ENFOQUE: La disputa por la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos. Entre reconocimiento de derechos y autonomía construida “desde abajo”

 

E l 7 de agosto, el proceso de consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos inició en medio de posturas encontradas.

Mientras el Gobierno de México y, en particular, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) sostienen que el ejercicio busca garantizar la participación directa de las comunidades en la elaboración de la nueva legislación, diversos pueblos y organizaciones cuestionan la forma en que se está desarrollando y consideran que no existe una deliberación suficientemente amplia.

Cabe recordar que la reforma constitucional al artículo 2º publicada en septiembre de 2024 reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de ampliar el reconocimiento de autonomía, libre determinación y otros derechos. Además, estableció la obligación del Congreso de expedir una ley general que permita hacer efectivos esos derechos.

En marzo de 2026, la organización FUNDAR reconocía que la reforma al artículo 2º significó «un avance en el reconocimiento formal de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos», pero que el Congreso de la Unión había incurrido «en una omisión legislativa al no emitir dicha ley dentro del plazo de 180 días luego de la publicación del Decreto». Planteaba que «como lo ha expresado en distintos momentos la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, esta inacción del Poder Legislativo no constituye un vacío neutro, sino una vulneración de derechos fundamentales, al impedir su desarrollo normativo y, por ende, su exigibilidad efectiva, además perpetúa la dispersión normativa existente». Urgía a «cerrar la brecha entre el reconocimiento constitucional y la realidad material de los derechos. (…) La expedición de esta ley no debe entenderse como una concesión, sino como el cumplimiento de una deuda jurídica e histórica impostergable».

A finales de junio, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la convocatoria para someter a consulta la propuesta, declarando que «por primera vez en la historia del México independiente hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos». Se planteó como línea de tiempo que se desarrollará una fase informativa del 1º de julio al 6 de agosto, seguida por una etapa deliberativa entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre, que incluirá 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en distintas ciudades del país. Posteriormente, entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre, se incorporarán las propuestas surgidas de las comunidades para presentar la iniciativa definitiva al Congreso el 12 de octubre, fecha que el Gobierno identifica como el Día de la Nación Pluricultural y de la Resistencia Indígena.

Argumentos a favor de la consulta

El titular del INPI, Adelfo Regino Montes, ha afirmado que la consulta busca cambiar la manera tradicional de elaborar las leyes desde las oficinas gubernamentales y por especialistas, dando un papel central a los pueblos. La consulta constituye, en sí misma, el reconocimiento de un derecho colectivo de los pueblos indígenas y afromexicanos: el derecho a ser consultados sobre las medidas legislativas susceptibles de afectarles. Por otro lado, el protocolo oficial establece que la consulta debe ser previa, libre e informada, y la estructura del proceso incorporará principios como la buena fe, la participación plena y efectiva, la perspectiva intercultural, la igualdad sustantiva, la transparencia y el deber de acomodo, derechos establecidos en varios convenios y tratados internacionales ya ratificados por México.

Un segundo argumento positivo es la amplitud territorial y cultural del proceso. La consulta no se limita a organizaciones nacionales o representantes políticos, sino que pretende llegar a miles de comunidades. El hecho de que la iniciativa se traduzca a las 68 lenguas indígenas reconocidas en el país busca disminuir una de las principales barreras de participación: que la información jurídica se encuentre exclusivamente en español. Además, el proceso parte de una propuesta que ya fue elaborada mediante mecanismos participativos previos.

Un tercer argumento a favor es el contenido potencial de la nueva ley. Los resultados de procesos participativos previos han planteado cuestiones como el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, una relación horizontal con el Estado, el pluralismo jurídico, la autonomía, la reconstitución integral de los pueblos y medidas específicas contra el racismo y la discriminación. Idealmente, la consulta podría contribuir a que la ley no sea únicamente una norma declarativa. Su valor estaría en precisar cómo se ejercen realmente los derechos: quién administra los recursos, cómo se reconoce la personalidad jurídica comunitaria, cómo participan los pueblos en las decisiones públicas, cómo se coordinan los sistemas normativos indígenas con el sistema jurídico nacional y qué obligaciones concretas tendrán los distintos niveles de gobierno.

«Idealmente, la consulta podría contribuir a que la ley no sea únicamente una norma declarativa. Su valor estaría en precisar cómo se ejercen realmente los derechos».

