ACTUALIDAD: México ante múltiples desafíos internacionales: presiones, soberanía, cooperación y multilateralismo

 

E n junio y julio, la celebración del Mundial de fútbol convirtió a México en uno de los principales centros de atención internacional. Como país anfitrión, junto con Estados Unidos y Canadá, recibió a visitantes y delegaciones de numerosos países y aprovechó el evento para proyectar una imagen de apertura y capacidad organizativa. La visita del rey Felipe VI de España también tuvo importancia diplomática, pues contribuyó al acercamiento entre ambos países después de varios años de tensiones. Sin embargo, el torneo también expuso problemas sociales y políticos internos ante la prensa y la comunidad internacional, dejando al descubierto diversas contradicciones.

Estados Unidos continuó siendo, por mucho, el principal frente internacional para México, combinando cooperación y confrontación. México necesitó mantener la coordinación con su principal socio económico, pero rechazó cualquier medida que pudiera considerarse una amenaza a su soberanía. Esta situación se hizo evidente en distintos momentos del último trimestre, incluido el encuentro entre Sheinbaum y Trump durante el Mundial, que representó un momento de distensión diplomática, aunque no solucionó las diferencias existentes entre ambos gobiernos.

El gobierno de Sheinbaum sigue insistiendo en que la cooperación bilateral no debe significar subordinación. Un ejemplo fue la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, decisión que generó una reacción del gobierno mexicano al considerar que podía representar una forma de injerencia en asuntos políticos nacionales. Este episodio reflejó una tendencia más amplia de presión estadounidense mediante cancelaciones de visas, investigaciones y acusaciones hacia figuras políticas sospechadas de estar relacionadas con el narcotráfico. México sostuvo que cualquier acusación contra ciudadanos mexicanos debe sustentarse en pruebas y procedimientos legales.

En materia de seguridad, ambos países mantuvieron la cooperación para combatir a los grupos delictivos. Sin embargo, México siguió rechazando la posibilidad de una intervención militar estadounidense en su territorio. La suspensión temporal de las inspecciones estadounidenses de aguacate en Michoacán mostró cómo los problemas de seguridad pueden afectar incluso las relaciones comerciales. Las inspecciones se reanudaron después de que México reforzara la seguridad mediante el despliegue de elementos militares y de la Guardia Nacional.

En el ámbito económico, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se convirtió en uno de los principales asuntos de la política exterior. México buscó conservar las ventajas comerciales y el acceso preferencial al mercado estadounidense, mientras que el gobierno de Trump presionó para obtener condiciones más favorables para Estados Unidos. De esta manera, la relación comercial se desarrolló bajo una dinámica de cooperación, pero también de presión y negociación constante. Para México, el tratado es fundamental debido a la enorme dependencia de su comercio exterior respecto del mercado estadounidense.

Frente a la fuerte dependencia de Estados Unidos, México también buscó diversificar sus relaciones internacionales. Brasil adquirió especial importancia como socio regional, con conversaciones entre Pemex y Petrobras destinadas a ampliar la cooperación en áreas como producción, exploración, refinación y biocombustibles. Asimismo, México avanzó en su relación con la Unión Europea mediante la modernización del «Acuerdo Global». El gobierno presentó este acuerdo como una oportunidad para aumentar el comercio, las inversiones y la cooperación política. Sin embargo, organizaciones sociales, ambientalistas y académicos señalaron posibles riesgos, argumentando que los beneficios podrían concentrarse principalmente en grandes empresas y que los mecanismos de protección ambiental y de derechos humanos podrían resultar insuficientes.

México también mantuvo una política exterior basada en el multilateralismo, la defensa de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. Dentro de esta estrategia, el gobierno apoyó la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esta postura buscó mantener la tradición diplomática mexicana y fortalecer el papel del país dentro de los organismos internacionales, especialmente en un contexto de creciente tensión entre las principales potencias mundiales.

Migración: violencia y vulnerabilidad ante el endurecimiento de las políticas migratorias

En julio, la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos generó especial preocupación. El caso evidenció los riesgos derivados del endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses. Ante este y otros fallecimientos de ciudadanos mexicanos durante operativos o bajo custodia del ICE, el gobierno mexicano anunció acciones legales y diplomáticas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre la presentación de denuncias en Estados Unidos relacionadas con 17 ciudadanos mexicanos fallecidos desde 2025. También llevó la situación ante organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas.

