ENFOQUE: Los derechos humanos en las manos de la buena voluntad de las empresas

 

L a globalización en el mundo actual ha resultado en cambios tanto a nivel micro como macro, con ventajas y desventajas, incluyendo nuevos desafíos cuando se trata de la protección de los derechos humanos (DDHH). El mundo globalizado ha reformado los poderes económicos en un mundo en el que, especialmente las empresas multinacionales, han llegado a ganar un poder y una influencia sin precedentes.

Las empresas tienen un impacto enorme sobre las vidas de las personas y las comunidades en las que operan, incluyendo impactos positivos. Sin embargo, organizaciones de DDHH y sociedad civil, a través de varios informes con innumerables ejemplos, han mostrado situaciones en las que empresas se aprovechan de normativas nacionales poco eficientes, que terminan contribuyendo a violar los derechos humanos y a causar daños graves al medioambiente, sin consecuencias para quienes les ocasionaron[1].

Empresas: con la obligación de respetar los derechos humanos

La obligación de proteger y garantizar que se respeten los derechos humanos es responsabilidad del Estado[2]. No obstante, en un mundo en el que las empresas tienen cada vez más poder, incluso a veces más que los mismos Estados, se genera una situación compleja. Las empresas también tienen la obligación de respetar los derechos humanos, sin importar en qué país o en qué lugar están operando.

Cabe aclarar que la obligación de respetar los derechos humanos no es lo mismo que lo que se llama Responsabilidad Social Corporativa (RSC)[3], de la que un número creciente de empresas presume. En este campo las dejan elegir que quieren hacer y qué responsabilidad social pueden asumir dependiendo de su buena voluntad, mientras que, con los derechos humanos, no se puede elegir cuáles se quieren cumplir, algo que incumbe tanto a las empresas como a los inversionistas detrás de los proyectos.

Personas defensoras de Derechos Humanos en riesgo

“La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos no solo implica un deber negativo de abstenerse de violar los derechos de los demás, sino también una obligación positiva de apoyar un entorno seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos en los países en los que operan.” – Michel Forst , anterior relator especial de personas defensoras de DDHH para la ONU.

Se ha documentado que defensores y comunidades que defienden el medioambiente, así como la tierra y el territorio, se están enfrentando en forma creciente a amenazas graves por estrategias de algunas empresas que intentan silenciarlos, lo cual a veces hasta ha llegado a su muerte. El Centro de Información de Empresas y Derechos humanos destaca cómo la priorización de los intereses comerciales de las empresas suele prevalecer sobre los de las comunidades[4]. Incluso se ha acuñado un término legal para ello: SLAPP, cuyas siglas en inglés significan «Demandas Estratégicas contra la Participación Pública», que describe una demanda presentada por empresas con el propósito de impedir que una persona o un grupo de personas hablen libremente de ciertas cosas o ejerzan sus derechos[5].

Multiplicación de iniciativas internacionales para proteger los derechos humanos ante las empresas

Con el empoderamiento de las empresas, su responsabilidad en cuanto a derechos humanos se ha convertido en un debate más relevante. Durante los últimos diez años se han presentado iniciativas internacionales con el objetivo de crear o mejorar mecanismos efectivos de protección de los derechos humanos, tanto para la protección de las víctimas como para la empresa misma.

En 2011, fue creado el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas que, entre otras tareas, realiza visitas oficiales a los diferentes Estados, la última en México siendo en 2016. Además, se creó este mismo año, tras una investigación de seis años, un marco normativo agrupado en los «Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos», reunidos en tres pilares: «Proteger, Respetar y Remediar”. Establece 31 principios dirigidos a los Estados y las empresas, en los que se aclaran los deberes y responsabilidades de unos y otros con respecto a la protección y el respeto de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Define que los Estados no sólo deben proteger los derechos de los y las ciudadanos, sino también que deben regular el actuar de las empresas a través de leyes y políticas públicas, y cuando hay una violación de derechos humanos por parte de una empresa, deben asegurarse que se implementen mecanismos de reparación[6].

