L a relación entre México y Estados Unidos ha sido históricamente compleja, con aspectos sólidos de cooperación e interdependencia, pero también con tensiones comerciales y disputas sobre soberanía que han sido particularmente significativas desde el regreso a la presidencia de Donald Trump en enero de 2025.

En febrero, el Senado mexicano aprobó una reforma constitucional que busca fortalecer los principios de no intervención y no injerencia. La propuesta fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum después de que la administración de Trump designara a los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos como organizaciones terroristas, lo que alentó las preocupaciones sobre una posible intervención de agentes estadounidenses en territorio mexicano. Se estipuló que no se aceptarán “intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero”, en particular “golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

Otro punto clave de la reforma es el endurecimiento de penas para el tráfico de armas. Se establece que cualquier persona—nacional o extranjera—involucrada en la fabricación, distribución, traslado o introducción ilegal de armas al territorio mexicano recibirá la pena más severa posible y enfrentará prisión preventiva. Dado que más del 70 % de las armas utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de Estados Unidos, la medida parece estar dirigida principalmente a ciudadanos de ese país.

Inician campañas para elegir cargos en el poder judicial

El 30 de marzo iniciaron las campañas judiciales que culminarán el próximo 1º de junio, cuando casi 100 millones de electores tendrán la posibilidad de elegir 881 cargos en el poder judicial federal de entre 3.422 candidaturas; ello, fruto de la reforma constitucional promulgada en septiembre por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “México será el país más democrático del mundo” porque votará para los tres poderes. Sin embargo, la oposición y varios mecanismos de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales han alertado sobre los riesgos que implicará este cambio, en particular la posible injerencia del Ejecutivo y el crimen organizado en el aparato de justicia mexicano.

Dos semanas después del inicio de las campañas, la organización Defensorxs en su sitio web “Justicia en la mira”, señaló a al menos una docena de candidatos acusados de tener vínculos con el narcotráfico, delitos sexuales, asesinatos o participación en sectas político-religiosas. También documentó que diversas estrategias de campaña están basadas en la apropiación cultural y simbólica de los pueblos indígenas. Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su preocupación por la elección judicial: “tenemos temores de que puedan caer en manos del crimen organizado, de las personas a modo que son candidatos, que lleguen las personas que no son las más idóneas”.

La crisis de desapariciones no cede

En marzo, se realizaron manifestaciones en todo el país en el marco del luto nacional por desaparecidos tras el hallazgo del centro de “exterminio” en Teuchitlán, Jalisco. El lugar, presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para deshacerse de cuerpos y entrenar a reclutas, fue inicialmente inspeccionado por la Guardia Nacional en 2024, pero la investigación fue incompleta. El rancho fue “redescubierto” el 5 de marzo por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco tras una llamada anónima. Los integrantes del colectivo encontraron hornos crematorios, restos humanos y varios objetos personales como zapatos, mochilas y ropa. Un presunto sobreviviente del rancho Izaguirre reveló que las personas que no cumplían con las órdenes o eran consideradas débiles eran asesinadas.

En el operativo de la Guardia Nacional de 2024, fueron detenidas diez personas; sin embargo, los elementos de la GN no vieron ni uno de los 1.300 objetos encontrados ahora. Las evidencias demuestran que los restos ya estaban allí en el momento de su inspección por la Fiscalía de Jalisco. La Fiscalía General de la República confirmó que la Fiscalía estatal cometió múltiples omisiones en su investigación.

Claudia Sheinbaum reaccionó ante el caso pidiendo cautela antes de sacar conclusiones. Fue criticada por minimizar el número de desapariciones y por seguir un enfoque que margina a los colectivos de madres de desaparecidos. Su estrategia parece buscar evitar que el caso se convierta en un escándalo político mayor, similar al de Ayotzinapa, y minimizar la responsabilidad del gobierno frente a la crisis de desapariciones.

En abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención contra Desapariciones Forzadas, solicitando a México información urgente y abriendo la posibilidad de intervención a la Asamblea General de la ONU. El artículo plantea que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado al Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.” Olivier de Frouville, presidente del Comité, destacó que México se encuentra en una “situación preocupante” y, en consecuencia, se consideró necesario tomar medidas cautelares.

