E l 10 de diciembre, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, fue presentado el Informe “Segundo año, una nueva política de derechos humanos y Presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos”, a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, reportó que en el periodo han sido incorporadas al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de derechos humanos y periodistas, 1.313 personas, (426 periodistas y 887 defensores). Señaló asimismo, que dicho Mecanismo es actualmente objeto de “transformaciones profundas” buscando transitar de un esquema reactivo a uno preventivo. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, destacó como uno de los avances el hecho que el gobierno mexicano abriera el espacio al Comité en contra de las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para conocer peticiones individuales, “una demanda de las familias que durante años fue negada”. Anunció la publicación del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) que pretende “replantear el desempeño de toda la administración pública en materia de Derechos Humanos asumiéndolo como un eje transversal de toda política pública”. “Falta mucho para salir de la grave crisis de Derechos Humanos que enfrentamos “, concluyó.

Un diagnóstico en buena medida compartido por la Sociedad Civil

En diciembre, el Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas declaró que ve positivos algunos de los anuncios y medidas adoptadas por el Estado. De parte del poder ejecutivo, destacó el Sistema Nacional de Protección Integral que promovería “mayor articulación con las entidades federativas”. Valoró positivamente “el cambio de naturaleza jurídica del Mecanismo, posibilitando fortalecer su estructura”, así como la incorporación de un enfoque diferencial e intercultural. Desde el Poder Legislativo, reconoció como avances la iniciativa de Ley respecto al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.

No obstante, el Espacio OSC sigue viendo con preocupación la “falta de claridad en los tiempos para el cumplimiento de la ruta, así como de garantías presupuestales y recursos etiquetados que aseguren el efectivo cumplimiento de las medidas”. Recomendó mayor diálogo con personas defensoras, organizaciones de derechos humanos y periodistas: “es un factor esencial para lograr los objetivos marcados”, recalcó.

Posteriormente, en febrero, se llevó a cabo la presentación del informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia”, realizado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con otras organizaciones. Documenta que en el año 2020 fueron asesinados 6 periodistas y 24 personas defensoras, principalmente ambientalistas.

Grupos vulnerables lo son aún más por el contexto de la pandemia

Para mediados de febrero, México acumulaba cerca de 2 millones de casos de contagio por COVID-19, y rondaba los 175 mil muertos. Además de los impactos directos de la crisis sanitaria, se ha observado una agravación de varias tendencias preexistentes, en particular para sectores vulnerables.

En noviembre, en el marco del Día Internacional para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, madres de víctimas de feminicidios entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una carta con más de 18 mil firmas para exigir justicia y el cese de los feminicidios. En 2020 fueron asesinadas 2.874 mujeres y niñas. Solo 724 casos se están investigando como feminicidio.

En enero, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) presentó un informe titulado “El año de la sindemia y el abandono de la niñez en México”, en el que destacó que las violencias contra este sector se han multiplicado durante la pandemia. Un 63% de menores han experimentado algún tipo de violencia, y durante el confinamiento, las tensiones en el hogar aumentaron un 34,2% comparado con 2019.

Respecto a migrantes, en noviembre, el “Informe de hallazgo de la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera sur de México”, identificó que “el contexto en materia de política migratoria (…) se complejizó e intensificó, lo cual fue evidente con el incremento de la militarización y el control fronterizo, así como el reforzamiento de los acuerdos entre México y Estados Unidos, aunado a esto, se sumó (…) la emergencia sanitaria”. En diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones y casas de migrantes expresaron su preocupación ante las decisiones que tienden a militarizar el Instituto Nacional de Migración (INM): “en 18 entidades federativas han sido nombradas personas con perfil militar para conducir (…) ese Instituto”. Reiteraron la necesidad de encauzar los esfuerzos hacia “una perspectiva de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, más que de seguridad, pues esta perspectiva abona a la idea de la criminalización de los grupos de personas migrantes, lo cual agrava aún más su situación de vulnerabilidad”.

Abonando a la preocupación por la militarización…

En noviembre, una jueza norteamericana aceptó la petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de desestimar los cargos de lavado de dinero y narcotráfico en contra del ex secretario de la defensa nacional mexicano, General Salvador Cienfuegos, quien había sido arrestado en octubre en California. Las autoridades de EE.UU. levantaron los cargos y entregaron a la Fiscalía General de la República en México (FGR) más de 700 documentos en los que se basaba la acusación penal. Cienfuegos fue repatriado a México y, en enero, la FGR determinó que no habrá proceso penal en su contra ante la falta de pruebas. AMLO aseguró que, si bien su gobierno busca terminar con la impunidad y la corrupción, no va a permitir que haya “represalias, venganzas e inventar delitos”.