De manera más amplia, las políticas implementadas por el gobierno de Donald Trump han provocado un aumento de deportaciones y afectan especialmente a personas que fueron enviadas a México y quedaron en situaciones de precariedad. Organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, falta de atención médica, violencia, abusos y dificultades para acceder a vivienda y empleo. También señalan que las personas deportadas enfrentan riesgos relacionados con el crimen organizado y la falta de mecanismos eficaces de protección.

En el marco del «III Encuentro de Obispos y Agentes de Pastoral de Frontera México-Guatemala», obispos de Chiapas y Guatemala plantearon una serie de desafíos que enfrenta esta región. «En la actualidad, las condiciones de empobrecimiento, precariedad, desigualdad y violencia sistémica que enfrentan las poblaciones, las migraciones continúan. En este contexto en que las políticas migratorias, los acuerdos multilaterales y las órdenes ejecutivas atentan contra el derecho a migrar (…) constatamos que los grupos criminales, las estructuras de trata y las extorsiones en las rutas migratorias se han fortalecido», alertaron. Asimismo, declararon que se encuentran en una «zona controlada por quienes ejercen la violencia», ello ante «la limitada o nula acción de los actores institucionales del Estado y organismos internacionales».

Creciente visibilización de la crisis de desapariciones en México

Como ya se mencionó, el Mundial permitió que varias de las problemáticas existentes en el país alcanzaran una audiencia internacional, especialmente mediante las protestas de las madres buscadoras y del magisterio. Mientras el gobierno destaca avances en seguridad y reformas institucionales, organizaciones sociales y de derechos humanos insisten en que persisten problemas estructurales de violencia, impunidad, desapariciones y desigualdad.

La desaparición de personas se consolidó como uno de los principales problemas de derechos humanos. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado en mayo, documentó que se contabilizaban más de 128.000 personas desaparecidas y decenas de miles de cuerpos sin identificar. Los familiares y colectivos de búsqueda han señalado que las autoridades continúan enfrentando serias dificultades para localizar a las personas desaparecidas, identificar restos y esclarecer los casos.

La crisis también adquirió relevancia internacional debido a la intervención del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que solicitó cooperación internacional ante la situación mexicana. El gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó que existieran condiciones que justificaran una intervención de ese tipo, lo que generó un debate con organismos internacionales sobre la dimensión de la crisis y la responsabilidad del Estado.

En junio se realizaron movilizaciones en Ciudad de México, particularmente cerca del Estadio Azteca, coincidiendo con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Las manifestaciones fueron acompañadas por un importante dispositivo de seguridad y las autoridades impidieron que los grupos se acercaran libremente al estadio. Amnistía Internacional criticó estas medidas y pidió garantizar el derecho a la protesta pacífica. Las familias buscaban mostrar el contraste entre la celebración deportiva y la realidad de miles de personas que continúan desaparecidas. Las madres buscadoras insistieron en que, ante la falta de respuestas suficientes, muchas familias han tenido que asumir directamente las labores de búsqueda.

En materia de seguridad, el gobierno de Claudia Sheinbaum afirmó haber obtenido resultados positivos. La Presidencia informó que entre septiembre de 2024 y junio de 2026 el homicidio doloso disminuyó 48 %. Sin embargo, esta reducción convive con niveles todavía elevados de violencia, desapariciones, extorsiones y presencia de grupos criminales. Michoacán continuó siendo uno de los ejemplos más preocupantes. En julio fue detenido un presunto dirigente criminal señalado por ordenar el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El caso generó cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para controlar la violencia y proteger a funcionarios y ciudadanos.

El gran pendiente para avanzar frente a la crisis de desapariciones y la inseguridad sigue siendo la omnipresente impunidad. En este aspecto, la transformación en curso de las instituciones mexicanas podría resultar insuficiente. La reforma judicial y la elección popular de integrantes del Poder Judicial continúan generando críticas. Organizaciones como Human Rights Watch han expresado preocupación por el posible debilitamiento de la independencia judicial y señalado problemas relacionados con la baja participación y la integridad del proceso electoral judicial. En mayo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para trasladar de 2027 a 2028 la siguiente elección judicial. El objetivo declarado por el partido en el poder (Morena) fue evitar que coincidiera con las elecciones federales y locales de 2027, además de simplificar las boletas, reducir candidaturas y establecer criterios comunes para evaluar a los aspirantes. La oposición, en cambio, sostuvo que las modificaciones eran principalmente técnicas y no resolvían el problema de fondo: la elección popular de jueces y magistrados. También alertó sobre posibles riesgos de manipulación política y participación del crimen organizado. Al mismo tiempo, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en 2025 y el traslado de sus funciones hacia nuevas estructuras gubernamentales generaron preocupaciones sobre el acceso a la información pública. El debate se concentró en la necesidad de preservar contrapesos institucionales frente al Poder Ejecutivo y al partido gobernante.