Sheinbaum negó la existencia de la desaparición forzada desde el Estado y señaló las desapariciones como fenómeno relacionado con la delincuencia organizada, mientras que el gobierno hace todo lo posible por combatirlo. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también expresó críticas en contra del presidente del Comité de la ONU y anunció que exigirán sanciones contra el funcionario.

Al día siguiente, familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda clausuraron simbólicamente la sede del Senado en la Ciudad de México. “Clausurado por falta de compromiso con los familiares de personas desaparecidas” o “Negar y Ocultar es Desaparecer +127 mil Desaparecidos” se podía leer en los vinilos colgados en las rejas que rodean el Senado. Asimismo, denunciaron que los familiares que buscan a sus seres queridos también se han vuelto objeto de amenazas y ataques, con al menos 27 personas asesinadas desde 2010 a la fecha Tres buscadoras más se encuentran desaparecidas.

Defensores de derechos humanos y periodistas: sectores en riesgo

En abril, Artículo 19 presentó el informe “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información”, que expone los principales obstáculos que enfrenta México en materia de libertad de expresión, acceso a la información y violencia contra la prensa. Documentó que en 2024 se registraron 639 agresiones contra la prensa, incluidos cinco periodistas asesinados. Denunció que este número representa un incremento del 13,9 % frente a 2023 y equivale a un ataque cada 14 horas. Lamentó que, —no obstante— la gravedad de la situación, “el año pasado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) únicamente atrajo 84 investigaciones”. La organización también alertó sobre el crecimiento del acoso judicial como método de censura. El Estado mexicano se mantuvo como el principal agresor (44,91% del total).

En abril, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó su onceavo Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, en el que reporta que 25 defensores del medio ambiente y los territorios fueron asesinados en 2024. 45 % pertenecía a pueblos indígenas. Durante los últimos cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros tres meses del de Claudia Sheinbaum, de 2020 a 2024, se registraron 1.428 agresiones a defensores del medio ambiente, incluyendo 189 homicidios. El informe igualmente documenta la cada vez mayor participación de autoridades como responsables de las agresiones. Las entidades con mayor violencia fueron Oaxaca, Ciudad de México y Chiapas.

CHIAPAS: “Hemos construido la paz, vamos ahora por el desarrollo y el progreso”, ERA

El 15 de marzo, en Tapachula, se llevó a cabo el informe de gobierno por los primeros 100 días de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar (ERA) al que tituló “100 días viviendo en paz”. Durante su discurso, destacó los temas de seguridad y megaproyectos. En cuanto a seguridad, aseguró que Chiapas se encuentra en la segunda posición de los más seguros del país y que, incluso, la Presidenta de la República, reconoció la estrategia de seguridad implementada y lo invitó a una reunión con otros gobernadores para ver la manera de replicar este modelo. Empresarios y productores de Chiapas declararon haber notado “un cambio en los primeros días, hubo operativos y más vigilancia, pero la delincuencia ahí está. Mientras eso pase, la economía seguirá estancada”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en el marco de su 36º aniversario, declaró: “es importante insistir en que no va a existir ninguna paz mientras los grupos armados vinculados a la delincuencia organizada, vinculados a grupos de poder que se han enraizado por décadas en el estado de Chiapas, no sean desarticulados, judicializados y desarmados. (…) la paz no es que haya un paréntesis y un respiro con menos enfrentamientos, tiene que ver con la construcción de procesos de justicia”.

En los proyectos económicos prioritarios de ERA: la autopista San Cristóbal-Palenque

En febrero, en Bachajón, municipio de Chilón, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la Consulta Pública para la construcción de la Autopista Carretera Palenque-Ocosingo, proyecto que fue aprobado “por unanimidad” por los ejidos presentes.