La Unión Europea ha venido consolidando una iniciativa a través de lo que sería un Tratado vinculante de «Debida diligencia»,* cuyo objetivo es tener un marco jurídico regional que exija a las empresas europeas la integración del tema de los derechos humanos, así como la debida diligencia ambiental en todas sus operaciones, y responsabilizándoles por su comportamiento en países terceros[7]. Se ha informado que la iniciativa legislativa será presentada por la Comisión Europea durante el año 2021.

* La debida diligencia es la forma en que una empresa entiende, gestiona y comunica los riesgos que implican su operación (Comisión Europa. 2020)

La falta de apertura real del gobierno mexicano

Tanto en México como en varios otros países, el debate sobre Empresas y Derechos Humanos está cada vez más presente en las agendas de diferentes actores, en buena medida por la presión organizaciones civiles trabajando el tema. Por ejemplo, en marzo del año pasado, varios organismos multilaterales y organizaciones, entre ellos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea y el Grupo Focal de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México, organizaron un foro multi-sector para discutir la mejor manera de implementar la debida diligencia, y explorar alternativas para proteger mejor a las personas en situación de vulnerabilidad ante posibles abusos corporativos.

Varios gobiernos mexicanos han expresado apertura para incluir a la sociedad civil y comunidades afectadas por proyectos empresariales en la elaboración de políticas públicas, sin embargo, hasta ahora, ninguno ha logrado abrir un proceso realmente participativo. “Más bien era un proceso de simulación donde el gobierno se junta con organizaciones y comunidades y llegan a acuerdos, pero al final no se cumplen”, señala Yvette González, de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), quien participó en las mesas del trabajo organizadas a iniciativa del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En diciembre pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) que contiene varias líneas estratégicas importantes hacia el impulso de una debida diligencia obligatoria para las empresas en el país. Podrían implicar un avance fundamental. Sin embargo, persisten dudas de que su implementación se haga realidad.

¿Desarrollo sostenible para quiénes?

A pesar de que el Estado mexicano ha firmado y ratificado cientos de convenios de derechos humanos, incluso en este tema, desde hace décadas; los gobiernos de turno han promovido megaproyectos y la extracción como formas prioritarias para el desarrollo, muchos de estos proyectos han causado tanto daños ambientales graves, como violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas y de la población en general. Varios de ellos son implementados por empresas públicas, dificultando la posibilidad de que el Estado juegue un papel de mediación entre población y empresas. Además con las reformas energéticas desde finales de los 80, se han liberalizado varios sectores de la economía, lo que ha facilitado el ingreso de empresas trasnacionales al país.

Actualmente, uno de los proyectos bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador es el del Tren maya, que no sólo ha levantado fuertes cuestionamientos por las afectaciones medioambientales que tendría, sino también por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas afectados, dejando fuera varios derechos incluidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)*. Además varias investigaciones demuestran que los principales beneficiados del proyecto Tren Maya, serán grandes empresas. Sin embargo, este proyecto y los cuestionamientos que han levantado no constituyen un caso aislado.

Ejido Carrizalillo, Guerrero

El ejido Carrizalillo en el estado de Guerrero tiene una de la minas más importantes de México para la producción de oro y plata con dos tajos a cielo abierto y una mina subterránea. Tiene presencia minera desde 2008, entonces a través de la empresa canadiense, Goldcorp. Desde 2014 al día de hoy, es explotado por la empresa minera Leagold Mining Corporation fusionada con Equinox Gold, también con capital canadiense.

A través de los años, el ejido que inicialmente había vivido como un logro el poder negociar compensaciones diversas con la empresa ha experimentado despojo, contaminación del entorno y daños a la salud, así como la falta de cumplimiento por parte de la empresa de los convenios firmados. Además se han presentado acciones de criminalización y violencia de parte de las autoridades.

Según los ejidatarios, la empresa actual ha violado distintas cláusulas del Convenio de Colaboración y Contraprestaciones firmado en 2019[8]. Ante el desbalance de poder para volver a negociar, los ejidatarios iniciaron un bloqueo a la mina en septiembre de 2020.

