ACTUALIDAD: Tenso tira y afloja en las relaciones entre México y Estados Unidos

L as negociaciones entre México y Estados Unidos se han convertido en una constante desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, en enero de este año, dentro de una relación marcada por la asimetría política, económica y militar. Desde entonces, tanto el mandatario estadounidense como la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, han sostenido diálogos en medio de tensiones constantes.

El episodio más reciente ocurrió esta semana, cuando Trump aseguró que “México hace lo que le decimos que haga” en materia de seguridad fronteriza. En respuesta, Sheinbaum replicó que “el presidente Trump tiene una forma particular de expresarse, pero (…) en México quien manda es el pueblo”.

Estas declaraciones se produjeron poco después de que el Gobierno mexicano entregara a Estados Unidos a 26 miembros de cárteles para ser procesados judicialmente, y tras el acuerdo alcanzado a finales de julio, que estableció una tregua de 90 días en los aranceles que quiere imponer Washington para continuar con las negociaciones. La presidenta mexicana reiteró su disposición a colaborar en la lucha contra el narcotráfico, pero subrayó que “la soberanía no está en negociación”. Este patrón ya se ha repetido en ocasiones anteriores: Trump eleva la presión en el ámbito comercial, mientras Sheinbaum responde con un tono moderado, aunque generalmente acompañado de algún compromiso en materia de seguridad.

En cuanto a migración, Estados Unidos arrestó a más de 352.000 inmigrantes indocumentados en los primeros 200 días de la Administración de Trump y ha deportado a 324.000, según reportó el Departamento de Seguridad Nacional. En junio, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova se pronunció ante la “creciente macropolítica gestada por los estados de la región, que instrumentaliza la detención migratoria para castigar y romper la voluntad de las personas migrantes, disuadirles de ejercer sus derechos y desistir de sus proyectos migratorios y/o de vida”. Según la organización, en los últimos meses, México y varios países de Centro y Sudamérica han adoptado políticas migratorias impuestas por Estados Unidos, presionados mediante medidas económicas.

La ONG alertó que “en México, (…) las personas en contexto de movilidad continúan sufriendo graves violaciones a los derechos humanos en detención migratoria, a pesar de los intentos del Estado por maquillar su naturaleza carcelaria bajo eufemismos como ‘albergues’ o ‘espacios de alojamiento’. Estos centros siguen operando bajo una arquitectura de control punitivo que en este momento pasa desapercibida al ojo público.”

México: baja participación en elecciones judiciales

Con una participación ciudadana de aproximadamente 13 % del padrón electoral, el 1º de junio se llevó a cabo el proceso electoral en el cual se eligieron a jueces y magistrados en todo el país. En 2024, México llevó a cabo una reforma al Poder Judicial que ha suscitado un debate amplio entre especialistas, abogados y actores políticos. Si bien la modificación legislativa surge ante la urgente necesidad de combatir problemas estructurales, como la corrupción, el nepotismo y la falta de profesionalismo que han afectado históricamente al sistema judicial mexicano, se han ido señalando riesgos de implementar un sistema de elección popular, ya que podría afectar la independencia del aparato judicial, así como su transparencia y eficiencia.

Después de las elecciones, el gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó el informe preliminar elaborado por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el cual el organismo recomendó no replicar el modelo de elección popular para juzgadores en ningún otro país de la región. La Cancillería informó que envió una nota diplomática al organismo internacional, donde acusó a la misión de emitir “juicios de valor” que “rebasan sus atribuciones”. El informe de la Misión de Observación señaló que los candidatos ganadores son los mismos que aparecieron en los “acordeones” distribuidos antes de las elecciones, —atribuidos al partido en el poder, Morena, en su mayoría—, y que éstos fueron seleccionados por el Poder Ejecutivo; recalcó que algunos de los observadores electorales presentes en las casillas reconocieron que fueron enviados por partidos políticos, —algo prohibido—, y recordó que el 87 % de abstención y la cantidad elevada de votos nulos hicieron de la elección judicial los comicios con menor participación en la región.