Posteriormente, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), integrado por tseltales, tsotsiles y choles de 13 municipios de las regiones Altos y Selva de Chiapas, manifestó su oposición a dicha autopista: “No queremos más destrucción de la Madre Tierra y de nuestra cultura, hoy volvemos a manifestarnos en contra de un proyecto que pretende despojarnos de nuestros territorios ricos en agua, árboles y vastos bienes naturales, un proyecto que esconde lo de siempre: colonialismo, racismo y favorecimiento a los intereses de las grandes transnacionales, empresas extractivistas, el narco y el gobierno”.

Por su parte, el gobierno comunitario de Chilón denunció que “algunas comunidades han recibido amenazas por parte de ingenieros que toman las muestras de suelo, advirtiendo que, de no permitirlo, la siguiente vez estarían acompañados” de agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), “generando con esto temor y miedo en la población”. Afirmó asimismo que el proyecto “ha estado lleno de irregularidades y violaciones a nuestros derechos como pueblos originarios, ya que han sacado estudios de suelo sin nuestro consentimiento y sin información previa de por qué y para qué será utilizado”. Agregó que “algunas de las autoridades comunitarias, que son la voz del pueblo, en realidad están tomando decisiones propias y sin consultar a las comunidades, además de que no están rindiendo informes del proceso de construcción de la autopista, violando con esto los reglamentos internos de nuestros ejidos”. Aclaró que “no estamos en contra del progreso; como pueblos originarios entendemos y creemos en el lequil cuxlejal (buen vivir), el cual no es posible pasando por encima de nosotros y nosotras, destruyendo y despojándonos de nuestro territorio”.

En marzo, tuvo lugar una consulta pública denominada “La autopista es nuestra, la ruta de las Culturas Mayas”, organizada por el gobierno en los municipios de Palenque, Ocosingo, Chilón, Salto de Agua y Tumbalá. Autoridades informaron que, con más de 39.000 votos a favor, se aprobó la construcción del primer tramo de la autopista San Cristóbal-Palenque. Es importante subrayar que fue una consulta pública y no indígena, con los requisitos que ello conllevaría.

Ante ello, integrantes del MODEVITE y del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón, manifestaron su rechazo hacia el proyecto, así como hacia las consultas populares. Informaron que interpusieron dos amparos por vacíos legales en el derecho a la consulta y la falta de información pública sobre el proyecto mismo. Señalaron que no se consultó a las comunidades que van a ser directamente afectadas por la autopista, y la mayoría de los votantes fueron habitantes de las cabeceras municipales.

Peregrinaciones, denuncias, eventos y otros esfuerzos organizativos

Del 13 al 19 de abril se llevó a cabo el encuentro de arte, rebeldía y resistencia, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), primero en el caracol Jacinto Canek (municipio oficial de Tenejapa), y luego en las instalaciones del CIDECI Uni-Tierra en San Cristóbal de las Casas.

Participaron más de 1000 artistas de 28 diferentes geografías, presentando diferentes formas de arte como danza, canto, circo y artesanías, entre otras. En el evento de cierre, el Subcomandante Moisés denunció que agentes de la Guardia Nacional y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), hicieron presencia afuera de las instalaciones del CIDECI Uni-tierra. En mayo, después de varias movilizaciones nacionales e internacionales, se logró liberar a los dos bases de apoyo del EZLN, José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, quienes habían sido detenidos el pasado 24 de abril en el municipio de Aldama. El EZLN publicó: “Este logro de la liberación de nuestros dos compañeros inocentes fue fruto de un triple esfuerzo: el de los defensores de los derechos humanos, el de la solidaridad y apoyo nacional e internacional, y el de la justicia autónoma.”

En abril, tanto la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) como el Pronunciamiento Feminista Comunitario denunciaron el feminicidio de dos mujeres tsotsiles de 18 y 14 años, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida en San Juan Chamula. Afirmaron que se trató de un feminicidio; y rechazaron categóricamente la postura de la Fiscalía General del Estado, la cual ha hablado de “crimen pasional”. Consideraron que este tipo de clasificaciones revictimizan a las víctimas y omiten la violencia de género como causa estructural del asesinato. Denunciaron que, durante los primeros tres meses del año, se reportaron 452 carpetas de investigación por delitos hacia mujeres, incluidos siete homicidios, cuatro tentativas de homicidio, cuatro feminicidios y cuatro tentativas de feminicidio.

