ACTIVIDADES DE SIPAZ (de mediados de febrero a mediados de mayo de 2012)
01/06/2012
ENFOQUE : México bajo la lente del género
28/08/2012
La elección presidencial del pasado 1° de julio provocó fuertes críticas, tanto durante el proceso pre-electoral como durante la misma jornada electoral. De acuerdo al conteo del Instituto Federal Electoral (IFE), el candidato de la coalición «Compromiso por México» entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Peña Nieto, obtuvo un 38.21% frente a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la alianza «Movimiento Progresista» entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), con el 31.59% de los votos, con una diferencia mucho menor a la que planteaban los sondeos previos a la elección. En tercer lugar quedó la candidata del gobernante Partido de Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, con un 25.41%, mientras el candidato del Partido Nueva Alianza (PANAL), Gabriel Quadri de la Torre, obtuvo un 2.29% de la votación.
Quadri y Vázquez Mota aceptaron públicamente su derrota aún antes de conocerse los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). En sus discursos pronunciados minutos después, el presidente Felipe Calderón y el propio Peña Nieto dieron por hecho la victoria de éste último. AMLO, por su parte, no fijó postura sino hasta días después, cuando anunció que impugnaría el resultado de la elección debido a que contaba con evidencias de irregularidades y violaciones a las leyes electorales en el transcurso del proceso pre-electoral y el día de la votación. Paralelamente, empezó a circular información, que previo a los comicios, en el Estado de México, el PRI habría regalado tarjetas para compras en tiendas Soriana y tarjetas de dinero de la empresa Monex a cambio del voto para Peña Nieto. El PRI negó que se hubieran dado tales hechos. Ya durante las campañas electorales, una parte de la sociedad manifestó su rechazo hacia el candidato del PRI-Verde y/o a las formas como se venía desarrollando el proceso. (Véase cuadro) Debido a las impugnaciones al resultado electoral, que serán valoradas por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), corresponderá a esta instancia validar el triunfo de Peña Nieto o anular la elección.
A diferencia de la última elección presidencial, en esta ocasión el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no se pronunció sobre el proceso electoral. Sin embargo, el conflicto no resuelto en Chiapas volvió a ser mencionado en los medios nacionales a principios de agosto, a raíz de la presentación de un libro de Luis H. Álvarez (PAN), ex-presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) y comisionado para la paz durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006). El presidente Felipe Calderón participó en la misma, hablando de «los equívocos más nocivos defendidos por el EZLN», postura que posteriormente fue criticada por la actual COCOPA que cuestionó al primer mandatario por su «falta de sensibilidad política y social […] [que] pudiera interpretarse como una agresión, una falta de respeto y un desconocimiento profundo de la lucha histórica de los pueblos indígenas mexicanos». Añadió que el «repentino interés para hablar y teorizar acerca del zapatismo, resulta fuera de lugar, al contrastar con la ausencia y el desinterés mostrado en este tema durante los seis años de su gobierno». En agosto, se celebró el 9o aniversario de la fundación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, creadas por el EZLN después del rompimiento con las instituciones del Estado mexicano, para fortalecer su autonomía por la vía de los hechos posibilitando el avance de los sistemas autónomos de salud y educación, y en la resolución de conflictos al margen de las instancias de justicia del Estado.
Después de más de dos años y medio de negociaciones entre las distintas fracciones en el Congreso y el gobierno federal, el 8 de agosto el Ejecutivo promulgó una reforma política que cambiará partes del sistema político actual. De los ocho puntos agregados a la Constitución, destacan la introducción de la candidatura ciudadana a los puestos de elección popular, la presentación de iniciativas de ley en el Congreso por parte de los ciudadanos y la consulta popular en temas trascendentes para la sociedad. Además, fueron introducidos elementos que buscan fortalecer al Ejecutivo federal. El Congreso desechó la propuesta de Calderón de una segunda vuelta en los comicios presidenciales, así como la reelección de legisladores, presidentes municipales y jefes delegacionales. Dada la poca confianza de la población mexicana hacia la clase política, habrá que ver si la sociedad hará uso de los nuevos mecanismos de participación en la política institucional, así como la reacción de la clase política ante el surgimiento de otros actores en el ámbito institucional, hasta ahora monopolio de los partidos políticos.
En Derechos Humanos, un estanque y dos pasos importantes
Al menos en apariencia, en los últimos meses del gobierno de Calderón, se dieron varios avances en materia de derechos humanos. Sin embargo, en el caso de la Ley General de Víctimas, uno de los logros principales del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) en su diálogo con el Legislativo y Ejecutivo federales, se estancó la publicación de la misma. A pesar de haber sido aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión y decretada su publicación por el Senado de la República, el presidente Felipe Calderón interpuso una controversia constitucional que fue admitida por la SCJN. Ciertamente existen diferencias de fondo entre el gobierno federal y el Congreso, pues el Ejecutivo propone elevarla a rango constitucional para que ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno evada su responsabilidad. Además, busca que sea el delincuente quien pague por los daños que se causen a las víctimas, y no el Estado. Integrantes de varias organizaciones no gubernamentales señalaron que con la demanda, el Presidente deja sin protección a las víctimas de su estrategia de combate al crimen organizado.