Argumentos en contra y principales riesgos

No obstante, comunidades indígenas y afromexicanas han manifestado su rechazo al proceso. Señalan que los tiempos establecidos no corresponden con sus formas tradicionales de deliberación y que parecen responder más a intereses políticos y legislativos que a las necesidades de los pueblos.

No cuestionan necesariamente la existencia de la consulta, sino la manera en que está diseñada y, sobre todo, su capacidad real para modificar la iniciativa en su formato actual. La consulta permite que los pueblos presenten opiniones, propuestas y objeciones, pero la decisión legislativa final corresponde al Congreso de la Unión. Esta es una asimetría importante: los pueblos pueden participar en la construcción del proyecto, pero no tienen la garantía de que sus propuestas sean incorporadas al texto definitivo.

«La consulta permite que los pueblos presenten opiniones, propuestas y objeciones, pero la decisión legislativa final corresponde al Congreso de la Unión».

El verdadero alcance de la reforma dependerá de las leyes secundarias, los presupuestos, las instituciones responsables y la capacidad de las comunidades para ejercer sus nuevos derechos. Reconocer a los pueblos como sujetos de derecho público implica modificar profundamente la relación entre estos y los gobiernos federal, estatales y municipales. También plantea cuestiones complejas sobre recursos públicos, coordinación administrativa, sistemas normativos y jurisdicción. Por ello, el proceso debería analizarse en dos niveles. El primero es la calidad de la consulta: si fue previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. El segundo es lo que ocurra después de la consulta: cómo se sistematizan las propuestas, cuáles se incorporan, cuáles se rechazan y por qué razones.

El abogado mixteco Francisco López Bárcenas escribió en La Jornada: «no se trata, como mucho se insiste, en la consulta de una iniciativa de ley, sino de una propuesta que podría llegar a serlo, pero también podría ser otra, o no ser ninguna, si la consulta fuera realmente eso; pero según se nota, el verdadero objetivo del proceso al que con ese nombre se denomina, es legitimar una iniciativa de ley acorde con las políticas de bienestar impulsadas por el actual gobierno, pero alejadas de la normatividad que se necesita para atender los problemas que aquejan a los pueblos indígenas por no poder ejercer sus derechos».

Un segundo riesgo es la magnitud y complejidad del proceso. Consultar a 16.728 comunidades y a una enorme diversidad de pueblos y regiones en 37 días constituye un desafío logístico considerable. Las comunidades tienen condiciones económicas, geográficas, lingüísticas y políticas muy diferentes. La existencia de asambleas regionales y mesas de trabajo puede favorecer la participación, pero también existe el riesgo de que las comunidades con mayores capacidades organizativas o mayor acceso a información tengan una influencia desproporcionada. Además, traducir una iniciativa jurídica a las lenguas indígenas es indispensable, pero la traducción por sí misma no garantiza una consulta culturalmente adecuada. Para que exista consentimiento informado en sentido sustantivo, las comunidades necesitan tiempo suficiente para estudiar los contenidos, discutirlos internamente y tomar decisiones conforme a sus propias formas de organización.

«Para que exista consentimiento informado en sentido sustantivo, las comunidades necesitan tiempo suficiente para estudiar los contenidos, discutirlos internamente y tomar decisiones».

Entre otros puntos cuestionados, el Colectivo de Apoyo al EZLN-CNI-CIG «Llegó la Hora de los Pueblos» criticó la iniciativa señalando que podría limitar la autonomía al establecer mecanismos mediante los cuales el Estado tendría que reconocer, registrar y validar a pueblos y comunidades. El colectivo considera que esto contradice el principio de libre determinación y convierte derechos reconocidos constitucionalmente en procedimientos sujetos a la intervención gubernamental.

También critica que la iniciativa contenga 453 artículos y 11 transitorios, pues reúne temas muy diversos —territorio, tierras, economía, vivienda, salud, patrimonio cultural y participación política— que, a su juicio, deberían regularse mediante distintas leyes. Considera que esta amplitud vuelve confusa y jurídicamente complicada la propuesta. Asimismo, el colectivo señala que el texto no resuelve de fondo la situación jurídica de los territorios, debido a que el artículo 27 constitucional continúa sin reconocer expresamente el territorio indígena como una categoría de propiedad. También advierte posibles contradicciones con otras leyes relacionadas con temas sensibles como recursos naturales, minería, agua, bosques y patrimonio cultural.