En mayo, en el marco de la conmemoración del primer aniversario de la masacre de 11 personas en el ejido Nuevo Morelia en Chicomuselo por grupos criminales, se realizó una peregrinación con familiares de las víctimas y más de mil integrantes de la Diócesis de San Cristóbal. En un comunicado, se destacó: “Vivimos tiempos difíciles con mucho dolor, indignación e impotencia ante la realidad de la violencia que hemos sufrido y seguimos siendo víctimas. Desde hace muchos años venimos denunciando la oleada de injusticias, violaciones a nuestros derechos humanos y colectivos, el saqueo de material minero, y nunca fuimos escuchados”. “(N)uestras voces fueron silenciadas por las armas, fuimos obligados a ponernos como barrera humana en los enfrentamientos entre grupos delictivos, fuimos golpeados por quienes debían garantizar la seguridad de nuestros pueblos, nos vimos en la necesidad de huir de nuestras comunidades para salvar nuestra vida, regresamos, no porque hubiera condiciones de seguridad garantizadas por el estado, sino por el temor de perder nuestro patrimonio”, añadieron. “Mucho se ha dicho que la paz ha llegado a nuestros pueblos, pero desde nuestra fe y nuestra esperanza sabemos que la paz no es una simple palabra, sino que brota de la justicia (…) como pueblos de Chiapas necesitamos una verdadera paz, que no es sinónimo de militarización, una paz donde los pueblos podamos ser libres de violencia, amenazas e intimidaciones, donde se restablece el estado de derecho para todos y cada uno”, puntualizaron.

OAXACA: Uno de los estados con mayor agresión hacia defensores de derechos humanos

En febrero, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) informó sobre el cierre temporal de sus oficinas ante las amenazas y el clima de violencia que predomina contra sus abogados en la región, ello tras la emboscada de tres personas que fueron asesinadas el pasado 13 de febrero en el marco del conflicto agrario entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán Mixe. Asimismo, demandó que cesen las campañas de estigmatización por sus labores en defensa de los derechos humanos.

Igualmente, en febrero, Cristino Castro Perea fue asesinado en Barra de la Cruz. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) resaltó que desde 2023, su colectivo “Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz” es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Llamó a las autoridades a garantizar la protección de los integrantes del colectivo, así como a realizar una investigación pronta y efectiva. El asesinato de Castro no es la primera agresión contra defensores en la zona: en 2021, José Castillo Castro, líder comunitario, también fue atacado; y en 2018, Noel Castillo Aguilar, del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), fue asesinado. Ambos crímenes siguen impunes.

En marzo, la defensora zapoteca Silvia Pérez Yescas denunció múltiples agresiones y amenazas por parte de grupos locales armados. Asimismo, la fundadora de “Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales” (CIARENA), informó que la organización permanece clausurada por la misma razón.

En abril se localizaron en Veracruz los cuerpos de la activista indígena mixe, Sandra Estefana Domínguez Martínez, y de su esposo, Alexander Hernández Hernández, quienes se encontraban desaparecidos desde octubre de 2024, poco tiempo después de que Sandra denunciara a funcionarios del gobierno de Oaxaca por violencia de género contra mujeres indígenas ayuuk. Tras la noticia, familiares de Sandra y organizaciones acompañantes declararon “Después de 206 días de angustia, de noches interminables y de una lucha incansable para exigir su regreso, hoy con el corazón desgarrado, confirmamos que hemos encontrado a Sandra. (…) Será siempre reconocida como una defensora incansable. Como mujer ayuuk, abrazó la defensa de su pueblo y de todas las mujeres indígenas que sufrían violencias o discriminación.”

Igualmente, en abril, Emelia Ortiz García, integrante del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult) denunció que su domicilio había sido allanado y le habían sido robados pruebas de casos de violencia, además de artículos personales. Destacó que en dos ocasiones más, desconocidos entraron a los lugares donde guarda sus pertenencias, robando documentación relacionada con casos de integrantes del Mult asesinados o desaparecidos.

