E l próximo 6 de junio se realizarán elecciones en México en las que se definirán 500 diputaciones y más de 20 mil 300 cargos locales, incluidas 15 gubernaturas. Se realizarán en medio de la pandemia por COVID-19. A un año del inicio la emergencia sanitaria, el número de contagios superó los 2 millones 500 mil casos y más de 220 mil personas han fallecido. Si bien las cifras oficiales han ido en descenso y la vacunación ha ido avanzando, la emergencia sanitaria se mantiene.

Otra característica omnipresente en este proceso electoral es la violencia política. Para mediados de mayo, ya se habían documentado 563 ataques contra políticos y candidatos. 83 de éstos fueron asesinados (63 de los cuales eran de un partido distinto al gobernante en sus estados), de acuerdo con la consultora Etellekt. Se señala como uno de los factores de tan altos índices de violencia la penetración del crimen organizado en las campañas pero no es el único. Estas elecciones son “intermedias”, al coincidir con la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y será un elemento para definir la continuidad de su proyecto llamado Cuarta Transformación. Existe una gran disputa entre los diferentes sectores políticos a favor o en contra.

En elementos de análisis, la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) planteaba en un boletín: “El debate que existe es si realmente Morena ha empujado los cambios que el país demanda. Existe una duda fundada sobre si frente a lo que estamos es realmente ante una transformación de la vida pública. Por un lado, Morena ha golpeado a algunos sectores que gozaban en el pasado de grandes privilegios: un sector del empresariado, la prensa y medios de comunicación, la “burocracia dorada”; se han impulsado acciones de vital importancia para beneficiar a los empobrecidos de este país como el aumento al salario mínimo, el apoyo a jóvenes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad, y algunos de sus programas sociales. Sin embargo, por otra parte, (…) se han empoderado a las fuerzas armadas, se ha confrontado a movimientos sociales como el ambientalista y el de mujeres, se ha cooptado a instituciones como la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y el Poder Judicial. Se embate contra las organizaciones de la sociedad civil, periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos, a quienes se ha calificado como “conservadores” desde Palacio Nacional”.

Defensores de derechos humanos y comunicadores: vulnerabilidad

México se encuentra en el cuarto lugar entre los países más letales del mundo para las personas defensoras de derechos humanos. En 2020, fueron asesinadas 19 personas defensoras. Se ha señalado que uno de los factores de vulnerabilidad nace de los cuestionamientos desde el mismo mandatario. Ejemplo de ello, en marzo, el presidente López Obrador sostuvo que “en gobiernos anteriores se permitieron las masacres y los defensores de los derechos humanos de la llamada sociedad civil se quedaron callados ante las masacres, incluso los organismos de la ONU y defensores de derechos humanos de la OEA”. Organizaciones civiles respaldaron las acciones de la ONU-DH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo que su trabajo sea respetado.

Igualmente en marzo, AMLO afirmó que la organización a favor de la libertad de expresión Articulo 19 “está apoyada por el extranjero, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra”. En este mismo marco, criticó a Estados Unidos por opinar sobre las violaciones a los derechos humanos en México, incluidos los ataques a periodistas en el informe anual del Departamento del Estado en el que se expresa que “si bien las y los periodistas mexicanas gozan de libertad de criticar al gobierno, el presidente los desacredita públicamente, lo cual ha causado que las y los comunicadores reciban ataques y amenazas en redes sociales”. En 2020 se registraron 692 agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Ante los señalamientos directos, Artículo 19 reprobó que López Obrador pretenda “desprestigiarnos y descalificarnos sin sustento alguno”, al referir que la organización tiene financiamiento internacional, lo cual es público. Cuestionó que desde que asumió el poder, el presidente hace uso de “este ejercicio tergiversado de derecho de réplica”, usándolo “desde la descalificación y esto lo que genera es un efecto inhibitorio”. A su vez, más de 160 organizaciones civiles y periodistas expresaron su respaldo al trabajo de Artículo 19. “Los señalamientos del presidente en contra de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, comunicadoras, comunicadores y periodistas abonan a la polarización existente en el país, y a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran”, señalaron.