Lucha contra la violencia: entre cambios y continuidad

En sustitución de la estrategia de seguridad del sexenio pasado basada en la política de “abrazos, no balazos”, el actual Gobierno Federal lanzó la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030”. Si bien este plan retomó la idea de atención a las causas estructurales de la violencia del gobierno anterior, se han observado cambios en la detención de integrantes del crimen organizado, el combate a la extorsión, la incautación de droga y la destrucción de laboratorios en varios puntos del país.

El Informe México: Seguridad Ciudadana y Democracia, de la Universidad Iberoamericana, presentado en junio, subraya que “los niveles de violencia en México no han disminuido”. Evidencia que, en respuesta, el Gobierno Federal ha priorizado el despliegue militar y reformas penales orientadas al castigo, como el aumento de penas y la ampliación de los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Hace énfasis en que se dejó a un lado el fortalecimiento de las instituciones civiles, y que se profundizó la dependencia del Ejército.

En este sentido, en junio, Morena y sus aliados aprobaron la reforma constitucional que entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo y el mando de la Guardia Nacional. La ley dará a la Guardia Nacional atribuciones en materia de inteligencia, intervención de llamadas telefónicas, redes sociales y correos electrónicos, bajo autorización judicial. Organizaciones civiles alertaron que “la vigilancia ilegal y abusiva por parte de las fuerzas armadas es una práctica reiterada que hemos advertido y documentado de forma contundente (…) y que se ha llevado a cabo selectivamente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras, e incluso funcionarios públicos”.

Pendientes en materia de derechos humanos

En junio, más de 300 colectivos de familiares de personas desaparecidas exigieron al poder legislativo que convoque un parlamento abierto para discutir la iniciativa de reforma de ley de la presidenta Sheinbaum en materia de desaparición de personas. Reclamaron que solo se llevaron a cabo mesas de discusión convocadas por la Secretaría de Gobernación, a las que no asistieron todas las plataformas de familiares de personas desaparecidas. “Es una iniciativa que no respaldamos, principalmente porque no responde a la grave problemática que sufrimos como familiares de personas desaparecidas”, declararon. Asimismo, la acusan de querer “imponer un sistema de vigilancia masiva”, lo cual “puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México”. Exigieron “convocar a un Parlamento Abierto en el que se pueda discutir públicamente la iniciativa del Ejecutivo Federal. No hacerlo concretaría el proceso de simulación, el cual tendrá como resultado más impunidad y alargar la tortura que vivimos las familias”, advirtieron los firmantes.

En su más reciente informe, Reporteros sin Fronteras (RSF) documentó que México sigue siendo el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo: desde enero de 2025, ha documentado el asesinato de ocho periodistas en el país. Ello, “pese a los compromisos asumidos por la presidencia y la implementación de mecanismos de protección”, señaló la organización. “La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios y cubrían temas sensibles como la corrupción, el crimen organizado, el medio ambiente… Varias de ellas ya habían recibido amenazas o eran objeto de campañas de difamación. Dos periodistas, incluso, estaban bajo protección policial en el momento de su muerte. Aunque se han abierto investigaciones en la mayoría de estos crímenes, con frecuencia no se resuelven, lo que perpetúa un clima de miedo”, resaltó.

En junio, el Estado mexicano rindió cuentas en el marco del 91° periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza. En julio, el CEDAW presentó sus conclusiones: si bien celebró la llegada de la primera presidenta al país y la creación de la Secretaría de las Mujeres, expresó preocupación por la “omnipresencia” de la violencia contra mujeres y niñas en México, y a través de 90 recomendaciones, urgió al Estado mexicano a hacer una inversión “efectiva y sostenible” en igualdad de género (ver Enfoque).

CHIAPAS: “Una violenta realidad disfrazada de paz”

En mayo, la Sociedad Civil Las Abejas denunció que “la realidad que hoy vivimos es más peligrosa (…) porque los paramilitares se convirtieron en sicarios”. Declararon que “no hubo desarme por parte de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal. Los campamentos de los militares, de la Guardia Nacional, y de los policías, no garantizan la tranquilidad de las comunidades, algunas y algunos han visto señales de complicidad (…). Los operativos de los Pakales, fueron espectáculos aplaudidos, los sicarios se escondieron, ahora caminan a cualquier hora del día, y nada pasa. Estamos viviendo en una violenta normalidad disfrazada de paz”.