Presa de la Parota, Guerrero

El proyecto presa de la Parota existe desde hace más de 30 años. En 2003, la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) entró a tierras comunales y empezó a ejecutar obras sin consulta ni información a los campesinos sobre las afectaciones[9]. Cabe aclarar que este proyecto implicaría cambios en el uso y propiedad del suelo, la reubicación de varias localidades, el desplazamiento directo de alrededor de 25.000 personas y unas 75.000 serían afectadas indirectamente.

En 2003, se conformó el Consejo de Ejidatarios y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP)[10]. Su proceso de resistencia a la fecha ha implicado presos, muertes y divisiones. Ante la falta de recursos legales, decidieron luchar para ser reconocidos como comunidades equiparables para apelar al marco previsto para pueblos indígenas que, aún con sus limitaciones, ofrece algunas rutas de defensa.

La resistencia de CECOP, que ha sido acompañada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha pasado por múltiples acciones legales (permitiendo la orden de suspensión temporal de las obras por diferentes instancias jurídicas y en varias ocasiones la liberación de presos). Siguen pidiendo las cancelación definitiva. El Presidente actual ha dicho que, al menos durante su mandato, no se seguirá con este proyecto[11].

Chicomuselo, Chiapas

Desde el año 2008, la empresa canadiense BlackFire, ha intentado entrar a trabajar en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, para la creación de la mayor mina de barita del mundo. Las comunidades se han opuesto a este proyecto. La resistencia, igual que en muchos casos, ha implicado un alto costo para los opositores, incluyendo el asesinato, en 2009, del defensor de derechos humanos Mariano Abarca[12].

La resistencia a través de varias acciones como manifestaciones y denuncias ante instancias federales e internacionales ha permitido clausurar la mina de forma temporal. Sin embargo, siguen vigentes 12 concesiones mineras válidas hasta el año 2059 otorgadas por el gobierno mexicano a diversas empresas, las cuales no han sido consultadas con las comunidades afectadas, denunció el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida «Samuel Ruíz García» en 2017. Además, se siguen reportando hostigamientos hacia la población que rechaza la explotación minera. Se ha denunciado asimismo que las empresas se han aprovechado de la pobreza existente para ofrecer apoyos económicos y otras regalías, lo que ha causado divisiones entre los habitantes.

En 2019, un juez federal de Canadá admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México hubiese “actuado de otra manera”, tras la denuncia que familiares del defensor presentaron ante la Corte Federal de Canadá en Ottawa por acción y omisión en el conflicto minero en 2008[13].

San José del Progreso, Oaxaca

La comunidad de San José del Progreso se opone a las operaciones de la mina Cuzcatlán, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines (FSM) desde el año 2009[14]. Fueron creados la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) y el Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán contra la Minería, que están enfrentándose a la operación minera, algo que ha resultado cada vez más peligroso e incluso mortal. En 2012, fue asesinado el defensor del COPUVO, Vásquez Sánchez, un caso que sigue impune, ello después de haber recibido amenazas de parte de autoridades de San José y de la minera Fortuna Silver Mines, mismas amenazas que fueron ignoradas por autoridades federales y estatales.

La empresa minera FSM, a través de su filial Cuzcatlán, ha seguido operando en la región pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ha asegurado que no otorgará permiso y a pesar de la decisión de las asambleas regionales de declarar que sus territorios quedarán libres de minería. En julio de 2020, Cuzcatlán solicitó por segunda vez a SEMARNAT la autorización de una Manifestación de Impacto Ambiental (“MIA”) en su modalidad Regional (“MIA-R San José II”), para poder seguir explotando oro y plata por 10 años más[15].

Diversidad de estrategias en ausencia de una ruta de defensa establecida

Es relevante subrayar la diversidad de estrategias de defensa que se han venido implementando con componentes locales, nacionales e internacionales.