Periodistas, pueblos indígenas y niñeces: entre los sectores más vulnerables a la fecha

La libertad de expresión y la privacidad también permanecen en el centro de la discusión. Las nuevas reglas para telecomunicaciones y radiodifusión generaron cuestionamientos por el posible impacto sobre la libertad de expresión. También existe preocupación por el aumento de las capacidades gubernamentales para acceder a datos personales y por la creación de registros obligatorios relacionados con la identidad y la telefonía.

La situación de los periodistas continúa siendo especialmente grave. Organizaciones de derechos humanos han reportado numerosos asesinatos y agresiones contra comunicadores durante el gobierno de Sheinbaum. Reporteros Sin Fronteras señaló en julio que México continúa siendo uno de los lugares más peligrosos del continente para ejercer el periodismo, particularmente para quienes trabajan en medios locales y comunidades rurales. «Contar siete asesinatos en siete meses es muy difícil de asimilar. Tantos asesinatos tan seguidos te dejan un poco pasmado. Reporteros Sin Fronteras no había registrado este incremento alarmante de asesinatos de periodistas en México desde 2011 o 2012». Para RSF, este escenario refleja un «fracaso total» por parte de las autoridades mexicanas para garantizar la seguridad de la prensa, especialmente de quienes trabajan en medios locales y en comunidades rurales del sur del país.

El asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca en julio también fue señalado como parte de un incremento preocupante de homicidios contra comunicadores. Artículo 19 también documentó diversos asesinatos desde el inicio del actual gobierno. Esta violencia se relaciona con problemas como el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, pero además afecta directamente el derecho de la sociedad a conocer y denunciar lo que ocurre en regiones donde existen grupos criminales.

Las comunidades indígenas también siguen enfrentando graves problemas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó un aumento de ataques, amenazas, asesinatos, desplazamientos forzados y procesos de criminalización en comunidades indígenas de Guerrero, Michoacán y Chiapas. Muchos de estos conflictos están relacionados con disputas por tierras y territorios, así como con proyectos de infraestructura, minería, turismo y explotación de recursos naturales. Las comunidades cuestionan que estos proyectos se desarrollen sin respetar plenamente su derecho a la consulta previa, libre e informada.

En agosto, comenzó el proceso de consulta para elaborar una nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El gobierno sostuvo que la consulta permitiría incorporar directamente las propuestas de las comunidades, especialmente en materia de autonomía, territorio, patrimonio cultural y libre determinación. Sin embargo, algunos pueblos cuestionaron los tiempos y la metodología, al considerar que no corresponden con sus formas tradicionales de deliberación.

Paralelamente, el Congreso Nacional Indígena continuó organizando asambleas para fortalecer la defensa del territorio y del agua. Las comunidades denunciaron proyectos como presas, minería, gasoductos, parques industriales y obras hidráulicas. También cuestionaron algunos programas gubernamentales por considerar que pueden generar divisiones internas y aumentar la dependencia respecto del Estado.

Finalmente, la situación de niñas, niños y adolescentes también representa un desafío importante. Entre enero y abril de 2026, más de 52.000 menores fueron víctimas de violencia u otros delitos, de acuerdo con datos de la REDIM y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre los principales delitos se encontraron la violencia familiar y los delitos sexuales, estos últimos con una afectación especialmente elevada entre mujeres adolescentes. También se registraron casos relacionados con homicidio, trata de personas, secuestro, extorsión y delincuencia organizada. Aunque algunos indicadores mejoraron respecto del mismo periodo de 2025, como los feminicidios y homicidios de menores, las cifras continúan siendo preocupantes. Los delitos sexuales tuvieron una fuerte presencia en estados como Jalisco, Ciudad de México y Veracruz, mientras que la violencia familiar destacó en Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México.