Por otro lado, en la parte de los avances por los que organismos civiles de derechos humanos purgaron, el 22 de junio el presidente Felipe Calderón ratificó y promulgó la Ley para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas aprobada por el Congreso a finales de abril pasado. Y a mediados de agosto, la SCJN en diversas sesiones revisó diferentes casos que involucraron a integrantes de las Fuerzas Armadas en delitos o violaciones a derechos humanos cometidos contra civiles. En lo que fueron considerados fallos históricos, el máximo tribunal del país determinó que los soldados involucrados tendrían que ser juzgados ante tribunales civiles, dado que no son casos que afectan a sus bienes jurídicos
Chiapas: ¿cambio o continuidad?
En Chiapas, el 1° de julio también hubo elecciones para gobernador, de los 122 presidentes municipales y de los diputados del Congreso local, aparte de los comicios federales. El candidato por la coalición Chiapas nos Une (PRI-Verde-PANAL), Manuel Velasco Coello, ganó las elecciones a gobernador con una clara mayoría (un 70.57% del total de la votación emitida) dándole al Partido Verde Ecologista de México la primera gubernatura de su historia. EL PRI-Verde, además de la gubernatura obtuvo las dos senadurías por mayoría, 12 diputaciones federales, las 24 curules del Congreso local y 90 de los 122 municipios. Velasco Coello indicó en sus declaraciones durante la campaña electoral que daría continuidad a la política del actual gobernador Juan Sabines en la colaboración del gobierno chiapaneco con Naciones Unidas en cuanto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la promoción del cultivo de biocombustibles y en la construcción de las Ciudades Rurales Sustentables, entre otros puntos. Sin embargo, y considerando que el priista Peña Nieto será el próximo Presidente de la República, la victoria de Manuel Velasco por medio de la alianza PRI-PVEM significa para Chiapas el regreso del PRI al poder en los ámbitos estatal y federal, por lo que habrá que ver si esto implicará cambios de fondo con respecto a la política de sus antecesores o si la misma se profundizará.
Estos comicios se vieron empañados por varios incidentes que lo colocaron como uno de los estados que presentó más conflictos a nivel nacional. No obstante, el titular del Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC) minimizó los incidentes electorales. Sin embargo, trabajadores de ese mismo organismo denunciaron varias irregularidades a la prensa. Integrantes de #YoSoy 132 también han informado sobre varias de ellas desde antes de la propia Jornada electoral.
Margarita Martínez deja Chiapas debido a amenazas de muerte y desaparición
La defensora de derechos humanos Margarita Martínez y su familia decidieron abandonar el estado de Chiapas por nuevas amenazas de muerte y desaparición que recibieron el pasado 30 de junio. En un boletín conjunto posterior, emitido por la familia de Martínez Martínez y varias organizaciones de derechos humanos, explicaron que esta decisión se debe a que el «Estado mexicano ha sido incapaz de proteger a Margarita Martínez, ya que a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella y su familia han recibido varias amenazas de muerte».
En el marco del Día Internacional contra la Tortura, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) presentó el informe «De la Crueldad al Cinismo», en el que documentó 47 casos de tortura en el periodo de enero de 2010 a diciembre del 2011. En el informe señala que la «mayor parte de hechos de tortura registrados durante este periodo se produjeron en acciones vinculadas con la procuración de justicia, la implementación de una política de seguridad pública en el marco de la guerra declarada contra el crimen organizado por parte del Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, y por las acciones implementadas en el marco del programa «ciudad segura» promovidas e implementadas por el gobierno del estado Chiapas». Indica que a pesar de la desaparición del arraigo a nivel estatal, «distintos testimonios nos han revelado una realidad distinta y más grave aún: la existencia de «casas de seguridad. Espacios en los que se pone en riesgo la vida de las personas «detenidas» dificultando el trabajo de documentación y de una defensa adecuada por parte de los organismos de derechos humanos».
Después de un amparo favorable y múltiples movilizaciones a nivel local, nacional e internacional, el 26 de julio se llevó a cabo el traslado de Alberto Patishtán Gómez del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de Guasave (Sinaloa), al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 5 en San Cristóbal de Las Casas. Patishtán Gómez, integrante de «La Voz del Amate» -organización de presos adheridos a La Otra Campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)- había sido llevado a Guasave en octubre del 2011, cuando varios internos del CERSS No. 5 estaban en huelga de hambre para exigir la revisión de sus casos y su liberación. Para mientras, continúan las movilizaciones para exigir su libertad y la de Francisco Sántiz López, Base de Apoyo del EZLN de Banavil (municipio de Tenejapa), quien está detenido desde diciembre de 2011, circunstancia que también ha sido denunciada por la Junta de Buen Gobierno del Caracol de Oventik en repetidas ocasiones al considerarlo delito prefabricado.
