a la contaminación que generan en su territorio. Explicaron que han presentado denuncias ante diversas instancias gubernamentales pero que no han tenido respuesta. Cuestionaron también la explotación laboral en dichas empresas. Plantearon otras peticiones “como salud, dotación de medicamentos, construcción de hospitales, más médicos. En cuanto a la violencia, las localidades sufren delincuencia organizada, secuestros, atracos a propiedades y asesinatos”.

Igualmente, en febrero tuvo lugar en Las Margaritas un enfrentamiento que terminó con dos personas muertas y varios heridos. Esto, aseguran habitantes de este municipio, fue sólo una muestra más de la violencia que tiene cooptado al estado y que se extiende cada vez de manera más visible por todo el territorio. Ante este contexto, iglesias de diferentes denominaciones religiosas convocaron a la “Peregrinación por la paz, por la vida, contra la violencia y la discriminación” que se llevó a cabo en marzo. Anunciaron la creación de la “Alianza de Iglesias por la Paz” que buscará trabajar en conjunto por el bien común “en medio del grave deterioro que ahora vive todo nuestro estado de Chiapas”.

En abril, se llevó a cabo el Segundo Congreso Zoque para “construir salidas colectivas ante (…) la imposición de proyectos extractivos, desplazamiento forzado de familias, agudización de la migración nacional e internacional, así como del interés por privatizar el agua, tierras y el volcán Chichonal”. Los participantes denunciaron también la violencia ocasionada por grupos armados, así como la división y cooptación por los programas asistenciales. Expresaron además su preocupación ante la “reactivación de proyectos energéticos que buscan la construcción de nuevas presas hidroeléctricas en los municipios de Chicoasén, Copainalá y Francisco León”. Recordaron que en 2016 se lograron movilizar para evitar la concesión de tierras para la explotación de doce pozos petroleros. Expresaron que “hoy, como antes, hemos decidido no vendernos, no traicionarnos y no claudicar”.

Igualmente, en abril, alrededor de 400 pobladores de distintas comunidades del municipio de Chilón se dieron cita en la comunidad de Pamal-Navil para realizar una peregrinación por la vida, la justicia, la unidad y la dignidad para la Madre Tierra y los pueblos. Se dieron a conocer las exigencias del pueblo tseltal: el respeto de la Madre Tierra, la defensa de su territorio y la libertad absoluta para los defensores comunitarios Cesar Hernández y José Luis Gutiérrez procesados por el delito de motín desde el año 2020 luego de manifestarse en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.

Visibilizando otro tipo de preocupaciones, en marzo miles de zapatistas llenaron las calles de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Palenque, Las Margaritas, Altamirano y Yajalón para protestar contra las guerras capitalistas que “oprimen a los pueblos y destruyen a la madre tierra en todas las geografías”. Mostraron su solidaridad no sólo con “las resistencias de Ucrania y Rusia” sino también “con todos los pueblos en donde prevalecen conflictos bélicos como Palestina, Kurdistán, Siria, el pueblo Mapuche, los pueblos originarios en todo el planeta y tantos procesos libertarios que son agredidos, perseguidos, asesinados, silenciados” (ver artículo).

OAXACA: Empeoramiento de la situación de la libre expresión y la defensa de los derechos humanos en el estado.

En los últimos 9 años, 11 periodistas han sido asesinados en Oaxaca. Otro número alarmante es el de las carpetas de investigación por violaciones a derechos humanos de periodistas y personas comunicadoras en el estado: la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) registra 288.

En abril, periodistas protestaron para exigir justicia por los asesinatos de los periodistas Heber López (febrero de 2022) y Gustavo Sánchez (junio de 2021), durante el diálogo que realizó el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en Juchitán. Se pronunciaron con pancartas con el lema #PeriodismoEnRiesgo, en solidaridad con los periodistas agredidos en la región y en exigencia de justicia por aquellos comunicadores asesinados, así como a sus familias. En esta misma mesa de trabajo también se manifestaron organizaciones sociales de la región exponiendo las violaciones de derechos humanos de activistas ante el despojo de sus tierras para el desarrollo de proyectos eólicos y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En mayo, en el marco de otra mesa de trabajo organizada por el Mecanismo en Tlaxiaco, pobladores desplazados de Guerrero Grande exigieron la aparición con vida de la defensora Irma Galindo Barrios, desaparecida en octubre del 2021. Esta ambientalista defensora de los bosques en la mixteca desapareció en la Ciudad de México mientras se encontraba acopiando víveres para comunidades del municipio de San Esteban Atatlahuca que fueron atacadas a finales de octubre luego de denunciar la depredación de sus recursos naturales. “Nadie debe desaparecer por defender la naturaleza”, reclamaron los manifestantes quienes desde octubre del 2021 no han podido regresar a sus viviendas que fueron quemadas por personas supuestamente afines a autoridades locales.

Cabe subrayar que Oaxaca es la segunda entidad con más beneficiarios del Mecanismo de Protección federal, con un total de 153 personas.

GUERRERO: Ejército mexicano involucrado en el caso Ayotzinapa

En marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su Tercer Informe con los hallazgos en las investigaciones que han llevado a cabo sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Las evidencias recopiladas revelan que tanto el Ejército como la Marina, estuvieron involucrados en la desaparición y en la manipulación de la información desde hace 7 años. Indican que los estudiantes de Ayotzinapa eran investigados desde años atrás; que había militares infiltrados dentro de la escuela; que 4 días antes de la desaparición, la Comandancia de la 35 zona militar ordenó a todos los batallones de Guerrero que dieran seguimiento a los estudiantes; que el día de la desaparición, tanto policía como militares mantuvieron un monitoreo detallado de los estudiantes, incluso con intercepción de comunicaciones en tiempo real; que dicha información no fue compartida con las autoridades encargadas de la investigación; entre otros. Presentaron un vídeo inédito grabado por un dron de la Secretaría de Marina, en el que se ve a elementos de dicha institución entrar al basurero de Cocula (lugar clave de la investigación en 2014) y manipular la escena.

En mayo, familiares de los 43 afirmaron que “las autoridades encargadas de investigar poco han podido hacer para obligar al Ejército mexicano a aportar la información relacionada, por el contrario, los acuerdos del ejecutivo federal con esta institución permiten concluir que el gobierno no está dispuesto a tensar las relaciones, mucho menos permitir que sean procesados, pese a que públicamente el presidente ha reafirmado su compromiso de esclarecer los hechos y castigar a los culpables”.

Ante las resistencias para resolver un caso tan emblemático como el de Ayotzinapa, quedan pocas esperanzas para casos más recientes. En mayo, se llevó a cabo un acto político en Acapulco para exigir la presentación con vida del defensor del territorio, Vicente Suastegui Muñoz, desaparecido desde agosto de 2021. Es un integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) por lo que, “…sostenemos que la desaparición de Vicente es por motivos políticos, por su participación en defensa de la tierra. El CECOP es un movimiento que ha sido reprimido, varios han caído, les han privado de su libertad y han tenido que vivir en la zozobra”, planteó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Igualmente, en mayo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policías Comunitarias (CRAC-PC) solicitó “una investigación pronta, exhaustiva e imparcial por el asesinato del defensor de los derechos del pueblo afromexicano, Luis Ortiz Donato, acaecido el pasado jueves 28 de abril” en el municipio de Marquelia. Asimismo, enfatizaron que “su asesinato es un mensaje funesto por parte de los grupos de poder y de la delincuencia organizada, que se sienten protegidos por un sistema de justicia estatal que no investiga los crímenes contra los defensores”.