Chiapas: entre la “pacificación” oficial y la violencia en los territorios

El gobierno estatal de Eduardo Ramírez presentó en julio una segunda etapa de su estrategia de seguridad, enfocada en la prevención social de la violencia. Se instaló el Comité Técnico Estatal de Atención Humanista de las Causas y Prevención Social de la Violencia y los Delitos.

El gobierno anunció el fortalecimiento de 58 programas de prevención, con participación de autoridades, instituciones públicas, sectores productivos y organizaciones sociales. La estrategia busca atender las causas de la violencia y no solamente reaccionar ante los delitos. El gobernador sostuvo que no habrá impunidad y que la prevención debe acompañar al combate directo al crimen. «No habrá impunidad; seguiremos siendo implacables contra quienes cometan delitos. En esta segunda etapa de la estrategia de seguridad iremos a atender las causas, por lo que pedimos el apoyo de todas y todos. Tengan presente que cada acción que realizamos tiene como propósito que el pueblo viva mejor», expresó el gobernador. Por su parte, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca afirmó que la paz debe construirse mediante educación, oportunidades, fortalecimiento familiar y comunitario.

Sin embargo, durante los últimos tres meses, Chiapas ha mantenido una crisis de violencia, desplazamiento forzado y desapariciones, especialmente en las regiones Sierra-Frontera y Altos. Esta situación contrasta con el discurso oficial que sostiene que el Estado avanza hacia la recuperación de la seguridad y la pacificación.

Uno de los principales problemas continúa siendo el desplazamiento forzado de comunidades indígenas. El informe «Chiapas, la paz pendiente», presentado en mayo, documentó desapariciones, desplazamientos, amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado y control territorial de grupos armados. Las organizaciones consideran que la violencia no ha desaparecido y que muchas comunidades continúan viviendo con miedo. Un caso representativo es el ejido Jotolá, en Chilón, donde cinco familias llevaban seis meses desplazadas después de un operativo en el que se destruyeron viviendas, hubo detenciones y se denunció tortura.

La violencia también se manifestó en los municipios de Chenalhó y Pantelhó, donde persisten conflictos políticos, territoriales y la presencia de grupos armados. El asesinato de Fernando Ruiz Hernández, señalado como fundador del grupo «El Machete», provocó nuevas acusaciones entre grupos armados y advertencias sobre una posible escalada de violencia. En Pantelhó, un operativo de seguridad realizado en julio dejó tres personas detenidas, aunque habitantes señalaron que los principales responsables de la violencia continuaban libres.

Otro hecho relevante ocurrió en agosto, cuando fueron detenidos José Alfredo Jiménez Pérez y Eusebio López Guzmán, integrantes de Las Abejas de Acteal, mientras participaban en una comisión para reconectar el servicio eléctrico de una persona enferma. Frayba calificó las detenciones como arbitrarias y exigió su liberación. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una queja de oficio. El caso tiene especial importancia por el papel histórico de Las Abejas en la defensa de los derechos indígenas y por su lucha para obtener justicia por la masacre de Acteal de 1997.

Las desapariciones constituyen otro de los principales focos de preocupación. En mayo, Madres Buscadoras de Chiapas encontraron restos óseos calcinados y objetos personales en el rancho El Cedro, cerca de Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza. Posteriormente, restos encontrados en otros predios de Chiapa de Corzo y 20 de Noviembre fueron relacionados preliminarmente con varias personas. Ante ello, organizaciones religiosas y de derechos humanos criticaron que sean las propias familias quienes realicen labores de búsqueda que corresponden al Estado. Los hallazgos también cuestionan la narrativa de que la violencia ha sido completamente controlada.

Por otro lado, la violencia alcanzó también a periodistas. En junio, el comunicador Marcos Carlos Ramos fue atacado a balazos en Cintalapa. El hecho provocó protestas de periodistas en Tuxtla Gutiérrez, quienes señalaron que las agresiones generan miedo, autocensura y afectan el derecho de la sociedad a estar informada.