8M: miles de mujeres marchan para exigir una vida libre de violencia

El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer y a pesar de la pandemia, miles de mexicanas marcharon en varios estados de la República para exigir una vida libre de violencia. Estas manifestaciones se dieron en un momento de desencuentro con la administración de AMLO cuando él declaró todavía en su conferencia matutina previa que los movimientos feministas son “grupos manipulados por los conservadores y sus exigencias son ataques políticos” (ver Artículo).

Llamativamente, el mismo día, las comisiones del Senado aprobaron entre otros sacar a la Fiscalía General de la República (FGR) del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en aras de “preservar su autonomía”. 

En los avances, en abril, fue aprobada la ley Olimpia con la que se establecen disposiciones para sancionar la violencia digital. Colectivos feministas de al menos 10 estados, presentes afuera del recinto, estallaron en júbilo al escuchar la decisión.

Reforma de la FGR: un retroceso en materia de derechos humanos

En abril, el Senado aprobó el proyecto para expedir la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR). El Centro Agustín ProDH alertó que “para preocupación de amplios sectores de la sociedad civil, colectivos de familiares y personas académicas y expertas en derechos humanos, se materializaron graves retrocesos”. “Elimina derechos de las víctimas, cancela instancias de rendición de cuentas, erosiona controles para designación de fiscales y desvincula a la FGR de mecanismos de coordinación interinstitucional (…) empleando la autonomía como pretexto”, denunció. Muchos colectivos de familias de víctimas, en particular de desaparición, también se han pronunciado en contra del dictamen y denuncian haber quedado fuera del debate.

Incluso la Ley fue criticado por funcionarios de alto nivel. La jefa de la Comisión Nacional de Búsqueda Karla Quintana cuestionó que “lo que hace es limitar y negar derechos de las víctimas (…). Niega la facultad de atracción de los casos e incluso la complica para que no esté obligada a hacerlo. Nos retrocede décadas en lo conseguido en materia de derechos humanos. En general el tema de la autonomía en la ley muestra una completa incomprensión del término, que no creo que sea un error, es completamente intencional”.

Pueblos indígenas: entre atención y contradicciones

En abril, fue aprobada la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que debería permitir a estos sectores “opinar sobre proyectos administrativos y legislativos que pudieran afectar(les)”. Sin embargo, también se avaló que “no habrá incremento al presupuesto para este tema en el presente ejercicio fiscal”. En los hechos impide la implementación de la ley que algunos opositores calificaron de “simulación”.

En mayo, el presidente viajó a Quintana Roo, donde ofreció disculpas a los pueblos mayas por los agravios históricos que han sufrido”. “Estamos aquí ofreciendo perdón y exponiendo que jamás vamos a olvidar a los pobladores del México profundo”, abundó.

No obstante, en una carta abierta, el grupo de historiadores mayas Chuunt’aan Maya, de Yucatán, declaró que “hay muchas cosas que continúan: siguen talándonos los montes para sembrarlos de soja, siguen quitándonos los montes y cenotes que hemos defendido”. Esta “petición de perdón pueda ser la oportunidad para sentarnos a conversar”, agregó. Por su parte, colectivos indígenas de Yucatán organizadores de la campaña U Jeets’el le ki’ki’ kuxtal (Por una vida digna), rechazaron las disculpas al considerar que se da a la par de despojos y violaciones a derechos humanos. “Quien pide perdón perpetúa el racismo, la discriminación y el menosprecio”, acusaron. Plantearon que persiste la colonización, “cada día con más violencia e intensidad”, con la imposición de los megaproyectos.