Por ejemplo, está el caso de Unión Hidalgo, Oaxaca, donde la empresa transnacional francesa Electricité De France (EDF Group), a través de sus filiales locales mexicanas, empezó a implementar en 2015 el proyecto eólico «Gunaá Sicarú» en tierras de la comunidad indígena zapoteca, sin consultar ni informar a la comunidad. Francia, siendo miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está obligado a vigilar que sus empresas respeten los derechos humanos en otros países, por lo que representantes de Unión Hidalgo, junto con las organizaciones de derechos humanos ProDESC y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), presentaron en octubre de 2020 una demanda civil en Francia denunciando violaciones a sus derechos por parte de la empresa francesa[16].

En el caso de Rio Sonora, Sonora, sucedió el peor desastre ambiental minero en la historia de México, cuando, en agosto de 2014, una mina de Grupo México, Buenavista del Cobre, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a más de 22 mil personas de siete municipios. A casi siete años del desastre, las promesas del Gobierno y de Grupo México siguen incumplidas. A pesar de intimidaciones directas e indirectas hacia las personas afectadas u opositores ante los proyectos empresariales, las comunidades organizadas en los Comités de Cuenca Río Sonora con apoyo de organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos, y acompañamiento de PODER, han exigido justicia, remediación, reparación y no repetición frente a mecanismos judiciales nacionales e internacionales en la forma de un litigio estratégico[17].

En el caso de la comunidad Júba Wajiín, Guerrero; indígenas Me Phaa emprendieron en 2011 una lucha comunitaria y regional en la defensa del territorio y de la vida frente a la política minera del Estado mexicano, después de que el Gobierno Federal otorgara dos concesiones sobre su territorio, sin haberles informado ni consultado. Frente a los daños ambientales y sociales que una minería a cielo abierto implicaría, la comunidad decidió emprender una lucha y logró obtener una sentencia histórica en 2016 a su favor que impide a las empresas mineras la posibilidad de entrar a su territorio por violentar derechos colectivos de los pueblos indígenas[18].

Los casos destacados en el texto son tan sólo unos pocos que ejemplifican como los procesos usan diferentes estrategias de defensa. Evidencian retos como el doble interés del gobierno que, por una parte, es el responsable de garantizar los derechos humanos pero que, por otra, tiene intereses económicos propios o busca beneficiar a las empresas como “agentes de desarrollo”. Además, las principales empresas energéticas en México son públicas.

También muestra como comunidades y personas defensoras, tras años y años, siguen defendiendo sus derechos y territorios. Lo que muchas veces ha fortalecido la defensa ha sido la organización de las comunidades afectadas, tejer alianzas con otras, con la sociedad civil y organizaciones de defensa de DDHH para poder compartir tareas e intercambiar tanto experiencias como información, dijeron dos integrantes de PODER, parte del Grupo Focal de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México, en una entrevista con Sipaz.

Retos y oportunidades desde el campo creciente de Empresas y Derechos humanos

En la misma entrevista, los integrantes de PODER destacaron el debate global y el reconocimiento de que hay una responsabilidad de las empresas como un gran avance, aunque se debe posicionar más en México. Expresaron que muchos casos evidencian la necesidad de un tratado vinculante para las empresas públicas y privadas para hacer efectiva la debida diligencia, para asegurarse que las normas que ya existen sean obligatorias; y, en particular, para que se elabore una legislación que obligue las empresas a respetar los derechos humanos también cuando operan en países terceros, aunque el marco legislativo nacional no lo establezca.

Las iniciativas internacionales ya mencionadas son positivas, pero hace falta un mecanismo de demanda más claro y se ha observado pocos avances hacia la implementación local de los principios rectores durante sus 10 años de existencia[19].

Debido al poder de las empresas, que cada vez crece más, hay un riesgo grave de que las empresas puedan llegar a tener una injerencia mayor en las políticas públicas, hasta tener la capacidad de “capturar al Estado”, destacó Miguel Soto de PODER. Además, en México, se mantiene un reto mayúsculo en cuanto al acceso a la justicia y el derecho a la reparación de manera general, dijo Ivette González de PODER. Otro desafío es poder dialogar verdaderamente con las empresas para que asuman su responsabilidad y se den cuenta que, al final, cumplir con ella podría ser beneficioso para ellas.