En junio, autoridades de la comunidad Tzajalchén, municipio de Chenalhó, y la Sociedad Civil Las Abejas, denunciaron que sujetos armados realizaron disparos de armas de grueso calibre “hacia donde realizábamos una reunión de coordinación para resolver un problema sobre venta de drogas”. Se solidarizaron decenas de organizaciones civiles afirmando que “este ataque evidencia la violencia sistemática que continúa afectando a las comunidades en los Altos”, misma que ha incluido ataques armados; presencia de grupos armados vinculados a la delincuencia organizada en complicidad con estructuras gubernamentales; una intervención estatal que no brinda seguridad; bloqueos intencionados; y la criminalización de líderes comunitarios

Otra zona que sigue siendo de alta tensión es la frontera con Guatemala. En junio, 5 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron emboscados y asesinados en el municipio de Frontera Comalapa. La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que el ataque fue perpetrado por un grupo de la delincuencia organizada que después huyó hacia Guatemala. Posteriormente, ocurrió un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado en el mismo municipio. Dejó al menos cuatro presuntos criminales muertos. El enfrentamiento obligó a los agresores a replegarse a territorio guatemalteco, donde también fueron interceptados por las Fuerzas Armadas de Guatemala. Elementos de la FRIP cruzaron la frontera, lo cual podría haber desatado un incidente diplomático.

En Frontera Comalapa se han vuelto a denunciar levantones. A pesar de que supuestamente la violencia disminuyó tras el cambio de gobierno estatal en diciembre pasado, los pobladores afirman que “sigue la inseguridad; los pakales están ahí, pero no hacen mucho, pareciera que hay complicidad”, aseguraron. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, aseguró que no existe ninguna denuncia formal sobre estos hechos. En agosto, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, indicó que actualmente ya no hay reportes de violencia ni desplazamiento forzado en la Sierra. Declaró que persiste cierto temor alimentado por noticias “falsas”.

Varios miembros de la FRIP han sido señalados por presuntos actos de corrupción y colusión con el crimen organizado. A finales de mayo, el gobernador Eduardo Ramírez ordenó la destitución de José Carlos Lemus Vidal, comandante de los Pakales en el municipio de La Concordia, luego de que uno de sus agentes lo denunciara por colusión con grupos criminales. Por otro lado, en julio, Gustavo Ruiz Laparra, director jurídico de la Fiscalía General del Estado, fue detenido por presuntos delitos de secuestro y extorsión. La detención de un funcionario de primer nivel generó serias interrogantes sobre la posible infiltración de la delincuencia organizada dentro de la institución.

Por otro lado, en julio, el Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció la intimidación de la que ha sido víctima en los últimos meses, siendo la más reciente el allanamiento a la vivienda de Dora Roblero directora del Frayba ocurrido este mismo mes en San Cristóbal de Las Casas. Manifestó que “en menos de diez meses, este sería el segundo allanamiento contra un integrante del Frayba, en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática”.

Procesos en defensa de la tierra, el territorio y la vida

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), el gobierno comunitario de Chilón y diversas localidades de la zona, exigen la cancelación de la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas. El 8 de junio, el gobernador Eduardo Ramírez inauguró la construcción de la carretera y declaró que “será un detonante para el desarrollo social, económico, comercial y turístico”. Aseguró que “no será concesionada, ya que pertenece a las comunidades y se construirá con pleno respeto al entorno”.

Sin embargo, las organizaciones señalaron que “en el proceso que organizó el gobierno se obtuvo el consentimiento de un pequeño grupo de poder que no representa el sentir y pensar de nuestros pueblos. Esta obra representa el inicio de la devastación de nuestra madre tierra y de toda la vida que hemos preservado durante siglos (…) además de alterar los modos de vida comunitarios, facilitar el despojo territorial y abrir paso a intereses extractivistas”. Por lo mismo, exigieron “la cancelación inmediata del proyecto carretero”.

El amparo presentado para frenar la construcción fue rechazado en julio. Los representantes de las comunidades afectadas esperan la resolución de un recurso de revisión que presentaron tras la negativa a la suspensión definitiva.