No obstante, más de 300 organizaciones y colectivos de víctimas pidieron al presidente la destitución del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, por incumplir con sus funciones en el caso. Declararon que su actuación “deja en claro que en México los militares son intocables” y que el cierre de las investigaciones “es también el cierre absoluto a la posibilidad de que (…) se investigue de manera efectiva y eficiente a las altas esferas del poder”.

Otra cara de la militarización: en diciembre, AMLO anunció la intención de crear una empresa de las Fuerzas Armadas a quien encargar la administración de tres tramos del Tren Maya así como de los aeropuertos de Chetumal, Palenque y Tulum. Ello para buscar una buena administración de los proyectos, destinar recursos de pensiones al Ejército y a la Marina, además de garantizar la seguridad en la región.

Megaproyectos y extractivismo, actividades “esenciales”… desde la perspectiva del gobierno

En noviembre, fue dada a conocer una carta firmada por seis Relatores Especiales de la ONU dirigida al gobierno mexicano, en la que expresan su preocupación frente a posibles violaciones a derechos humanos relacionadas con el Tren Maya, cuando el proceso de consulta que debería proteger el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas “habría sido impuesto para legitimar el proyecto, siendo que la decisión estaba ya tomada”. Asimismo, declararon que el proceso de información fue limitado y culturalmente inadecuado. De último manifestaron preocupación acerca de la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, en particular “sobre actos de hostigamiento contra quienes requieran mayor información, mayor tiempo para su decisión o expresen su disconformidad (…), así como sobre ataques a personas defensoras de los derechos humanos que han interpuesto alguna acción legal, a través de la criminalización, el señalamiento y la difamación, la negación de su identidad indígena y la descalificación de su trabajo”.

Mientras tanto, el proyecto ha seguido avanzando. En diciembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el Impacto Ambiental de la fase 1, lo cual permite al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) arrancar con las obras, aunque se imponen 16 condiciones. Entre ellas la de dar seguimiento a los acuerdos resultantes de la consulta indígena de 2019.

Se han interpuesto varios recursos legales. En diciembre, un juzgado se pronunció sobre la suspensión definitiva de la construcción de nuevas obras del tramo 2 en Campeche. Ello en respuesta a un amparo interpuesto por más de 100 comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras. La resolución impide que se ejecuten obras nuevas en ese tramo durante el juicio correspondiente.

En cuanto a empresas extractivas, en enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó el amparo presentado en 2015 por el pueblo Macehual de la Sierra Norte de Puebla, contra la Ley Minera pese a los llamados de la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Instituto Nacional para la Pueblos Indígenas (INPI). Pueblos indígenas de diversas comunidades del país y organizaciones civiles consideraron que el fallo significa un retroceso en la construcción del Estado pluricultural y la protección de los territorios y patrimonios bioculturales de los pueblos. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) cuestionó que se decidiera “validar un sistema que históricamente ha despojado de su territorio a los pueblos indígenas, y que ha cometido, de forma recurrente, violaciones a sus derechos humanos”.

EZLN y CNI: en franca oposición

En enero, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) denunciaron que la pandemia ha servido al gobierno federal para “la imposición de los megaproyectos y la militarización del país”, además de que “contribuye a la guerra de exterminio contra nuestros pueblos, donde los servicios de salud y la capacidad económica son muy escasos”. Declararon que “las palabras mentirosas de López Obrador y su llamada cuarta transformación pretenden crear un muro que oculte la guerra que se arrecia contra los pueblos y la vida de la madre tierra, queriendo aislarnos y presentarnos como los opositores al progreso”. Anunciaron, no obstante, que “seguiremos luchando hasta que triunfe la vida sobre la muerte, con nuestras armas más poderosas: la dignidad, la resistencia y la rebeldía”.

Además, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que cientos de organizaciones, artistas, intelectuales y personas de más de 30 países, el CNI, el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el mismo EZLN acordaron luchar por la humanidad en los cinco continentes. Anunció que realizarán “encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados, desde distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha por la vida”. Ratificó su “certeza de que la lucha por la humanidad es mundial. Así como la destrucción en curso no reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas, razas.” Informó que las actividades en Europa se concretarán entre julio y octubre del 2021, con la participación directa de una delegación mexicana conformada por el CNI-CIG, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y el EZLN. En fechas posteriores por precisar, se harán reuniones en Asia, África, Oceanía y América.

Chiapas: “Indignante situación de violencia estructural”

En diciembre, una Misión Civil de Observación (MCO) conformada por 14 organizaciones integrantes de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) así como 3 organizaciones internacionales visitaron Chiapas para documentar “la crisis de derechos humanos que viven las comunidades”. La MCO recogió “testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones”. Consideró “indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”. Urgieron al Estado mexicano a “cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras”.