Oaxaca: Disculpa pública del gobierno estatal por violaciones en el conflicto del 2006/2007
El 14 de junio se cumplieron 6 años del inicio del conflicto social en Oaxaca, cuando el gobierno estatal intentó desalojar un plantón de los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo cual dio pie a la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En este marco, el gobernador oaxaqueño Gabino Cué Monteagudo encabezó un acto de reconocimiento de la responsabilidad del gobierno estatal por las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del conflicto social. El mandatario estatal afirmó que todas las instancias de gobierno, en el ámbito de sus facultades y competencias, tienen la obligación de reconocer y brindar atención integral a las víctimas de violaciones cometidas en 2006 y 2007. El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CODIGO-DH) y FUNDAR Centro de Análisis e Investigación expresaron que «este acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado de Oaxaca contribuye a la redignificación de las víctimas y a su reintegración a la sociedad, así como a un proceso de reconstrucción del tejido social que sólo será posible si está basado en la verdad y la justicia.»
No obstante, se siguen dando hechos violentos vinculados a la defensa de la tierra y el territorio. El 16 de junio, fueron heridos dos integrantes de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) en un ataque con armas de fuego en la comunidad de San José del Progreso. La CPUVO culpó a sicarios de la empresa minera Cuzcatlán, que opera en el municipio, y a las autoridades locales de la agresión en contra de los opositores a la mina. Por su parte, a principios de agosto comunidades del pueblo ikoots en el Istmo de Tehuantepec se declararon en rebeldía para evitar la construcción de un parque eólico de la empresa española Mareña Renovable en la zona. Como parte del conflicto, los pobladores de San Dionisio del Mar habían tomado el palacio municipal en enero pasado. Por este hecho, como se hizo público a principios de agosto, fueron amenazados por el gobernador en una reunión que sostuvieron en mayo pasado. Ante la falta de atención de las autoridades, las autoridades de San Mateo del Mar informaron que no participarían en las elecciones del 1° de julio.
Otro tema de eco mediático fue la salida temporal del padre Alejandro Solalinde Guerra del país, a mediados de mayo pasado, ante la situación de amenazas de muerte que había recibido por su trabajo frente al albergue de migrantes en Ixtepec. El sacerdote retomó las actividades como director del albergue el 12 de julio aunque la situación no cambió sustancialmente en el tiempo que estuvo fuera del país.
Guerrero: Gana la izquierda, la impunidad se mantiene
© SIPAZ, febrero de 2011
El 1° de julio, en Guerrero, hubo elecciones para presidente de la República, presidentes municipales, diputados locales así como para senadores y diputados federales. Los candidatos de la izquierda tanto para senadores y diputados federales, como a alcaldes y diputados locales, se llevaron casi todos los cargos: el total de diputaciones federales, las dos senadurías, 21 de los 28 distritos locales, y 45 de las 81 alcaldías.
Por otra parte, sigue el incumplimiento por parte de los niveles federal y estatal de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) de diferentes casos en Guerrero. Durante la audiencia a la que convocó en junio la CoIDH para conocer el grado de cumplimiento de la sentencia del caso Rosendo Radilla (2009), Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo que fue detenido en un retén militar en 1974 y continúa desaparecido desde entonces, expuso su inconformidad. El 16 de julio, organizaciones de defensa de derechos humanos, nacionales e internacionales, manifestaron que han transcurrido ya dos años desde que la CoIDH emitió las sentencias a favor de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron violadas por militares en 2002, y «a la fecha prevalecen graves rezagos en su cumplimiento».
El 9 de agosto, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, que se exilió unos meses del país al ser amenazado por sus funciones como defensor de derechos humanos, regresó a México y se reincorporó a sus actividades. En una reunión con el gobernador Aguirre Rivero, éste ofreció otorgarle a Rosales garantías y protección, pero sin precisar más.
Por último, finalmente se dieron buenas noticias para los comuneros y ejidatarios que se oponen a la construcción de la presa La Parota. En julio fue ratificado el punto final a dicho proyecto hidroeléctrico que estaba planeado cerca de Acapulco. Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan esta decisión «confirma una vez más que en la lucha legal emprendida por los opositores al Proyecto, son los comuneros, ejidatarios y avecindados unidos en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) quienes tienen la razón legal y la legitimidad social. Es de esperarse, por ello, que la reciente determinación impulse la firma de los Acuerdos de Cacahuatepec, hasta ahora pospuesta por el Ejecutivo estatal, misma que puede devolver la paz a la región».
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