En agosto, más de 3.000 personas peregrinaron en Chilón para manifestar su rechazo a la construcción de la autopista San Cristóbal – Palenque. Las comunidades consideran el proyecto de la autopista una amenaza para sus territorios, el medio ambiente y su autonomía. Las tierras que estarían afectadas se encuentran en Chilón, Ocosingo, Yajalón y Tila e incluyen zonas agrícolas, tierras sagradas y ecológicas. Los asistentes también expresaron su preocupación por la militarización creciente en la región y la criminalización de defensores comunitarios. Denunciaron actos de despojo, amenazas, extracción de materiales sin consentimiento, y exigieron la atención a los dos amparos interpuestos.

En otras formas de resistencia, en julio se llevó a cabo el “Encuentro Internacional en Defensa de la Vida: El Maíz, El Agua, El Territorio y La Madre Tierra” en el municipio de Chilón. Los participantes denunciaron que los territorios de los pueblos originarios se encuentran amenazados por megaproyectos impuestos por los gobiernos sin el consentimiento de los pueblos e instrumentalizan las consultas para consumar el despojo. Asimismo, señalaron la militarización de sus territorios, así como la presencia del crimen organizado y su complicidad con las autoridades. Exigieron respeto a la autonomía de los pueblos originarios.

En agosto, el encuentro internacional Resistencias y rebeldías: Algunas partes del todo, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se celebró en el caracol de Morelia, municipio de Altamirano, con la participación de personas de 37 países a través de los siguientes temas: Como mujeres que somos; Destrucción de la naturaleza; Ataques a la diferencia en todas sus variantes; Destrucción de identidades, pueblos y comunidades; Resistencia y rebeldía en el arte y la cultura; Migración, racismo, segregación; Las guerras y la destrucción de la vida; entre otros.

“Justicia incompleta” (Frayba)

En julio, se cumplieron 4 años del asesinato del catequista y exdirigente de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López. El Frayba, destacó que “aunque el autor material ha sido sentenciado, la justicia sigue incompleta, ya que la FGE no agotó todas las líneas de investigación, ni esclareció la responsabilidad de autores intelectuales, omisión que (…) se convierte en una forma de tolerancia a la violencia contra quienes defienden la vida”. “La impunidad que cubre el caso de nuestro compañero Simón, es la misma que cobija la violencia que azota la región de los Altos, en medio de una diversificación de grupos armados y criminales”, declaró.

En agosto, el Frayba se posicionó ante la sentencia de 20 años de prisión que recibió el “autor material” del asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez, “manteniendo la injusticia desde una estrategia institucional que clausura la verdad, sin que se aportaran pruebas que condujeran a los autores intelectuales”. Denunció que “las acusaciones contra el Padre Marcelo para atacar, intimidar y silenciar su trabajo como defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, forman parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras en Chiapas”. Pidió al Estado mexicano que “se investigue sin atajos ni pactos de impunidad. Porque cuando se ejecuta a quien lucha por la vida, no basta con condenar: hay que nombrar, esclarecer y transformar”.

OAXACA: Defensores de derechos humanos siguen enfrentando agresiones y criminalización

En mayo, representantes de 33 organizaciones de la sociedad civil denunciaron la grave crisis de derechos humanos que existe en Oaxaca. Destacaron en particular la situación de las personas defensoras de derechos humanos, habiendo documentado el asesinato de 58 de ellas, de las cuales 55 pertenecían a un pueblo indígena. Denunciaron también la criminalización de la protesta social, que ocurre principalmente en las comunidades indígenas, contra defensores comunitarios y personas provenientes de organismos civiles. “Los asesinatos de integrantes de comunidades es debido a la persistencia de conflictos agrarios, así como la oposición comunitaria a megaproyectos en sus terrenos ha traído consigo el desplazamiento forzado, la división del tejido social, los asesinatos y el amago de prisión de personas defensoras”, declararon. El informe recalca, asimismo, la impunidad y la no denuncia de las víctimas, “producto de la inacción gubernamental e incluso las repercusiones negativas cuando se denuncia, incluyendo la pérdida de la vida”.