MEGAPROYECTOS: Visiones encontradas

En febrero, fueron concedidas 3 nuevas suspensiones provisionales para el Tramo tres del Tren Maya. Las demandas de amparo se hicieron en contra de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), otorgada al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y fueron presentadas por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” y el Colectivo Chuun t’aan Maya. Argumentaron la violación al derecho a la información, a la adecuada participación y la omisión de una evaluación ambiental regional integral y no seccionada por tramos. Fonatur aseguró que estas demandas tienen un interés político, y que “fueron concebidos, escritos y presentados por organizaciones de la sociedad civil”, que no representan a pueblos indígenas.

En marzo, Fonatur anunció que será la Secretaría de la Defensa quien se encargue de la operación de “la totalidad del Tren Maya, y no solo los tramos 1, 6 y 7 como inicialmente se planteó”. Este anuncio supone que “todas las ganancias irán directo al Ejército” para financiar las pensiones de marinos y de soldados y para “garantizar la seguridad en la región”. Con esta decisión se da un respaldo “sin precedentes” a una institución “que acumula cada día más poder y la perpetúa como un agente económico y político para los gobiernos posteriores”, señaló el analista de seguridad, Alejandro Hope.

EZLN inicia “Travesía Por La Vida-Capítulo Europa”

Siete zapatistas, forman la fracción marítima de la delegación que visitará Europa. Cuatro son mujeres, dos son varones y unoa es otroa. 4, 2, 1. El escuadrón 421. En abril, la comisión marítima inició su “Travesía Por La Vida-Capítulo Europa”, con varios actos de despedida en territorios zapatistas en Chiapas. “La delegación recibió el mandato de los pueblos zapatistas para llevar lejos nuestro pensamiento, es decir, nuestro corazón. No solo para abrazar a quienes en el continente europeo se rebelan y resisten, también para escuchar y aprender de sus historias, geografías, calendarios y modos”, planteó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El 2 de mayo, el Escuadrón 421 salió desde Isla Mujeres, Quintana Roo, en La Montaña, el barco que los llevará a Europa en un viaje de 6 a 8 semanas. Se prevé lleguen a Madrid, el 13 de agosto, fecha en la que se cumplirán 500 años de la caída de Tenochtitlán, capital del imperio azteca a manos de los españoles. El objetivo es completar la travesía inversa a la de los conquistadores y “luchar por la vida, organizarse, defender, pero juntos”, expresó el subcomandante insurgentes Moisés. El EZLN anunció actividades en 30 países de Europa.

Migración: el cambio de presidente en EUA no marca una diferencia significativa en el acceso a derechos de los migrantes

En marzo, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano expresó su preocupación y rechazo ante “el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur”. Recordó además que dichas medidas “se dieron a conocer en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos para acceder a las vacunas contra la COVID-19”.

Si bien las organizaciones reconocieron “señales positivas del gobierno de Estados Unidos dirigidas a restablecer y mejorar el sistema de asilo y se anunció la intención de desarrollar una estrategia para atacar las causas de la migración centroamericana y para fortalecer el acceso a la protección internacional a nivel regional”, “todavía no se conocen los detalles específicos y hasta qué punto el gobierno llevará a cabo consultas reales con las organizaciones de la sociedad civil en la región”. Denunciaron que a la fecha “en la práctica, el enfoque de Honduras, El Salvador, Guatemala, y México hacia el desplazamiento forzado continúa siendo de seguridad nacional”.

En abril, se dio a conocer que Estados Unidos, México, Honduras y Guatemala llegaron a un acuerdo para reforzar sus fronteras lo cual implicará un despliegue de 10 mil funcionarios incluyendo la Guardia Nacional en la frontera sur de México.

CHIAPAS: Un contexto preelectoral altamente conflictivo

En marzo, ante las próximas elecciones, los Obispos de Chiapas se dirigieron a las y los ciudadanos, independientemente de sus convicciones religiosas, para animarles a votar de forma responsable, informada y crítica, pensando siempre en el bien común de la sociedad. Constataron que “a lo largo de los últimos procesos electorales se ha generado divisiones y enfrentamientos, que han derivado en violencia y muerte”. Lamentaron que en los partidos políticos “prevalezca la búsqueda de satisfacer intereses personales o de grupo». Igualmente se preocuparon porque “algunos grupos de poder, ligados a actividades delincuenciales, se infiltran en los partidos políticos o los coaccionan mediante el financiamiento de candidaturas a modo para gozar de protección e impunidad“.