A 30 años de los Acuerdos de San Andrés: Alternativas por la “vía de los hechos”

La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en debate tiene un antecedente histórico en los «Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena», firmados en febrero de 1996 entre el Gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los acuerdos surgieron en el contexto del levantamiento zapatista de 1994 y de las demandas históricas de los pueblos indígenas por autonomía, reconocimiento cultural, justicia y mejores condiciones de vida. En ellos se planteó que los pueblos indígenas debían ser reconocidos como sujetos de derecho y que sus formas de organización, lenguas, culturas y territorios debían ser respetados. También se propuso ampliar su participación en las decisiones políticas y garantizar que pudieran conservar y desarrollar sus propias instituciones y formas de vida.

Uno de los principales aportes de los Acuerdos de San Andrés fue colocar los derechos indígenas en el centro del debate nacional. Antes de estos, la relación del Estado con los pueblos originarios había estado marcada, en gran medida, por políticas de integración que buscaban incorporar a las comunidades a un modelo nacional homogéneo. Los acuerdos ayudaron a impulsar una visión diferente: México debía reconocerse como una nación pluricultural y respetar la diversidad de sus pueblos.

La dificultad surgió al intentar concretar los cambios legales que implicaría la implementación de los acuerdos. Hubo una primera reforma constitucional en 2001, que reconoció la composición pluricultural de la nación y estableció diversos derechos. La iniciativa de reforma elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) en los noventa fue modificada durante el proceso legislativo, lo que provocó el rechazo del EZLN y de diversos sectores indígenas que optaron por otro camino: la implementación de la autonomía por la “vía de los hechos” sin esperar más cambios legislativos ni a que el Estado reconociera o autorizara sus formas de organización.

«…optaron por otro camino: la implementación de la autonomía por la «vía de los hechos» sin esperar más cambios legislativos ni a que el Estado reconociera o autorizara sus formas de organización».

Construir desde abajo: autonomía, resistencia y organización en el pensamiento zapatista

En las últimas décadas, el EZLN ha desarrollado una estrategia de construcción de la autonomía mediante la creación de formas propias de organización política, económica y social en las comunidades indígenas de Chiapas. Esta estrategia se expresó en la formación de los municipios autónomos y, posteriormente, de los Caracoles (regiones autónomas) y las Juntas de Buen Gobierno, mediante los cuales lograron tomar decisiones colectivas sobre asuntos políticos, educativos, de salud y de administración de sus territorios. Impulsaron escuelas autónomas, clínicas, cooperativas y proyectos productivos organizados desde la base comunitaria. La autonomía se entiende, en este sentido, como una práctica cotidiana: no se limita a exigir el reconocimiento legal de derechos, sino que consiste en ejercerlos y construir alternativas concretas en el territorio.

«La autonomía se entiende como una práctica cotidiana: no se limita a exigir el reconocimiento legal de derechos, sino que consiste en ejercerlos y construir alternativas concretas en el territorio».

Con el paso del tiempo, el EZLN ha modificado sus estructuras para fortalecer la participación comunitaria y evitar la concentración del poder. En 2023, anunció una reorganización en la que las comunidades adquirieron un papel más central en la toma de decisiones.

Otro eje central en los últimos años lo resumen los zapatistas a través del concepto de “El Común”, que parte de la necesidad de construir una vida colectiva basada en la cooperación, la solidaridad y la autonomía, en lugar de organizar la sociedad alrededor de la propiedad privada, la competencia y la concentración del poder. “El Común” se refiere a aquello que pertenece y se construye colectivamente: el territorio, los recursos, los conocimientos, las decisiones y las formas de organización comunitaria. No es únicamente un ideal, sino una práctica cotidiana basada en la participación colectiva, el cuidado del territorio y la toma de decisiones desde abajo.

De manera más amplia, el EZLN ha desarrollado una propuesta política frente a una crisis mundial que identifica como una “tormenta” producida por el capitalismo: la respuesta no debe ser la resignación, sino la organización desde abajo, la resistencia y la construcción práctica de alternativas. El punto de partida fue el Semillero «De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores», realizado en diciembre de 2025, que reunió a integrantes de la Comisión Sexta y diversos pensadores para discutir el funcionamiento del poder, la economía, las izquierdas, los movimientos de resistencia, los derechos humanos, el feminismo y las artes.