Este planteamiento se asemeja a lo expresado por el Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en un comunicado de enero, con motivo del décimo aniversario de la Pascua de jTatik Samuel Ruíz (ver Artículo): lamentó la violencia sistemática y las desigualdades, especialmente durante la pandemia. Habló de la falta de educación, de empleo, de las afectaciones que está sufriendo la niñez por no ir a la escuela y la falta de interacción con otros. Frente a éstas y otras amenazas permanentes como los megaproyectos o la militarización, el Pueblo Creyente dijo que las comunidades han buscado seguir con la autonomía, la resistencia y la libre determinación. Sin embargo, hay un peligro cada vez más grande en la defensa del territorio a causa del incremento de amenazas, vigilancia y hostigamiento. Habló además del incremento de la violencia por grupos armados y de la delincuencia organizada, y debido a la cercanía de las elecciones de julio. “Como Pueblo Creyente tenemos que encontrar una forma de actuar que nos mantenga en la esperanza. Nuestra opción es por la vida”, recalcó.

Acuerdo ¿“definitivo”?, en el conflicto entre Aldama y Chenalhó

En noviembre, una brigada de ayuda humanitaria que entregaba alimentos a familias desplazadas en Aldama fue atacada a balazos por un grupo civil armado presuntamente de Santa Martha, Chenalhó. En esta agresión, salió herida la religiosa María Isabel Hernández Rea. El alcalde de Aldama subrayó que en el momento de la agresión una Base de Operaciones Mixtas (BOM), integrada por militares y policías federales y estatales, se encontraba a 200 metros.

Los gobiernos “han sido omisos ante los constantes llamamientos para cesar las agresiones armadas”, condenó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). La diócesis de San Cristóbal instó al Estado Mexicano a “desarmar y desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de esa zona y junto a quienes les proveen de las armas, aplicar el peso de la ley”.

En noviembre, Frayba informó sobre nuevos ataques con armas de fuego en Aldama, días después que se firmara un “Acuerdo Definitivo” entre este poblado y Chenalhó, para resolver la disputa agraria añeja que sostienen los dos municipios. Además del componente propiamente agrario, Alejandro Encinas anunció que se reparará el daño a las víctimas y que se buscará cooperación entre la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad estatales para garantizar la seguridad. No obstante, se han seguido reportando agresiones a la fecha.

Múltiples otros focos rojos

En noviembre, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C ubicado en Tonalá denunció que uno de sus integrantes, Nataniel Hernández, y su familia fueron víctimas de amenazas de muerte y daños en contra de su vehículo. El defensor había ido a documentar una situación violenta en la Colonia Arenero por una problemática vinculada a áreas verdes que fueron invadidas. Además, el Centro informó que por el mismo caso ha solicitado medidas precautorias a distintas autoridades. Sin embargo, “no se han implementado y esto ha originado una ola de actos de confrontación, amenazas, desprestigio, difamaciones, calumnias, y agresiones físicas», detalló.

En noviembre, se presentó el informe “Violencia hacia las mujeres en contexto de Pandemia”, que da cuenta del “incremento de la violencia familiar, de la violencia sexual, de la ciberviolencia y, claramente, de los feminicidios”. Dicho incremento tomó la forma de “18 feminicidios, 2 intentos de, 34 homicidios dolosos, 12 intentos de homicidio, y el 54% sucedieron en las casas de las propias mujeres”. Preocupa particularmente las dificultades de acceso a la justicia en el confinamiento debido a la “suspensión de los procesos judiciales y civiles”.

En enero, representantes del pueblo tzeltal del municipio de Chilón, junto al Frayba y al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), informaron que interpusieron un amparo por la construcción de un Cuartel General de la Guardia Nacional en su territorio, debido a que no fueron consultados. Asimismo, pidieron a la Fiscalía General de Chiapas que se desista del ejercicio de la acción penal en contra de dos ejidatarios que “fueron reprimidos y criminalizados por manifestarse en contra de dicho proyecto.”

En enero, Frayba informó haber recibido información de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva denunciando que “integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) han agredido con disparos de armas de fuego a la comunidad de Moisés Gandhi”. Recordó varios otros incidentes de la misma naturaleza previos. Tampoco es el único caso de conflictividad creciente alrededor de tierras recuperadas por el EZLN sino que existen varios otros, uno de ellos presentándose en Nuevo San Gregorio, municipio de Huixtán.