A finales de marzo concluyó el registro de precandidatos para presidentes municipales, diputados federales y locales así como miembros del ayuntamiento en Chiapas. Militantes de Morena en distintos municipios protestaron por la imposición de candidatos de otros partidos, especialmente del Verde Ecologista de México, y acusaron a los líderes estatales de Morena de “manosear todo el proceso de selección de candidatos”, “dejando fuera a los verdaderos militantes”.

En medio de esta disputa, se mantuvieron varios focos rojos con poco o nula atención de parte de las autoridades actualmente enfocadas en la contienda electoral. Primer ejemplo de ello, el conflicto agrario añejo entre Aldama y Santa Martha, Chenalhó que ya ha dejado más de 20 muertos de ambos lados y varios heridos sigue sin resolverse. Aunque se firmaron acuerdos de paz en 2019 y en 2020, no se ha logrado poner fin a las agresiones armadas. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de Aldama. En mayo, se reportó una nueva muerte, en Aldama, hecho que ocurrió mientras elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal se encontraban en la misma comunidad que el fallecido.

En otra parte del estado, en mayo se reportó que la disputa agraria por la posesión de miles de hectáreas de tierras en el municipio de Venustiano Carranza entre integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata, OCEZ – Casa del Pueblo y de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos escaló nuevamente, dejando un saldo de al menos dos muertos. Los dos grupos están considerándose como el grupo agredido por el otro. Ante la situación, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), hicieron un “llamado urgente a la Paz y al diálogo”.

En abril, dos integrantes del Frayba fueron secuestrados mientras se trasladaban a Palenque. Tras 40 horas de detención, fueron liberados. Según noticieros, la retención se derivó de un percance automovilístico en el que se vio involucrado el vehículo donde viajaban. El Frayba desmintió esta información y expresó preocupación porque estas versiones “minimizan el contexto de violencia en la región y por consiguiente el alto riesgo que vivimos las personas defensoras de derechos humanos, tergiversando las agresiones a que constantemente somos blanco, haciéndolas pasar por hechos ajenos a nuestra labor.”

OAXACA: proceso electoral marcado por la violencia

A principios de mayo, se tenían integradas 15 carpetas de investigación por violencia electoral, seis de ellas por violencia política por razón de género. Dos de los casos más graves fueron el asesinato de Ivonne Gallegos, precandidata independiente a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos; y, el caso de la desaparición de Claudia Uruchurtu mientras realizaba una protesta en contra de la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán quien estaba buscando la reelección.

Otra fuente de conflictividad sigue siendo el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Dicho programa incluye, además de la rehabilitación de las vías férreas y la modernización del Puerto de Salina Cruz, la construcción de parques industriales. En mayo, se inició en San Blas Atempa y Santa María Mixtequilla la etapa informativa de la consulta indígena respecto a la instalación de dichos “polos de desarrollo”. En Mixtequilla, los presentes en la consulta, la mayoría comuneros, cuestionaron la “falta de información” y la forma “desleal y ventajosa” en que el gobierno acaparó las tierras. Hubo voces a favor y en contra, en su mayoría, cuestionaron la “prisa” por instalar la asamblea. Por su parte, comuneros de Puente Madera, agencia municipal de San Blas Atempa, bloquearon la carretera federal panamericana en rechazo a la consulta. Poco después, el presidente López Obrador anunció que el Corredor Interoceánico será administrado por la Secretaría de la Marina-Armada de México (Semar).