En los ejemplos más recientes, en junio, organizaciones civiles exigieron garantías de protección para la organización para la equidad de género Ciarena, tras un nuevo allanamiento en sus oficinas ubicadas en San Juan Cotzocón. Este hecho se suma a una serie de agresiones y hostigamientos que han sufrido por su labor. Se ha señalado como presunto responsable de las amenazas en su contra a César Pulido Herrera, actual funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y exagente municipal de María Lombardo. “A pesar de que las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los señalamientos y antecedentes, las agresiones continúan en un clima de total impunidad”, denunciaron organizaciones civiles.

En junio, en el marco del 40º aniversario de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), fue convocada una marcha en los municipios de Matías Romero y Santa María Petapa. La misma hizo un alto en las vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, para “exigir el cese a la criminalización de decenas de indígenas cuyo único delito es la defensa de sus viviendas y tierras”. Del 2022 al 2024, se documentó la apertura de 55 carpetas de investigación contra personas defensoras que se oponían al Corredor Interoceánico. También recordaron a más de veinte compañeros y compañeras asesinados por su labor en la defensa de la tierra y el territorio.

Ante este contexto represivo, en agosto, más de 150 representantes de comunidades indígenas y 17 organizaciones sociales finalizaron el “Foro Regional: Defensa del Territorio y Autonomía frente a Megaproyectos” en Santo Domingo Tehuantepec. “Enfrentamos una embestida capitalista gubernamental sin precedentes del modelo extractivista que, bajo el discurso del desarrollo y utilidad pública, impone megaproyectos como la minería, concesiones de agua, proyectos turísticos y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sin respetar nuestros derechos colectivos, nuestras formas de vida, nuestra relación con el territorio y la vida misma”, señalaron. Exigieron al gobierno mexicano, federal y estatal, el respeto pleno a los derechos de los pueblos indígenas, a la libre determinación y autonomía.

GUERRERO: “La justicia que no llega”, Tlachinollan

En junio, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue absuelto en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa, en septiembre de 2014, en Iguala. Ello, al considerar que no hay pruebas suficientes y se negó el amparo interpuesto por los padres y madres de los 43 normalistas, que buscaban revertir el fallo que, en 2019, lo exoneró de los cargos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro y delitos relacionados con el narcotráfico. Abarca había sido señalado como uno de los presuntos involucrados en el caso desde las primeras investigaciones. A pesar de la absolución, el exfuncionario permanecerá preso, al ser sentenciado a 20 años de cárcel por un asesinato, además de que está sujeto a proceso por los delitos de lavado de dinero y contra la salud. La presidenta Sheinbaum manifestó su desacuerdo, “con que los jueces, sin explicación alguna, absuelvan cuando hay sustento en la investigación”. Confió en que, con la nueva configuración del Poder Judicial, puedan evaluar la labor de jueces y magistrados y, en caso de irregularidades, sancionarlos.

En julio, las familias expresaron su molestia, al considerar que se está retomando la cuestionada “verdad histórica” del sexenio anterior en el caso. Ante la inconformidad, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que lo presentado no corresponde al trabajo del nuevo equipo especial, que opera desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y estaría aplicando una estrategia distinta, con apoyo tecnológico. Pidió que se le dé una oportunidad para demostrar el nuevo rumbo de la investigación. Mientras tanto, las familias han seguido exigiendo que se retomen las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, y que se muestre con claridad la ruta que seguirá la investigación.

En casos más recientes, en junio, a dos meses del asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), dicha organización, familiares suyos y el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, exigieron que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR). Señalaron que “la Fiscalía General del Estado se encuentra pasmada ante el crimen contra el defensor ambiental”, y denunciaron que dicha instancia no ha presentado ningún avance.

En julio, se llevó a cabo un evento para celebrar el 22º aniversario del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), a un costado del río Papagayo, donde fue montado un plantón en esa misma fecha de 2003 para impedir el paso de la maquinaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que pretende, desde hace más de dos décadas, construir una presa hidroeléctrica en este lugar. Miembros del Cecop exigieron que la cancelación definitiva del proyecto sea establecida mediante decreto, así como esclarecer el asesinato de su ex vocero, Marco Antonio Suástegui. También recordaron que Marco Antonio murió sin encontrar a su hermano, Vicente, también opositor a la presa y fundador de la policía comunitaria de Cacahuatepec, quien fue desaparecido en 2021.