OAXACA: Vulnerabilidad de defensores ambientales opuestos a megaproyectos

En enero, Fidel Heras Cruz, defensor comunitario y presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina, fue asesinado en el municipio de Santiago Jamiltepec. Era miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), organización que mantiene resistencia activa contra los proyectos hidroeléctricos Paso de la Reina y Rio Verde. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) informó además sobre “amenazas por parte de poderosos grupos económicos ligados a la explotación de material pétreo”. Autoridades ejidales y municipales, así como organizaciones civiles exigieron que se haga una investigación de fondo para que el crimen no quede impune.

En noviembre, Ucizoni y Cemda, denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (ONU-DH) las violaciones a sus derechos en el marco de la aprobación e implementación del Corredor Transístmico. Le pidieron que urja al Estado mexicano a suspender el proyecto hasta que los pueblos cuenten con “plena información de los riesgos e impactos ambientales y sociales”. Detallaron las irregularidades en la consulta realizada en marzo de 2019 que, denunciaron no fue previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe como lo preconizan los convenios internacionales ratificados por México. “No hubo diálogo, sino un monólogo del gobierno”, aseveraron.

En cuanto a proyectos extractivos, en diciembre, el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos denunció que ha buscado sin éxito establecer un diálogo con la Semarnat. Denunció que la información presentada por la Compañía Minera Cuzcatlán en la Manifestación de Impacto Ambiental contiene “información falsa”. Recordó en cambio que “las comunidades que habitamos los Valles Centrales hemos sido testigos de la contaminación del agua, la emisión de polvos, ruido, el ahuyentamiento de fauna silvestre en la región, el impacto en el paisaje, además de graves violaciones a los derechos humanos y conflictos sociales producidos por el proyecto”. El Frente urgió a negar la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental; garantizar una protección efectiva del medio ambiente frente a los intereses privados; y otorgar la audiencia solicitada para “construir soluciones conjuntamente con los pueblos y comunidades afectadas”.

Por otro lado, en noviembre, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad informó que se han documentado 2.344 casos de violencia contra mujeres en lo que va del gobierno de Alejandro Murat. Además, en 4 años, “1.005 mujeres han sido reportadas como desaparecidas (…) en comparación con 121 casos registrados en el mismo periodo de gobierno de Gabino Cué”. Sin embargo, aseguran que estas cifras no representan la realidad principalmente porque no se denuncian todos los casos. Consideran sin embargo que reflejan “un gobierno simulador, omiso y negacionista que mantiene la impunidad frente al dolor y la exigencia de justicia”.

GUERRERO: “Como una noche sin estrellas”

En diciembre, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó un informe titulado “Como una noche sin estrellas”, que permite ubicar las principales problemáticas a las que se enfrenta el estado. Abel Herrera Hernández, su director, expresó: “Hemos visto que en este año con el confinamiento la violencia en Guerrero se ha incrementado. Sobre todo, hemos visto que los actores armados están actuando impunemente. (…) Vemos una delincuencia empoderada que está entrando a las comunidades para someter a la población. Y a una autoridad sometida porque está aliada con otros grupos de la delincuencia”.

Mencionó que la situación de los periodistas se ha agravado: “Se han documentado tres casos de periodistas asesinados en Acapulco, en Iguala, en Apaxtla (…) El poder de la delincuencia está enfrentando a los defensores, a los periodistas, a los defensores sociales, a los activistas. Y esto es grave en un estado como Guerrero, donde la impunidad, (…), sigue imperando”.

Sobre las policías comunitarias informó que “en el mismo territorio de la UPOEG han asesinado a 15 miembros de la UPOEG, entre ellos a unos de sus principales dirigentes. (…) Asesinaron a un coordinador de la CRAC. (…) Hemos documentado ocho casos de miembros de las Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias que han sido asesinados”.

Acerca de la pandemia concluyó: “Los pueblos estamos abandonados, no hay en quien asirse (…) Las mujeres son las que están pagando el confinamiento. Hemos documentado 7 casos de feminicidios que estamos acompañando y 19 casos de muertes violentas de mujeres, 6 casos de mujeres desaparecidas, 5 niñas asesinadas”.

Sobre el acompañamiento que el centro lleva al caso Ayotzinapa, Tlachinollan reportó que “en 2020 cuando el objetivo era dar un golpe fuerte de timón en las investigaciones se atravesó el tema del coronavirus que ha impactado de manera significativa en las investigaciones y las búsquedas. Sin embargo, éstas continuaron y como resultado por el mes de abril se empezaron a tener algunas repuestas. El 26 de septiembre de este año se pudo establecer que tenemos 80 órdenes de aprehensión libradas. De éstas destacan la de Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Carlos Gómez de Arrieta, jefe de la Policía Ministerial, el capitán Martínez Crespo, y José Ángel José Ángel Casarrubias Salgado, alias el Mochomo”.