En cuanto a tierra y territorio, otro foco de preocupación ha sido el municipio de Santiago Jamiltepec, referente de resistencia pacífica contra megaproyectos hidroeléctricos. En marzo fue asesinado Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de Paso de la Reyna y parte del movimiento por la defensa del Río Verde. Con este caso se elevan a cinco los asesinatos durante 2021 contra actores sociales vinculados a dicha defensa. La organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) alertó sobre “el autoritarismo caciquil y la impunidad” que se viven en Paso de la Reyna. “Esta ola de violencia crece a la par de la total inoperancia de las instancias estatales y federales”, dijo.

Por otra parte, en febrero, Consorcio Oaxaca presentó un informe ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU sobre el panorama en Oaxaca. Alertó sobre la “simulación que existe en torno a la política pública de género”. Eso cuando, afirmó, el presupuesto otorgado al Estado para implementar acciones en este tema no fue asignado. Además, desde 2017 debió ser instalada la Comisión Estatal de Víctimas, misma que aún no existe. También habló del total desconocimiento en la materia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO). Aunado a esto, Consorcio proporcionó datos que dan cuenta de la poca utilización del tipo penal de feminicidio, así como la diferencia de casos registrados.

GUERRERO: Aumento exponencial de la violencia

En abril, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” lanzó la “Campaña por la vida: Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, para denunciar “el aumento exponencial de la violencia que ejercen grupos de la delincuencia organizada que actúan en colusión con los cuerpos de seguridad y demás autoridades locales”. En este marco, señaló que desde el inicio de la pandemia, ha documentado 20 casos de feminicidios, 20 de violencia sexual, 80 de violencia física y 85 de violencia económica y que “entre el 2007 y 2018 se multiplicaron por 20 el número de denuncias de desaparición forzada (…), sin que exista una sola sentencia en estos”.

Tlachinollan declaró asimismo que “Guerrero enfrenta una grave crisis de derechos humanos que se ha profundizado con la emergencia sanitaria del COVID-19. La presencia del crimen organizado, la violencia estructural y la impunidad ha dejado como resultado a miles de víctimas de violaciones a derechos humanos. (…) En 2018 existían por lo menos 13 grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control territorial para la siembra y trasiego de drogas en la entidad. Esta presencia del crimen organizado ha disparado el aumento de homicidios, secuestros y extorsiones”.

Denunciar pone en riesgo a quien lo hace. En abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un extrañamiento tras las declaraciones del exgobernador, Ángel Aguirre Rivero, con relación al integrante de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, también abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. El exgobernador acusó al defensor de ser “uno de los principales promotores de la campaña de Morena en Guerrero”. “Constituye un ataque directo a la defensa de los derechos humanos, y muestra un patrón sistemático (…) para desacreditar el trabajo del defensor (…), quien ha sido objeto reiterado de ataques y amenazas”, detalló la CNDH.

En mayo, la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expresó su preocupación “ante las condiciones que se enfrentan para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el periodismo”. Detalló que “a lo largo del mes de abril se presentaron incidentes de riesgo diversos que van desde el bloqueo de vías de comunicación, seguimientos, acoso de autoridades, hostigamiento digital, hostigamiento al cubrir notas periodísticas, hasta amenazas contra la integridad física y el libre ejercicio de sus actividades”.

Igualmente en mayo, una Misión Civil de observación en la Montaña declaró haberse percatado “de una grave falta de atención por parte de las instituciones públicas”. Además, aseveró que las problemáticas se han profundizado durante la pandemia, “ante el cierre de las instituciones públicas, la reducción del personal y presupuesto de los diversos organismos públicos que atienden estas problemáticas, así como las propias medidas de confinamiento que han agudizado la violencia de género.“

Por lo demás, el contexto preelectoral ha sido marcado por la polémica. La candidata de Morena, Evelyn Salgado Pineam es hija de quien inicialmente era el candidato para el partido en el poder, mismo que después de mucha presión local y nacional tuvo que retirarse al tener dos denuncias por violación en su contra. Además ella está casada con Alfredo Alonso, hijo de Joaquín Alonso Piedra El Abulón, operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco, detenido en 2016.