El EZLN ha multiplicado los llamados a encuentros, semilleros, espacios de formación, arte, intercambio de experiencias y articulación entre luchas. Plantea que la situación mundial no debe enfrentarse esperando soluciones provenientes de los gobiernos, los partidos o las instituciones, sino construyendo formas de organización autónoma. Esta idea fue formulada explícitamente por la Comisión Sexta al convocar las jornadas «ResignARTE u OrganizARTE» en marzo de 2026. Se trata de crear redes permanentes de personas, colectivos, pueblos y organizaciones capaces de resistir y construir alternativas en sus propios territorios.

Durante el verano de 2026, el EZLN amplió su diagnóstico mediante el Semillero «Guerra contra la Humanidad: las poblaciones y la naturaleza bajo asedio». El programa incluyó temas como militarización, contrainsurgencia, corporaciones criminales, reclutamiento forzado, extractivismo, fracking, acaparamiento del agua, megaproyectos energéticos, migración, trabajo, despojo de pueblos originarios, desapariciones y las distintas formas de discriminación. En agosto de 2026 también se programaron encuentros simultáneos de arte y de resistencias y rebeldías, con presentaciones artísticas y mesas sobre temas como «Las Artes bajo Acoso», además de encuentros en los Caracoles zapatistas. La idea de fondo es que la cultura puede contribuir a combatir la resignación y a generar vínculos entre distintas resistencias.

«Nunca más un México sin nosotros»: 30 años de lucha y autonomía del CNI

El Congreso Nacional Indígena nació en 1996, en el contexto de las movilizaciones y del proceso de diálogo entre el EZLN y el Gobierno mexicano. En octubre de ese año, representantes de pueblos y organizaciones indígenas se reunieron en la Ciudad de México y constituyeron el CNI. La convocatoria reunió a una amplia diversidad de pueblos y regiones del país. En su declaración fundacional quedó expresada una de sus consignas históricas: «Nunca más un México sin nosotros».

Desde su origen, el CNI no se planteó como un partido político ni como una organización centralizada, sino como un espacio de encuentro, diálogo, solidaridad y organización de los pueblos indígenas. El propio CNI se define como una especie de “casa de los pueblos”, donde distintas comunidades, naciones, tribus, barrios y colectivos pueden compartir sus experiencias, problemas y formas de resistencia. Su máxima instancia de decisión es la asamblea, en la que se busca tomar decisiones colectivas. Esta característica es importante porque el CNI intenta que las decisiones y las luchas surjan desde los propios pueblos, respetando sus formas tradicionales de organización y representación.

Por otro lado, el CNI ha colocado en el centro la defensa de la tierra y el territorio. Para los pueblos que lo integran, el territorio no es simplemente un recurso económico, sino un espacio relacionado con la identidad, la cultura, la lengua, la comunidad y la vida. Con el paso de los años, esta preocupación se ha vinculado con la oposición a proyectos que distintos pueblos consideran amenazas para sus territorios, entre ellos megaproyectos, actividades extractivas, despojos y otras formas de intervención económica y política.

Desde 2001, el CNI ha mantenido una posición crítica frente a los partidos políticos y a las instituciones estatales cuando considera que estas sustituyen la voz de los pueblos.

Estos principios resumen una concepción distinta del poder político. En lugar de buscar que unos cuantos dirigentes acumulen poder, se pretende que quienes representan a las comunidades obedezcan las decisiones colectivas y actúen al servicio de los pueblos.

«En lugar de buscar que unos cuantos dirigentes acumulen poder, se pretende que quienes representan a las comunidades obedezcan las decisiones colectivas y actúen al servicio de los pueblos».

Este 2026 se cumplen 30 años de resistencia y organización frente a problemas que continúan afectando a los pueblos originarios. Por ello, el CNI está convocando a jornadas rumbo al aniversario que buscan fortalecer la organización, recuperar las experiencias acumuladas y acercar a las nuevas generaciones a los procesos comunitarios. Estos 30 años constituyen tanto una conmemoración de lo realizado desde 1996 como una convocatoria a continuar organizándose y defendiendo la vida, la autonomía, la cultura y los territorios de los pueblos.