También cabe mencionar que las consecuencias de la pandemia por el Covid-19 en el último año, han conllevado mayor dificultad para seguir con los procesos de resistencia, en particular los que están vinculados al acceso a la justicia y la reparación. Ello junto con las limitaciones para poder reunirse, manifestarse u organizar eventos que no sean exclusivamente digitales. Mientras tanto, los megaproyectos y empresas extractivistas, han podido seguir con su actividad, al ser reconocidos como “actividades esenciales”[20]. Eso deja todavía más clara la necesidad y la urgencia de establecer uno o varios mecanismos que regulen las actuaciones de las empresas así como de un debate real y equilibrado sobre modelos de desarrollo que le apuestan a futuro.

 

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Notas

• [1]   Amnistía Internacional, 2021 EMPRESAS. Recuperado 28 de enero de 2021.
• [2]
  

  Infografía de Reacomodo territorial en el sureste mexicano © GeoComunes

  SEGOB, 2020. Plan Nacional de Derechos Humanos 2019-2024. Recuperado 2 de febrero de 2021.

• [3]   Observatorio de responsabilidad social corporativa. 2021 ¿Qué es RSC?. Recuperado 10 de febrero de 2021.
• [4]   Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos, 2021. Human Rights Defenders & Civic Freedoms. Recuperado 8 de febrero 2021.
• [5]   TexasLawHelp, 2021. ¿Qué son las Demandas SLAPP?. Recuperado 5 de febrero 2021.
• [6]   ONU- Oficina de alto comisionado de las Naciones Unidas. 2011. Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Rec. Recuperado 5 de febrero. 2021.
• [7]   CIDSE. Together for global Justice. 2020. Nuevo documento: Una legislación de diligencia debida obligatoria de la UE para promover el respeto de las empresas por los derechos humanos y el medio ambiente  Recuperado 18 de febrero 2021.
• [8]   Rema
• [9]   Rodolfo Chávez Galindo. El Conflicto Presa La Parota. Recuperado 18 de febrero 2021.
• [10] Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña. 2019. NOTA INFORMATIVA | 16 años del CECOP: hacia la construcción del tejido comunitario en los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Recuperado 18 de febrero 2021.
• [11] El Proceso.2020. López Obrador descarta retomar proyecto de presa La Parota, en Guerrero. Recuperado 18 de febrero 2021.
• [12] Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 2021. Chicomuselo, Chiapas. Recuperado 16 de febrero 2021.
• [13] El País. 2019. Canadá se niega a investigar su actuación en la muerte de un activista mexicano. Recuperado 16 de febrero 2021.
• [14] Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, 2021.  Criminalizan protesta de habitantes de San José del Progreso por mina La Trinidad. Recuperado 16 de febrero 2021.
• [15]
  

  Infografía de la Costa de Chiapas y el Istmo de Tehuantepec © Geocomunes

  ISTMO-Press. 2020. Denuncian a Minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines (FSM) por contaminar pozos de agua en Oaxaca. Recuperado 17 de febrero 2021.

• [16] ProDESC. Unión Hidalgo se defiende de transnacional en Francia. Recuperado 12 de febrero 2021.
• [17] PODER.2021. Campaña Río Sonora. Por justicia, remediación, no repetición. Recuperado 12 de febrero 2021.
• [18] Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña. LA INCANSABLE LUCHA de Júba Wajiín por ser y vivir como hijas e hijos del fuego. Recuperado 12 de febrero 2021.
• [19] PODER. 2021. Entrevista con Miguel Soto y Ivette González. 11 de febrero 2021.
• [20] Centro de Información de Empresas y derechos humanos. 2021. México: Estudio del CIEDH revela violaciones de derechos humanos por parte de empresas durante la pandemia de Covid-19. Recuperado 15 de febrero 2021.

 

Otras Fuentes

• Comité Económico y Social Europeo 2020: INT/911 DICTAMEN Diligencia debida obligatoria, [Dictamen exploratorio]
• Informe: México: Empresas y Derechos Humanos. 2016. Compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU
• COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CIDH. 2019. Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos .
• SEGOB. 2020. Secretaria de Economía. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. Recuperado 8 de febrero 2021.