La situación de niñas, niños y adolescentes continúa siendo preocupante. REDIM señaló que en Chiapas 74,6 % de niñas, niños y adolescentes vivían en pobreza en 2024, mientras que 33,4 % se encontraba en pobreza extrema. También existe preocupación por el reclutamiento de menores por grupos delictivos, cuya dimensión real es difícil de conocer debido a la falta de estadísticas oficiales suficientes. REDIAS también documentó que los delitos sexuales representan alrededor del 42 % de los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes en el estado. El caso de un niño agredido sexualmente en Sabanilla generó indignación y llevó a la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el hecho. En agosto, una adolescente de 14 años de San Juan Chamula fue localizada sin vida después de varios días de búsqueda.

Organización comunitaria y defensa del territorio en el centro de las alternativas

Frente a la violencia, las comunidades han desarrollado mecanismos de organización colectiva, defensa territorial, autonomía y solidaridad. Para las organizaciones indígenas, la paz no consiste solamente en que desaparezcan los enfrentamientos armados, sino en poder vivir sin miedo, tener acceso a justicia, conservar el territorio y desarrollar una vida digna.

En julio, diversas organizaciones y comunidades se reunieron para construir alternativas de paz después del ataque ocurrido en Nicolás Ruiz, que dejó tres personas asesinadas y una desaparecida. Exigieron justicia, seguridad y la localización con vida de Ángel Jiménez López, indígena tseltal desaparecido desde abril. Denunciaron que los megaproyectos de infraestructura pueden profundizar los conflictos territoriales y reclamaron el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas.

Igualmente, en julio, Frayba denunció agresiones y amenazas contra integrantes del CNI en Ocosingo, Teopisca, Chilón y Salto de Agua. En Ocosingo se denunciaron presiones y despojo contra comerciantes vinculados al CNI. En San Francisco, Teopisca, las comunidades rechazaron una carretera que podría afectar sitios sagrados, manantiales y recursos naturales. En Jotolá continúan los desplazamientos y procesos de criminalización, mientras que, en Agua Clara, Salto de Agua, aumentaron las amenazas relacionadas con conflictos por la tierra.

Uno de los principales conflictos territoriales en el estado se relaciona con la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque. Comunidades indígenas y organizaciones sociales denunciaron en julio que existen irregularidades en los procesos de consulta y que trabajadores han ingresado a terrenos para realizar mediciones sin autorización. «La construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, llamada ‘Ruta de las Culturas Mayas’ (…) es jurídicamente inaceptable, toda vez que las autoridades han realizado consultas sin previo aviso, ni libres ni informadas», declararon. También denunciaron la destrucción de bosques, selva, manantiales y montañas, y acusaron a las empresas constructoras de «intimidación mediante diversos actos de hostigamiento y acciones que vulneran nuestros derechos, buscan debilitar la defensa de nuestra Madre Tierra». Advirtieron además que el proyecto busca «romper el tejido comunitario que como pueblos hemos cuidado durante generaciones», enfrentando a sus integrantes por «intereses ajenos al bien común».

En agosto, el Pueblo Creyente de Bachajón realizó una peregrinación, con la participación de alrededor de 600 comunidades, en la que volvió a rechazar la carretera conocida como «Ruta de las Culturas Mayas». Denunció afectaciones ambientales, intimidación y consultas que, según las comunidades, no han sido libres, previas ni informadas. El conflicto refleja una diferencia fundamental entre el gobierno y las comunidades: para las autoridades, la infraestructura representa desarrollo y conectividad; para numerosos pueblos indígenas, existe el riesgo de despojo territorial y destrucción ambiental y cultural.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mantuvo una intensa actividad política y organizativa. Del 20 al 25 de julio realizó en San Cristóbal de Las Casas el encuentro «Guerra contra la Humanidad», con más de 700 participantes de 31 países. El encuentro abordó la guerra, el capitalismo, la desaparición, el desplazamiento, la destrucción ambiental y los megaproyectos. Para el EZLN, estos fenómenos forman parte de una misma dinámica de despojo y explotación.

La propuesta zapatista en la actualidad consiste en fortalecer la organización comunitaria, la autonomía, la defensa del territorio, el cuidado de la naturaleza y la cooperación, en lugar de confiar exclusivamente en gobiernos, partidos o instituciones. Por otro lado, el EZLN anunció que en diciembre de 2026 una delegación viajará a Ciudad de México para reunirse con colectivos de personas desaparecidas y escuchar sus demandas de verdad y justicia. También planteó una marcha bajo el lema «Todas las luchas y una demanda en común: verdad y justicia para las ausencias».