También en abril, más de 20 organizaciones nacionales e internacionales se manifestaron para exigir un alto al hostigamiento y la criminalización de 24 integrantes de las comunidades Ayuujk y Binizaa, quienes se oponen a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: “Ante la falta de atención a sus demandas, han ejercido acciones legítimas de defensa de sus territorios y proyectos de vida, por lo cual hoy enfrentan procesos judiciales injustos que buscan silenciar su resistencia”, dijeron.

En abril, se llevó a cabo el Segundo Foro en Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca en Santa María Atzompa, mismo que contó con la participación de representantes de 30 organizaciones sociales y 72 comunidades. Denunciaron que “el Segundo piso de la cuarta transformación maneja un doble discurso, por un lado, habla de desarrollo y bienestar para los pueblos, cuando en los hechos solo ha profundizado el avance del desarrollo industrial con fines extractivistas”. Agregaron que “vivimos un despojo a cielo abierto donde la legalidad se conjuga con la violencia del crimen organizado.”

GUERRERO: “Violencia imparable, impunidad incólume”

En abril, el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui, resultó herido luego de que un hombre le disparara en Acapulco. Murió unos días después a consecuencia de sus heridas.

“El asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz es un hecho funesto para el movimiento social de Guerrero y un botón de alarma para los luchadores y luchadoras sociales que están en las trincheras dando la batalla para defender los derechos de la población olvidada y perseguida de nuestro estado. Este contexto de violencia que envuelve a nuestra entidad y que nos ha colocado como rehén de la delincuencia, es un indicador grave de la descomposición de las instituciones del Estado y de la claudicación de las autoridades que han bajado la guardia para hacer valer el Estado de derecho”, expresó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en el boletín “Violencia imparable, impunidad incólume.”

Poco después, Samantha Valeria Colón Morales, esposa del activista desaparecido Vicente Suástegui, denunció amenazas de muerte tras el asesinato de su cuñado, Marco Antonio Suástegui, donde le dijeron que ya desaparecieron a su esposo Vicente, ya asesinaron a Marco Antonio y que la próxima víctima será ella.

En otro proceso de lucha por la defensa de la tierra y el territorio, en las últimas semanas ha resurgido la tensión entre la población del Carrizalillo y la minera Equinox Gold, la tercera transnacional en extraer oro durante los 20 años de minería en este lugar. Según el ejido, esta medida busca presionar a la comunidad para que firme un nuevo convenio de ocupación, que reduciría en un 65 % el pago de renta y eliminaría beneficios sociales, incluyendo el apoyo para la compra de medicamentos para la población enferma por la contaminación del aire y otros factores derivados de la explotación minera. El ejido pidió a la empresa que “inicie de forma expedita el proceso para la restauración y rehabilitación de nuestras tierras, la flora y fauna y las mitigaciones que deben realizar para contener el incremento de las emisiones y daños ambientales, todo conforme al marco normativo”.

Casi 100 organizaciones de Canadá, más de 66 redes y organizaciones de México y otras 31 de 12 países, enviaron una carta a Equinox Gold para expresarle su preocupación ante las amenazas, violencia y persecución legal hacia la comunidad de Carrizalillo en el contexto de renegociación del convenio de arrendamiento, señalando que “funcionarios del estado de Guerrero han sido parte de las tácticas de presión e imposición del convenio, desprotegiendo los derechos de la comunidad.”

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M) miles de mujeres marcharon en Guerrero para exigir que se frenen la violencia y los feminicidios. De acuerdo con la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, de 2022 a 2025, se han perpetrado 432 homicidios en contra de mujeres en el estado. En el caso de la Montaña, Tlachinollan declaró que “a las autoridades municipales, estatales y federales no les interesa la violencia contra las mujeres. Tlachinollan ha registrado 130 feminicidios desde el 2006 al 2025, pero las instituciones no han realizado las investigaciones. Al contrario, les han negado la justicia a las víctimas. Los feminicidas andan libres, en plena impunidad.”